Sentencia C-1156 de diciembre 4 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1156 de 2003

Ref.: Expediente D-4676

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Actor: César Augusto Ospina Morales

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 3º del artículo 47 del Decreto 1800 de 2000, “por el cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional”.

Bogotá D.C., cuatro de diciembre de dos mil tres.

EXTRACTOS:«II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 44.161 del 14 de septiembre de 2000. Se resalta lo demandado.

“Decreto Número 1800 de 2000”

(Septiembre 14)

Por el cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 578 de 2000,

DECRETA:

(...).

ART. 47.—Clasificación para ascenso.

1. Quien quede clasificado en la escala de medición en el rango de “Deficiente”, en el último año de su grado para ascenso, no podrá ascender y quedará en observación durante un (1) año, al término del cual deberá obtener como mínimo una clasificación en el rango de “Aceptable” para poder ascender.

2. Cuando el promedio aritmético de las evaluaciones para ascenso ubique al evaluado en la escala de medición en el rango de “Deficiente”, no podrá ascender y quedará en observación durante un (1) año, al término del cual deberá obtener como mínimo una clasificación en el rango de “Aceptable”.

3. El evaluado que se encuentre detenido, que tenga pendiente resolución acusatoria dictada por autoridad judicial competente o que esté sometido a investigación disciplinaria por faltas, que de conformidad con las normas de disciplina y ética de la Policía Nacional tengan naturaleza de gravísimas, no se clasifica para ascenso; en este último evento, en caso de resultar absuelto, previa clasificación y reunir los demás requisitos, podrá ascender con la misma antigüedad.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma acusada hace parte de un decreto de la República.

2. La materia sujeta a examen.

Para el actor el ordinal 3º del artículo 47 del Decreto 1800 de 2000 “por el cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional” desconoce i) la presunción de inocencia, por cuanto al impedirse la clasificación para ascenso del uniformado que se encuentra detenido, o que tiene pendiente resolución de acusación proferida por la autoridad judicial competente, o que es investigado disciplinariamente por una falta gravísima de conformidad con las normas de disciplina y ética de la Policía Nacional, se está presumiendo la culpabilidad de quien no ha sido aún vencido en juicio, ni declarado responsable de la falta que se investiga; ii) el derecho a la igualdad, por cuanto a pesar encontrarse frente a la presunción de inocencia y al derecho al ascenso en la misma situación que los uniformados que no han sido detenidos, no tienen resolución de acusación, o no se les investiga disciplinariamente por falta gravísima, se les niega la opción de promoción en la norma acusada, con lo que además se desconoce; iii) el artículo 220 superior por privar arbitrariamente al uniformado de “sus grados y el consecuente honor que estos representan”.

Para los intervinientes en representación del Ministerio del Interior y de Justicia, del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional la norma debe ser declarada exequible por cuanto con ella no se vulnera ninguna de las disposiciones superiores invocadas por el actor y se enmarca claramente dentro de la potestad de configuración del legislador en estas materias.

El interviniente en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia considera, por el contrario, que asiste razón al actor en cuanto a la vulneración por la disposición acusada del derecho a la presunción de inocencia, al tiempo que considera que los cargos por la supuesta vulneración de los artículos 13 y 220 constitucionales no deben prosperar.

El señor Procurador General de la Nación solicita la declaratoria de exequibilidad de la disposición acusada, respecto de los cargos formulados, por cuanto considera que en manera alguna se desconoce en el presente caso el derecho a la presunción de inocencia —por cuanto la norma acusada establece simplemente una medida preventiva que como lo ha explicado la Corte para el caso de las medidas preventivas adoptadas en los procesos penal y disciplinario bien puede establecer el legislador en ejercicio de su potestad de configuración—. Así mismo considera que tampoco se vulnera en este caso el artículo 13 superior pues la situación de los uniformados de la Policía Nacional que se encuentran en las hipótesis a que alude la disposición acusada es diferente de la de los demás uniformados y por tanto el tratamiento no debe ser igual en uno y otro caso frente a la posibilidad de ascenso. Precisa igualmente que la norma no despoja de sus grados a los uniformados, dado su carácter eminentemente temporal, por lo que tampoco considera que se vulnere el artículo 220 constitucional.

Así las cosas, la Corte debe examinar si con el ordinal 3º del artículo 47 del Decreto 1800 de 2000 se vulnera o no i) el derecho a la presunción de inocencia (C.P., art. 29), ii) el principio de igualdad (C.P., art. 13) y iii) el derecho de los miembros de la fuerza pública a no ser privados de sus grados, honores y pensiones sino de acuerdo con la ley (C.P., art. 220).

3. Consideraciones preliminares.

Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a: i) el régimen jurídico especial aplicado a la Policía Nacional y el contenido y alcance de la disposición acusada, así como sobre ii) el alcance del principio de presunción de inocencia en la jurisprudencia constitucional frente a la adopción de medidas preventivas, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda.

3.1. El régimen especial aplicable a la Policía Nacional y el contenido y alcance de las disposiciones acusadas.

La Constitución regula lo atinente a la fuerza pública en el título VII, capítulo VII, del cual forman parte los artículos 217 y 218 de la Carta Política, en los que se establece como una función específica del legislador determinar lo concerniente al sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como lo atinente a los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y los regímenes especiales de carrera, prestacional y disciplinario aplicables a cada uno de ellos (1) .

(1) Ver Sentencia C-477 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

La Corte ha explicado que frente a los aspectos aludidos de su régimen jurídico los miembros de las Fuerzas Militares —Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Armada Nacional— y los de la Policía Nacional no se encuentran en la misma situación que los demás servidores públicos.

El constituyente en efecto quiso expresamente diferenciar el caso de los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, del de los demás servidores y dejó en este sentido en manos del legislador la tarea de establecer regímenes especiales para cada uno de ellos, como se desprende claramente del mandato contenido en los artículos 217 y 218 superiores (2) .

(2) ART. 217.—La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

La ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.

ART. 218.—La ley organizará el cuerpo de policía.

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario (negrillas fuera de texto).

La Corte ha explicado así mismo que el régimen aplicable a las Fuerzas Militares no es idéntico al de la Policía Nacional, pues si bien ambas instituciones forman parte de la fuerza pública (C.P., art. 216), tienen una distinta naturaleza jurídica y persiguen distintos fines constitucionales.

Al respecto la Corte ha explicado que:

La referencia a la facultad del legislador para la adopción de los regímenes disciplinarios y de carrera de ambas instituciones, contenida en artículos independientes, y el lenguaje utilizado por el constituyente que alude al régimen que “les es propio”, resultan significativos a efectos de concluir que tales sistemas de carrera y regímenes disciplinarios son específicos para cada institución. Además, la diferente finalidad atribuida a cada una de ellas es también una razón para afirmar que no comparten los mismos estatutos en estas materias, a fin de que cada uno de ellos se adecúe a la naturaleza del servicio que se presta. Acorde con lo anterior el estatuto de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la policía define que “La formación integral del profesional de policía, estará orientada a desarrollar los principios éticos y valores corporativos, promover capacidades de liderazgo y servicio comunitario para el eficiente cumplimiento de las funciones preventiva, educativa y social. En tal virtud, los contenidos programáticos harán particular énfasis en el respeto por los derechos humanos, para el ejercicio de las libertades públicas y la convivencia pacífica de los residentes en el territorio colombiano” (3) .

(3) Sentencia C-421 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

En desarrollo de dicha especificidad se han adoptado disposiciones que regulan tanto el régimen de carrera (4) , el régimen disciplinario (5) , como el régimen prestacional (6) del personal de la Policía Nacional.

(4) Decreto-Ley 1791 de 2000 “por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional”.

(5) Decreto 1798 de 2000 “Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional”.

(6) Decreto 1795 de 2000 “Por el cual se estructura el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

Decreto 1796 de 2000 por el cual se regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

El Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el artículo 17 numeral 3º de la Ley 797 de 2003 expidió el Decreto 2070 de 2003 del 25 de julio de 2003 “Por medio de la cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional” (Cabe precisar que en contra de dicho numeral cursa actualmente sendos procesos de inconstitucionalidad por la vulneración del artículo 150-19 superior. Exps. D-4500 y D-4613).

Dentro de dichas disposiciones especiales figura el Decreto 1800 de 2000 “Por el cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional” del que hace parte el artículo que contiene las disposiciones acusadas por el actor en el presente proceso.

De acuerdo con el artículo 1º del referido Decreto 1800 de 2000, este tiene por objeto establecer las normas, técnicas y procedimientos para la evaluación del desempeño policial del personal uniformado en servicio activo de la Policía Nacional, hasta el grado de coronel (7) .

(7) La norma precisa en su parágrafo primero que el personal policial que desempeñe cargos en la justicia penal militar será evaluado y clasificado en sus funciones jurisdiccionales de conformidad con las normas especiales que rigen la materia. En tanto que el parágrafo segundo del mismo artículo establece que los estudiantes en período de formación de las seccionales de la Escuela Nacional de Policía “General Santander” se regirán por disposición especial expedida por el Director General de la Policía Nacional.

El artículo 2º precisa la naturaleza de dicho proceso y al respecto señala que la evaluación del desempeño policial es un proceso continuo y permanente por medio del cual se determina el nivel de desempeño profesional y el comportamiento personal. Proceso que de acuerdo con el artículo 3º de la misma disposición se rige por los principios de continuidad, equidad, oportunidad, publicidad, integralidad, transparencia, objetividad y celeridad.

Por su parte el artículo 4º del Decreto 1800 de 2000 señala los objetivos de la evaluación del desempeño policial, que consisten en establecer y valorar los logros de la gestión desarrollada por el personal en servicio activo de la Policía Nacional, en un período determinado para formular perfiles ocupacionales y profesionales, establecer planes de capacitación, otorgar estímulos y ascensos, facilitar la reubicación laboral, asignar cargos y decidir sobre la permanencia en la institución. Dicho artículo precisa que en ningún caso el decreto de evaluación del desempeño policial es un instrumento sancionatorio.

El artículo 20 del mismo Decreto 1800 de 2000 precisa las clases de evaluación y la oportunidad de las mismas. Dicho artículo establece:

ART. 20.—Clases de evaluación. Para efectos de evaluación, se consideran las siguientes clases:

1. Evaluación total: Se realiza anualmente a todo el personal que por razón del cargo deba ser evaluado en el lapso establecido en este decreto.

2. Evaluación parcial: Se realiza en los siguientes casos:

a) Al producirse el traslado del evaluador o del evaluado.

b) 60 días antes de la fecha de ascenso.

c) Al ser convocado a curso para ascenso en la modalidad presencial.

d) Al término de curso para ascenso.

e) Cuando el evaluado deba cumplir comisión dentro o fuera del país por un término superior a 90 días.

f) Cuando el evaluado se desvincule de su proceso operativo, administrativo o docente por un período superior a 60 días, motivado por vacaciones, licencias, hospitalizaciones, excusas de servicio, suspensiones, separaciones y retiros.

PAR.—La evaluación parcial procede para períodos superiores a sesenta (60) días”.

En el artículo 42 del Decreto 1800 de 2000 define la escala de medición utilizada como instrumento para la evaluación de los uniformados.

Dicho artículo establece lo siguiente:

ART. 42.—Definición. La escala de medición es el instrumento a través del cual se ubica al evaluado dentro del rango de clasificación, con base en el valor numérico asignado a su desempeño por el período de evaluación respectivo. Se realiza a través de los siguientes criterios:

1. Incompetente: Es el evaluado que en su desempeño personal y profesional no cumple con las acciones asignadas para el desarrollo de los procesos. Su calificación está ubicada entre cero (0) y quinientos noventa y nueve (599) puntos y su rendimiento oscila entre cero por ciento (0%) y cuarenta y nueve por ciento (49%). El personal que sea clasificado en este rango será retirado de la institución.

2. Deficiente: Es el evaluado que en su desempeño personal y profesional obtiene resultados por debajo de lo esperado dentro de los procesos a los que ha sido asignado. Amerita un seguimiento cercano y compromiso con su mejoramiento a corto plazo. Su calificación se ubica entre seiscientos (600) y seiscientos noventa y nueve (699) puntos y su rendimiento oscila entre cincuenta por ciento (50%) y cincuenta y siete por ciento (57%). El personal que sea clasificado en este rango por dos períodos consecutivos de evaluación anual será retirado de la institución.

3. Aceptable: Es el evaluado que en su desempeño personal y profesional cumple con la mayoría de las acciones y procesos asignados, presentando algunas deficiencias que se pueden corregir. Su calificación se ubica entre setecientos (700) y setecientos noventa y nueve (799) puntos y su rendimiento oscila entre cincuenta y ocho por ciento (58%) y sesenta y seis por ciento (66%). El personal que sea clasificado en este rango amerita observación y refuerzo por parte del evaluador.

4. Satisfactorio: Esta calificación se otorga al evaluado que en su desempeño personal y profesional, obtiene los resultados esperados dentro de los procesos a los que ha sido asignado. Su calificación se ubica entre ochocientos (800) y mil (1.000) puntos y su rendimiento oscila entre sesenta y siete por ciento (67%) y ochenta y tres por ciento (83%). El personal que sea clasificado en este rango amerita mejoramiento continuo y podrá ser tenido en cuenta para participar en los planes de capacitación que determine la Dirección General de la Policía Nacional.

5. Superior: Es el evaluado que en su desempeño personal y profesional, además de obtener los resultados esperados dentro de los procesos asignados, realiza actividades o hechos sobresalientes. Su calificación se ubica entre mil uno (1.001) y mil doscientos (1.200) puntos y su rendimiento oscila entre ochenta y cuatro por ciento (84%) y cien por ciento (100%). El personal que sea clasificado en este rango, amerita ser tenido en cuenta para participar en los planes de estímulos que determine la Dirección General de la Policía Nacional.

6. Excepcional: Es el evaluado que en su desempeño personal y profesional, además de obtener los resultados esperados dentro de los procesos asignados, realiza actividades o hechos que tienen trascendencia institucional. Su calificación está ubicada entre mil doscientos uno (1.201) y mil cuatrocientos (1.400) puntos y su rendimiento es del cien por ciento (100%) en adelante. El personal que sea clasificado en este rango, amerita ser tenido en cuenta para participar en los planes de estímulos que determine la Dirección General de la Policía Nacional”.

Por su parte los artículos 43 a 45 del mismo decreto establecen y definen los tipos de clasificación que pueden darse dentro del proceso de evaluación a que este alude.

Dichos artículos son del siguiente tenor:

”ART. 43.—Tipos de clasificación. Las clasificaciones son:

1. Anual.

2. Para ascenso.

ART. 44.—Clasificación anual. Es la ubicación del evaluado dentro del rango de la escala de medición, en concordancia con el promedio alcanzado en el período evaluable.

ART. 45.—Clasificación para ascenso. Es el promedio de las evaluaciones anuales durante el tiempo de permanencia en el grado respectivo; determina la nueva ubicación del evaluado dentro de la disposición para ascenso y, por consiguiente, su posición dentro del escalafón en el nuevo grado.

PAR. 1º—Cuando el evaluado, por razones de orden legal, no haya sido evaluado en uno o más de los años evaluables durante su permanencia en el grado, la clasificación para ascenso será el resultado del promedio aritmético de las evaluaciones que tenga. De no presentar evaluaciones en el grado, la clasificación para ascenso corresponderá a la clasificación obtenida en el grado anterior.

PAR. 2º—Cuando el personal sea clasificado para ascenso y sus clasificaciones anuales correspondan a las listas de que trata el anterior decreto de evaluación y clasificación en su artículo 50, su clasificación se hará con base en el presente decreto y para efectos del promedio se establecen las siguientes equivalencias:

1. Lista uno (1): Equivale al rango superior con mil doscientos (1.200) puntos.

2. Lista dos (2): Equivale al rango aceptable con setecientos noventa y nueve (799) puntos.

3. Lista tres (3): Equivale al rango deficiente con seiscientos noventa y nueve (699) puntos”.

Respecto de la clasificación anual el artículo 46 del mismo decreto precisa que i) Cuando se produzca más de una evaluación en el período evaluable, la clasificación será el resultado del promedio aritmético de las evaluaciones parciales, ii) Quien sea clasificado en la escala de medición en el rango de “Deficiente”, queda en observación durante un (1) año, al término del cual deberá obtener como mínimo una clasificación en el rango de aceptable; en caso contrario, será retirado de la institución, iii) El personal que sea clasificado en el rango de incompetente será retirado de la institución.

Por su parte respecto de la clasificación para ascenso el artículo 47 del Decreto 1800 de 2000, —norma que debe concordarse con los artículos 21 y 22 del Decreto 1791 de 2000 (8) —, señala las siguientes reglas:

(8) ART. 21.—Requisitos para ascenso de oficiales, nivel ejecutivo y suboficiales. Los oficiales, nivel ejecutivo a partir del grado de subintendente y suboficiales de la Policía Nacional, podrán ascender en la jerarquía al grado inmediatamente superior cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener el tiempo mínimo de servicio establecido para cada grado.

2. Ser llamado a curso.

3. Adelantar y aprobar los cursos de capacitación establecidos por el Consejo Superior de Educación Policial.

4. Tener aptitud psicofísica de acuerdo con lo contemplado en las normas sobre incapacidades e invalideces.

5. Obtener la clasificación exigida para ascenso.

6. Para oficiales, concepto favorable de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional; para nivel ejecutivo y suboficiales, concepto favorable de la junta de evaluación y clasificación.

7. Hasta el grado de coronel, acreditar un tiempo mínimo de dos (2) años en el respectivo grado, en labores operativas, de investigación, docencia, desempeño de funciones en la gestión general del Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto presente a consideración del Ministro de Defensa Nacional el Director General de la Policía Nacional.

8. Para el personal que permanezca en el cuerpo administrativo, acreditar un curso de actualización profesional en su especialidad, con una duración no inferior a ciento veinte (120) horas.

PAR. 1º—Para ingresar al curso de capacitación para ascenso al grado de teniente coronel, los aspirantes que hayan superado la trayectoria profesional deberán someterse previamente a un concurso, de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto presente a consideración del Ministro de Defensa Nacional el Director General de la Policía Nacional. Quien pierda el concurso por dos (2) veces será retirado del servicio activo por incapacidad académica.

PAR. 2º—Los cursos para ascenso del nivel ejecutivo y suboficiales se realizarán por convocatoria, según las vacantes existentes en cada grado, de conformidad con las disposiciones que expida la Dirección General de la Policía Nacional. Se exceptúa de lo dispuesto en este parágrafo al personal del nivel ejecutivo y suboficiales que cumplan antigüedad para ascenso hasta el mes de septiembre del año 2001.

PAR. 3º—Se exceptúa de lo dispuesto en el numeral 4º de este artículo, el personal que hubiere sido declarado no apto para el servicio operativo, como consecuencia de heridas en actos del servicio, en combate, como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público y pueda ser reubicado en labores administrativas a juicio de la junta médico laboral, el cual podrá ser ascendido al grado inmediatamente superior siempre y cuando cumpla con los demás requisitos exigidos, salvo que las lesiones o heridas hayan sido ocasionadas con violación de la ley o los reglamentos.

PAR. 4º—Podrán concursar para ingresar como subintendente los patrulleros en servicio activo, previo el lleno de los siguientes requisitos:

1. Solicitud escrita a la Dirección General de la Policía Nacional.

2. Tener la aptitud sicofísica de acuerdo con las normas vigentes.

3. Tener un tiempo mínimo de cinco (5) años de servicio en la institución como patrullero.

4. No haber sido sancionado en los últimos tres (3) años.

5. Concepto favorable de la junta de clasificación y evaluación respectiva.

El personal seleccionado deberá adelantar y aprobar un curso de capacitación cuya duración no será inferior a seis (6) meses. Se exceptúa de lo dispuesto en este parágrafo al personal de patrulleros que a la entrada en vigencia del presente decreto cumpla antigüedad para ascenso hasta en el mes de septiembre del año 2001, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que para el efecto exige la ley.

ART. 22.—Evaluación de la trayectoria profesional. La evaluación de la trayectoria profesional del personal, estará a cargo de las juntas de evaluación y clasificación que para cada categoría integrará el Director General de la Policía Nacional. Las juntas tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Evaluar la trayectoria policial para ascenso.

2. Proponer al personal para ascenso.

3. Recomendar la continuidad o retiro en el servicio policial.

PAR. 1º—Para el ascenso a brigadier general, la evaluación de la trayectoria policial de los coroneles estará a cargo de la junta de generales, integrada por los generales en servicio activo de la Policía Nacional.

PAR. 2º—El Director General de la Policía Nacional señalará las funciones y sesiones de la junta de generales, cuyas decisiones en todo caso se tomarán por mayoría de votos.

1. Quien quede clasificado en la escala de medición en el rango de “Deficiente”, en el último año de su grado para ascenso, no podrá ascender y quedará en observación durante un (1) año, al término del cual deberá obtener como mínimo una clasificación en el rango de “Aceptable” para poder ascender.

2. Cuando el promedio aritmético de las evaluaciones para ascenso ubique al evaluado en la escala de medición en el rango de “Deficiente”, no podrá ascender y quedará en observación durante un (1) año, al término del cual deberá obtener como mínimo una clasificación en el rango de “Aceptable”.

3. El evaluado que se encuentre detenido, que tenga pendiente resolución acusatoria dictada por autoridad judicial competente o que esté sometido a investigación disciplinaria por faltas, que de conformidad con las normas de disciplina y ética de la Policía Nacional tengan naturaleza de gravísimas, no se clasifica para ascenso; en este último evento, en caso de resultar absuelto, previa clasificación y cumplimiento de los demás requisitos legales, podrá ascender con la misma antigüedad.

4. El ascenso de los clasificados debe hacerse en estricto orden numérico, tomando como base el promedio de las evaluaciones anuales durante la permanencia en el grado. En caso de existir igualdad en promedios, su ubicación en el escalafón seguirá el orden del último ascenso.

Respecto del ordinal 3º del artículo 47 del Decreto 1800 de 2000, que es el que el actor acusa, cabe precisar que este alude a tres situaciones concretas en las que puede encontrarse el uniformado de la Policía Nacional al que se evalúa, a saber:

i) que se encuentre detenido —ha de entenderse preventivamente— en los términos de los artículos 355 a 357 del Código de Procedimiento Penal (y en consecuencia por delitos que tengan prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro años o que se encuentren en el listado que establece el art. 357 del mismo código), así como en los términos del artículo 529 del Código Penal Militar (es decir por delitos que en dicha normativa tengan prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años o cuando se trate de delitos que atenten contra el servicio o la disciplina, cualquiera que sea la sanción privativa de la libertad).

ii) que tenga pendiente resolución acusatoria dictada por autoridad judicial competente. Es decir en los términos de los artículos 397 y 398 del Código de Procedimiento Penal, o de los artículos 556 y 557 del Código Penal Militar que dicha resolución acusatoria se encuentre en firme.

iii) que esté sometido a investigación disciplinaria por faltas que tengan naturaleza de gravísimas de conformidad con las normas de disciplina y ética de la Policía Nacional. Es decir aquellas conductas a las que alude el artículo 37 del Decreto 1798 de 2000 (9) , en relación con las cuales se haya proferido un pliego de cargos que se encuentre ejecutoriado.

(9) ART. 37.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas, sancionables con destitución las siguientes:

1. Afectar con su conducta las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, según lo establecido en los convenios I, II, III, y IV de Ginebra de 1949, sus protocolos adicionales I y II y en los demás tratados internacionales que Colombia ratifique.

2. Violar con su conducta los derechos fundamentales constitucionales y aquellos que por su naturaleza se consideren de tal categoría.

3. Realizar una conducta tipificada en la ley como delito sancionado a título doloso, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.

4. Brindar en forma incompleta o falsa o negar u omitir información, sobre el paradero de persona o personas a las que se haya privado de la libertad.

5. Realizar cualquier acto que menoscabe la integridad de un grupo nacional, étnico, racial, político, cultural o religioso.

6. Expulsar, trasladar o desplazar por la fuerza a personas de la zona en que habiten, sin motivos autorizados por el derecho interno o el internacional.

7. Privar ilegalmente de la libertad a una persona.

8. Elaborar, cultivar, suministrar, traficar, vender, transportar, distribuir, portar, adquirir, guardar o consumir cualquier tipo de sustancias que produzcan dependencia física o síquica o sus precursores.

9. Permitir, facilitar o suministrar información o los medios técnicos de la institución, para cualquier fin particular ilegal en beneficio propio o de terceros.

10. Violar las normas del régimen de contratación, fiscal o contable y las demás disposiciones sobre la materia.

11. Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de lucro proveniente directa o indirectamente del usuario del servicio, del funcionario, empleado de su dependencia o de cualquier persona que tenga interés en el resultado de su gestión.

12. Realizar o promover actividades tendientes a paralizar total o parcialmente la prestación del servicio que corresponde a la institución.

13. Violar la reserva profesional en asuntos de que se tenga conocimiento por razón del cargo o función; divulgar o facilitar por cualquier medio el conocimiento de información confidencial o documentos clasificados, sin la debida autorización, que ponga en peligro la seguridad nacional o institucional.

14. Permitir o dar lugar intencionalmente, por negligencia o imprevisión, a la fuga de persona capturada, retenida, detenida o condenada, de cuya vigilancia o custodia haya sido encargado; demorar injustificadamente la conducción de la misma a su lugar de destino o no ponerla a órdenes de la autoridad judicial competente dentro del término legal.

15. Utilizar el cargo o el grado para inducir al subalterno o a particulares, a respaldar una campaña política o participar en eventos de la misma naturaleza.

16. Obstaculizar en forma grave las investigaciones o decisiones que realicen o profieran las autoridades administrativas o judiciales.

17. Fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o permanencia de grupos armados al margen de la ley: promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos, tolerarlos o colaborar con ellos.

18. Atentar, con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación; obtener información o recaudar pruebas con desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y legales.

19. Ejercer o propiciar la prostitución.

20. Ejecutar actos sexuales en áreas o lugares de trabajo.

21. Respecto de documentos:

a) Omitir la verdad.

b) Consignar hechos contrarios a la misma.

c) Sustituir, alterar, mutilar, destruir, ocultar, desaparecer o falsificar los mismos.

d) Utilizarlos ilegalmente para realizar actos en contra de la institución o de sus miembros, utilizarlos fraudulentamente para ingresar o permanecer dentro de la institución.

f) Causar o dar motivo a la pérdida de los expedientes disciplinarios, administrativos o prestacionales bajo su responsabilidad.

g) Destruir, sustraer o alterar, a través de medios magnéticos o técnicos, información de la Policía Nacional.

En esas circunstancias precisa la norma que el uniformado no se clasifica para ascenso.

Empero la disposición establece que en caso de resultar absuelto, previa clasificación y reunir los demás requisitos, podrá ascender con la misma antigüedad.

Es decir que la imposibilidad de clasificar para ascenso cesará cuando la persona sea absuelta.

No sobra precisar al respecto que una cosa es la clasificación para ascenso —que es la que se impide con la norma acusada—, y otra el ascenso mismo que está sometido a los demás requisitos y procedimientos señalados en la ley.

Cabe precisar de otra parte que en materia de antigüedad (10) la disposición acusada debe concordarse con lo establecido en los artículos 73 del Decreto 41 de 1994 tal como quedó modificado por el artículo 4º del Decreto 573 de 1995 —para el caso de los oficiales y suboficiales (11) — y 52 del Decreto 1791 de 2000 para los demás servidores de la Policía Nacional.

(10) Decreto 1791 de 2000. ART. 28.—Antigüedad. La antigüedad, se contará en cada grado a partir de la fecha que señala la disposición que confiere el último ascenso. Cuando la misma disposición asciende a varios oficiales, nivel ejecutivo y suboficiales a igual grado, con la misma fecha y con el mismo puntaje en la escala de medición, la antigüedad se establecerá por el ascenso anterior. La antigüedad se refleja en el orden de colocación de su nombre en el escalafón respectivo.

(11) Cabe precisar que dada la declaratoria de inexequibilidad de la regulación contenida en el capítulo VI del Decreto 1791 en lo que se refiere al caso de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, hecha por la Sentencia C-253 de 2003, por cuanto no era posible que dicho decreto derogara, modificara o adicionara la regulación contenida en el Decreto 573 de 1995, pues el Presidente de la República no tenía facultades para ello, las disposiciones del artículo 73 del Decreto 41 de 1994 tal como quedó modificado por el artículo 4º del Decreto 573 de 1995 no dejaron de regir y por lo tanto se encuentran vigentes.

Dichos artículos que regulan el ascenso del personal restablecido en funciones que previamente hubiera sido suspendido como consecuencia de una medida de aseguramiento (12) , establecen respectivamente lo siguiente:

(12) Artículo 71 del Decreto 41 de 1994 (tal como quedó modificado por el D. 573/95). Suspensión. Cuando la autoridad judicial competente solicite la suspensión de funciones y atribuciones de un oficial o suboficial de la Policía Nacional, esta se dispondrá por resolución ministerial para oficiales y disposición de la Dirección General de la Policía Nacional para suboficiales.

PAR. 1º—Durante el tiempo de la suspensión solicitada por la justicia penal militar, el oficial o suboficial, percibirá las primas y subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico correspondiente. Si fuere absuelto o favorecido con cesación de procedimiento, deberá reintegrársele el porcentaje del sueldo básico retenido.

Cuando la sentencia definitiva fuere condenatoria, las sumas retenidas pasarán a formar parte de los recursos propios de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Cuando el tiempo de la suspensión sea superior al de la condena impuesta por la autoridad penal militar, se devolverá el excedente de los haberes retenidos.

PAR. 2º—Cuando el acto administrativo de suspensión se produzca como consecuencia de la solicitud formulada por la justicia ordinaria, el oficial o suboficial no tendrá derecho a percibir remuneración alguna, durante el tiempo que permanezca suspendido.

Si transcurridos ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de la suspensión de que trata esta parágrafo, el oficial o suboficial, no ha sido restablecido en el ejercicio de funciones y atribuciones, se producirá su retiro de la institución, con la misma fecha en que se produjo la suspensión.

Artículo 72 del Decreto 41 de 1994 (tal como quedó modificado por el D. 573/95). Levantamiento de la suspensión. El levantamiento de la suspensión se dispondrá por el Ministerio de Defensa para oficiales y por la Dirección General de la Policía Nacional para los suboficiales, con base en la comunicación de la autoridad judicial competente, a solicitud de parte o de oficio, siempre y cuando se profiera sentencia absolutoria, cesación de procedimiento o en el evento de revocatoria de la medida de aseguramiento o cuando se decrete la libertad provisional, con excepción de las causales 4 y 5 de los artículos 639 y 415 de los códigos Penal Militar y de Procedimiento Penal respectivamente y normas que los modifiquen.

A partir de la fecha del levantamiento de la suspensión el oficial o suboficial se reincorporará al servicio y devengará la totalidad de sus haberes.

Decreto 1991 de 2000. ART. 50.—Suspensión. Cuando en contra de un uniformado se dicte medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, el Director General de la Policía Nacional dispondrá su suspensión en ejercicio de funciones y atribuciones. Contra la resolución que disponga la suspensión no procederá recurso alguno.

Durante el tiempo de la suspensión, percibirá las primas y subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico correspondiente. Si fuere absuelto o favorecido con cesación de procedimiento o preclusión de la investigación, deberá reintegrársele el porcentaje del sueldo básico retenido.

Cuando la sentencia definitiva fuere condenatoria, las sumas retenidas pasarán a formar parte de los recursos propios de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Cuando el tiempo de la suspensión sea superior al de la condena impuesta, se devolverá el excedente de los haberes retenidos.

PAR.—El personal que haya sido suspendido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º parágrafos segundos de los decretos 573 y 574 de 1995 y artículo 50 parágrafo 1º del Decreto 132 de 1995, sin derecho a remuneración, será nominado a partir de la vigencia del presente decreto y tendrá derecho a percibir las primas y subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico correspondiente. En ningún caso habrá lugar al reintegro de lo dejado de percibir antes de la vigencia de este decreto.

Decreto 1991 de 2000. ART. 51.—Levantamiento de la suspensión. El levantamiento de la suspensión se dispondrá por el Director General de la Policía Nacional, con base en la comunicación de autoridad judicial competente, a solicitud de parte o de oficio, siempre que se disponga la libertad del detenido.

A partir de la fecha del levantamiento de la suspensión, se reincorporará al servicio y devengará la totalidad de sus haberes.

Cuando se produzca sentencia condenatoria, el tiempo de la suspensión no se tendrá en cuenta para ningún efecto laboral. No obstante, cuando el tiempo de la suspensión haya sido superior al de la condena, el excedente será tenido en cuenta como de servicio.

“ART. 73.—Ascenso del personal restablecido en funciones. A partir de la vigencia del presente decreto, los oficiales y suboficiales a quienes se les haya suspendido en funciones y atribuciones y sean restablecidos en las mismas, podrán ser ascendidos al grado inmediatamente superior con novedad fiscal, antigüedad y orden de prelación que les hubiere correspondido en el momento en que ascendieron sus compañeros de curso o promoción, sin que para el efecto se exijan requisitos diferentes a los establecidos por la ley y especialmente en el reglamento de evaluación y clasificación para la Policía Nacional.

ART. 52.—Ascenso del personal reestablecido en funciones. El personal reestablecido por absolución, preclusión, cesación o revocatoria de la medida de aseguramiento, excepto por vencimiento de términos, podrá ser ascendido al grado inmediatamente superior con novedad fiscal, antigüedad y orden de prelación que le hubiere correspondido en el momento en que ascendieron sus compañeros de curso o promoción, sin que para el efecto se exija requisitos diferentes a los establecidos en la ley”.

De lo que se desprende que en estas circunstancias, la expresión “con la misma antigüedad”, debe interpretarse como la posibilidad de ser ascendido al grado inmediatamente superior “con novedad fiscal, antigüedad y orden de prelación que le hubiere correspondido en el momento en que ascendieron sus compañeros de curso o promoción”.

Es decir que obtenida la absolución, para efectos de los derechos de ascenso del uniformado que la hubiera obtenido los efectos se retrotraen al momento en que normalmente este debía ser clasificado para ascenso.

Esa es la única interpretación posible a partir de la concordancia de las normas citadas. Normas que impiden por lo demás acudir a una interpretación diferente en desmedro de los derechos de la persona que es finalmente absuelta en el proceso penal o disciplinario.

3.2. El alcance del derecho de presunción de inocencia en la jurisprudencia constitucional frente a la adopción de medidas preventivas.

La presunción de inocencia reconocida en el artículo 29 inciso 4º de la Constitución (13) , a la que se refieren varios textos internacionales ratificados por Colombia (14) , y que figura tanto dentro de los principios generales del Código de Procedimiento Penal (15) , del Código Penal Militar (16) , como del Código Disciplinario Único (17) y de las normas de disciplina y ética de la Policía Nacional (18) , es un postulado cardinal de nuestro ordenamiento jurídico que no admite excepción alguna e impone como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance (19) .

(13) “Artículo 29, inciso 4º. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

(14) La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11, reafirma el carácter fundante de la presunción, por virtud del cual: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, ratificado por Colombia a través de la Ley 16 de 1974, establece: “... Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad ...” (art. 8º).

(15) La Ley 600 de 2000, en su artículo 7º expresa: “Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del procesado ...”.

(16) ART. 197.—Presunción de inociencia. Toda persona se presume inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se produzca una declaración judicial definitiva sobre su responsabilidad penal.

(17) ART. 9º—Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.

Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla.

(18) El Decreto 1798 de 2000 “Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional”, en su artículo 7º señala: ART. 7º—Presunción de inocencia. todo el personal uniformado a quien se le atribuya una falta disciplinaria, se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en fallo ejecutoriado.

(19) Ver Sentencia C-030 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

Este derecho que tiene rango de derecho fundamental acompaña así, como ha precisado la Corte, al acusado desde el inicio de la acción penal hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado. Además ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado (in dubio pro reo) (20) .

(20) Ver Sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil A.V. Manuel José Cepeda Espinosa.

En materia disciplinaria igualmente sólo una decisión condenatoria puede desvirtuar esa presunción, y por ello no se podrá endilgar al investigado una responsabilidad que no haya sido declarada legalmente (21) .

(21) Ver Sentencia C-556 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

En relación con este punto esta corporación ya ha señalado que:

“El derecho fundamental que tiene toda persona a que se presuma su inocencia, mientras no haya sido declarada responsable, se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento constitucional en el artículo 29, en estos términos: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, lo que significa que nadie puede ser culpado de un hecho hasta tanto su culpabilidad no haya sido plenamente demostrada.

Este principio tiene aplicación no solo en el enjuiciamiento de conductas delictivas, sino también en todo el ordenamiento sancionador —disciplinario, administrativo, contravencional, etc.—, y debe ser respetado por todas las autoridades a quienes compete ejercitar la potestad punitiva del Estado (...).

Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quien adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado (...)” (22) .

(22) Sentencia C-244 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

Ahora bien, cabe recordar que esta corporación, en reiteradas ocasiones ha destacado que la previsión de normas constitucionales y legales que hagan posible la aplicación de medidas preventivas, destinadas a la protección de la sociedad frente al delito y a asegurar la comparecencia ante los jueces, como por ejemplo la detención preventiva de la que se deriva a su vez la institución de la libertad provisional, no atentan contra el derecho a la presunción de inocencia.

Ha dicho la corporación:

“La presunción de inocencia, en la cual descansa buena parte de las garantías mínimas que un Estado democrático puede ofrecer a sus gobernados, no riñe, sin embargo, con la previsión de normas constitucionales y legales que hagan posible la aplicación de medidas preventivas, destinadas a la protección de la sociedad frente al delito y a asegurar la comparecencia ante los jueces de aquellas personas en relación con las cuales, según las normas legales preexistentes, existan motivos válidos y fundados para dar curso a un proceso penal, según elementos probatorios iniciales que hacen imperativa la actuación de las autoridades competentes.

La detención preventiva, que implica la privación de la libertad de una persona en forma temporal con los indicados fines, previo el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 28, inciso 1º, de la Constitución Política, no quebranta en sí misma la presunción de inocencia, dado su carácter precario que no permite confundirla con la pena, pues la adopción de tal medida por la autoridad judicial no comporta definición alguna acerca de la responsabilidad penal del sindicado y menos todavía sobre su condena o absolución.

La persona detenida sigue gozando de la presunción de inocencia pero permanece a disposición de la administración de justicia en cuanto existen razones, previamente contempladas por la ley, para mantenerla privada de su libertad mientras se adelanta el proceso (...)” (23) .

(23) Sentencia C-689 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

En el mismo sentido la corporación ha precisado que el objeto de tales medidas preventivas no es sancionar al procesado sino asegurar su comparecencia al proceso y que se cumplan los fines de la investigación penal (24) .

(24) Ver al respecto, entre otras, las sentencias C-549 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-030 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

Al respecto ha dicho la Corte lo siguiente:

“... El postulado constitucional y abstracto de la libertad individual encuentra una legítima limitación en la figura de la detención preventiva cuya finalidad, evidentemente, no esta en sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad solo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad primaria de asegurar su comparecencia al proceso dándole vía libre a la efectiva actuación del Estado en su función de garante de los derechos constitucionales ...” (25) .

(25) Sentencia C-634 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

La Corte ha precisado en el mismo sentido que la interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal mediante la resolución de acusación o su equivalente no desconoce la presunción de inocencia. Al respecto la Corte hizo las siguientes consideraciones:

“Como antes se precisó, la resolución de acusación es un acto idóneo para interrumpir la prescripción pues es el reflejo de una actividad investigativa en la que se han recaudado las pruebas indispensables para predicar la comisión del hecho punible y formular un cargo concreto en contra del sindicado, circunstancias que justifican plenamente la existencia de un nuevo cómputo del término de prescripción de la acción penal para que resuelva de manera definitiva la situación jurídica del implicado con arreglo a un debido proceso público y sin dilaciones injustificadas.

A lo anterior se suma el hecho de que la resolución de acusación no es una sanción ni tienen carácter definitivo de modo que permite el ejercicio de los derechos constitucionales del sindicado. Por tal razón no comporta restricción alguna de las garantías constitucionales, entre ellas la presunción de inocencia que permanece incólume mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia judicial en firme.

Al respecto conviene recordar que la Corte ya había evidenciado que “el carácter provisional de la calificación se aviene con la garantía consagrada en el artículo 29 de la Constitución, toda vez que sostiene la presunción de inocencia del procesado en cuanto al delito por el cual se lo acusa, presunción únicamente desvirtuable mediante sentencia definitiva. Si, por el contrario, la calificación fuera inmodificable, se mantendría lo dicho en la resolución de acusación, aunque en el curso del juicio se demostrara que ella, en su base misma, era deleznable, lo cual carece del más elemental sentido de justicia” (26) .

(26) Sentencia C-491 de 1996.

Al analizar la constitucionalidad de las medidas precautelativas dentro del proceso penal, la Corte también había advertido que por su carácter precario no están en posibilidad de violar la presunción de inocencia. (...) (Sent. C-689/96, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

(...).

Entonces, es claro que si con la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva no se vulnera la presunción de inocencia, mucho menos se quebranta cuando se dispone que la resolución de acusación interrumpe el término prescriptivo de la acción penal.

La resolución de acusación no es una sanción ni tiene carácter definitivo de modo que permite el ejercicio de los derechos constitucionales del sindicado. Por tal razón no comporta restricción alguna de las garantías constitucionales, entre ellas la presunción de inocencia que permanece incólume mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia judicial en firme” (27) .

(27) Sentencia C-416 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

En este sentido resulta claro que instituciones como la detención preventiva, la libertad provisional o la resolución de acusación, no parten del desconocimiento de la presunción de inocencia del procesado, pues esta lo ampara desde que se inicia el proceso hasta el momento en que el funcionario judicial lo declara penalmente responsable, por medio de sentencia ejecutoriada (28) .

(28) Sentencia C-030 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

En materia disciplinaria cabe hacer similares consideraciones dado que sólo una decisión condenatoria puede desvirtuar la presunción de inocencia, y por ello la adopción de medidas preventivas en ningún caso puede entenderse que impliquen endilgar al investigado una responsabilidad que no ha sido declarada legalmente (29) .

(29) Ver Sentencia C-556 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

Cabe recordar así mismo que la Corte ha hecho énfasis en esta materia en las funciones preventivas que tiene el Ministerio Público.

Ha dicho la Corte:

“En efecto, ejercer preferentemente el poder disciplinario como concreción de la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas es tan sólo una de las múltiples atribuciones que la propia Constitución confía al Procurador General de la Nación para que este las cumpla, “por sí o por medio de sus delegados y agentes” (art. 277, num. 6º).

Además, de esta atribución que conduce a la imposición de sanciones disciplinarias, la Procuraduría General de la Nación tiene funciones de naturaleza preventiva, no sancionatoria. La misión preventiva de la procuraduría encuentra fundamento en varias disposiciones constitucionales. Es así como, por ejemplo, para vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos (C.P., art. 277, num. 1º), el procurador puede exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria (C.P., art. 277, num. 9º).

También puede, “intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas” cuando se reúnan las condiciones señaladas en el numeral 7º del artículo 277 de la Carta. Dentro de estas resultan especialmente relevantes para analizar la constitucionalidad de la norma acusada la necesidad de defender tanto “el orden jurídico” como “el patrimonio público”. Ello guarda consonancia con la función de “defender los intereses colectivos” (C.P., art. 277, num. 4º) tales como los enunciados en el artículo 88 de la Constitución entre los cuales se destacan los relacionados “con el patrimonio” y “la moralidad administrativa”, así como con la función de “velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas” (C.P., art. 277, num. 5º), funciones estas que deben estar “al servicio de los intereses generales”, no de intereses particulares o privados, y que deben desarrollarse “con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” por mandato expreso del artículo 209 de la Carta.

Claramente el constituyente no pretendió hacer una enumeración taxativa de las funciones de la procuraduría, puesto que facultó al legislador para determinar otras atribuciones compatibles con la posición institucional y la misión constitucional del Ministerio Público (C.P., art. 277, num.10).

Adicionalmente, de los antecedentes constitucionales queda claro que para el constituyente las funciones otorgadas al Procurador General de la Nación también tienen un carácter preventivo (30) , toda vez que se dirigían a vigilar la conducta de los funcionarios públicos y el cumplimiento del ordenamiento jurídico, a velar por un ejercicio eficiente y diligente de sus funciones administrativas, a intervenir ante ellos en caso de necesidad de defender el ordenamiento jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales. Es decir, se quiso dar a la procuraduría el carácter pleno de órgano de control y de vigilancia con herramientas suficientes para actuar de manera oportuna y eficaz, todo ello sin invadir la órbita de competencia de otros órganos (...).

(30) La discusión en torno al numeral 7º del artículo 277 C.P. versó sobre si la intervención en cuestión debía darse siempre, es decir, en todo proceso, o si solo debía tener lugar cuando fuere necesario. Como surge de manera obvia de la redacción final del texto, se prefirió que el procurador solo interviniera cuando ello fuere necesario. Para evitar que tal facultad pareciere discrecional, se evitó que el texto dijera “cuando el procurador lo considere necesario” y se introdujo la expresión “cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, etc. Así, dejando en claro que no intervendría en todos los procesos que ante las autoridades administrativas o judiciales se adelantaran, se añadió que por las mismas razones que tal intervención resultaba necesaria, intervendría el procurador ante las mismas autoridades, aun en ausencia de todo proceso. En la discusión se mencionó que una intervención de este tipo tenía, a pesar de no ser permanente, un carácter preventivo (se resalta). Ver Actas de la Asamblea Nacional Constituyente correspondientes a la discusión del día 22 de abril de 1991, en: Consejería Presidencial para el Desarrollo de la Constitución, Asamblea Nacional Constituyente, antecedentes de los artículos 272-277, páginas 34 siguientes.

Las funciones preventivas del Procurador General de la Nación pueden ser desarrolladas por el legislador en ejercicio de la potestad de configuración que la Constitución le confiere. La Carta no estableció un modelo único y rígido de concreción de la misión institucional del procurador general en el ámbito preventivo. El legislador puede optar por regular de manera integral dicha misión o por desarrollar tan solo una de las funciones que se inscriben en dicho ámbito. Puede también establecer una separación clara entre las funciones preventivas, las funciones protectoras de los derechos y las funciones sancionatorias de orden disciplinario, o, alternativamente, puede, por ejemplo, establecer relaciones específicas entre el ejercicio del poder disciplinario y la concreción de ciertas atribuciones de carácter preventivo. La norma acusada expresa la decisión del legislador de permitir que dentro del contexto de un proceso disciplinario se ejerza una función preventiva específica encaminada a impedir la vulneración del orden jurídico y la defraudación del patrimonio público.

Dentro de su potestad de configuración, el legislador puede regular diferentes formas de colaboración armónica entre los órganos del Estado y contemplar modalidades distintas de medidas preventivas atribuidas al Procurador General de la Nación (C.P., art. 113). En efecto, la Constitución introdujo un cambio importante en cuanto al principio de colaboración armónica adoptado en 1936 (31) . Dicho principio se aplicaba a las ramas del poder público, en su versión clásica. No obstante, habida cuenta de que en atención a las necesidades de la evolución institucional el constituyente reconoció la existencia de órganos autónomos que no pertenecen a tales normas del poder, también extendió en el inciso segundo del artículo 113 el ámbito de este principio a la relación entre órganos que no integran las ramas del poder público. La procuraduría general es uno de tales órganos que gozan de autonomía constitucional y sus funciones preventivas son una materialización de este principio de colaboración armónica que busca evitar que otra rama u órgano incurra en una vulneración del ordenamiento jurídico o genere un detrimento patrimonial” (32) .

(31) Constitución de 1936. “ART. 52.—Son órganos del poder público: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. || Los órganos del poder público son limitados, tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente en la realización de los fines del Estado”.

(32) Sentencia C-977 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

En ese orden de ideas considera la Corte pertinente recordar que la jurisprudencia ha precisado que la adopción de medidas preventivas en el ámbito administrativo cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudará al patrimonio público, no comporta el desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia.

Así lo señaló la Corte en la Sentencia C-977 de 2002 en la que se declaró la exequibilidad del artículo 160 de la Ley 734 de 2002 (33) respecto de los cargos formulados en esa ocasión por la supuesta vulneración de los artículos 29, 83, 238 y 277 numeral 1º de la Constitución.

(33) “ART. 160.—Medidas preventivas. Cuando la Procuraduría General de la Nación o la Personería Distrital de Bogotá adelanten diligencias disciplinarias podrán solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, actos, contratos o su ejecución para que cesen los efectos y se eviten los perjuicios cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudará al patrimonio público. Esta medida solo podrá ser adoptada por el procurador general, por quien éste delegue de manera especial, y el personero distrital”. Las expresiones tachadas fueron declaradas inexequibles en la Sentencia C-037 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

Dijo la Corte:

“6. No vulneración de los principios de buena fe y presunción de inocencia.

Precisado el alcance y la estructura de la norma demandada —la medida preventiva lo es para solicitar la suspensión no para decretarla— carecen de justificación los cargos relativos a la vulneración de los principios de buena fe y de presunción de inocencia. Ello porque el procurador o el personero, al contrario de lo afirmado por la actora, no están facultados para, al suponer la mala fe de las autoridades administrativas, “suspender los procedimientos, actos, contratos administrativos, por lo que no es cierto que se les entrege una facultad “capaz de paralizar la administración pública”. Lo mismo vale decir respecto de la presunta violación del derecho al debido proceso y del principio de presunción de inocencia (Cons., art. 29). Carece de fundamento fáctico y normativo afirmar, como lo hace la actora, que con la facultad de dictar la medida provisional establecida en la norma demandada se otorga al Procurador General de la Nación la posibilidad de “establecer una especie de presunción de responsabilidad” y de “deducir violaciones legales o daños al patrimonio público” sin proceso previo. Por el contrario, como quedó expresado en el acápite 5 de la presente providencia, la solicitud de suspensión elevada por el procurador general o el personero distrital no tiene el efecto jurídico de obligar a la autoridad administrativa que adelanta el procedimiento, que dictó el acto administrativo o que celebró el contrato respectivo a que proceda a suspenderlo. Se trata de un sistema de control que modifica el sistema de riesgos en la actuación administrativa con la finalidad de combatir la corrupción y que puede tener efectos penales, disciplinarios, fiscales y políticos para el servidor público involucrado en actos u omisiones que lesionen el ordenamiento jurídico o el patrimonio público pero tales efectos no surgen de la solicitud sino de las decisiones que el servidor público adopte en ejercicio de sus funciones y su determinación está supeditada a que se adelanten los procesos establecidos en las leyes para sancionar a un servidor. Con relación a los particulares tal medida no puede tener el alcance ni servir de pretexto para desconocer sus derechos, los cuales se encuentran protegidos constitucional y legalmente.

Adicionalmente, reitera la Corte que en el trámite legislativo se le sustrajo a la norma el alcance de crear una “prejudicialidad disciplinaria” que pudiese implicar un juicio anticipado sobre la conducta de un funcionario o sobre los particulares que pudieren ser beneficiados con dicha conducta. La medida preventiva aprobada por el Congreso se funda en una apreciación objetiva relativa a la eventual vulneración del ordenamiento jurídico o al posible detrimento del patrimonio público. Además, esta apreciación debe basarse en hechos que evidencien tales circunstancias. Por lo demás, la autoridad administrativa destinataria de la solicitud de suspensión sólo podrá adoptar las decisiones correspondientes dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales y no está obligada a adoptar medidas para atender la solicitud. Por ello, la negativa de dichas autoridades a obrar conforme a la solicitud de suspensión no puede ser invocada como un indicio en su contra dentro del proceso disciplinario que se esté adelantando.

En consecuencia, la norma acusada no vulnera los artículos 29 y 83 de la Constitución” (34) .

(34) Sentencia C-977 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

La Corte ha precisado igualmente que tampoco se desconoce el derecho fundamental a la presunción de inocencia cuando como consecuencia de la existencia de procesos penales o disciplinarios se solicita la suspensión de determinados responsables de órganos directivos, administradores o de control.

Así por ejemplo lo señaló la Corte en la Sentencia C-758 de 2002 donde se declaró la exequibilidad del numeral 5º del artículo 39 del Decreto 1228 de 1995 “Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995” (35) por los cargos planteados en esa ocasión.

(35) “ART. 39.—Medios de inspección, vigilancia y control. La inspección, vigilancia y control se ejercerá mediante:

(...).

5. Solicitar a las autoridades competentes de los organismos deportivos de cualquier nivel, la suspensión temporal de los miembros de los órganos directivos, administradores y de control, cuando medie investigación disciplinaria o penal, y exista pliego de cargos o vinculación formal al respectivo proceso penal”.

Al respecto la Corte hizo las siguientes consideraciones:

“6.2.3. El demandante afirma que la disposición acusada, al prever que basta la existencia de investigación disciplinaria o penal para que se solicite la suspensión temporal, afecta en forma desproporcionada los derechos de las personas al desarrollo libre de la personalidad y al trabajo, pues impide que la persona continúe desempeñando una actividad, que en ejercicio de su autonomía de voluntad escogió y de la cual normalmente deriva el sustento personal y de su familia.

Establecido que la finalidad perseguida con la medida prevista es constitucionalmente loable (útil y necesaria, según reconoce el demandante) y que con ella no se afecta la autonomía constitucionalmente protegida de los organismos deportivos del sector asociado (pues la decisión de suspensión corresponde a ellos y no les es impuesta por el titular de las funciones de inspección, vigilancia y control), es necesario determinar si la circunstancia de que la ley autorice la formulación de la suspensión, cuando medie la existencia de la investigación disciplinaria o penal, siempre y cuando exista pliego de cargos en el proceso disciplinario, o vinculación formal en el proceso penal, resulta violatoria de los derechos invocados por el demandante, estos son el derecho a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo, vale decir a elegir precisamente oficio o actividad lícita como resulta ser la de actuar como “miembro de los órganos directivos, administradores y de control” de los organismos deportivos de cualquier nivel.

Al respecto, basta recordar que tales derechos fundamentales, como todo derecho constitucionalmente reconocido y garantizado, no es absoluto y que pueden ser limitados por los derechos de los demás y por el orden jurídico. En ese sentido encuentra la Corte que bien puede la ley establecer condiciones especiales para el acceso y permanencia en los cargos de dirección, administración y control de los organismos deportivos y en especial de los del deporte asociado, habida cuenta de los intereses superiores encomendados a esos organismos, que como ya se expresó, tocan con finalidades de protección y garantía de los derechos a la salud, a la educación de los niños y jóvenes practicantes y cercanos a las actividades deportivas.

En ese orden de ideas cabria preguntar, en sentido contrario al planteamiento formulado por el demandante, si lo constitucionalmente proporcionado sería que las autoridades de inspección, vigilancia y control tuvieran que aguardar hasta el pronunciamiento definitivo por parte de las autoridades disciplinarias o penales, para tomar la medida prevista en la disposición acusada y solicitar a las autoridades deportivas competentes la suspensión correspondiente en los términos ya expresados. Habría que responder que en tal evento la medida protectora de los intereses superiores del deporte y de sus practicantes resultaría totalmente inocua, pues no permitiría la preservación de aquellos en aras de proteger preponderantemente derechos que —como los invocados por el demandante—, sus titulares pueden preservar y hacer efectivos dentro del correspondiente proceso, disciplinario o penal, el que de concluir mediante decisiones exonerativas, hará viable el restablecimiento de los derechos conculcados o el equivalente resarcimiento.

En cuanto a la afectación de la regla conforme a la cual “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”, es claro que la medida prevista en la disposición acusada no tiene la incidencia que pretende proyectar el actor, por cuanto la solicitud de suspensión en el cargo por parte de la autoridad titular de la inspección y vigilancia, no tiene carácter sancionatorio ni comporta un juicio sobre la conducta de la persona, sino la constatación de un hecho objetivo, que puede llegar a afectar el buen funcionamiento del organismo deportivo, el cual, habida cuenta de los altos interés sociales confiados, según se expresó, ha merecido la especial protección del ordenamiento jurídico.

Además se reitera, la solicitud formulada por la autoridad de inspección y vigilancia, no equivale a orden o a la decisión misma de suspensión; esta compete a los órganos de dirección del organismo directivo y se diferencia de manera nítida de la medida de suspensión que dentro de un proceso disciplinario o sancionatorio cabria aplicar, pues en este último la legitimidad de la medida se funda en la necesidad de que no se interfiera por el investigado, la investigación misma.

En consecuencia, la Corte considera que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar y así lo declarará en la parte resolutiva de esta providencia reconociendo la constitucionalidad del artículo 39, numeral 5º, del Decreto 1228 de 1995 frente a los cargos estudiados” (36) (negrillas fuera de texto).

(36) Sentencia C-758 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

4. Análisis de los cargos.

4.1. La ausencia de vulneración de la presunción de inocencia por la disposición acusada.

De las consideraciones preliminares de esta sentencia relativas al alcance del principio de presunción de inocencia frente a las medidas preventivas tanto en materia penal, como disciplinaria y administrativa, se desprende claramente que las medidas que en este sentido puedan llegar a adoptarse como consecuencia de estar en curso un proceso penal o disciplinario, no tienen carácter sancionatorio, ni comportan un juicio sobre la conducta de las personas a las que se les aplica, sino que corresponden simplemente a la constatación de hechos objetivos, que pueden llegar a afectar el buen funcionamiento de las instituciones, por lo que bien puede el legislador, sin vulnerar la presunción de inocencia, establecer dichas medidas, respetando obviamente los principios constitucionales y los presupuestos de racionalidad y proporcionalidad que enmarcan su potestad de configuración.

En el presente caso para la Corte resulta claro que la medida preventiva establecida en el ordinal 3º del artículo 47 del Decreto 1800 de 2000 no tiene un carácter sancionatorio pues ella se enmarca dentro del proceso de evaluación del desempeño policial destinado a establecer y valorar los logros de la gestión desarrollada por el personal en servicio activo de la Policía Nacional, en un período determinado para formular perfiles ocupacionales y profesionales, establecer planes de capacitación, otorgar estímulos y ascensos, facilitar la reubicación laboral, asignar cargos y decidir sobre la permanencia en la institución (D. 1800/2000, art. 4º) (37) .

(37) Dicho artículo 4º señala al respecto, por lo demás, que en ningún caso el proceso de evaluación del desempeño policial es un instrumento sancionatorio.

Dicha medida la adopta el legislador extraordinario habida cuenta de la existencia de los hechos objetivos a que la norma acusada alude —detención, resolución acusatoria, proceso disciplinario por faltas gravísimas— sin que con ella se pretenda valorar en si misma la conducta del uniformado, cuya responsabilidad en materia penal o disciplinaria solamente podrá establecerse en el respectivo proceso mediante la ejecutoria de la providencia que le ponga fin.

Para la Corte dichos hechos objetivos bien pueden ser tomados en cuenta por el legislador para evitar que eventualmente se afecte el buen funcionamiento de la institución policial en el cumplimiento de los fines constitucionales establecidos para la Policía Nacional en el artículo 218 superior.

Resultaría en efecto constitucionalmente desproporcionado que el legislador y consecuentemente las autoridades policiales, no pudieran tomar en cuenta esas circunstancias y hubiera de aguardarse para actuar preventivamente hasta el pronunciamiento definitivo por parte de las autoridades disciplinarias o penales (38) .

(38) Ver al respecto la Sentencia C-758 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

Cabe precisar en ese orden de ideas que la finalidad perseguida por el legislador con la norma acusada al tener en cuenta criterios como el de la eficiencia y la ética y en general el buen funcionamiento de la institución, es plenamente legítima desde la perspectiva constitucional y atiende a la especificidad de la alta función encomendada a la Policía Nacional.

Téngase en cuenta al respecto que tanto en las normas de ingreso (39) como de retiro (40) , como de separación absoluta (41) , la existencia de antecedentes disciplinarios o penales genera consecuencias jurídicas para los uniformados y que necesariamente en la evaluación que se haga de la gestión desarrollada por el personal en servicio activo de la Policía Nacional la posibilidad de que los mismos puedan llegar a ser sancionados penal o disciplinariamente, no puede dejar de considerarse por la institución policial.

(39) ART. 8º—Condiciones generales de ingreso. De conformidad con las vacantes existentes, para ingresar al curso de formación como oficial o miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional se exigen los siguientes requisitos:

1. Ser colombiano.

2. Ser bachiller, profesional universitario, tecnólogo o técnico, según se establezca en cada caso.

3. Superar el proceso de admisión que la Dirección General de la Policía Nacional presente para aprobación del Ministro de Defensa Nacional.

4. No haber sido condenado a penas privativas de la libertad, ni tener antecedentes disciplinarios.

(40) Decreto 1791 de 2000. ART. 61.—Retiro por destitución. El personal será destituido de la Policía Nacional, cuando así lo determine un fallo disciplinario debidamente ejecutoriado.

Cuando el fallo definitivo de destitución sea suscrito por la respectiva autoridad nominadora o en quien esta haya delegado, no se requiere de la expedición de otro acto administrativo para disponer el retiro por esta causal.

(41) Decreto 1791 de 2000. ART. 66.—Separación absoluta. El personal que sea condenado por sentencia ejecutoriada a la pena principal de prisión o arresto, por la justicia penal militar o por la ordinaria, por delitos dolosos, será separado en forma absoluta de la Policía Nacional y no podrá volver a pertenecer a la misma.

ART. 67.—Separación temporal. El personal que sea condenado a la pena principal de arresto o prisión por delitos culposos, será separado en forma temporal de la Policía Nacional, por un tiempo igual al de la condena, a partir de la ejecutoria de la sentencia.

PAR.—Quien sea separado temporalmente no tiene derecho a devengar sueldos, primas ni prestaciones sociales, ni ese lapso se considerará como de servicio para ningún efecto.

ART. 68.—Separación por sentencia de ejecución condicional. Al personal que se le hubiere concedido el subrogado penal de condena de ejecución condicional, se le separará en forma temporal, por un lapso igual al tiempo físico de la condena. Igualmente será separado en forma temporal el personal al que se le hubiere impuesto como sanción accesoria por la comisión de delitos culposos la interdicción de derechos y funciones públicas, por el tiempo que determine la sentencia.

Téngase en cuenta al respecto, además, la particular exigencia a la que se encuentra sometida la Policía Nacional dada su misión relacionada con el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos fundamentales y la convivencia pacífica, así como el hecho de que la labor de la policía es esencialmente preventiva e implica un contacto más directo con la ciudadanía, lo que obliga a extremar las medidas tendientes a proteger a la población y a la propia institución.

Sobre esta particular exigencia a los miembros de la Policía Nacional, cabe recordar lo dicho por la corporación en la Sentencia C-421 de 2002 en la que se declaró la exequibilidad de la expresión “o arresto” contenida en el artículo 66 del Decreto 1791 de 2000 (42) frente al cargo por el supuesto desconocimiento del principio del derecho a la igualdad en relación con las normas aplicables a los miembros de las Fuerzas Militares que a juicio del actor resultaban menos severas.

(42) “ART. 66.—Separación absoluta. El personal que sea condenado por sentencia ejecutoriada a la pena principal de prisión o arresto, por la justicia penal militar o por la ordinaria, por delitos dolosos, será separado en forma absoluta de la Policía Nacional y no podrá volver a pertenecer a la misma”.

Dijo la Corte:

“En este sentido la corporación constata que con la disposición acusada el legislador, partiendo de las formulaciones constitucionales, tomó en cuenta el carácter civil del personal de policía y que la finalidad que persigue al incluir el arresto por delitos dolosos como causal de separación de la carrera en la Policía Nacional y no hacer lo mismo en las Fuerzas Militares, radica en la necesidad de exigir una mayor pulcritud en el comportamiento de los miembros de la policía dada su misión relacionada con el mantenimiento, entre la sociedad civil, de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos fundamentales y la convivencia pacífica (C.P., art. 218). Al respecto debe tomarse en cuenta que la labor de la policía es esencialmente preventiva e implica un contacto más directo con la ciudadanía, lo que obliga a extremar las medidas tendientes a proteger a la población civil.

Así mismo no escapa a la Corte la voluntad del legislador extraordinario de hacer más exigentes los requisitos de permanencia en la Policía Nacional en el marco de la política de moralización de la institución, sometida en los últimos años a un complejo proceso de reestructuración, dentro del que figuran como unos de sus principales derroteros los de rescatar la credibilidad de la ciudadanía en la institución y fortalecer el compromiso ético de sus miembros (43) .

(43) Ver “La institución —organización— e identidad corporativa” página institucional de la Policía Nacional. www.policía.gov.co.

Para la Corte, estos objetivos que resultan plenamente compatibles con la Carta (C.P., arts 2º, 209, 218), encuentran en la norma acusada un claro instrumento para ser realizados, dado que ésta establece efectivamente un mayor nivel de exigencia al personal de la policía que limita las posibilidades de corrupción, al tiempo que protege a los ciudadanos que entran en contacto con ella (44) .

(44) Al respecto cabe recordar que dentro de las conductas sancionadas con arresto por el Código Penal Militar figuran, entre otras, las siguientes: Violación de habitación ajena (art. 187), lesiones personales dolosas (art. 188), hurto simple (art. 190), hurto de uso (art. 191), estafa (art. 192), emisión y transferencia ilegal de cheque (art. 193), daño en bien ajeno (art. 194).

La expresión que se impugna atiende entonces a una evidente voluntad del legislador extraordinario de fortalecer y consolidar el proceso de modernización de una de las instituciones más importantes para el mantenimiento de la convivencia y la garantía del libre ejercicio de los derechos y libertades públicas que no puede ser desconocida por esta corporación” (45) .

(45) Sentencia C-421 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. S.V. de los magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, y Eduardo Montealegre Lynnett.

Así las cosas, el cargo planteado por el actor en relación con el supuesto desconocimiento por el ordinal acusado del principio de presunción de inocencia no puede prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

4.2. La ausencia de vulneración del derecho a la igualdad.

Esta corporación ha señalado de manera reiterada que en desarrollo del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política, corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones fácticas que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles (46) .

(46) Vid. T-02 de 1992 y T-230 de 1994, entre muchas otras.

Esta corporación ha establecido también en múltiples ocasiones que un tratamiento legislativo diferente no implica per se una violación del principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable.

A juicio del actor el ordinal acusado establece un trato discriminatorio para el personal de la Policía Nacional que se encuentra en alguna de las hipótesis a que este alude frente al tratamiento que se da en materia de ascenso a quienes no se encuentran en la misma situación “a pesar de que unos y otros se encuentran en la misma situación frente a la presunción de inocencia”.

La Corte, al respecto, constata que las disposiciones atacadas establecen en este caso tratamiento diferente a situaciones distintas, al tiempo que responden a los criterios establecidos por esta corporación para justificar la diferenciación que el legislador hace en ciertas circunstancias atendiendo elementos objetivos, razonables, proporcionados y que estén acordes con una finalidad constitucional legítima (47) .

(47) Ver entre otras las sentencias C-530 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-412 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-586 de 2001 y C-233 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-742 de 2001 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, con aclaración de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería. Sobre ese tema puede encontrarse así mismo un completo recuento en la Sentencia C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

En efecto, lo primero que ha de tenerse en cuenta es que el término de comparación utilizado por el actor resulta inapropiado, pues no es posible establecer, válidamente, una equivalencia entre el personal de la Policía Nacional al que se le ha dictado medida de aseguramiento de detención preventiva, tiene pendiente resolución de acusación de autoridad judicial competente, o se le investiga disciplinariamente por faltas disciplinarias gravísimas de acuerdo con las normas de disciplina y ética de la Policía Nacional, y el personal de la misma institución que no se encuentra en ninguna de esas situaciones.

Así las cosas, la Corte debe tomar en cuenta necesariamente esta circunstancia y verificar simplemente que el trato diferenciado bajo análisis resulte adecuado para conseguir una finalidad permitida por la Constitución Política, y que la medida adoptada no sea manifiestamente desproporcionada (48) .

(48) Ver Sentencia C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Al respecto la Corte constata que en el presente caso la finalidad perseguida por la norma, cual es la de prevenir la eventual alteración del funcionamiento de la institución policial y el cumplimiento de sus fines con la posible imposición de sanciones penales o disciplinarias a los uniformados que normalmente deberían ser clasificados para ascenso, coincide plenamente con los mandatos superiores que establecen los fines y condiciones de ejercicio de la actividad policial (arts. 2º, 209 y 218 superiores).

La Corte constata así mismo que como se desprende de las consideraciones preliminares de esta sentencia en las que se hizo alusión al contenido y alcance de la disposición acusada y a otras disposiciones del mismo decreto con las que aquella necesariamente debe concordarse, obtenida la absolución en el proceso penal o concluido el proceso disciplinario sin que se haya establecido la responsabilidad del uniformado disciplinado, para efectos de los derechos de ascenso del uniformado, los efectos se retrotraen al momento en que normalmente este debía ser clasificado para ascenso —es decir, que el uniformado que ha sido absuelto tendrá la posibilidad de ser clasificado para ascenso y en consecuencia previo el cumplimiento de los demás requisitos señalados en la ley, podrá ascender al grado inmediatamente superior con novedad fiscal, antigüedad y orden de prelación que le hubiere correspondido en el momento en que ascendieron sus compañeros de curso o promoción—, por lo que mal puede entenderse que se le esté imponiendo una carga desproporcionada que cercena sus derechos y en particular el derecho a la igualdad.

Téngase en cuenta al respecto así mismo que la persona que ya se encuentre clasificada para ascenso no podrá “desclasificarse” como consecuencia de la aplicación de la norma acusada con posterioridad a dicha clasificación. En ese caso dicho requisito por haberse ya cumplido ha de tomarse en cuenta como satisfecho, sin perjuicio de los demás requisitos que se deban cumplir para el respectivo ascenso (49) .

(49) ART. 21.—Requisitos para ascenso de oficiales, nivel ejecutivo y suboficiales. Los oficiales, nivel ejecutivo a partir del grado de subintendente y suboficiales de la Policía Nacional, podrán ascender en la jerarquía al grado inmediatamente superior cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener el tiempo mínimo de servicio establecido para cada grado.

2. Ser llamado a curso.

3. Adelantar y aprobar los cursos de capacitación establecidos por el Consejo Superior de Educación Policial.

4. Tener aptitud psicofísica de acuerdo con lo contemplado en las normas sobre incapacidades e invalideces.

5. Obtener la clasificación exigida para ascenso.

6. Para oficiales, concepto favorable de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional; para nivel ejecutivo y suboficiales, concepto favorable de la junta de evaluación y clasificación.

7. Hasta el grado de coronel, acreditar un tiempo mínimo de dos (2) años en el respectivo grado, en labores operativas, de investigación, docencia, desempeño de funciones en la gestión general del Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto presente a consideración del Ministro de Defensa Nacional el Director General de la Policía Nacional.

8. Para el personal que permanezca en el cuerpo administrativo, acreditar un curso de actualización profesional en su especialidad, con una duración no inferior a ciento veinte (120) horas.

PAR. 1º— Para ingresar al curso de capacitación para ascenso al grado de teniente coronel, los aspirantes que hayan superado la trayectoria profesional deberán someterse previamente a un concurso, de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto presente a consideración del Ministro de Defensa Nacional el Director General de la Policía Nacional.

Quien pierda el concurso por dos (2) veces será retirado del servicio activo por incapacidad académica.

PAR. 2º—Los cursos para ascenso del nivel ejecutivo y suboficiales se realizarán por convocatoria, según las vacantes existentes en cada grado, de conformidad con las disposiciones que expida la Dirección General de la Policía Nacional.

Se exceptúa de lo dispuesto en este parágrafo al personal del nivel ejecutivo y suboficiales que cumplan antigüedad para ascenso hasta el mes de septiembre del año 2001.

PAR. 3º—Se exceptúa de lo dispuesto en el numeral 4º de este artículo, el personal que hubiere sido declarado no apto para el servicio operativo, como consecuencia de heridas en actos del servicio, en combate, como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público y pueda ser reubicado en labores administrativas a juicio de la junta médico laboral, el cual podrá ser ascendido al grado inmediatamente superior siempre y cuando cumpla con los demás requisitos exigidos, salvo que las lesiones o heridas hayan sido ocasionadas con violación de la ley o los reglamentos.

PAR. 4º—Podrán concursar para ingresar como subintendente los patrulleros en servicio activo, previo el lleno de los siguientes requisitos:

1. Solicitud escrita a la Dirección General de la Policía Nacional.

2. Tener la aptitud sicofísica de acuerdo con las normas vigentes.

3. Tener un tiempo mínimo de cinco (5) años de servicio en la institución como patrullero.

4. No haber sido sancionado en los últimos tres (3) años.

5. Concepto favorable de la junta de clasificación y evaluación respectiva.

El personal seleccionado deberá adelantar y aprobar un curso de capacitación cuya duración no será inferior a seis (6) meses.

Se exceptúa de lo dispuesto en este parágrafo al personal de patrulleros que a la entrada en vigencia del presente decreto cumpla antigüedad para ascenso hasta en el mes de septiembre del año 2001, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que para el efecto exige la ley.

ART. 22.—Evaluación de la trayectoria profesional. La evaluación de la trayectoria profesional del personal, estará a cargo de las juntas de evaluación y clasificación que para cada categoría integrará el Director General de la Policía Nacional. Las juntas tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Evaluar la trayectoria policial para ascenso.

2. Proponer al personal para ascenso.

3. Recomendar la continuidad o retiro en el servicio policial.

PAR. 1º—Para el ascenso a brigadier general, la evaluación de la trayectoria policial de los coroneles estará a cargo de la junta de generales, integrada por los generales en servicio activo de la Policía Nacional.

PAR. 2º—El Director General de la Policía Nacional señalará las funciones y sesiones de la junta de generales, cuyas decisiones en todo caso se tomarán por mayoría de votos.

La Corte hace énfasis en que en este caso no cabe una interpretación diferente de la norma acusada que debe examinarse de manera concordada con el conjunto del estatuto que rige la Policía Nacional, sin que pueda entonces acudirse a partir de un examen aislado de sus disposiciones a una interpretación diferente que comportaría desmedro para los derechos del uniformado finalmente absuelto en el proceso penal o disciplinario.

Así las cosas, el cargo planteado en este sentido por el actor no esta llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

4.3. La ausencia de vulneración del artículo 220 superior.

De las consideraciones anteriores se desprende igualmente que en manera alguna con las disposiciones acusadas se desconoce el artículo 220 superior.

Dicho texto constitucional establece que:

“ART. 220.—Los miembros de la fuerza pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley”.

En el presente caso es claro que al personal uniformado no se le está privando de su grado sino que de manera preventiva se suspende temporalmente la clasificación para ascenso en las hipótesis a que alude el ordinal acusado en tanto concluye definitivamente el proceso penal o disciplinario.

Si la persona es absuelta, como ya se señaló, previa clasificación y cumplimiento de los demás requisitos, podrá ascender al grado que corresponda.

Así las cosas la Corte concluye que tampoco el cargo por la supuesta vulneración del artículo 220 superior esta llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos formulados, el ordinal 3º del artículo 47 del Decreto 1800 de 2000 “por el cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional”.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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