SENTENCIA C-1122 DE NOVIEMBRE 9 DE 2004

 

Sentencia C-1122 de noviembre 9 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1122 de 2004 

Ref.: Expediente D-5172

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Actora: Gina Paola Silva

Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones “cuando el transporte lo suministre la institución” contenidas en el artículo 31 del Decreto 1796 de 2000 “por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.

Bogotá D.C., nueve de noviembre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 44.161 del 14 de septiembre de 2000. Se subraya lo demandado.

“DECRETO NÚMERO 1796 DE 2000”

(Septiembre 14)

por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 578 de 2000

DECRETA:

TÍTULO V

Incapacidades, invalideces, enfermedad profesional y accidente de trabajo

ART. 31.—Accidente de trabajo. Se entiende por accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga en el servicio por causa y razón del mismo, que produzca lesión orgánica, perturbación funcional, la invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes impartidas por el comandante, jefe respectivo o superior jerárquico, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente lo es el que se produce durante el traslado desde el lugar de residencia a los lugares de labores o viceversa, cuando el transporte lo suministre la institución, o cuando se establezca que la ocurrencia del accidente tiene relación de causalidad con el servicio”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma acusada hace parte de un decreto dictado en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas en los términos del artículo 150-10 superior.

2. La materia sujeta a examen

Para el actor las expresiones “cuando el transporte lo suministre la institución” vulneran el artículo 13 superior y consecuentemente el preámbulo y los artículos 2º y 25 superiores, por cuanto comportarían el establecimiento de una diferencia de trato entre trabajadores —en este caso miembros de la fuerza pública— que se encuentran en la misma situación, sin que exista una justificación legítima para ello.

Los intervinientes coinciden en afirmar que no asiste razón al actor en relación con la acusación que formula en contra de las expresiones referidas pues de ellas no se deriva ninguna discriminación contraria a la Constitución. Recuerdan así mismo que respecto de expresiones prácticamente idénticas (1) , contenidas en las normas que regulan el sistema general de riesgos profesionales, la Corte se pronunció en la Sentencia C-453 de 2002 en la que concluyó que las mismas no vulneraban la Constitución. En este sentido uno de los intervinientes solicita que la Corte se limite a reiterar en el presente caso los criterios expuestos en la referida sentencia.

Por su parte el señor Procurador solicita a la Corte estarse a lo resuelto en la Sentencia C-453 de 2002 por considerar que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material y que en consecuencia no cabe hacer un nuevo pronunciamiento al respecto.

Corresponde a la Corte en consecuencia determinar si asiste o no razón al actor en relación con la acusación que formula en contra de las expresiones “cuando el transporte lo suministre la institución” contenidas en el artículo 31 del Decreto 1796 de 2000 por la supuesta vulneración del artículo 13 de la Constitución y consecuentemente del preámbulo y de los artículos 2º y 25 superiores.

3. Consideraciones preliminares.

Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a i) el contenido y alcance de la norma en que se contiene la disposición acusada y ii) la no configuración en este caso del fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con lo decidido en la Sentencia C-453 de 2002, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda.

3.1. El contenido y alcance de la norma en que se contiene la disposición acusada.

Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 el sistema integral de seguridad social contenido en dicha ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, cuya vinculación a la institución haya sido anterior a la vigencia de la referida Ley 100 de 1993.

En este sentido, en relación con dichos servidores existen normas especiales que regulan su régimen de seguridad social (2) . Dentro de ellas se encuentra el Decreto 1796 de 2000 “por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993” que modificó parcialmente el Decreto 94 de 1989 que con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 que regulaba esta materia.

Dentro del título V sobre “incapacidades, invalideces, enfermedad profesional y accidente de trabajo” del Decreto 1796 de 2000 se contiene el artículo 31 donde el legislador incluyó las expresiones acusadas.

Según dicho artículo se entiende por accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga en el servicio por causa y razón del mismo, que produzca lesión orgánica, perturbación funcional, la invalidez o la muerte.

Dicho artículo señala que es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes impartidas por el comandante, jefe respectivo o superior jerárquico, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Según la norma es igualmente accidente de trabajo el que se produce durante el traslado desde el lugar de residencia a los lugares de labores o viceversa, cuando el transporte lo suministre la institución (3) , o cuando se establezca que la ocurrencia del accidente tiene relación de causalidad con el servicio.

Cabe precisar que esta última alternativa, a saber “cuando se establezca que la ocurrencia del accidente tiene relación de causalidad con el servicio”, es específica de los servidores a los que se aplica dicha disposición pues ella no encuentra equivalente en el sistema general de riesgos profesionales (D. 1295/94, art. 9º).

3.2. La no configuración en este caso del fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con lo decidido en la Sentencia C-453 de 2002.

Ahora bien, en el presente caso la Corte debe examinar la incidencia que eventualmente pueda tener para la decisión que ha de tomarse, la Sentencia C-453 de 2002 (4) que declaró la constitucionalidad, de las expresiones “cuando el transporte lo suministre el empleador” contenidas en el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, sentencia respecto de la cual el señor Procurador General de la Nación invoca la configuración del fenómeno de la cosa juzgada material referido a la acusación formulada en el presente proceso contra las expresiones “cuando el transporte lo suministre la institución” acusadas contenidas en el artículo 31 del Decreto 1796 de 2000.

Sobre este punto la Corte recuerda que la cosa juzgada constitucional es una institución jurídico procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política; mediante ella se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. De la misma surge una restricción negativa consistente en la imposibilidad de que el juez constitucional vuelva a conocer y decidir sobre lo resuelto (5) . Igualmente ella comporta la prohibición para el legislador de reproducir el contenido material de una norma declarada inexequible, evento en el cual la nueva norma debe ser igualmente declarada inexequible (6) .

La corporación ha precisado que en el análisis de cosa juzgada en cada proceso concreto, corresponde a la Corte desentrañar frente a cada disposición, si efectivamente se puede predicar la existencia de cosa juzgada, sea esta absoluta o material, que impida un nuevo pronunciamiento, así como si se está más bien ante una cosa juzgada aparente o ante una cosa juzgada relativa que permita una valoración de la norma frente al texto superior, en aras de garantizar tanto la integridad y supremacía de la Carta como de los fines y valores propios de la institución de la cosa juzgada (7) .

Ahora bien cabe destacar que dentro de los presupuestos que ha señalado la jurisprudencia constitucional para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada material —que es a la que alude el señor Procurador en este caso— la Corte ha dicho que la disposición demandada respecto de la cual ella se predique debe tener el mismo contenido normativo que aquel que ya fue examinado por la Corte (8) .

Esta corporación ha explicado así mismo que dicha identidad normativa debe apreciarse teniendo en cuenta tanto la redacción de las disposiciones demandadas como el contexto dentro del cual ellas se ubican, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción (9) . En el mismo sentido si el texto es el mismo pero el contexto normativo en el que se le reproduce es diferente no cabe predicar dicha identidad (10) .

Ahora bien, en el presente caso es claro que la redacción de las expresiones acusadas, a saber, “cuando el transporte lo suministre la institución” no es idéntica a la de las expresiones que fueron declaradas exequibles por la Corte en la Sentencia C-453 de 2002 —frente a los cargos por la supuesta vulneración de los artículos 13, 48 y 53 superiores—, a saber “cuando el transporte lo suministre el empleador”. Así mismo es claro que el contexto normativo de cada una de dichas expresiones es así mismo diferente.

En efecto las expresiones que fueron declaradas exequibles en la Sentencia C-453 de 2002 se contenían en el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994 “por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales”, dictado por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 11 del artículo 139 del la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones” y cuyo texto completo es del siguiente tenor:

“ART. 9º—Accidente de trabajo.

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador”.

En el presente caso dichas expresiones se contienen en el artículo 31 del Decreto 1796 de 2000 “por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993” dictado por el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 578 de 2000 “Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía Nacional” y cuyo texto completo es del siguiente tenor:

“ART. 31.—Accidente de trabajo. Se entiende por accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga en el servicio por causa y razón del mismo, que produzca lesión orgánica, perturbación funcional, la invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes impartidas por el comandante, jefe respectivo o superior jerárquico, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente lo es el que se produce durante el traslado desde el lugar de residencia a los lugares de labores o viceversa, cuando el transporte lo suministre la institución, o cuando se establezca que la ocurrencia del accidente tiene relación de causalidad con el servicio”.

Como se desprende de dichos textos los artículos en que se contienen las expresiones aludidas no solo son diferentes en cuanto a su redacción sino que el contexto normativo en uno y otro caso es diferente.

Así las cosas es claro que en este caso en relación con las expresiones “cuando el transporte lo suministre la institución” no puede predicarse la identidad en el contenido normativo a que ha hecho referencia la jurisprudencia para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada material frente a los cargos ahora formulados en contra de las expresiones aludidas contenidas en el artículo 31 del Decreto 1796 de 2000.

Empero, como a continuación pasa a explicarse, para la Corte es evidente que las mismas consideraciones que se expusieron en la Sentencia C-453 de 2002 para declarar la exequibilidad, por los cargos allí estudiados (11) , de las expresiones “cuando el transporte lo suministre el empleador”, deben ser reiteradas por la Corte en relación con la acusación formulada en este proceso contra las expresiones acusadas contenidas en el artículo 31 del Decreto 1796 de 2000.

4. El análisis de los cargos por la supuesta vulneración del artículo 13 superior y consecuentemente del preámbulo, y los artículos 2º y 25 superiores. Reiteración de los criterios expuestos en la Sentencia C-453 de 2002.

Para la actora las expresiones acusadas contenidas en el artículo 31 del Decreto 1796 de 2000 vulneran el principio de igualdad y consecuentemente el preámbulo y los artículos 2º y 25 superiores, por cuanto se estaría estableciendo una diferencia de trato entre trabajadores —en este caso servidores de la fuerza pública—, que se encontrarían en la misma situación frente al hecho de un accidente y ello simplemente por la circunstancia de que el transporte se suministre o no por la institución a la que ellos pertenecen.

La Corte al respecto constata que la disposición acusada establece en este caso tratamiento diferente a situaciones distintas, al tiempo que responde a los criterios establecidos por esta corporación para justificar la diferenciación que el legislador hace en ciertas circunstancias atendiendo elementos objetivos, razonables, proporcionados y que estén acordes con una finalidad constitucional legítima (12) .

En efecto, como ha dicho esta corporación en forma reiterada:

“(...) en materia laboral es posible que puedan existir regímenes jurídicos diferentes que regulen diversos aspectos de la relación de trabajo entre los trabajadores y los patronos o empleadores, sean estos oficiales o privados, sin que por ello, en principio, pueda considerarse que por esa sola circunstancia se viole el principio de igualdad.

En la realización del juicio de igualdad es necesario establecer, cuáles son las situaciones o supuestos que deben ser objeto de comparación, desde el punto de vista objetivo o material y funcional, atendiendo todos los aspectos que sean relevantes en las respectivas relaciones o circunstancias, con el fin de determinar qué es lo igual que merece un trato igual y qué es lo divergente que exige, por consiguiente, un trato diferenciado. Realizado esto, es preciso determinar si el tratamiento que se dispensa en una situación concreta obedece o no a criterios que sean objetivos, razonables, proporcionados y que estén acordes con una finalidad constitucional legítima” (13) .

Así, lo primero que ha de tenerse en cuenta es que la norma regula dos situaciones de hecho diferentes, lo que justifica el trato diferencial impugnado por la actora.

En efecto una primera situación se configura por el evento en el que la Institución empleadora resuelve asumir el transporte de sus servidores, lo que implica el manejo de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que este se realiza, y una segunda en la que el trabajador por sus propios medios, bien sea en un vehículo de su propiedad o en un transporte público, o en uno privado acude al trabajo o regresa de él, sin que en este último caso la institución empleadora tenga ninguna injerencia sobre las condiciones en que dicho traslado se efectúa.

Es pues objetivamente una situación diferente la que se plantea en cada caso, y ello bien podía ser tomado en cuenta por el legislador al establecer la definición de accidente de trabajo en los términos señalados en el artículo censurado.

Cabe resaltar además que como se explicó en la Sentencia C-453 de 2002 en esta materia la regulación acusada se basa en la teoría del riesgo creado, y en consecuencia es razonable que cuando el transporte lo suministra la institución, el accidente que se produzca se califique de profesional por cuanto en esa circunstancia se produce una especie de prolongación de la institución, y el servidor de la fuerza pública, como subordinado, está sometido a las condiciones que se le fijen para su transporte.

Al respecto en la sentencia referida la Corte hizo las siguientes consideraciones que ahora se reiteran.

“Si se advierte además que, como atrás quedó explicado, el sistema de riesgos profesionales se basa en la teoría del riesgo creado, es lógico que cuando el transporte lo suministra el empleador, el accidente que se produzca se califique de profesional por cuanto en esa circunstancia se produce una especie de prolongación de la empresa, en la que el trabajador, como subordinado, está sometido a las condiciones que se le fijen para su transporte entre el sitio de trabajo y su residencia, razón por la que será el empleador el llamado a responder por los perjuicios que se llegaren a causar. Téngase en cuenta que en este caso el empleador determina y controla las condiciones en las que se realiza el transporte —elige el tipo de vehículo y el conductor, establece las condiciones para su uso y mantenimiento, señala las rutas, horarios, etc. — es decir que puede controlar o al menos circunscribir el riesgo que crea, en tanto que cuando el trabajador se transporta por sus propios medios ninguno de estos elementos se encuentra bajo su control” (14) .

Así las cosas la circunstancia de que en la disposición demandada se defina como accidente de trabajo aquel que se presente cuando el transporte lo suministre la institución, no puede entenderse como una determinación caprichosa o irrazonable del legislador, sino que la misma responde a consideraciones precisas que como se ha visto están ligadas a la posibilidad de establecer una relación directa entre el hecho acaecido y el riesgo creado por la institución empleadora al asumir el transporte de sus servidores.

Cabe destacar de otra parte que en el mismo orden de ideas en el caso del artículo 31 del Decreto 1796 de 2000 el legislador estableció que no solamente se entiende por accidente de trabajo el que se produce durante el traslado desde el lugar de residencia a los lugares de labores o viceversa, “cuando el transporte lo suministre la institución”, sino también “cuando se establezca que la ocurrencia del accidente tiene relación de causalidad con el servicio”.

Es pues a partir de elementos objetivos y razonables para el caso de la fuerza pública que el legislador determinó las hipótesis en que se configura el accidente de trabajo, y dentro de ellas, el caso en que el transporte lo suministre la institución, por lo que desde este punto de vista el supuesto tratamiento discriminatorio a que alude el actor que establecerían las expresiones acusadas carece de sustento.

No asiste razón en consecuencia al demandante en relación con la violación del principio de igualdad (C.P., art. 13), por lo que el cargo planteado en este sentido no está llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

Ahora bien, dado que el actor sustenta su acusación por la supuesta vulneración del preámbulo y de los artículos 2º y 25 superiores en el desconocimiento del principio de igualdad y que este como acaba de demostrarse no se presenta en este caso, ha de concluirse que tampoco asiste razón al actor respecto de los cargos que deriva de la vulneración del artículo 13 superior y así se señalará igualmente en la parte resolutiva de esta sentencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES, por los cargos formulados, las expresiones “cuando el transporte lo suministre la institución”, contenidas en el artículo 31 del Decreto 1796 de 2000 por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) “Cuando el transporte lo suministre el empleador”.

(2) Ver, entre otras la Sentencia C-671 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(3) Expresiones demandadas.

(4) M.P. Álvaro Tafur Galvis. Decisión respecto de la cual la Corte en la Sentencia C-582 de 2002 se estuvo a lo allí resuelto frente a una demanda por la supuesta vulneración de los artículos 13 y 53 superiores.

(5) Ver la Sentencia C-/04, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Exp. 5117.

(6) Sentencia C-030 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Ver en el mismo sentido entre otras la Sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(7) Al respecto, ver, entre otras las sentencias C-113 de 1993, C-925 de 2000 y C-774 de 2001. En relación con cada una de estas categorías la corporación hizo la siguiente síntesis en la Sentencia C-774 de 2001:

“a) De la cosa juzgada aparente.

Ha dicho la Corte que la cosa juzgada es apenas aparente, cuando la declaratoria de constitucionalidad de una norma, carece de toda motivación en el cuerpo de la providencia. En estos eventos “... la absoluta falta de toda referencia, aun la más mínima, a las razones por las cuales fue declarada la constitucionalidad de lo acusado...” (7) , tiene como consecuencia que la decisión pierda, “... la fuerza jurídica necesaria para imponerse como obligatoria en casos ulteriores en los cuales se vuelva a plantear el asunto tan solo supuesta y no verdaderamente debatido...” (7) . Es decir que en este caso es posible concluir que en realidad no existe cosa juzgada y se permite una nueva demanda frente a la disposición anteriormente declarada exequible y frente a la cual la Corte debe proceder a “... a resolver de fondo sobre los asuntos que en anterior proceso no fueron materia de su examen y en torno de los cuales cabe indudablemente la acción ciudadana o la unidad normativa, en guarda de la integridad y supremacía de la Constitución...” (7) .

b) De la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material.

La cosa juzgada formal se presenta “... cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio...” (7) , o, cuando se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual (7) . Este evento hace que “... no se pueda volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado...” (7) . Por su parte, la cosa juzgada material, “... se [presenta] cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica...” (7) .

Esta restricción tiene sustento en el artículo 243 de la Constitución Política, según el cual “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto declarado inexequible por razones de fondo...”. De este modo la reproducción integral de la norma, e incluso, la simple variación del giro gramatical o la mera inclusión de un elemento normativo accesorio por parte del legislador, no afecta el sentido esencial de la disposición, y entonces se concluye que sobre la misma opera el fenómeno de la cosa juzgada.

Cuando una disposición es declarada inexequible, la cosa juzgada material produce como efecto, una limitación de la competencia del legislador (ordinario o extraordinario), que le impide reproducir el contenido material de la norma que no se ajusta a la Carta Fundamental, y en el evento que ello ocurra la Corte debe proferir un fallo de inexequibilidad por la violación del mandato dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política.

Cuando es declarada exequible una disposición, el fenómeno de la cosa juzgada material, produce como regla general la imposibilidad para la Corte Constitucional de pronunciarse sobre la materia previamente resuelta, ya que puede conducir a providencias contradictorias que afecten la seguridad del ordenamiento jurídico, o alteren la confianza legítima de los administrados en la aplicación de la Constitución, o vulneren el principio de la igualdad.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la especial naturaleza de la cosa juzgada constitucional, es necesario advertir, que de manera excepcional, resulta posible que el juez constitucional se pronuncie de fondo sobre normas que habían sido objeto de decisión de exequibilidad previa. El carácter dinámico de la Constitución, que resulta de su permanente tensión con la realidad, puede conducir a que en determinados casos resulte imperativo que el juez constitucional deba modificar su interpretación de los principios jurídicos para ajustarlos a las necesidades concretas de la vida colectiva —aun cuando no haya habido cambios formales en el texto fundamental—, lo que incide necesariamente en el juicio de constitucionalidad de las normas jurídicas. El concepto de “Constitución viviente” puede significar que en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución —que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas realidades—, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de constitucionalidad de una determinada norma. En estos casos, no se puede considerar que el fallo vulnera la cosa juzgada, ya que el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica (7) .

c) De la cosa juzgada absoluta y de la cosa juzgada relativa:

Se presenta cosa juzgada absoluta cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto constitucional.

La cosa juzgada relativa se presenta de dos maneras:

Explícita, cuando “... la disposición es declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la constitucionalidad de esa misma norma puede ser nuevamente reexaminada en el futuro...” (7) , es decir, es la propia Corte quien en la parte resolutiva de la sentencia limita el alcance de la cosa juzgada “... mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta...” (7) .

Implícita, se presenta cuando la Corte restringe en la parte motiva el alcance de la cosa juzgada, aunque en la parte resolutiva no se indique dicha limitación, “... en tal evento, no existe en realidad una contradicción entre la parte resolutiva y la argumentación sino una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte declara exequible la norma, pero bajo el entendido que solo se ha analizado determinados cargos...” (7) . Así mismo, se configura esta modalidad de cosa juzgada relativa, cuando la Corte al examinar la norma constitucional se ha limitado a cotejarla frente a una o algunas normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de la Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad, igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de constitucionalidad; así sostuvo que se presenta cuando: “...el análisis de la Corte está claramente referido solo a una norma de la Constitución o a un solo aspecto de constitucionalidad, sin ninguna referencia a otros que pueden ser relevantes para definir si la Carta Política fue respetada o vulnerada”. Sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(8) Ver Sentencia C-030 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(9) Ver entre otras la Sentencia C-427 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte señaló que el fenómeno de la cosa juzgada material se da cuando se trata, no de una norma cuyo texto normativo es exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino cuando los contenidos formativos son iguales.

(10) Ver Sentencia C-228 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. A.V. Jaime Araújo Rentería.

(11) Referentes como ya se señaló a la supuesta vulneración de los artículos 13, 48 y 53 superiores.

(12) En relación con el juicio de igualdad y su aplicación por la jurisprudencia ver entre otras las sentencias C-530 de 1993 y C-445 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-601 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz; C-412 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-617 de 2001 y C-233 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-742 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, con aclaración de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería.

(13) Sentencia C-654 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(14) Sentencia C-453 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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