Sentencia C-1116 de noviembre 9 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1116 de 2004 

Ref.: Expediente D-5173

Magistrado Ponente:

Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 292 (parcial) y 295 del estatuto tributario, tal como fueron adicionados por el artículo 17 de la Ley 863 de 2003 “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas”.

Demandante: Alfredo Mauricio Plazas Vega

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición parcialmente demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 45415 del 29 de diciembre de 2003 y se resalta lo acusado.

“LEY 863 DE 2003

(Diciembre 29)

Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas.

ART. 17.—Modifícase el capítulo V del título II del libro primero del estatuto tributario, con los siguientes artículos:

ART. 292.—Impuesto al patrimonio. Por los años gravables 2004, 2005 y 2006, créase el impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas y naturales, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado.

(...).

ART. 295.—Base gravable. La base imponible del impuesto al patrimonio está constituida por el valor del patrimonio líquido del contribuyente poseído el 1º de enero de cada año gravable, determinado conforme lo previsto en el título II del libro I del estatuto tributario, excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales, así como los primeros doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) (valor año base 2003) del valor de la casa o apartamento de habitación”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4 de la Carta, ya que la disposición acusada hace parte de una Ley de la República.

Asunto previo, Cosa juzgada

2. En consideración a que la Corte se pronunció en el 2002 en la Sentencia C-876, sobre contenidos normativos similares a los hoy demandados, cuando estudió la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1838 del mismo año, podría pensarse que se configuró frente a la sentencia anterior cosa juzgada material absoluta. De igual manera, y con posterioridad a la admisión de la presente demanda, la Corte ha declarado en dos ocasiones la exequibilidad del artículo formalmente acusado en la presente oportunidad. En efecto, la Sentencia C-910 de 2004 declaró la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 863 de 2003. Igualmente la Sentencia C-990 de 2004 declaró la constitucionalidad del artículo 295 del estatuto tributario, tal y como este quedó modificado por artículo 17 de la Ley 863 de 2003. Esto hace imperativo estudiar si debido a esas dichas sentencias ha operado la cosa juzgada formal absoluta. Entra pues la Corte a examinar si frente a la disposición acusada existe o no cosa juzgada, ya sea material o formal.

Inexistencia de cosa juzgada material

3. Respecto de la institución de la cosa juzgada material, ha expresado la Corte Constitucional en primer lugar que “... se [presenta] cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos” (2) . En segundo lugar, ha advertido la Corte que no solo el contenido normativo debe ser idéntico, sino que es necesario también que el contexto normativo en el que esta corporación estudió la norma no difiera sustancialmente de aquel en el que se le solicita volver a hacer el estudio de constitucionalidad (3) .

4. En el presente caso resulta pertinente aclarar que dos contenidos normativos son idénticos cuando dos disposiciones, aunque redactadas de manera distinta, contemplan las mismas consecuencias jurídicas para los mismos sujetos y situaciones, independientemente de que estos elementos y/o la proposición normativa esté expresada de diferente manera (como una obligación, prohibición, permisión y/o deber). Ahora bien, y tal y como lo señaló la Sentencia C-990 de 2004, el contenido normativo de la regulación de la base gravable prevista por el Decreto Legislativo 1838 de 2002, estudiado por la Sentencia C-876 de 2002 y el contenido normativo de la disposición acusada en la presente oportunidad, no son idénticos. Pero eso no es todo; tal y como lo señaló la ya referida Sentencia C-990 de 2004, el contexto normativo es diverso pues las normas revisadas por la Sentencia C-876 de 2002 estaban incorporadas en un decreto legislativo dictado en virtud de la declaratoria de un estado de conmoción interior (C.P., art. 213), mientras que en la presente oportunidad se trata de examinar una ley ordinaria. La Corte, reiterando los criterios adelantados en la Sentencia C-990 de 2004, concluye entonces que la Sentencia C-876 de 2002 no implica ninguna cosa juzgada material frente al artículo 17 de la Ley 863 de 2003, parcialmente acusado en la presente oportunidad.

Inexistencia de cosa juzgada formal

5. Sobre la cosa juzgada formal ha dicho la Corte que se presenta “… cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio… o cuando, cuando se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual” (4) . Frente a lo que al juez constitucional no se le permite volver a estudiar la norma. Sin embargo, la Corte ha insistido también en que si la declaratoria de exequibilidad expresa la limitación del alcance atendiendo al alcance del estudio, entonces se configura cosa juzgada relativa (5) , admitiéndose con ello que la norma pueda ser estudiada nuevamente en aquellos aspectos que no estuvieron dentro del alcance del primer estudio. Como quiera que en el presente caso ha sido demandado el artículo 295 del estatuto tributario, tal y como fue modificado por el artículo 17 de la Ley 863 de 2003, y que sobre dicha disposición ya existen dos decisiones de exequibilidad (Sents. C-910/2004 y C-990/2004), entra la Corte a analizar si ha operado la cosa juzgada formal.

6. La Sentencia C-910 de 2004 declaró la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 863 de 2003, por los cargos estudiados. Por su parte, la Sentencia C-990 de 2004 declaró la exequibilidad del artículo 295 del estatuto tributario, tal y como fue modificado artículo 17 de la Ley 863 de 2003, pero únicamente por el cargo acusado. Esto significa que en ambos casos, la cosa juzgada es relativa y cubre únicamente los temas expresamente estudiados por esas sentencias. Ahora bien, en la Sentencia C-910 de 2004, la demanda consideraba que el Congreso, al expedir esa disposición, había violado la reserva de ley estatutaria, pues ese contenido no podía ser expedido por una ley ordinaria, ya que se trataba de la regulación de un deber fundamental. Por su parte, en la Sentencia C-990 de 2004, el cargo consistió en que al no excluirse de la base gravable del impuesto al patrimonio (introducida por el mencionado art. 295) la totalidad de la propiedad inmueble que pudiera hacer parte del patrimonio líquido de los obligados a pagar este impuesto, se habría desconocido el artículo 317 constitucional que establece que solo los municipios pueden gravar la propiedad inmueble. Ahora bien, el cargo de la presente demanda contra el mismo artículo 295 del estatuto tributario. consiste en que existe una supuesta situación de desigualdad e inequidad tributarias producida por el artículo demandado al no diferenciar entre contribuyentes declarantes del impuesto de renta por razón de algunas de sus actividades y contribuyentes declarantes del impuesto de renta por razón de todas sus actividades, pues según el actor los primeros deberían pagar proporcionalmente, al patrimonio afecto a sus rentas gravables, el impuesto al patrimonio. Esto muestra que el ataque de la presente demanda es distinto a los cargos decididos en las sentencias C-910 y C-990 de 2004, por lo que la cosa juzgada relativa de esas providencias no afecta la posibilidad de estudiar de fondo la presente demanda.

7. Por todo lo expuesto encuentra la Corte que frente a los artículos acusados del estatuto tributario no se configuró en las sentencias anteriores referenciadas ni cosa juzgada material absoluta ni cosa juzgada formal, por lo que procede su estudio de fondo por el cargo interpuesto.

El problema del cargo formulado por la demanda

8. Los artículos 292 y 295 del estatuto tributario acusados, establecen que: (i) la condición que deben cumplir las personas naturales o jurídicas para ser sujetos pasivos del impuesto al patrimonio consiste en ser contribuyentes declarantes del impuesto de renta (art. 292) y (ii) que la base gravable de dicho Impuesto consiste en la totalidad del patrimonio líquido del obligado (art. 295). Lo demandado es la segunda cuestión, que se encuentra contenida en el artículo 295 y en la frase final del 292 también demandada.

El demandante, el Ministerio Público y una minoría de los ciudadanos pertenecientes al Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) consideran que esa regulación viola la igualdad y la equidad tributarias ya que ante la presencia de dos tipos de obligados al pago del impuesto de renta, unos que pagan por razón de todas sus actividades y otros solo por razón de algunas de ellas y determinándose el monto del pago para las segundas proporcional solo a las rentas gravables, en el tributo de patrimonio (mediante los mencionados artículos acusados) no se deberían nivelar (igualar) en un mismo tratamiento normativo los dos tipos de obligados en renta. Según su parecer, en el impuesto de renta la razón de la discriminación de dos tipos de contribuyentes declarantes (los que pagan por concepto de todas las rentas y los que pagan solo por concepto de algunas) se debe a que el legislador ha atendido al criterio de capacidad contributiva de los contribuyentes, para dar cuenta del principio de equidad tributaria y no imponer cargas excesivas a quienes no tienen capacidad para asumirlas y por ello consideran que si frente al impuesto de renta se acepta una diferenciación (cuya consecuencia es que los diferenciados paguen montos distintos por el tributo) que no rompe con la equidad tributaria, no aceptarla para el impuesto de patrimonio vulneraría dicho principio.

La situación anterior la ponen de presente tanto el demandante como el Ministerio Público en el caso de las cajas de compensación familiar, los fondos de empleados, las asociaciones gremiales (E.T., art. 19-2), así como los fondos mutuos y las mismas asociaciones gremiales (del mismo E.T., art. 23-3), quienes son contribuyentes del impuesto de renta solo con respecto a sus actividades industriales, comerciales y financieras distintas a la inversión de su patrimonio. En ambos casos se excluyen del gravamen de renta todas las actividades diferentes a las anteriores y relacionadas con su objeto social principal. Por último, el argumento se cierra exhibiendo una abierta situación de desigualdad e inequidad, en el evento en que de dos personas jurídicas de las señaladas anteriormente, con idéntico objeto social principal, una de ellas desarrolle actividades gravables de renta y la otra no, y por ello la primera se vea obligada a pagar el impuesto de renta, no proporcionalmente al patrimonio afecto a dichas actividades sino por la totalidad de su patrimonio líquido como lo establecen las normas acusadas, y la otra no vea obligada por el mencionado tributo al patrimonio. Para aclarar esta situación, y como se explicó en los antecedentes de esta sentencia, el procurador plantea el siguiente ejemplo hipotético:

Caja de compensación “A”Caja de compensación “B”
Patrimonio afecto a actividades de educación, salud, desarrollo social y recreación= 1000Patrimonio afecto a actividades de educación, salud, desarrollo social y recreación= 1000
Patrimonio afecto a actividades comerciales, financieras o industriales= 200Patrimonio afecto a actividades comerciales, financieras o industriales= 0
Patrimonio líquido total= 1200Patrimonio líquido total= 1000
Impuesto al patrimonio líquido total= 1200 * 0.3%Impuesto al patrimonio líquido total= 0

Este ejemplo muestra, según la vista fiscal y el actor, que las disposiciones acusadas pueden generar situaciones manifiestamente inequitativas.

9. A su turno otros intervenientes concuerdan en argumentar que no existe tal situación de desigualdad, porque las personas jurídicas descritas que realizan actividades gravables son contribuyentes de renta mientras que las que no realizan este tipo de actividades no lo son, luego la comparación es entre personas jurídicas no comparables. Igualmente descartan la posibilidad de inequidad pues consideran que las normas acusadas hacen parte de una disposición normativa que pretende gravar el poder adquisitivo derivado de la riqueza poseída, poder este con el que cuentan por ejemplo las cajas de compensación; y según su parecer no se puede tildar de trato inequitativo la aplicación particular de las normas tributarias de carácter general y menos, en el caso del impuesto al patrimonio, tratar de particularizarlo a partir de las innumerables situaciones particulares que genera el tributo de renta pues se haría inmanejable y por tanto inaplicable. Otro interviniente se acoge a la tesis expresada por esta corporación en la Sentencia C-876 de 2002, en donde se destaca la autonomía de cada tributo y se niega la idea de que como el impuesto al patrimonio para determinar los sujetos pasivos obligados al mismo, hace referencia a los sujetos pasivos de otro tributo, entonces esto debe significar que los criterios de uno gobiernan necesariamente el otro.

Finalmente, un interviniente considera que la Corte debe inhibirse para proferir fallo de fondo, por cuanto la demanda es inepta, ya que el actor no formula verdaderamente un cargo de constitucionalidad, que sea claro, cierto, específico, pertinente y suficiente, sino que realiza una argumentación destinada a mostrar la inconveniencia del tributo acusado frente a ciertos sujetos pasivos, como los fondos mutuos de inversión, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados y las cajas de compensación familiar.

10. Conforme a lo anterior, debe la Corte comenzar por examinar si realmente la demanda es apta o no para permitir un pronunciamiento de fondo pues, de no ser así, la decisión habrá de ser inhibitoria. Para responder a ese interrogante, la Corte comenzará por recordar brevemente su doctrina reiterada sobre los requisitos que debe cumplir una demanda de inexequibilidad, para luego analizar si el cargo formulado por el actor cumple o no con esas exigencias.

Los requisitos formales y materiales de las demandas de inexequibilidad

11. En numerosas oportunidades, esta Corte ha señalado que si bien la acción de inconstitucionalidad es pública y no está sometida a formalidades ni ritualidades incompatibles con su naturaleza ciudadana (C.P., arts. 241 y 242), sin embargo eso no excluye que el demandante deba cumplir con unos requisitos básicos que permitan la adecuada formación del debate constitucional (6) . Por ello esta Corte ha señalado que “si el actor se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, la demanda es inepta, pues la falta de concreción del cargo impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad” (7) .

12. La Corte ha sistematizado las exigencias materiales que debe cumplir la demanda y ha señalado que, sin caer en formalismos técnicos, incompatibles con la naturaleza popular y ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, los cargos formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes (8) . Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no solo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.

13. Esta referencia muestra que en el presente caso, la demanda no cumple esos requisitos, y en especial que el cargo no es pertinente, por cuanto está referido a una aplicación de la norma acusada a casos específicos, ya que la impugnación del actor está dirigida esencialmente contra la aplicación de la disposición a ciertos supuestos muy particulares. En efecto, toda la demanda gira en torno a las inequidades que podría provocar la aplicación de esa disposición a ciertos sujetos específicos en condiciones muy especiales. Ahora bien, esta Corte ha señalado en numerosas ocasiones que el cargo no se encuentra adecuadamente formulado y desnaturaliza el juicio abstracto de constitucionalidad cuando el demandante no acusa realmente el contenido de la norma sino que utiliza la acción pública para resolver un problema particular. Ha dicho al respecto esta corporación:

“Esta corporación ha entendido que no existe materialmente cargo, si el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico. En efecto, y como bien lo señala la vista fiscal, la acción constitucional es de naturaleza pública y tiene rasgos específicos, ya que su finalidad es retirar o mantener en el ordenamiento una norma, según esta sea o no exequible, por medio de una decisión que tiene efectos erga omnes. Por ello el control abstracto no es un ámbito propio para discutir peticiones de carácter individual, para las cuales el ordenamiento prevé otras vías procesales. Esto obviamente no significa que el demandante deba carecer de todo interés particular en los resultados de la demanda, pues puede ser legítimo que intente obtener un provecho propio de la decisión constitucional. Simplemente la Constitución exige que, en la medida en que el actor actúa como un ciudadano en ejercicio de una acción pública, tiene el deber de estructurar un cargo general y propiamente constitucional contra la norma legal que impugna” (9) .

14. La Corte concluye entonces que el cargo no es pertinente. Con todo, podría objetarse que verdaderamente existe una acusación relevante y pertinente. Según esta visión, habría que concluir que el problema planteado por el demandante no es tanto un análisis abstracto de las normas acusadas sino la vulneración concreta que podría surgir en algunas situaciones específicas, que no fueron adecuadamente consideradas por las disposiciones impugnadas, por lo que parecería existir una suerte de omisión legislativa relativa. Se trataría de aquellos eventos relacionados con ciertas personas jurídicas como las asociaciones gremiales, las cajas de compensación familiar y los fondos de empleados, que, en virtud de su régimen especial, solo son contribuyentes del impuesto de renta en relación con una fracción de sus actividades, que puede ser y con frecuencia es, de carácter marginal. Y sin embargo, conforme a las normas acusadas, según el actor, deberían pagar el impuesto al patrimonio tomando como base gravable todo su patrimonio líquido, lo cual sería, según su parecer, inequitativo.

15. La Corte no excluye que sea posible formular eventualmente un cargo por omisión legislativa relativa contra la disposición acusada puesto que esta corporación ha señalado, en numerosas ocasiones, que es competente para conocer de este tipo de omisiones relativas, mientras que carece de competencia para conocer de las omisiones legislativas absolutas (10) . La Corte ha señalado entonces que existe esta omisión relativa cuando el legislador “al regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella. v. gr.: si al regular un procedimiento, se pretermite el derecho de defensa (11) . La Corte ha entonces sintetizado los requisitos para que prospere un cargo por omisión legislativa relativa en los siguientes términos:

“Esta corporación ha definido que para que el cargo de inconstitucionalidad por omisión pueda prosperar, es necesario que se cumplan determinados requisitos, que se pueden sintetizar de la siguiente manera: a) que exista una norma sobre la cual se predica; b) que una omisión en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador” (12) .

16. Por las particularidades del control de la omisión legislativa relativa, la Corte ha también entendido que en estos casos la carga del demandante es mayor y más rigurosa. Así, es necesario que el “actor acuse el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión” y que además precise con claridad en qué consiste la omisión, su alcance y sus consecuencias inconstitucionales, por lo que “no resultan atendibles los cargos generales que se dirigen a atacar un conjunto indeterminado de normas (Sent. C-427/2000, fundamento 2.1) con el argumento de que omiten la regulación de un aspecto particular, o los que se dirigen a atacar normas de las cuales no emerge el precepto que el demandante echa de menos”. Y es que esta Corte ha señalado que la prosperidad del examen de constitucionalidad por una omisión legislativa relativa supone el cumplimiento de dos requisitos, a saber: “(i) El juicio de inexequibilidad requiere la concurrencia de una norma frente a la cual se predique la omisión; y (ii) la misma debe excluir un ingrediente, condición normativa o consecuencia jurídica que a partir de un análisis inicial o de una visión global de su contenido, permita concluir que su consagración normativa resulta esencial e indispensable para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta” (13) .

17. En tales condiciones, la Corte ha considerado que se impone un fallo inhibitorio cuando no es claro que la posible omisión legislativa resulte de la disposición acusada, ni el demandante precise con rigor cuáles fueron los contenidos omitidos que resultaron inconstitucionales. Y con esos criterios, esta corporación se ha abstenido de pronunciarse de fondo cuando dichos requisitos no han sido cumplidos. Por ejemplo, la Sentencia C-540 de 1997 se abstuvo de pronunciarse sobre la constitucionalidad material del artículo 74 de la Ley 42 de 1993, pues consideró que la omisión legislativa impugnada en la demanda no guardaba una clara relación con la norma acusada. Dijo entonces la Corte:

“Comoquiera que la acusación sub examine se concreta a la falta de notificación del auto que ordena la apertura de la investigación dentro del proceso de responsabilidad fiscal, lo cual, en criterio de los actores, impide una presencia activa del investigado en esa etapa procesal en términos de una defensa adecuada, es preciso aclarar que el cuestionamiento plantea una inconstitucionalidad por omisión ante la inexistencia de un trámite dentro de dicha actuación, lo cual no guarda relación directa con ninguno de los contenidos normativos mencionados en la norma acusada, puesto que, como se vio, ella versa únicamente sobre la forma en que se inicia el proceso de responsabilidad fiscal y el señalamiento de las etapas que en el mencionado proceso adelantan los organismos de control fiscal.

Lo anterior impide un pronunciamiento de fondo acerca del contenido material del precepto demandado pues el cargo de inconstitucionalidad no se contrae a enjuiciar los ordenamientos consignados en la norma ni las previsiones allí establecidas, sino, como se ha expresado, a resaltar la ausencia de una determinada actuación procesal posterior, en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, debiendo en consecuencia la Corte declararse inhibida para proferir decisión de mérito constitucional”.

En el mismo sentido, la Sentencia C-041 de 2002 se inhibió de fallar de fondo respecto de la constitucionalidad del parágrafo 2º del artículo 37 de la Ley 640 de 2001, pues consideró que “uno de los requisitos de la demanda, cuando se trata de cuestionar la exequibilidad de una norma por haber incurrido el legislador en omisión legislativa, es que el demandante acuse el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión” y que en ese caso era “claro que dicho contenido es el adscrito al artículo 24 de la Ley 640 de 2001 y no al artículo 37, que fue el demandado”.

Un tercer ejemplo, entre otros, es la Sentencia C-311 de 2003, en donde la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre la violación del derecho al debido proceso en los apartes demandados de los artículos 3º y 4º de la Ley 700 de 2001, pues consideró que tampoco era claro que la posible omisión derivara de esos apartes. Dijo entonces esta corporación:

“Para que el estudio de este caso fuera viable, el actor debió mostrar que realmente no existía procedimiento aplicable y que ello generaba un problema constitucional. Encuentra la Corte que el demandante solo se ocupó de argumentar en torno a los procesos disciplinarios —en el caso de funcionarios públicos— y el proceso de despido con justa causa (CST, art. 62 y Sent. T-546/2000, C-299/98) —en el caso de los empleados del sector privado— sin adentrarse en otros procedimientos. No debe entonces este tribunal entrar a construir los argumentos que el actor no presentó en su demanda pues el cargo no generó una real controversia constitucional ni cuestionó realmente la norma, pues existen otros procedimientos aplicables.

Así las cosas, considerando que en la presente causa el cargo formulado no se predica directamente de la expresión acusada, pues existen otras normas que pueden desarrollar el procedimiento, la Corte debe abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo y, en su lugar, proceder a declararse inhibida por ineptitud sustancial de la demanda frente a ese cargo”.

18. Los anteriores ejemplos permiten concluir que en el presente caso, el actor no cumplió adecuadamente con las exigencias particulares que el ordenamiento exige para la estructuración de un cargo por omisión legislativa relativa, pues no es para nada claro que la omisión, en caso de que existiera, fuera predicable de los preceptos impugnados. En efecto, nótese que las disposiciones acusadas son un aparte del artículo 292 del estatuto tributario y el artículo 295 de ese mismo cuerpo legislativo, que definen ambos la base gravable. Sin embargo, el problema constitucional que plantea el actor no tiene tanto que ver con la definición general y abstracta de la base gravable sino con su aplicación a determinados sujetos pasivos, pues en el fondo el actor cuestiona que se obligue a pagar la totalidad del tributo a personas jurídicas que solo realizan un porcentaje ínfimo de actividades gravables con el impuesto a la renta. Sin embargo, esa regulación puede estar contenida en otras disposiciones del propio estatuto tributario. Por ejemplo, el artículo 297 del mismo estatuto tributario señala cuáles personas jurídicas, que parecerían tener el deber de pagar ese impuesto, en realidad no están sujetas a ese tributo, por lo que parecería más razonable predicar una eventual omisión legislativa de esa disposición, que precisa cuáles son los sujetos pasivos de esta obligación tributaria.

19. La Corte concluye entonces que el actor realmente no cumplió con la carga de estructurar un cargo básico de omisión legislativa, por lo que no es posible realizar un pronunciamiento de fondo sobre la demanda. Por último, la Corte recuerda que esa mayor exigencia de rigor en la formulación de las acusaciones por este concepto no es una exigencia formalista de esta corporación sino que deriva de la estructura y naturaleza del proceso de constitucionalidad. En efecto, tal y como la Corte lo ha reiterado en numerosas ocasiones, a esta corporación no le corresponde una revisión oficiosa de la constitucionalidad de las leyes sino un examen de las disposiciones que hayan sido efectivamente demandadas por los ciudadanos (C.P., art. 241), y por ello el actor no solo debe precisar cuál es el precepto impugnado sino que, además, si el cargo es de omisión legislativa, debe indicar en qué consiste claramente la omisión, sin trasladar al juez constitucional la labor de revisar la totalidad del ordenamiento legal, con el fin de determinar si efectivamente la omisión existe o no.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la expresión “Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado” contenida en el artículo 292 del estatuto tributario, tal y como fue adicionado por el artículo 17 de la Ley 863 de 2003, y respecto del artículo 295 del estatuto tributario, tal y como fue adicionado por el artículo 17 de la Ley 863 de 2003, por ineptitud sustancial de la demanda.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(2) Sentencia C- 427 de 1996.

(3) A este respecto es abundante la jurisprudencia de la Corte, para lo cual se pueden ver entre otras las Sentencia C-427 de 1996 y C-774 de 2001. Sobre el tema se dijo en la Sentencia C-447 de 1996: “Cuando es declarada exequible una disposición, el fenómeno de la cosa juzgada material, produce como regla general la imposibilidad para la Corte Constitucional de pronunciarse sobre la materia previamente resuelta, ya que puede conducir a providencias contradictorias que afecten la seguridad del ordenamiento jurídico, o alteren la confianza legítima de los administrados en la aplicación de la Constitución, o vulneren el principio de la igualdad. (...) No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la especial naturaleza de la cosa juzgada constitucional, es necesario advertir, que de manera excepcional, resulta posible que el juez constitucional se pronuncie de fondo sobre normas que habían sido objeto de decisión de exequibilidad previa. El carácter dinámico de la Constitución, que resulta de su permanente tensión con la realidad, puede conducir a que en determinados casos resulte imperativo que el juez constitucional deba modificar su interpretación de los principios jurídicos para ajustarlos a las necesidades concretas de la vida colectiva —aun cuando no haya habido cambios formales en el texto fundamental—, lo que incide necesariamente en el juicio de constitucionalidad de las normas jurídicas. El concepto de “Constitución viviente” puede significar que en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, —que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas realidades—, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de constitucionalidad de una determinada norma. En estos casos, no se puede considerar que el fallo vulnera la cosa juzgada, ya que el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica” (negrillas fuera de texto).

(4) Sentencia C-774 de 2001.

(5) En este sentido ha manifestado la Corte, que la cosa juzgada relativa es: “Explícita, cuando (...) la disposición es declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la constitucionalidad de esa misma norma puede ser nuevamente reexaminada en el futuro” (C- 492/00) “… es decir, es la propia Corte quien en la parte resolutiva de la sentencia limita el alcance de la cosa juzgada (...) mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta...”(C-478/98).

(6) Ver entre otras las sentencias C-894 de 2001, C-1256 de 2001, C-1289 de 2001, C-041 de 2002 y C-419 de 2002.

(7) Sentencia C-1256 de 2001, fundamento 3.

(8) Ver, entre otras, las sentencias sentencia C-1052 de 2001 y C-1256 de 2001.

(9) Sentencia C-447 de 1997, fundamento 3. En el mismo sentido ver, entre otras, las sentencias C-568 de 1995 y C-1052 de 2001.

(10) Ver, entre otras, las sentencias C-543 de 1996, C-073 de 1996, C-540 de 1997, C-1549 de 2000 y C-041 de 2002.

(11) Sentencia C-543 de 1996.

(12) Sentencia C-427 de 2000, reiterado en la Sentencia C-402 de 2003.

(13) Sentencia C-865 de 2004. En el mismo sentido, ver sentencias C-1549 de 2000, C-185 de 2002 y C-311 de 2003.

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