Sentencia C-114 de febrero 15 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-114 de 2005 

Ref.: Expediente D-5320

Magistrado Sustanciador:

Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

Demandante: Jorge William Díaz Hurtado

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 97 de la Ley 115 de 1994, “por la cual se expide la ley general de educación”.

Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Disposición demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 41.214, de 8 de febrero de 1994.

LEY 115 DE 1994 

(Febrero 8)

Por la cual se expide la ley general de educación.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

TÍTULO V

De los educandos

CAPÍTULO I

Formación y capacitación

ART. 97.—Servicio social obligatorio. Los estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio durante los dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

1.1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4º de la Carta, ya que la disposición acusada hace parte de una ley de la República.

2. Planteamiento del problema.

2.1. El actor solicita se declare la inconstitucionalidad del servicio social obligatorio que deben prestar los estudiantes de educación media, previsto en el artículo 97 de la Ley 115 de 1994, porque a su juicio esta actividad vulnera el derecho a la igualdad, los derechos fundamentales de los menores y contraviene el carácter de servicio público y la función social de la educación. El representante del Ministerio Público y la vista fiscal solicitan se declare la constitucionalidad de la disposición acusada porque es acorde con la función social de la educación y con los principios y valores consagrados en la Constitución Política.

2.2. Para responder a la controversia constitucional planteada esta Sala inicialmente hará una breve exposición sobre la relación existente entre la educación y los fines del Estado colombiano, y el servicio social obligatorio y la función social de la educación. Luego abordará los cargos formulados contra la disposición acusada por la supuesta violación del principio a la igualdad, los cuales son esencialmente tres: 1. Vulneración del derecho a la igualdad por establecer un trato discriminatorio, puesto que impone una carga a los menores que cursan la educación media superior que no deben cumplir los estudiantes universitarios; 2. Vulneración del principio de igualdad por no establecer un trato diferente entre los menores que estudian en colegios privados y aquellos que cursan sus estudios en colegios públicos; 3. Vulneración del principio de igualdad por no prever un trato diferente para aquellos menores que trabajan.

Acto seguido se analizará si la disposición acusada impone una restricción desproporcionada e irrazonable del derecho a la recreación, consagrado como un derecho fundamental del menor en el artículo 44 de la Constitución.

Finalmente se estudiarán los cargos relacionados con la vulneración del carácter de servicio público y de función social de la educación por parte del artículo 97 de la Ley 115 de 1994.

3. Análisis previo. El derecho a la educación y los fines del Estado.

3.1. La educación ha sido consagrada constitucionalmente con un doble carácter: como un derecho de la persona y como un servicio público que tiene una función social. En su primera dimensión esta corporación ha sostenido que se trata de un derecho-deber que si bien supone reconocer a todo ser humano el interés jurídicamente protegido de recibir una formación acorde con sus habilidades, cultura y tradiciones, así mismo implica para sus titulares el compromiso de cumplir con las obligaciones académicas y disciplinarias correspondientes.

La educación constituye un factor de desarrollo humano crucial para adquirir las herramientas necesarias para el desenvolvimiento en el medio cultural en que se habita (1) , se concreta en un proceso de formación personal, social y cultural de carácter permanente, que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura (2) y su realización efectiva dignifica a la persona.

La Constitución no se limita simplemente a afirmar la existencia de un derecho a la educación y de un servicio público educativo. La Carta dota a la educación de un contenido específico, y le otorga un papel preponderante en nuestro proyecto nacional, fundamental para el desarrollo integral de los seres humanos, la solidez democrática de la República, el desarrollo económico y la riqueza cultural de la Nación (3) .

3.2. Complementariamente el constituyente definió la educación como un servicio público, esto es, como una actividad organizada que tiende a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien sea que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas (4) . De la naturaleza de servicio público se deducen los fines generales que persigue la educación: el servicio a la comunidad, la búsqueda del bienestar general, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y la elevación de la calidad de vida de la población (5) .

3.3. Existe, por lo tanto, una estrecha conexión entre la educación y los fines del Estado. Pues, por una parte, la educación es un instrumento para la consecución de los valores y principios consagrados en el preámbulo y en el título primero de la Carta; la democracia, la participación y el pluralismo y otros contenidos axiológicos de igual importancia deben ser aprehendidos por medio del proceso educativo, así lo contempla el artículo 67 de la Constitución Política cuando dispone que: “(...) la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia...”. Adicionalmente la educación cumple un papel específico en la búsqueda de la igualdad material y en el desarrollo integral de los seres humanos, pues en la medida en que los menores tengan similares oportunidades educativas, tendrán igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como personas (6) .

Se devela entonces el contenido de la función social de la educación, que se presenta como la labor constante del sistema educativo para contribuir con la promoción, afianzamiento y defensa de los principios que definen el Estado colombiano (7) .

Por otra parte los principios fundantes del Estado colombiano tienen plena cabida en el proceso educativo, el cual debe caracterizarse por el respeto de la dignidad humana, la igualdad y está estrechamente asociado con el ejercicio de ciertos derechos de libertad como la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos, la libertad de crear escuelas y la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

4. Servicio social estudiantil obligatorio y función social de la educación.

4.1. Como se expuso en el acápite precedente, la relación que en principio surge del análisis de las normas constitucionales respecto de la educación consiste en que esta resulta uno de los medios más relevantes por el cual se quiere desarrollar los valores y principios constitucionales. De ahí —se insiste— que la función social de la educación pretenda diseñarse de tal manera que el sistema educativo sirva para dicho fin. De la misma manera, la función social de la educación debe estar acorde con el alcance de los principios que pretende promocionar.

Por ello, tal como lo exponen la intervención del ministerio y el concepto del procurador, si los valores del Estado colombiano han de tener su real manifestación en las dinámicas diarias de la sociedad, resulta apenas lógico que la educación cobre el mismo alcance. Así, el proceso educativo debe salir de las aulas y posarse en los escenarios en donde se ejercita como miembro de un Estado social de derecho. Esto lo ha implementado el sistema educativo, en el caso de los estudiantes de educación media, mediante la obligación de prestar un servicio social a la comunidad.

4.2. Por esto para la Corte es claro que una de las posibilidades que tenía el legislador para materializar el carácter de función social de la educación, y fortalecer los lazos entre los educandos y su comunidad es el servicio social obligatorio que deben prestar los estudiantes de educación media. El cual de esta manera se convierte en el medio idóneo para el aprendizaje y la realización de los deberes de solidaridad de los menores educandos con los restantes miembros de la sociedad.

De las anteriores reflexiones se desprende que el servicio social obligatorio es un instrumento útil para la satisfacción de diversos principios y valores constitucionales, y que por lo tanto, en principio, tiene plena cabida dentro del ordenamiento jurídico colombiano al ser una de las opciones que podía elegir el legislador para dar contenido material al carácter de función social de la educación consagrado en el artículo 67 de la Carta. Resta, entonces, examinar si a pesar de esa validez constitucional prima facie, la disposición que consagra esta actividad incurrió en específicas vulneraciones de otros preceptos constitucionales.

5. El servicio social obligatorio y el principio de igualdad.

5.1. Como antes se anotó, buena parte de los cargos de inconstitucionalidad que se formulan en contra de la disposición demandada tienen que ver con supuestas transgresiones al principio de igualdad. A juicio del demandante la disposición demandada vulnera el principio de igualdad por tres distintas razones: 1. Por establecer un trato diferenciado entre estudiantes de educación media y estudiantes de educación superior; 2. Por no establecer un trato diferente entre estudiantes de colegios públicos y privados, y 3. Por no establecer un trato favorable de los menores estudiantes que deben trabajar. A continuación se examinará cada uno de esos cargos.

5.2. Sobre la importancia del principio de igualdad en un Estado social de derecho la Corte Constitucional se ha pronunciado extensamente en anteriores decisiones que no es del caso reproducir en esta sentencia (8) . Baste aquí señalar que este principio impone al Estado el deber de tratar a los individuos de modo tal que las cargas y ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos.

La doctrina ha señalado que el principio de igualdad no se agota en la esquemática formulación de “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”, pues realmente comprende cuatro mandatos que a continuación se enuncian: 1. Un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas; 2. Un mandato de trato enteramente diferente a destinatarios cuyas situaciones no comportan ningún elemento común; 3. Un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes que las diferencias (trato igual a pesar de la diferencia); y 4. Un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentre en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes (trato desigual a pesar de la similitud).

5.3. Ahora bien, la primera acusación formulada en la demanda parte de considerar el servicio social obligatorio como una carga que reposa injustificadamente sobre los hombros de una determinada categoría de individuos: los estudiantes de educación media, mientras que otros individuos, los estudiantes universitarios, quienes se encuentran en una circunstancia similar, están exentos de cumplir con esa obligación.

Valga aclarar, en primer lugar, que el planteamiento del demandante es inexacto pues olvida introducir un matiz importante: numerosos estudiantes universitarios deben cumplir con el servicio social obligatorio porque el legislador así lo ha estipulado. De manera tal que la supuesta trasgresión del principio de igualdad solo sería predicable frente a aquellos estudiantes universitarios que no deben prestar el servicio social obligatorio.

Correspondería, entonces, a esta corporación determinar si el trato diferenciado dispensado por el legislador a los estudiantes de educación media, al asignarles una obligación específica de la cual están exentos “algunos” estudiantes universitarios se encuentra justificado a la luz de la Constitución. No obstante, antes de emprender el test de igualdad en cualquiera de las modalidades utilizadas por esta corporación (9) , encuentra la Sala que es necesario analizar si los sujetos que conforman los extremos de la comparación están en situaciones efectivamente equiparables para el caso que nos ocupa.

Porque, como antes se consignó, uno de los mandatos del principio de igualdad es precisamente el trato diferente de quienes se encuentran en condiciones disímiles y esta corporación ha sostenido reiteradamente que las circunstancias en las que se encuentran los individuos objeto de la comparación deben ser equiparables para que surja el deber estatal de la igualdad de trato. No obstante, en el presente caso esta circunstancia no está presente pues la situación de los universitarios respecto del servicio social como elemento del proceso de formación no es comparable a la de los estudiantes de educación media.

5.4. La primera razón que salta a la vista y que expone el Ministerio Público, es que para ser universitario es requisito sine qua non, el haber cursado y aprobado la educación media. Entonces, todos los universitarios han prestado el servicio estudiantil obligatorio pues para acceder a la educación superior necesariamente han debido satisfacer las exigencias legales y reglamentarias entre las que se cuenta la obligación objeto de la presente demanda. Entonces, la supuesta carga que pesa sobre los estudiantes de educación media ya ha sido satisfecha por los estudiantes universitarios y no tendría razón exigirles por segunda vez el cumplimiento de este deber legal, salvo en el caso de determinadas profesiones.

Por otro lado, el servicio social estudiantil obligatorio, “no es exclusivamente una carga”, como erróneamente plantea en la demanda, sino esencialmente una parte estructural del proceso educativo de los estudiantes de educación media, que permite la realización de principios y fines constitucionalmente legítimos. Ahora bien, este deber guarda estrecha relación con los fundamentos y fines de la educación media los cuales son sustancialmente distintos a aquellos que persigue la educación superior.

Estas diferencias han quedado claramente plasmadas en la legislación. Así, el artículo 4º de la Ley 30 de 1992, al señalar los fines de la educación superior hace énfasis en la formación de los educandos de “(...) un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país (...)”. Mientras que el artículo 30 de la Ley 115 de 1994 menciona entre los objetivos específicos de la educación media la vinculación de los educandos a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; el fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de servicio social; y el desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad.

Siendo sus propósitos distintos, se concluye que su naturaleza es distinta, que es lo lógico porque se dirigen a personas disímiles en edades, intereses y capacidades, de acuerdo con su experiencia académica. Por esto, la Corte encuentra que las situaciones de los estudiantes de educación media y de los universitarios respecto del servicio social al que están obligados los primeros, no son comparables.

Luego no se hace necesario continuar desarrollando el juicio integrado de igualdad, porque además no puede establecerse similitud entre los estudiantes, ni sus circunstancias y en este orden de ideas no encuentra la Corte que se viole el principio de igualdad constitucional, al no incluirse a los universitarios como sujetos de la obligación de prestar un servicio social, mas cuando ya lo prestaron, como estudiantes en los grados de educación media, requisito ineludible para llegar a ser estudiante universitario.

5.5. El segundo cargo respecto a la vulneración del principio de igualdad se formula porque la disposición acusada no diferencia entre los estudiantes de los colegios públicos y los estudiantes de los colegios privados. La trasgresión consistiría entonces en prever un trato igual —prestación del servicio social obligatorio— a individuos —estudiantes de colegios públicos y estudiantes de colegios privados— que se encuentran en circunstancias distintas que ameritan, precisamente, un trato diferente por parte del legislador. Pretende entonces el demandante que los estudiantes de colegios públicos deberían ser objeto de un “trato favorable” el cual consistiría en la exención del servicio social obligatorio.

Este cargo puede ser fácilmente desechado con un razonamiento muy sencillo: las diferencias existentes entre quienes acuden a planteles privados y quienes acuden a planteles públicos no son lo suficientemente relevantes como para que ameriten un tratamiento distinto por parte del legislador.

En efecto, respecto del servicio social obligatorio es indiferente la naturaleza del plantel al cual asiste el estudiante porque precisamente esta actividad pretende la realización de diversos fines y principios constitucionales y es una parte esencial del proceso educativo de la cual no puede ser excluido, en principio, ningún sujeto. No se justifica privar a una categoría determinada de individuos de una experiencia estrechamente relacionada con su formación como ciudadano integral, mediante la cual pueden participar en acciones cívicas y de servicio social, en aras de favorecerla debido a su supuesta o real condición de inferioridad económica y social.

Incluso si se analiza con detenimiento el cargo formulado es en sí mismo discriminatorio pues supone una situación de inferioridad de los estudiantes de planteles públicos que sería el motivo para privarlos de desarrollar en la práctica valores sociales y comunitarios.

En todo caso, la exención del servicio social obligatorio tampoco podría considerarse como un trato favorable o como una medida de promoción o protección de los estudiantes de colegios públicos, porque tendría a todas luces el efecto contrario cual es el privarlos de una experiencia de extrema importancia en su proceso formativo e impedirles interactuar con su medio social y familiarizarse con la práctica de los valores y fines que promueve el ordenamiento constitucional.

5.6. Queda, finalmente, por analizar la supuesta trasgresión de la igualdad consistente en que la disposición demandada no establece un trato diferente a favor de los estudiantes de educación media trabajadores.

Para examinar este cargo es preciso introducir algunas consideraciones relacionadas con el trabajo de los menores. Ha sostenido esta corporación (10) que por las condiciones sociales y económicas del país, los menores en circunstancias excepcionales, con el lleno de estrictos requisitos (11) pueden trabajar siempre y cuando se tenga en cuenta que “...el trabajo infantil que se oponga a su proceso de educación y a sus derechos de acceso a la cultura, a la recreación y a la práctica del deporte, debe ser proscrito por la ley. Por ello, la legislación nacional, en especial el Decreto 2737 de 1989 —Código del Menor—, acorde con este propósito superior contiene normas específicas contra la explotación económica de los niños, y el desempeño de los menores en trabajos peligrosos para su salud física o mental, o que impidan su acceso a la educación”.

Entonces, como ha señalado esta corporación, el trabajo de los menores no puede afectar su desarrollo físico ni el educativo. De esto resulta claro, como se explicó ampliamente y al igual que lo exponen los intervinientes, que si se acepta que si el servicio social estudiantil obligatorio es parte estructural del proceso educativo no puede ser entendido como algo ajeno al mismo, del que pueda prescindirse en aras de privilegiar las actividades laborales.

El reconocimiento de la Corte Constitucional, de la realidad social colombiana, al interpretar el mencionado artículo 44 junto con el Convenio 138 de la OlT y concebir el trabajo de los menores como posible a la luz del orden constitucional (12) , no significa olvidar el verdadero alcance de este instrumento internacional en virtud del cual el Estado colombiano “(...) se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al trabajo hasta un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores”. Frente al anterior argumento no puede sino concluirse que son las actividades laborales las que deben ir cediendo terreno a las actividades escolares y no al contrario.

Hechas las anteriores consideraciones sobre el trabajo de los menores, es preciso examinar si la disposición acusada vulnera el principio constitucional de igualdad por no establecer un trato diferente de los estudiantes de educación media trabajadores. Nuevamente habría que indagar cuál es la naturaleza del trato favorable que reclama el demandante porque en todo caso este no podría suponer la no prestación del servicio social obligatorio pues eso significaría privilegiar el trabajo frente al proceso educativo, posibilidad contraria a la Constitución y a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano.

5.7. Sin embargo, en este caso es preciso hacer una ponderación de las condiciones fácticas de algunos estudiantes de educación media que deben laborar como único medio para satisfacer sus necesidades básicas y la limitación constitucional consistente en no sacrificar las actividades escolares para beneficiar las actividades laborales.

La mencionada ponderación, a su vez, hace eco a que la instauración del Convenio 138 de la OIT en el sistema jurídico colombiano, refleje la eficacia del deber de permitir la actividad laboral de los menores siempre y cuando no altere en modo alguno el desarrollo educativo de los mismos. Y esto debido a que frente al reconocimiento de la necesidad de laborar a causa de las particulares condiciones económicas y familiares de algunos menores estudiantes, se podría presentar que estos menores se vean enfrentados a una incompatibilidad absoluta entre el tiempo dedicado a laborar y el tiempo requerido para dicho requisito. Por ello, a partir del diseño del factor temporal de este requisito y de la autonomía que ostentan las instituciones educativas (13) para este fin, resulta razonable que a los menores estudiantes que desarrollen actividades laborales se les permita consultar con las directivas de las instituciones educativas en las que están matriculados, la posibilidad de atender el cumplimiento de la intensidad temporal del servicio social en horarios que les permitan seguir desarrollando sus actividades laborales de tal manera que el grado de afectación de ambas actividades sea mínimo.

Esto no significa en manera alguna el establecimiento de un derecho de los estudiantes menores trabajadores a imponer a las instituciones educativas un horario determinado e inmutable. Se debe entender, más bien, como el derecho de estos estudiantes a que sus posibilidades de tiempo limitadas, única y exclusivamente en razón de la necesidad de laborar, sean consideradas por las directivas escolares para que en la medida de sus posibilidades brinden a los mencionados un horario que permita tanto el cumplimiento de la intensidad mínima ordenada por las normas vigentes como el mayor respeto posible por el compromiso laboral temporal que estos tengan.

5.8. Ahora bien, como se dijo, esto no puede convertirse en una carga irrazonable para las instituciones educativas, en el sentido de tener el deber de adecuar para cada estudiante trabajador un horario particular para prestar el servicio social. Aunque, sí es posible establecer que debido a la autonomía de los establecimientos educativos para diseño de la puesta en práctica del requisito (servicio social estudiantil obligatorio), se autorice a exigir el cumplimiento de un principio de consulta y estudio del caso de los estudiantes trabajadores respecto de la adecuación y/o flexibilización de los horarios para cumplir con el servicio social. Además de que las normas vigentes al respecto otorgan a estos establecimientos herramientas para que amplíen en el mayor grado posible el espectro de opciones para que los estudiantes de educación media presten el servicio social (14) .

5.9. Todas estas posibilidades tienen cabida dentro de la actual redacción del artículo 97 demandado, pues esta disposición no impide que los establecimientos educativos tengan en cuenta las limitaciones de tiempo de los estudiantes, surgidas por la necesidad de laborar, para adecuar los horarios previstos para la prestación del servicio social estudiantil obligatorio. La implementación práctica de lo anterior incluye el deber de la institución educativa de verificar el vínculo laboral vigente del menor estudiante y el deber de este de acreditarlo, con el lleno estricto de los requisitos que exige nuestro sistema jurídico para la permisión de laborar a los menores de edad. De igual manera excluye de plano el deber del colegio de asignar un horario particular y el derecho del estudiante de exigirlo, así como también toda exoneración de prestar el servicio social. En este sentido, el derecho del menor estudiante trabajador y el deber correlativo de la institución educativa se reduce a un principio de consulta y al establecimiento de un procedimiento para convenir entre ambos (estudiantes y directivas escolares) la posibilidad de adecuar el horario de prestación del servicio social estudiantil obligatorio.

5.10. Frente a lo anterior, podría preguntarse, en qué situación quedan los estudiantes de educación media, que no son menores de edad. La Corte no encuentra razón alguna para excluirlos de la posibilidad de consultar y surtir un procedimiento que estudie la solicitud de flexibilizar el horario de prestación del servicio social. Así mismo no encuentra esta Sala de conformidad con lo dicho hasta aquí fundamento alguno para exonerarlos del requisito, pues como se explicó anteriormente la Corte encuentra ajustado al orden constitucional el establecimiento del mismo. No obstante, considera este tribunal que es necesario justificar a la luz de la Constitución el hecho de que no debe haber distinción entre los estudiantes de educación media menores trabajadores y los estudiantes de educación media mayores de edad trabajadores, respecto de lo establecido en esta sentencia.

6. El artículo 44 de la Constitución Política y el servicio social estudiantil obligatorio en relación con los derechos del menor.

Como se ha sostenido a lo largo de esta sentencia el servicio social obligatorio persigue fines constitucionalmente legítimos pues es un instrumento para la materialización de la función social de la educación. Habría que indagar adicionalmente si constituye un límite proporcional y razonable al goce de los derechos fundamentales del menor, pues el actor considera que se convierte en un obstáculo insalvable para el goce de ciertos derechos como el derecho a la recreación.

Esta corporación ha afirmado sostenidamente que los derechos fundamentales no tienen el carácter de absolutos y que pueden ser limitados en su ejercicio por disposiciones de carácter legal. En todo caso habría que examinar si las restricciones impuestas por el legislador al derecho a la recreación —el cual es el único que alude específicamente el demandante— son proporcionales y razonables, es decir, si dichas restricciones superan, el juicio de proporcionalidad.

Al respecto cabe señalar que sin duda el servicio social obligatorio es una medida idónea pues persigue fines constitucionalmente legítimos, los cuales han sido ampliamente reseñados en esta providencia, necesaria en la medida en que no existen otras medidas menos restrictivas del derecho a la recreación que cumplan los fines constitucionales perseguidos y supone una afectación leve del derecho a la recreación, pues en todo caso los menores dispondrán de tiempo libre para dedicar a su esparcimiento y diversión, mientras supone un grado de intenso de satisfacción de los principios y valores constitucionales que propugna. Por las anteriores razones no cabe duda que es una limitación proporcional y razonable del derecho a la recreación de los menores.

7. El servicio social obligatorio y el artículo 366 de la Carta Política.

7.1. El último cargo que formula el demandante tiene que ver con la intrascendencia del servicio social obligatorio y su poca aptitud para conseguir las finalidades señaladas en el artículo 366 de la Constitución, especialmente el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

7.2. Respecto de la primera acusación, la supuesta intrascendencia del servicio social obligatorio, no considera esta corporación necesario detenerse pues en los fundamentos jurídicos de esta decisión ha expuesto ampliamente la importancia de esta actividad en el proceso formativo de los estudiantes de educación media y su estrecha relación con principios y valores constitucionales.

7.3. Adicionalmente, encuentra esta Sala que, por un lado la valoración según la cual el servicio social estudiantil obligatorio no reporta ningún beneficio ni a la sociedad ni a los estudiantes que lo prestan, parte de un supuesto errado. Este servicio, tal como se plantea en las intervenciones, no tiene un valor determinado en función de los resultados que en sí mismo logre. Por el contrario, configura un elemento más del proceso educativo y en ese sentido solo puede ser entendido como un instrumento para la consecución de los fines constitucionales y legales que persigue la educación en su conjunto y la educación media en particular.

El servicio social en esa medida tiene un valor de naturaleza intrínseca, sin importar su eficacia en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Sin duda si se le compara, como hace el demandante, con el servicio social que realizan algunos estudiantes universitarios como los de medicina, parecería menos importante o útil. Pero si se examina a los fines que persigue cual es la compenetración de los educandos con su comunidad, y su formación en el espíritu democrático, tolerante y solidario propio de un Estado social de derecho, se revela en toda su magnitud su importancia y trascendencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 97 de la Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”, por los cargos analizados en la presente sentencia.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

Magistrados: Jaime Araújo Rentería, (con aclaración de voto)—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra—Humberto Antonio Sierra Porto—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández.

Martha Sáchica Méndez, Secretaria General.

(1) Ver, entre otras, las sentencias T-543 de 1997, T-019 de 1999, T-780 de 1999 y T-1290 de 2000.

(2) Ley 115 de 1994, artículo 1º.

(3) El derecho a la educación. Bogotá, Defensoría del Pueblo, Serie DESC, 2003, pág. 33.

(4) Sentencia T-380 de 1994, artículo 1º del Decreto 753 de 1956.

(5) Artículos 334 y 366 de la Constitución Política.

(6) Sentencia T-002 de 1992.

(7) La función social de la educación se ve representada en los fines establecidos en la ley general de educación (L. 115/94) en los artículos 1º, 5º y 6º. De igual manera el artículo 8º de la Ley 115 en mención vincula a la sociedad para que haga parte de los cometidos sociales del sistema educativo.

(8) Ver, por ejemplo, las sentencias C-530 de 1993, C-040 de 1993, C-345 de 1993, T-352 de 1997, C-952 de 2000, entre otras.

(9) Sobre las modalidades del test de igualdad ver la Sentencia C-093 de 2001.

(10) En la sentencia mediante la que se hizo la revisión oficiosa de la “Ley 515 del 4 de agosto de 1999, por medio de la cual se aprueba el “Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión de empleo, adoptado por la 58ª Reunión de la conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y tres”, C-325 de 2000.

(11) Entre otras salvedades que hay que tener en cuenta, la Corte analizó que “... para trabajos que por su naturaleza o por las condiciones en las que se realizan, puedan resultar peligrosos para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores, el convenio dispone que la edad mínima de admisión al empleo no deberá ser inferior a los dieciocho años. Sin embargo, en casos excepcionales, los Estados, previa consulta a las organizaciones de empleadores o trabajadores interesadas, podrán autorizar dichos trabajos a partir de los dieciséis años, siempre y cuando los menores hayan recibido instrucción o formación adecuada en la actividad correspondiente y su salud, seguridad y moralidad queden garantizadas” (ibíd.).

(12) C-325 de 2000: “La realidad social y económica de nuestra nación, conduce, como es un hecho notorio, a que el desempleo y el bajo poder adquisitivo de los salarios de los adultos obligue a los niños y a los jóvenes a trabajar para complementar los ingresos familiares”.

(13) De conformidad con las normas vigentes, las instituciones educativas tienen un grado importante de autonomía (L. 115/94, art. 77) para el diseño del “Proyecto educativo institucional” (L. 115/94, art. 73) el cual enmarca el alcance y la estructura del servicio social estudiantil obligatorio (D. 1869/94, art. 39, inc. 2º y Mineducación, Res. 4210/96, art. 2º). Además de que el artículo 8º de la mencionada resolución del Ministerio de Educación establece que dicho ministerio prestará las asesorías y orientaciones necesarias para “...el cabal cumplimiento desarrollo del servicio social estudiantil, sin detrimento de la autonomía escolar”.

(14) Para esto, el artículo 5º de la Resolución 4210 de 1996 expedida por el Ministerio de Educación, por la cual se establecen las reglas generales para la organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio, establece la necesidad de que los establecimientos educativos celebren convenios con entidades gubernamentales y no gubernamentales que permitan que la prestación del servicio social pueda responder a los intereses del establecimiento y de los alumnos.

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