Sentencia C-114 de marzo 25 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

PAGOS A LA CASA MATRIZ

POR CONCEPTO DE REGALÍAS

EXTRACTOS: «Norma acusada:

“Decreto 624 de 1989

(Marzo 30)

Artículo 124. Los pagos a la casa matriz no son deducibles. Las filiales, subsidiarias, sucursales o agencias en Colombia de sociedades extranjeras, no tendrán derecho a deducir de sus ingresos, a título de costo o deducción, cantidad alguna pagada o reconocida, directa o indirectamente a sus casas matrices u oficinas del exterior, por concepto de gastos, comisiones, honorarios de administración o dirección, regalías y explotación o adquisición de cualquier clase de intangibles”.

Lo subrayado es la parte del artículo que se demanda.

El examen constitucional se ocupa de declarar si la prohibición de deducir los pagos a las casas matrices de sociedades extranjeras, que realicen las filiales o subsidiarias en el país por concepto de “regalías y explotación” de cualquier clase de intangibles, es exequible o no lo es.

El contenido del artículo 124 del estatuto tributario (Decreto 624 de 1989), tiene origen en el criterio adoptado por la política económica del Estado con relación al tratamiento que debe darse al capital extranjero. Ese criterio, consulta las distintas realidades productivas y monetarias del país, y su mejor conducción en la economía internacional; para situar en ésta, de la manera como el legislador autorizado lo estime en su sabiduría, los intereses nacionales y su protección en el marco de la cooperación internacional, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (art. 226 C.N.).

Es natural que normas como la examinada sean modificadas frecuentemente según el cambio de las realidades fácticas de que se ocupa y de las variables propias de la decisión del gobernante, sin perjuicio de que todo su contenido debe estar conforme con lo prescrito en el Estatuto Fundamental. Los antecedentes recientes y las normas concordantes posteriores muestran esta realidad.

El antecedente inmediato de la norma examinada se encuentra en el artículo 51 de la Ley 9ª de 1983 de igual texto, que retomaba de manera general, desde ese entonces, el criterio legislativo incorporado a nuestro sistema jurídico con ocasión de la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena “Pacto Andino” por el Decreto 1900 de 1973, que prohibía las deducciones en cuestión, según lo dispuesto en su artículo 21 del siguiente tenor literal:

“Artículo 21. Las contribuciones tecnológicas intangibles darán derecho al pago de regalías, previa autorización del organismo nacional competente, pero no podrán computarse como aporte de capital.

Cuando esas contribuciones sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, no se autorizará el pago de regalías ni se admitirá deducción alguna por ese concepto para efectos tributarios”.

En el plano internacional, hubo una derogatoria de la Decisión 24 por la Decisión 220 del Acuerdo de Cartagena (1987), para no seguir prohibiendo la deducción de los comentados pagos. Así pues, esta última Decisión no prohibió las deducciones, lo que por supuesto, dejaba en libertad a cada Estado signatario de mantenerlas o no, según su voluntad legislativa autónoma.

La circunstancia de que en la exposición de motivos del artículo 51 de la Ley 9ª de 1983, se haya hecho alusión a que la prohibición estaba contemplada por las normas del Pacto Andino, no sería razón suficiente, como lo sostiene el demandante, para que, como resultado de la supresión del precepto en la legislación de ese conjunto jurídico-internacional, hubiese desaparecido la ratio legis de la norma en el orden jurídico interno; lo anterior por varias razones: la primera, porque el mismo texto de la exposición de motivos no afirma que la causa de la expedición del artículo 51 de la Ley 9ª de 1983, sea el hecho de que exista la misma prohibición en el derecho internacional, sino que simplemente se expresa allí, como un criterio comparativo que se está “repitiendo lo ya consagrado por las normas del Pacto Andino”, con las cuales, debía concordar la legislación interna. La segunda razón, se encuentra en el hecho de que la legislación del pacto tantas veces citado, no obliga a Colombia sino frente a los países concurrentes a ese proceso de integración y no necesariamente frente al resto de países del concierto internacional, con referencia a los cuales se presenten los supuestos de hecho previstos en la norma. Viene a confirmar la interpretación anterior, un argumento de historia legislativa; la circunstancia de que en 1989 al expedirse el Decreto 624, contentivo del llamado estatuto tributario, ya no existía la Decisión 24 que había sido cambiada en el punto por la Decisión 220 hacia 1987, y, sin embargo, se reprodujo en ese estatuto lo que disponía en el anterior régimen, el artículo 51 de la Ley 9ª de 1983, reseñada atrás.

De otra parte, el actor interpreta que al disponer el artículo 24 numeral 7º del estatuto tributario que son rentas de fuente nacional los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de la explotación de toda especie de propiedad industrial o del “know how”, o de la prestación de servicios de asistencia técnica sea que éstos se suministren en el exterior o en el país, y los provenientes de la propiedad literaria, artística y científica explotada en el país, se genera por mandato de la ley una doble tributación, en razón de lo dispuesto por el artículo 124 ibidem en la parte acusada, toda vez que dispone la no deducibilidad de los pagos correspondientes a la casa matriz.

Resulta equivocada la interpretación, que además es compartida por el señor agente del Ministerio Público, al concluir la disposición de una doble tributación en los dos preceptos, que le otorga a la norma acusada un carácter “anormal, injusto, inequitativo y por ende inconstitucional”. No existe la doble tributación, que pudiera traducirse en “una desigual tasa efectiva de impuestos del 68.4% (30% al no permitirse la deducibilidad del pago; otro 30% a título de impuesto de renta íntegramente retenido en la fuente; y 12% sobre el saldo, a título de impuesto de remesas íntegramente retenido en la fuente)”. En efecto, aquella tasa efectiva se reduce tal como lo sostienen los representantes de la Administración de Impuestos Nacionales, al formular reparo a la interpretación del demandante, que desemboca en determinar doblemente un 30% del mismo impuesto de renta, “porque no se trata de que sobre el valor no deducible se aplique esta tarifa y se determine un impuesto y que además, sobre la base gravable se aplique nuevamente la tarifa para determinar el impuesto. Porque en el primer caso, el valor no deducible simplemente forma parte de un factor de determinación de la renta y sobre él no es posible calcular impuesto. Y en el segundo caso, se determina la renta líquida gravable y a ésta sí se aplica la tarifa del impuesto”.

Interpretación que comparte la Corporación, pues la preceptiva del artículo 124, no hace más que indicar que los aludidos pagos, hechos por las filiales y subsidiarias a la casa matriz, no son deducibles, lo que quiere decir que integran la base gravable del impuesto de renta, en perfecta armonía con lo estatuido en el numeral 7º del artículo 24 del Estatuto, en el sentido de que, como se ha indicado antes, constituyen ingresos de fuente nacional.

De donde se concluye que no asiste razón constitucional a la demanda, porque, no existiendo doble tributación, carecen de fundamento los cargos que dependían de ésta, de acuerdo con lo cual la norma transgredía “el principio tributario de JUSTICIA, introducido a la Constitución Nacional de Colombia” por el numeral 9º de su artículo 95, y también la pretendida violación del artículo 93 ibidem, como consecuencia “del preámbulo y del articulado de la Declaración universal de los derechos humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas”, ni se viola el artículo 100 de la Carta, en cuanto dispone que los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. Resultan, se repite, estos cargos infundados y mal formulados en la demanda subexámine.

Observa la Corte la clara impropiedad en que incurre el demandante al confundir el concepto de ingreso de fuente nacional con el de no deducibilidad de pagos, para efectos impositivos; por cuanto el uno identifica la naturaleza de la renta, mientras el otro la condiciona de manera específica en el artículo 124; de suerte que la declaratoria de inconstitucionalidad pretendida por el actor, dejaría exentos del impuesto de remesas y de renta, los montos de esos pagos de las filiales y subsidiarias; por cuanto su carácter inconstitucional le restaría posibilidad de aplicar esos impuestos a ese porcentaje de la base gravable, por deducible, a pesar de su determinación como fuente de renta nacional en el numeral 7 del artículo 24 del estatuto tributario.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, las expresiones “regalías y explotación o” del artículo 124 del Decreto 624 de 1989, por las consideraciones precedentes.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Constitucional, y archívese el expediente».

(Sentencia C-114 de marzo 25 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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