Sentencia C-1156 de noviembre 26 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-1156 de 2008 

REF.: Expediente LAT-321

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Revisión de constitucionalidad del “Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, hecho en Nueva York el 9 de septiembre de 2002” y la Ley aprobatoria 1180 del 31 de diciembre de 2007.

Bogotá, D.C., veintiséis de noviembre de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Texto del acuerdo y de su ley aprobatoria

“LEY 1180 DE 2007

(Diciembre 31)

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de 1º Corte Penal Internacional”, hecho en Nueva York, el 9 de septiembre de 2002.

El Congreso de Colombia

Visto el texto del “Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional”, hecho en Nueva York, el 9 de septiembre de 2002, que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional

Los Estados partes en el presente acuerdo,

Considerando que en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas, se estableció la Corte Penal Internacional con la facultad de ejercer competencia sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional;

Considerando que, según el artículo 4º del Estatuto de Roma, la Corte tendrá personalidad jurídica internacional y la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos;

Considerando que, según el artículo 48 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional gozará en el territorio de cada Estado Parte en el Estatuto de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

Han convenido en lo siguiente:

ART. 1º.

Términos empleados

A los efectos del presente acuerdo:

a) Por “el Estatuto” se entenderá el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional;

b) Por “la Corte” se entenderá la Corte Penal Internacional establecida por el estatuto;

c) Por “Estados partes” se entenderán los Estados partes en el presente acuerdo;

d) Por “representantes de los Estados partes” se entenderán los delegados, delegados suplentes, asesores, peritos técnicos y secretarios de delegaciones;

e) Por “la Asamblea” se entenderá la asamblea de los Estados partes en el estatuto:

j) Por “Magistrados” se entenderán los magistrados de la Corte;

g) Por “la Presidencia” se entenderá el órgano integrado por el presidente y los vicepresidentes primero y segundo de la Corte;

h) Por “el Fiscal” se entenderá el fiscal elegido por la asamblea de conformidad con el párrafo 4º del artículo 42 del estatuto;

i) Por “los Fiscales Adjuntos” se entenderán los fiscales adjuntos elegidos por la asamblea de conformidad con el párrafo 4º del artículo 42 del estatuto;

j) Por “el Secretario” se entenderá el secretario elegido por la Corte de conformidad con el párrafo 4º del artículo 43 del estatuto;

k) Por “Secretario Adjunto” se entenderá el secretario elegido por la Corte de conformidad con el párrafo 4º del artículo 43 del estatuto:

l) Por “abogados” se entenderán los abogados defensores y los representantes legales de las víctimas;

m) Por “Secretario General” se entenderá el Secretario General de las Naciones Unidas;

n) Por “representantes de organizaciones intergubernamentales” se entenderá los jefes ejecutivos de organizaciones intergubernamentales, incluido todo funcionario que actúe en su representación;

o) Por “la Convención de Viena” se entenderá la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 18 de abril de 1961, y

p) Por “Reglas de Procedimiento y Prueba” se entenderán las reglas de Procedimiento y Prueba aprobadas de conformidad con el artículo 51 del estatuto.

ART. 2º.

Condición jurídica y personalidad jurídica de la Corte

La Corte tendrá personalidad jurídica internacional y tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos. Tendrá en particular capacidad jurídica para celebrar contratos, adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos y participar en procedimientos judiciales.

ART. 3º.

Disposiciones generales acerca de los privilegios e inmunidades de la Corte

La Corte gozará en el territorio de cada Estado parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos.

ART. 4º.

Inviolabilidad de los locales de la Corte

Los locales de la Corte serán inviolables.

ART. 5º.

Pabellón, emblema y señales

La Corte tendrá derecho a enarbolar su pabellón y a exhibir su emblema y sus señales en sus locales y en los vehículos y otros medios de transporte que utilice con fines oficiales.

ART. 6º.

Inmunidad de la Corte y de sus bienes, haberes y fondos

1. La Corte y sus bienes, haberes y fondos, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, gozarán de inmunidad de jurisdicción en todas sus formas, salvo en la medida en que la Corte renuncie expresamente a ella en un caso determinado. Se entenderá, sin embargo, que la renuncia no será extensible a ninguna medida de ejecución.

2. Los bienes, haberes y fondos de la Corte, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, gozarán de inmunidad de allanamiento, incautación, requisa, decomiso y expropiación y cualquier otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo administrativo, judicial o legislativo.

3. En la medida en que sea necesario para el desempeño de las funciones de la Corte, los bienes, haberes y fondos de la Corte, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, estarán exentos de restricciones, reglamentaciones, controles o moratorias de toda índole.

ART. 7º.

Inviolabilidad de los archivos y los documentos

Los archivos de la Corte y, en general, todos los papeles y documentos, cualquiera sea su forma, y todos los materiales que se envíen a la Corte o que esta envíe, estén en poder de la Corte o le pertenezcan, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, serán inviolables. La terminación o ausencia de esa inviolabilidad no afectará a las medidas de protección que la Corte ordene de conformidad con el estatuto y las reglas de procedimiento y prueba con respecto a documentos y materiales que la Corte utilice o le sean facilitados.

ART. 8º.

Exención de impuestos, derechos de aduana y restricciones de importación o exportación

1. La Corte, sus haberes, ingresos y otros bienes, así como sus operaciones y transacciones, estarán exentos de todos los impuestos directos, que incluyen, entre otros, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el capital, y el impuesto a las sociedades, así como los impuestos directos que perciban las autoridades locales o provinciales. Se entenderá, sin embargo, que la Corte no podrá reclamar la exención del pago de los gravámenes que constituyan de hecho la remuneración de servicios públicos prestados a una tarifa fija según la cantidad de servicios prestados y que se puedan identificar, describir y desglosar.

2. La Corte estará exenta de derechos de aduana, impuestos sobre el volumen de las importaciones y prohibiciones o restricciones respecto de los artículos que importe o exporte para su uso oficial y respecto de sus publicaciones.

3. Los artículos que se importen o adquieran en franquicia no serán vendidos ni se dispondrá de ellos de otra manera en el territorio de un Estado parte salvo en las condiciones que se acuerden con las autoridades competentes de ese Estado parte.

ART. 9º

Reembolso de derechos y/o impuestos

1. La Corte, por regla general, no reclamará la exención de los derechos y/o impuestos incluidos en el precio de bienes muebles o inmuebles ni de los derechos pagados por servicios prestados. Sin embargo, cuando la Corte efectúe compras importantes de bienes y artículos o servicios destinados a uso oficial y gravados o gravables con derechos y/o impuestos identificables, los Estados partes tomarán las disposiciones administrativas del caso para eximirla de esos gravámenes o reembolsarle el monto del derecho y/o impuesto pagado.

2. Los artículos que se adquieran o reembolsen en franquicia no serán vendidos ni se dispondrá de ellos de otra manera salvo en las condiciones establecidas por el Estado parte que haya concedido la exención o hecho el reembolso. No se concederán exenciones ni reembolsos por concepto de las tarifas de servicios públicos suministrados a la Corte.

ART. 10.

Fondos y exención de restricciones monetarias

1. La Corte no quedará sometida a controles financieros, reglamentos o moratorios financieros de índole alguna en el desempeño de sus funciones y podrá:

a) Tener fondos, moneda, de cualquier tipo u oro y operar cuentas en cualquier moneda;

b) Transferir libremente sus fondos, oro o moneda de un país a otro o dentro de un país y convertir a cualesquiera otras las monedas que tenga en su poder, y

c) Recibir, tener, negociar, transferir o convertir bonos u otros títulos financieros o realizar cualquier transacción con ellos;

d) Las transacciones financieras de la Corte gozarán, en cuanto al tipo de cambio, de un trato no menos favorable que el que otorgue el Estado parte de que se trate a cualquier organización intergubernamental o misión diplomática.

2. La Corte, en el ejercicio de sus derechos, conforme al párrafo 1ª, tendrá debidamente en cuenta las observaciones que le haga un Estado parte, en la medida en que pueda darles efecto sin desmedro de sus propios intereses.

ART. 11.

Facilidades de comunicaciones

1. A los efectos de su correspondencia y comunicaciones oficiales, la Corte gozará en el territorio de cada Estado parte de un trato no menos favorable que el que este conceda a cualquier organización intergubernamental o misión diplomática en materia de prioridades, tarifas o impuestos aplicables al franqueo postal y a las diversas formas de comunicación y correspondencia.

2. La correspondencia o las comunicaciones oficiales de la Corte no serán sometidas a censura alguna.

3. La Corte podrá utilizar todos los medios apropiados de comunicación, incluidos los electrónicos, y emplear claves o cifras para su correspondencia o comunicaciones oficiales. La correspondencia y las comunicaciones oficiales de la Corte serán inviolables.

4. La Corte podrá despachar y recibir correspondencia y otras piezas o comunicaciones por correo o valija sellada, los cuales gozarán de los mismos privilegios, inmunidades y facilidades que se reconocen a las valijas y los correos y diplomáticos.

5. La Corte podrá operar equipos de radio y otro equipo de telecomunicaciones en las frecuencias que le asignen los Estados partes, de conformidad con sus procedimientos nacionales. Los Estados partes se esforzarán por asignar a la Corte, en la mayor medida posible, las frecuencias que haya solicitado.

ART. 12.

Ejercicio de las funciones de la Corte fuera de su sede

La Corte, en caso de que, de conformidad con el párrafo 3º del artículo 3º del Estatuto, considere conveniente sesionar en un lugar distinto de su sede de La Haya (Países Bajos), podrá concertar un acuerdo con el Estado de que se trate respecto de la concesión de las facilidades adecuadas para el ejercicio de sus funciones.

ART. 13.

Representantes de Estados que participen en la asamblea y sus órganos subsidiarios y representantes de organizaciones intergubernamentales

1. Los representantes de Estados partes en el estatuto que asistan a reuniones de la asamblea o sus órganos subsidiarios, los representantes de otros Estados que asistan a reuniones de la asamblea y sus órganos subsidiarios en calidad de observadores de conformidad con el párrafo 1º del artículo 112 del Estatuto de Roma, y los representantes de los Estados y de las organizaciones inter-gubernamentales invitados a reuniones de la asamblea y sus órganos subsidiarios, tendrán, mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones oficiales y durante el trayecto al lugar de reunión y regreso, los privilegios e inmunidades siguientes:

a) Inmunidad, contra arresto o detención personal:

b) Inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen, a título oficial, la cual subsistirá incluso después de que hayan cesado en el ejercicio de sus funciones como representantes;

c) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos, cualquiera que sea su forma;

d) Derecho a usar claves o cifras y recibir papeles y documentos o correspondencia por correo o en valija sellada y a recibir y enviar comunicaciones electrónicas:

e) Exención de restricciones de inmigración, formalidades de registro de extranjeros y obligaciones del servicio nacional en el Estado parte que visiten o por el cual transiten en el desempeño de sus funciones;

f) Los mismos privilegios con respecto a las facilidades monetarias y cambiarias que se reconozcan a los representantes de gobiernos extranjeros en misión oficial temporal:

g) Las mismas inmunidades y facilidades respecto de su equipaje personal que se reconozcan a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena;

h) La misma protección y las mismas facilidades de repatriación que se reconozcan a los agentes diplomáticos en épocas de crisis internacional con arreglo a la Convención de Viena;

i) Los demás privilegios, inmunidades y facilidades compatibles con los que anteceden de que gocen los agentes diplomáticos, con la salvedad de que no podrán reclamar la exención de derechos aduaneros sobre mercaderías importadas (que no sean parte de su equipaje personal) o de impuestos sobre la compraventa o el consumo.

2. Cuando la aplicación de cualquier forma de impuesto dependa de la residencia, los períodos en que los representantes descritos en el párrafo 1º que asistan a reuniones de la asamblea y sus órganos subsidiarios permanezcan en un Estado parte en ejercicio de sus funciones no se considerarán períodos de residencia.

3. Lo dispuesto en los párrafos 1º y 2º del presente artículo no será aplicable entre un representante y las autoridades del Estado parte del que sea nacional o del Estado parte o la organización intergubernamental del que sea o haya sido representante.

ART. 14.

Representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte

Los representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte gozarán, mientras estén desempeñando sus funciones oficiales, y durante el viaje de ida hasta el lugar de las actuaciones y de vuelta de este, de los privilegios e inmunidades a que se hace referencia en el artículo 13.

ART. 15.

Magistrados, Fiscal, Fiscales Adjuntos y Secretario

1. Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el secretario gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones para la Corte o en relación con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando de inmunidad de jurisdicción por las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y los actos que hayan realizado en el desempeño de sus funciones oficiales.

2. Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el secretario y los familiares que formen parte de sus hogares recibirán todas las facilidades para salir del país en que se encuentren y para entrar y salir del país en que sesione la Corte. En el curso de los viajes que hagan en el ejercicio de sus funciones los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el secretario gozarán, en todos los Estados Partes por los que tengan que transitar, de los privilegios, las inmunidades y las facilidades que los Estados partes en circunstancias similares concedan a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena.

3. El Magistrado, el Fiscal, un Fiscal Adjunto o el Secretario que, para mantenerse a disposición de la Corte, esté residiendo en un Estado Parte distinto del de su nacionalidad o residencia permanente gozará, junto con los familiares que formen parte de sus hogares, de los privilegios, inmunidades y facilidades de los agentes diplomáticos mientras resida en ese Estado.

4. Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el secretario, así como los familiares que forman parte de sus hogares tendrán las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional que se conceden a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena.

5. Los párrafos 1º a 4º del presente artículo serán aplicables a los magistrados de la Corte incluso después de terminado su mandato si siguen ejerciendo sus funciones de conformidad con el párrafo 10 del artículo 36 del estatuto.

6. Los sueldos, los emolumentos y las prestaciones que perciban los magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario de la Corte estarán exentos de impuestos. Cuando la aplicación de un impuesto de cualquier índole dependa de la residencia, los períodos durante los cuales los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el secretario se encuentren en un Estado Parte a fin de desempeñar sus funciones no serán considerados períodos de residencia a efectos tributarios. Los Estados Partes podrán tener en cuenta esos sueldos, emolumentos y prestaciones a los efectos de determinar la cuantía de los impuestos que se han de aplicar a los ingresos de otras fuentes.

7. Los Estados Partes no estarán obligados a exonerar del impuesto a la renta a las pensiones o rentas vitalicias pagadas a los ex magistrados, fiscales o secretarios y a las personas a su cargo.

ART. 16.

Secretario Adjunto, personal de la Fiscalía y personal de la Secretaría

1. El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría gozarán de los privilegios, las inmunidades y las facilidades que sean necesarios para el ejercicio independiente de sus funciones. Gozarán de:

a) Inmunidad contra toda forma de arresto o detención y contra la incautación de su equipaje personal;

b) Inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, la cual subsistirá incluso después de que hayan cesado en el ejercicio de sus funciones:

c) El derecho a la inviolabilidad de todos los papeles y documentos oficiales de la Corte, cualquiera que sea su forma, y de todos los materiales;

d) Exención de impuestos sobre los sueldos, emolumentos y prestaciones que perciban de la Corte. Los Estados partes podrán tener en cuenta esos salarios, emolumentos y prestaciones a los efectos de determinar la cuantía de los impuestos que se han de aplicar a los ingresos de otras fuentes:

e) Exención de toda obligación de servicio nacional;

f) Junto con los familiares que formen parte de sus hogares, exención de las restricciones de inmigración y las formalidades de registro de extranjeros:

g) Exención de la inspección de su equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado Parte de que se trate, en cuyo caso se hará una inspección en presencia del funcionario;

h) Los mismos privilegios con respecto a las facilidades monetarias y cambiarias que se reconozcan a los funcionarios de categoría equivalente pertenecientes a las misiones diplomáticas acreditadas en el Estado parte de que se trate;

i) Junto con los familiares que formen parte de sus hogares, las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional, reconocidas a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena, y

j) Derecho a importar, libres de gravámenes e impuestos, con la salvedad de los pagos que constituyan la remuneración de servicios prestados, sus muebles y efectos en el momento en que ocupen su cargo en el Estado parte de que se trate y a reexportar a su país de residencia permanente, libres de gravámenes e impuestos, esos muebles y efectos.

2. Los Estados Partes no estarán obligados a eximir del impuesto sobre la renta a las pensiones o rentas vitalicias abonadas a ex secretarios adjuntos, miembros del personal de la Fiscalía, miembros del personal de la Secretaría y personas a su cargo.

ART. 17.

Personal contratado localmente y que no esté de otro modo contemplado en el presente acuerdo

El personal contratado localmente por la Corte y que no esté de otro modo contemplado en el presente acuerdo gozará de inmunidad de jurisdicción respecto de las declaraciones que llaga verbalmente o por escrito y los actos que realice en el ejercicio de sus funciones para la Corte. Esta inmunidad subsistirá después de que haya cesado en el ejercicio de esas funciones con respecto a las actividades llevadas a cabo en nombre de la Corte. Durante el empleo también se le concederán las facilidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones para la Corte.

ART. 18.

Abogados y personas que asistan a los abogados defensores

1. Los abogados gozarán de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades en la medida en que sea necesario para el ejercicio independiente de sus funciones, incluso el tiempo empleado en viajes, en relación con el ejercicio de sus funciones y siempre que exhiban el certificado a que se hace referencia en el párrafo 2º del presente artículo:

a) Inmunidad de arresto o detención personal y contra la incautación de su equipaje personal;

b) Inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen en el desempeño de sus funciones, la cual subsistirá incluso después de que hayan cesado en el ejercicio de sus funciones;

c) El derecho a la inviolabilidad de papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, y materiales relacionados con el desempeño de sus funciones;

d) El derecho a recibir y enviar papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, con fines de comunicación en el ejercicio de sus funciones de abogado:

e) Exención de las restricciones en materia de inmigración y las formalidades de registro de extranjeros;

f) Exención de la inspección del equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado parte de que se trate, en cuyo caso se hará una inspección en presencia del abogado:

g) Los mismos privilegios con respecto a las facilidades monetarias y cambiarias que se reconozcan a los representantes de gobiernos extranjeros en misión temporal oficial, y

h) Las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional que se reconozcan a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena.

2. Una vez designado un abogado de conformidad con el estatuto, las reglas de procedimiento y prueba y el reglamento de la Corte, se le extenderá un certificado, firmado por el Secretario, por el período necesario para el ejercicio de sus funciones. El certificado se retirará si se pone término al poder o al mandato antes de que expire el certificado.

3. Cuando la aplicación de un impuesto de cualquier índole dependa de la residencia, los períodos durante los cuales los abogados se encuentren en un Estado parte a fin de desempeñar sus funciones no serán considerados períodos de residencia.

4. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará, mutatis mutandis, a las personas que asistan a los abogados defensores de conformidad con la regla 22 de las reglas de procedimiento y prueba.

ART. 19.

Testigos

1. Se reconocerán a los testigos, en la medida en que sea necesario para su comparecencia ante la Corte con el fin de prestar declaración, los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades, incluso durante el tiempo empleado en viajes relacionados con su comparecencia ante la Corte, siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2º del presente artículo:

a) Inmunidad contra arresto o detención personal;

b) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado d) infra, inmunidad contra la incautación del equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado Parte de que se trate;

c) Inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen en el curso de su testimonio, la cual subsistirá incluso después de que hayan comparecido y prestado testimonio ante la Corte;

d) Inviolabilidad de los papeles y documentos, cualquiera que sea su forma y de los materiales relacionados con su testimonio;

e) A los efectos de sus comunicaciones con la Corte y sus abogados en relación con su testimonio, el derecho a recibir y enviar papeles y documentos, cualquiera que sea su forma;

f) Exención de las restricciones en materia de inmigración y las formalidades del registro de extranjeros cuando viajen por razón de su comparecencia para prestar declaración, y

g) Las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional que se reconozcan a los agentes diplomáticos conforme a la Convención de Viena.

2. La Corte extenderá a nombre de los testigos a los que se reconozcan los privilegios, inmunidades y facilidades a que se hace referencia, en el párrafo 1º del presente artículo un documento en el que se certifique que deben comparecer ante la Corte y se especifique el período durante el cual esa comparecencia es necesaria.

ART. 20.

Víctimas

1. Se reconocerá a las víctimas que participen en las actuaciones judiciales de conformidad con las reglas 89 a 91 de las reglas de procedimiento y prueba, en la medida en que sea necesario para su comparecencia ante la Corte, los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades, incluso durante el tiempo empleado en viajes relacionados con su comparecencia ante la Corte, siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2º del presente artículo:

a) Inmunidad contra arresto o detención personal;

b) Inmunidad contra la incautación de su equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación, o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado parte de que se trate;

c) Inmunidad de jurisdicción de toda índole, respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen en el transcurso de su comparecencia ante la Corte, la cual subsistirá incluso después de que hayan comparecido ante la Corte, y

d) Exención de las restricciones en materia de inmigración y las formalidades de registro de extranjeros cuando viajen a la Corte y desde ella por razón de su comparecencia.

2. La Corte extenderá a nombre de las víctimas que participen en las actuaciones judiciales de conformidad con las reglas 89 a 91 de las reglas de procedimiento y prueba y a las que se reconozcan los privilegios, inmunidades y facilidades a que se hace referencia en el párrafo 1º del presente artículo un documento en el que se certifique su participación en las actuaciones de la Corte y se especifique la duración de su participación.

ART. 21.

Peritos

1. Se reconocerá a los peritos que cumplan funciones para la Corte los privilegios, inmunidades y facilidades siguientes en la medida en que sea necesario para el ejercicio independiente de sus funciones, incluido el tiempo empleado en viajes relacionados con ellas, siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2º del presente artículo:

a) Inmunidad contra toda forma de arresto o detención personal y contra la incautación de su equipaje personal;

b) Inmunidad de jurisdicción de toda Índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen durante el desempeño de sus funciones, inmunidad que subsistirá incluso después de que hayan cesado en dichas funciones;

c) Inviolabilidad de los documentos y papeles, cualquiera que sea su forma, y materiales relacionados con sus funciones;

d) A los efectos de sus comunicaciones con la Corte, el derecho a recibir y enviar papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, y materiales relacionados con sus funciones por correo o en valija sellada;

e) Exención de la inspección del equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado parte de que se trate, en cuyo caso se hará una inspección en presencia del propio perito;

f) Los mismos privilegios respecto de las facilidades monetarias y cambiarias que se reconozcan a los representantes de gobiernos extranjeros en misión oficial temporal:

g) Las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional que se reconozcan a los agentes diplomáticos conforme a la Convención de Viena, y

h) Exención de las restricciones en materia de inmigración y las formalidades de registro de extranjeros en relación con sus funciones, como se especifica en el documento a que se hace referencia en el párrafo 2º del presente artículo.

2. La Corte extenderá a nombre de los peritos a los que se reconozcan los privilegios, inmunidades y facilidades a que se hace referencia en el párrafo 1º del presente artículo un documento en el que se certifique que están ejerciendo funciones para la Corte y que especifique el período que durarán dichas funciones.

ART. 22.

Otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte

1. Se reconocerá a las otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte, en la medida en que sea necesario para su presencia en dicha sede, incluido el tiempo empleado en viajes para ello, los privilegios, inmunidades y facilidades que se indican en los apartados a) a d) del párrafo 1º del artículo 20 del presente acuerdo, siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2º del presente artículo.

2. La Corte extenderá a las otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte un documento en el que se certifique que su presencia es necesaria y se especifique el período durante el cual es necesaria.

ART. 23.

Nacionales y residentes permanentes

En el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, cualquier Estado podrá declarar que:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6º del artículo 15 y el apartado d) del párrafo 1º del artículo 16, las personas indicadas en los artículos 15, 16, 18, 19 y 21 solo disfrutarán, en el territorio del Estado Parte del que sean nacionales o residentes permanentes, de los siguientes privilegios e inmunidades en la medida necesaria para el desempeño independiente de sus funciones o de su comparecencia o deposición ante la Corte:

i) Inmunidad de arresto o detención personal:

ii) Inmunidad judicial de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y de los actos que realicen en el desempeño de sus funciones ante la Corte o durante su comparecencia o deposición, inmunidad esta que subsistirá, incluso después de que hayan cesado en el desempeño de sus funciones ante la Corte o después de su comparecencia o deposición ante ella;

iii) Inviolabilidad de los papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, y piezas relacionadas con el desempeño de sus/unciones ante la Corte o su comparecencia o deposición ante ella;

iv) A los efectos de sus comunicaciones con la Corte y, en lo tocante a las personas indicadas en el artículo 19, para sus comunicaciones con su abogado en relación con su deposición, el derecho a recibir y enviar papeles, cualquiera que sea su forma, y

b) Las personas indicadas en los artículos 20 y 22 solo disfrutarán, en el territorio del Estado Parte del que sean nacionales o residentes permanentes, de los siguientes privilegios e inmunidades en la medida necesaria para su comparecencia ante la Corte:

i) Inmunidad de arresto o detención personal;

ii) Inmunidad judicial de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y de los actos que realicen durante su comparecencia ante la Corte, inmunidad que subsistirá incluso después de su comparecencia.

ART. 24.

Cooperación con las autoridades de Estados partes

1. La Corte cooperará en todo momento con las autoridades competentes de las Estados partes para facilitar el cumplimiento de sus leyes e impedir abusos en relación con los privilegios, las inmunidades y las facilidades a que se hace referencia en el presente acuerdo.

2. Todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades de conformidad con el presente acuerdo estarán obligadas, sin perjuicio de esos privilegios e inmunidades, a respetar las leyes y reglamentos del Estado parte en cuyo territorio se encuentren o por el que transiten en ejercicio de sus funciones para la Corte. Estarán también obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.

ART. 25.

Renuncia a los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 13 y 14

Los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 13 y 14 del presente acuerdo no se otorgan a los representantes de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales en beneficio personal, sino para salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la labor de la asamblea, sus órganos subsidiarios y la Corte. En consecuencia, los Estados Partes no solo tienen el derecho sino la obligación de renunciar a los privilegios e inmunidades de sus representantes en todo caso en que, en opinión de dichos Estados, estos privilegios e inmunidades podrían constituir un obstáculo a la justicia y la renuncia sea posible sin perjuicio del fin para el cual se reconocen. Se reconocen a los Estados que no sean partes en el presente acuerdo y a las organizaciones inter-gubernamentales los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 13 y 14 del presente acuerdo en el entendimiento de que asumirán las mismas obligaciones con respecto a la renuncia.

ART. 26.

Renuncia a los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 15 a 22

1. Los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 15 a 22 del presente acuerdo se reconocen en interés de la administración de justicia y no en beneficio personal. Podrá renunciarse a ellos de conformidad con el párrafo 5º del artículo 48 del estatuto y con lo dispuesto en el presente artículo y se tendrá la obligación de hacerlo en un caso determinado cuando podrían constituir un obstáculo a la justicia y la renuncia sea posible sin perjuicio del fin para el cual se reconocen.

2. Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades:

a) En el caso de un magistrado o del fiscal, por mayoría absoluta de los magistrados;

b) En el caso del secretario, por la presidencia;

c) En el caso de los fiscales adjuntos y del personal de la fiscalía, por el fiscal;

d) En el caso del Secretario Adjunto y del personal de la Secretaría, por el Secretario;

e) En el caso del personal a que se hace referencia en el artículo 17, por decisión del jefe del órgano de la Corte que emplee a ese personal;

f) En el caso de los abogados y de las personas que asistan a los abogados defensores, por la Presidencia;

g) En el caso de los testigos y de las víctimas, por la Presidencia:

h) En el caso de los peritos, por decisión del jefe del órgano de la Corte que haya designado al perito;

i) En el caso de las otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte, por la Presidencia.

ART. 27.

Seguridad social

A partir de la fecha en que la Corte establezca un sistema de seguridad social, las personas a que se hace referencia en los artículos 15, 16 y 17 estarán exentas, en relación con los servicios prestados a la Corte, de toda contribución obligatoria a los sistemas nacionales de seguridad social.

ART. 28.

Notificación

El Secretario comunicará periódicamente a todos los Estados partes los nombres de los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario, el secretario adjunto, el personal de la Fiscalía, el personal de la Secretaría y los abogados a quienes se apliquen las disposiciones del presente acuerdo. El Secretario comunicará también a todos los Estados partes información acerca de cualquier cambio en la condición de esas personas.

ART. 29.

Laissez passer

Los Estados Partes reconocerán y aceptarán como documentos de viaje válidos los laissez passer de las Naciones Unidas o los documentos de viaje expedidos por la Corte a los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario, el secretario adjunto, el personal de la fiscalía y el personal de la secretaría.

ART. 30.

Visados

Las solicitudes de visado o permiso de entrada o salida, en caso de que sean necesarios, presentadas por quienes sean titulares de un laissez passer de las Naciones Unidas o del documento de viaje expedido por la Corte, u otra persona de las referidas en los artículos 18 a 22 del presente acuerdo que tenga un certificado expedido por la Corte en que conste que su viaje obedece, a asuntos de esta, serán tramitadas por los Estados Partes con la mayor rapidez posible y con carácter gratuito.

ART. 31.

Arreglo de controversias con terceros

La Corte, sin perjuicio de las atribuciones y funciones de la asamblea cíe conformidad con el estatuto, adoptará disposiciones sobre los medios apropiados de arreglo de las controversias:

a) Que dimanen de contratos o se refieran a otras cuestiones de derecho privado en que la Corte sea parte, y

b) Que se refieran a cualquiera de las personas mencionadas en el presente acuerdo que, en razón de su cargo o función en relación con la Corte, gocen de inmunidad, si no se hubiese renunciado a ella.

ART. 32.

Arreglo de diferencias sobre la interpretación o aplicación del presente acuerdo

1. Todas las diferencias que surjan de la interpretación o aplicación del presente acuerdo entre dos o más Estados partes o entre la Corte y un Estado parte serán resueltas mediante consultas, negociación u otro medio convenido de arreglo.

2. La diferencia, de no ser resuelta de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo dentro de los tres meses siguientes a la presentación de una solicitud por escrito por una de las partes en ella, será, a petición de cualquiera de las partes, sometida a un tribunal arbitral, de conformidad con el procedimiento establecido en los párrafos 3º a 6º infra.

3. El tribunal arbitral estará compuesto de tres árbitros: uno será elegido por cada parte en la diferencia y el tercero, que actuará como presidente del tribunal, será elegido por los otros dos. Si una de las partes no hubiere nombrado a un árbitro del tribunal dentro de los dos meses siguientes al nombramiento de un árbitro por la otra parte, esta podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que efectúe dicho nombramiento. En caso de que los dos primeros árbitros no convinieran en el nombramiento del presidente del tribunal en los dos meses siguientes a sus nombramientos, cualquiera de las partes podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que efectúe el nombramiento del presidente del tribunal.

4. A menos que las partes en la diferencia acuerden otra cosa, el tribunal arbitral decidirá su propio procedimiento y los gastos serán sufragados por las partes en la proporción que él determine.

5. El tribunal arbitral, que adoptará sus decisiones por mayoría de votos, llegará a una decisión sobre la diferencia de conformidad con las disposiciones del presente acuerdo y las normas aplicables de derecho internacional. El laudo del tribunal arbitral será definitivo y obligatorio para las partes en la diferencia.

6. El laudo del tribunal arbitral será comunicado a las partes en la diferencia, al Secretario y al Secretario General.

ART. 33.

Aplicabilidad del presente acuerdo

El presente acuerdo se aplicará sin perjuicio de las normas pertinentes de derecho internacional, comprendidas las de Derecho Internacional Humanitario.

ART. 34.

Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. El presente acuerdo estará abierto a la firma de todos los Estados desde el 10 de septiembre de 2002 hasta el 30 de junio de 2004 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

2. El presente acuerdo está sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario General.

3. El presente acuerdo estará abierto a la adhesión de todos los Estados. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General.

ART. 35.

Entrada en vigor

1. El presente acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General el décimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente acuerdo o se adhiera a él después del depósito del décimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente acuerdo entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que deposite en poder del Secretario General su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

ART. 36.

Enmiendas

1. Todo Estado parte podrá proponer enmiendas al presente acuerdo, mediante comunicación escrita dirigida a la secretaría de la asamblea. La secretaría distribuirá esta comunicación a todos los Estados partes y a la mesa de la asamblea, con la solicitud de que los Estados partes le notifiquen si son partidarios de que se celebre una Conferencia de examen de los Estados partes para examinar la propuesta.

2. Si, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la secretaría de la asamblea haya distribuido la comunicación, una mayoría de los Estados partes le notifican que son partidarios de que se celebre una conferencia de examen, la secretaría informará a la mesa de la asamblea con miras a convocar dicha conferencia en ocasión del siguiente período de sesiones ordinario o extraordinario de la asamblea.

3. Las enmiendas respecto de las cuales no pueda llegarse a un consenso serán aprobadas por mayoría de dos tercios de los Estados partes presentes y votantes, a condición de que esté presente una mayoría, de los Estados partes.

4. La mesa de la asamblea notificará inmediatamente al Secretario General cualquier enmienda que hayan aprobado los Estados partes en la conferencia de examen. El Secretario General distribuirá a todos los Estados partes y a los Estados signatarios las enmiendas que se hayan aprobado en la conferencia.

5. Una enmienda entrará en vigor para los Estados partes que la hayan ratificado o aceptado sesenta días después del depósito de los instrumentos de ratificación o aceptación en poder del Secretario General por los dos tercios de los Estados que eran Partes en la fecha en que se aprobó la enmienda.

6. Para los Estados partes que ratifiquen o acepten la enmienda, cuando ya se haya depositado el número requerido de instrumentos de ratificación o aceptación, la enmienda entrará en vigor sesenta días después del depósito del instrumento de ratificación o aceptación del Estado parte de que se trate.

7. Salvo que exprese otra intención, todo Estado que pase a ser parte del presente acuerdo después de la entrada en vigor de una enmienda de conformidad con el párrafo 5º:

a) Se considerará parte en el presente acuerdo con la enmienda introducida; y

b) Se considerará parte en el presente acuerdo sin la enmienda introducida respecto de cualquier Estado parte que no esté obligado por dicha enmienda.

ART. 37.

Denuncia

1. Un Estado parte, mediante notificación dirigida por escrito al Secretario General, podrá denunciar el presente acuerdo. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en esta se indique una fecha posterior.

2. La denuncia no afectará en modo alguno a la obligación de un Estado parte de cumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente acuerdo a que, de conformidad con el derecho internacional, estuviere sujeto independientemente del acuerdo.

ART. 38.

Depositario

El Secretario General será el depositario del presente acuerdo.

ART. 39.

Textos auténticos

El original del presente acuerdo, cuyas versiones en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticas, será depositado en poder del Secretario General.

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han firmado el presente acuerdo.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court, done at New York on 9 September 2002. For the Secretary-General, The Legal Counsel (Under-Secretary-General for Legal Affairs).

Hans Corell.

United Nations, New York. 16 September 2002 Je certifie que le texte qui precède est une copie conforme de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait a New York le 9 septembre 2002. Pour le Secrétaire general. Le Conseiller juridique (Secrétaire general adjoint aux affaires juridiques). 

Organisation des Nations Unies New York, le 26 septembre 2002.

Rama Ejecutiva del Poder Público

Presidencia de la República 

Bogotá, D.C., 4 de mayo de 2005.

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable congreso nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Carolina Barco Isakson,

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el “Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional”, hecho en Nueva York el 9 de septiembre de 2002.

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional”, hecho en Nueva York, el 9 de septiembre de 2002, que por el artículo primero de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los...

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro del Interior y de Justicia, la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Carolina Barco Isakson.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla.

Rama Ejecutiva del Poder Público

Presidencia de la República 

Bogotá, D.C., 4 de mayo de 2005.

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional, para los efectos constitucionales.

(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Carolina Barco Isakson.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el “Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional”, hecho en Nueva York, el 9 de septiembre de 2002.

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional”, hecho en Nueva York el 9 de septiembre de 2002, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3°—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

La Presidenta del honorable Senado de la República,

Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.

El Secretario General del Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Òscar Arboleda Palacio.

El. Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

República de Colombia - Gobierno Nacional

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D.C., a 31 de diciembre de 2007.

Álvaro Uribe Vélez

El Ministro del Interior y de Justicia,

Carlos Holguín Sardi.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Fernando Araújo Perdomo”.

V. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia y características especiales del control de constitucionalidad sobre el presente acuerdo.

Por regla general, conforme a lo previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, corresponde a la Corte Constitucional decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban.

Como características ordinarias del examen de constitucionalidad sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias se aprecian las siguientes: i) es previo a la ratificación del tratado aunque posterior a la aprobación del Congreso y la sanción del gobierno, ii) es automático por cuanto deben remitirse por el Gobierno a la Corte dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción de la ley, iii) es integral toda vez que se examinan los aspectos formales y materiales de los actos frente al texto integral de la Constitución, iv) es preventivo al buscar garantizar el principio de supremacía de la Constitución (art. 4º) y el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano frente a la comunidad internacional, v) es una condición sine qua non para la ratificación del instrumento internacional, y vi) tiene fuerza de cosa juzgada constitucional.

El control de constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado como en el trámite legislativo desarrollado y la sanción presidencial del proyecto de ley (5) . Además, la ley aprobatoria debe observar el procedimiento de una ley ordinaria por no disponer lo contrario la Carta Política y así indicarlo la Ley Orgánica del Congreso de la República (6) , salvo lo concerniente a la iniciación del debate en el Senado de la República al referir a las relaciones internacionales y la remisión oportuna por el Gobierno del tratado y la ley aprobatoria.

De esta manera, la Corte ha señalado que el examen formal comprende principalmente: i) la remisión oportuna del instrumento internacional y la ley aprobatoria (C.P., art. 241-10), ii) la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del tratado como la competencia del funcionario que lo suscribió, iii) la iniciación del trámite en la cámara correspondiente (C.P., art. 154), iv) las publicaciones efectuadas por el Congreso (C.P., art. 157), v) la aprobación en primer y segundo debate respectivamente (C.P., art. 157), vi) el cumplimiento de los términos que debe mediar para los debates en una y otra cámara (C.P., art. 160), vii) el quórum deliberatorio y decisorio al igual que las mayorías con las que fue aprobado el proyecto, viii) el anuncio previo a la votación (C.P., art. 160), y ix) la sanción del Gobierno (C.P., art. 157).

Y, en cuanto al ‘control de constitucionalidad material’ la labor de la Corte se circunscribe a examinar el contenido del instrumento internacional y su ley aprobatoria a la luz del contenido integral de la Constitución Política.

Por último, la Sala Plena ha señalado que los aspectos de conveniencia, oportunidad, efectividad y utilidad de los tratados internacionales son materias ajenas a las funciones jurídicas que le han sido asignadas a la Corte Constitucional como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución (art. 241-10 superior). Su valoración corresponde constitucionalmente al Presidente de la República en el ejercicio de la dirección de las relaciones internacionales (art. 189-2) y al Congreso de la República al disponer la aprobación o improbación de los tratados (art. 150-16).

No obstante, la Corte al ejercer el control constitucional del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, expuso que dicho examen reviste de unas características especiales en razón de la vigencia del Acto Legislativo 02 de 2001, que autorizó al Estado colombiano para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el estatuto y, consecuentemente, ratificar dicho tratado atendiendo el procedimiento establecido en la Constitución, a pesar que algunas de sus disposiciones establecieran un “tratamiento diferente” en materias sustanciales con respecto a las garantías contenidas en la Constitución y que tendrán efectos exclusivamente dentro del ámbito propio del estatuto (7) .

De esta forma, el Constituyente derivado con el fin de facilitar la incorporación del Estado colombiano al Estatuto de Roma, adicionó el artículo 93 de la Constitución.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (L. 742/2002, aprobatoria del mismo), que al ser objeto de examen constitucional por la Sentencia C-578 de 2002, vino a definir el ámbito de competencia de la Corte Constitucional en relación con el control de constitucionalidad, como puede apreciarse:

“Por lo tanto, la competencia de la Corte en relación con el control de constitucionalidad comprende resolver si: a) el procedimiento de celebración del tratado y b) el procedimiento legislativo mediante el cual se expidió la ley aprobatoria se ajustaron a la Constitución...

Lo anterior no obsta para que esta corporación realice un análisis material del estatuto. En particular, debe a) interpretar los alcances de dicho tratado, b) realizar una descripción y un análisis que permitan armonizar el Acto Legislativo 02 de 2001 con el resto de la Constitución, para luego, a partir de esas premisas, c) delimitar el ámbito especial del Estatuto y d) precisar los “tratamientos diferentes”, identificados prima/ocie y en abstracto, independientemente de circunstancias fácticas previsibles, imaginables o hipotéticas.

En este orden de ideas, y dadas las particularidades del análisis material del estatuto, la Corte, en este caso, se limitará a identificar los tratamientos diferentes, cuando versen sobre una materia sustancial dentro del ámbito de regulación de la competencia de la Corte Penal Internacional, en lugar de pronunciarse sobre inconstitucionalidades, inexequibilidades o incompatibilidades de las normas contenidas en el Estatuto habida cuenta del Acto Legislativo 2 de 2001.

(…).

De tal manera que el análisis constitucional de dicho estatuto y de la ley aprobatoria se distingue de los demás ejercidos por esta Corte en cuanto existe un referente constitucional especial que tiene las características y los alcances jurídicos mencionados. Por ejemplo, la admisión de un “tratamiento diferente” para efectos de la aplicación del estatuto, señala que la Corte debe proceder a constatar si existe alguna diferencia entre el estatuto y la Constitución .... pero, en caso de que esta exista y se trate de una materia sustancial dentro del ámbito de la materia regulada por el estatuto, no tendrá que declarar su inexequibilidad ya que el propósito del acto legislativo citado fue el de permitir, precisamente, “un tratamiento diferente” siempre que este opere exclusivamente dentro del ámbito de aplicación del Estatuto de Roma. Por ello, la Corte en caso de que encuentre tratamientos diferentes entre el estatuto y la Constitución delimitará sus contornos y precisará su ámbito de aplicación y, además, declarará que ellos han sido autorizados especialmente por el Constituyente derivado en el año 2001”.

En el presente caso, se revisa la constitucionalidad de la Ley 1180 de 2007, aprobatoria del Acuerdo sobre los privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional.

La expedición de dicho instrumento se soporta en varias disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), como son los artículos 1º (La Corte, Parte I del establecimiento de la Corte), 4 (condición jurídica y atribuciones de la Corte) y 48 (privilegios e inmunidades), según puede extraerse de las consideraciones del acuerdo.

Como motivos que originaron la expedición del acuerdo puede resaltarse que la Corte Penal Internacional no pertenece a las Naciones Unidas, sino que es una institución independiente cuyo origen es un tratado, por lo cual no se encuentra cubierta por la convención de privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas de 1946. Así mismo, obedece a la generalidad con que fueron abordados en el Estatuto de Roma los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional y el personal asociado.

De ahí que la comisión preparatoria de la Corte Penal Internacional haya elaborado el presente acuerdo, que vino a ser adoptado por la asamblea de los Estados partes el 9 de septiembre de 2002, y dada su importancia que reviste se alienta a todos los Estados a ratificarlo, adherirse o implementarlo.

Ello permite a la Corte concluir que el acuerdo constituye un tratado internacional (8) de carácter independiente y complementario al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Constituye nuevos desarrollos normativos que buscan esencialmente precisar un tema de vital importancia como son los privilegios e inmunidades de la Corte y el personal asociado al mismo. Regulan en detalle el tipo de protección y las obligaciones que le corresponden a los Estados donde se encuentra en juego la condición de órgano supranacional y la garantía de independencia judicial. De esta manera, tiene repercusiones directas sobre el Estatuto de Roma al incorporar nuevos elementos normativos en la relación de los Estados para con la Corte Penal Internacional. De ahí que también atiendan a la voluntad de la mayoría de los Estados Parte reunidos en la asamblea y su entrada en vigor se encuentre sujeto a ratificarlo, adherirse o implementarlo.

En la Sentencia C-578 de 2002, que revisó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, esta corporación expuso aunque en relación con otros tópicos, que en términos generales el derecho a enmendar el estatuto, las reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes revisten importancia, donde las reformas podrían cambiar la relación de los Estados con la Corte establecida en el estatuto. Y, más concretamente llamó la atención que los elementos del crimen y las reglas de procedimiento y prueba cuya adopción corresponda a la asamblea de los Estados partes, no sustraen dichos instrumentos de la aprobación por el Congreso de la República, ni del control constitucional previstos en la Carta Política.

Por lo anterior, la Corte abordará el conocimiento del presente acuerdo, el cual se sujetará a las reglas especiales del control de constitucionalidad previstas para el Estatuto de Roma (C.P., arts. 241-10 y 93), en la medida que guardan un vínculo directo formal y material con el estatuto.

2. Oportunidad en la remisión del acuerdo internacional y la ley aprobatoria por el Gobierno a la Corte.

El día 11 de enero de 2008, fue recibido en la secretaría general de la Corte Constitucional, proveniente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, fotocopia autenticada de la Ley 1180 del 31 de diciembre de 2007, que aprueba el “Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, hecho en Nueva York el 9 de septiembre de 2002”. Quiere ello decir, que el Gobierno remitió el texto de la ley junto con el tratado al primer día hábil de sancionada la ley (9) y, por tanto, dentro del término de los seis (6) días revisto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.

3. Negociación y celebración del acuerdo internacional.

3.1. Competencia del funcionario que lo suscribió.

Según información y documentación aportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (10) , el 4 de diciembre de 2003, el Presidente de la República confirió plenos poderes al doctor Luis Guillermo Giraldo, embajador representante permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, para que en nombre del gobierno procediera a la suscripción del presente acuerdo. El acuerdo fue suscrito (ratificaciones/adhesiones) por Colombia el 18 de diciembre de 2003.

De esta manera, la suscripción del instrumento resulta válida a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aprobada por la Ley 32 de 1985, que señala: “ART. 7º—Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: a) si se presentan los adecuados plenos poderes... 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: ... b) los jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano”.

3.2. La confirmación por el Presidente de la República.

El 4 de mayo de 2005, el Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, impartió aprobación al instrumento internacional (Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, art. 8º).

4. Revisión formal de la Ley 1180 de 2007, aprobatoria del Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional.

Conforme a la documentación que reposa en el expediente, se aprecia que el trámite dado al Proyecto de Ley 59 de 2006 Senado y 220 de 2007 Cámara, que culminó con la expedición de la Ley 1180 de 2007, fue el siguiente:

4.1. Trámite en el Senado de la República al Proyecto de Ley 59 de 2006.

El 3 de agosto de 2006, el Gobierno radicó en la secretaría general del Senado de la República, el proyecto de ley “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional”, a través de los Ministros del Interior y de Justicia, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público. A continuación, la presidencia del Senado dio por repartido el Proyecto de Ley 59 de 2006, a la comisión segunda constitucional de esa célula legislativa.

El texto original del proyecto de ley y acuerdo junto con la exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 285 del 11 de agosto de 2006, Senado (11) .

4.1.1. La ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el Senador Luis Humberto Gómez Gallo, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 380 del 20 de septiembre de 2006, Senado (12) .

Conforme al Acta 8 del 20 de septiembre de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso 511 del 3 de noviembre de 2006, Senado (13) , en dicha sesión se dio el aviso de votación en los siguientes términos:

“Proyectos de ley para anunciar que serán discutidos y votados en la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado.

(…).

6. Proyecto de Ley 59 de 2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional’, hecho en Nueva York el 9 de septiembre de 2002”.

Según el Acta 9 del 26 de septiembre de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso 603 del 1º de diciembre de 2006 (14) , en dicha sesión se dio nuevamente el aviso de votación, como puede apreciarse a continuación;

“Solicito al señor Secretario anunciar los proyectos de ley para discutir en la sesión de mañana...

(…).

El señor Secretario informa ... Y se anuncian para la próxima sesión los siguientes proyectos de ley:

(…).

Proyecto de Ley 59 de 2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, hecho en Nueva York el 9 de septiembre de 2002...

(…).

Entonces, para el día de mañana queda convocada la Comisión a las 9:00 a.m. para debatir los proyectos de ley...”.

Como consta en el Acta 10 del 27 de septiembre de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso 604 del 1º de diciembre de 2006, Senado (15) , en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 12 de los 13 Senadores que conforman esa comisión (16) .

El texto definitivo aprobado fue publicado en la Gaceta del Congreso 557 del 22 de noviembre de 2006, Senado (17) .

4.1.2. La ponencia para dar segundo debate en la Plenaria del Senado de la República fue presentada por el Senador Luis Humberto Gómez Gallo, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 557 del 22 de noviembre de 2006, Senado (18) .

Conforme al Acta 35 del 6 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso 57 del 1º de marzo de 2007, Senado (19) , en dicha sesión se dio el aviso de votación, en los siguientes términos:

“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

(…).

Proyectos en segundo debate

(…).

Proyecto de Ley 59 de 2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, hecho en Nueva York el 9 de septiembre de 2002.

(…).

Leídos los proyectos para votar en la siguiente sesión.

(…).

Siendo las 8:35 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día 11 de diciembre de 2006 a las 10:00 a.m.”.

Según el Acta 36 del 11 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso 58 del 1º de marzo de 2007, Senado (20) , en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 97 de los 102 Senadores que conforman esa plenaria (21) .

El texto definitivo aprobado fue publicado en la Gaceta del Congreso 30 del 7 de febrero de 2007, Senado (22) .

4.2. Trámite en la Cámara de Representantes al Proyecto de Ley 59 de 2006 Senado y 220 de 2007 Cámara.

4.2.1. La ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante Pedro Nelson Pardo Rodríguez, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 232 del 1º de junio de 2007, Cámara (23) .

Conforme al Acta 37 del 14 de junio de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 538 del 23 de octubre de 2007, Cámara (24) , en dicha sesión se dio el aviso de votación en los siguientes términos:

“Anuncio de proyectos de ley para discusión y votación en la próxima sesión de Comisión para darles primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003.

(…).

3. Proyecto de Ley 159 de 2006 Senado, 220 de 2007 Cámara, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, hedió en Nueva York el 9 de septiembre de 2002.

(…).

Se levanta la sesión y se con vaca para el próximo martes”.

Según el Acta 38 del 19 de junio (martes) de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 538 del 23 de octubre de 2007, Cámara (25) , en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 13 de los 19 Representantes que conforman esa comisión (26) .

El texto definitivo aprobado fue publicado en la Gaceta del Congreso 379 del 14 de agosto de 2007, Cámara (27) .

4.2.2. La ponencia para dar segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante Pedro Nelson Pardo Rodríguez, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 379 del 14 de agosto de 2007, Cámara (28) .

Conforme al Acta 68 del 4 de septiembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 489 del 2 de octubre de 2007, Cámara (29) , en dicha sesión se dio el aviso de votación en los siguientes términos:

“Señor Secretario, por favor anunciar proyectos para la próxima sesión...

La subsecretaría auxiliar, doctora Flor Marina Daza, procede con la lectura:

Proyectos para segundo debate

(…).

Proyecto de Ley 220 de 2007 Cámara, 59 de 2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo sobre privilegios de inmunidad de la Corte Penal Internacional, hecho en Nueva York, el 9 de septiembre de 2002.

(…).

Están anunciados los proyectos señor Presidente.

(…).

Se levanta la sesión siendo las 8:25 p.m., y se convoca para el próximo martes 11 de septiembre, a las 3 de la tarde”.

Según el Acta 69 del 11 de septiembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 490 del 2 de octubre de 2007, Cámara (30) , en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 155 de los 166 Representantes que conforman esa Plenaria (31) .

El texto definitivo aprobado fue publicado en la Gaceta del Congreso 464 del 20 de septiembre de 2007, Cámara (32) .

4.3. Informe de conciliación.

Por cuanto el texto del proyecto de ley aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes presentó disconformidad con el aprobado en la Plenaria del Senado de la República, consistente en errores de transcripción sobre el título y los artículos 1º, 2º y 3º, se conformó una Comisión de Conciliación integrada por el Senador Luis Humberto Gómez Gallo y el Representante Carlos Arturo Piedrahíta C., conforme lo establece el artículo 161 de la Constitución.

4.3.1. Plenaria del Senado de la República. El informe de mediación y texto mediado fue publicado en la Gaceta del Congreso 547 del 1º de noviembre de 2007 (33) , Senado, siendo escogido el texto que había sido aprobado en la Plenaria del Senado.

Conforme al Acta 24 del 4 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 40 del 15 de febrero de 2008, Senado (34) , en dicha sesión se dio el aviso de votación en los siguientes términos:

“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003 la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

(…).

Sí señor Presidente, los proyectos para la sesión plenaria son los siguientes:

(…).

Con informe de conciliación.

(…).

Corrección al Proyecto de Ley 59 de 2006 Senado, 220 de 2007 Cámara.

(Aprobado en sesión plenaria del honorable Senado el día 11 de diciembre de 2006).

Por medio de la cual se aprueba el. Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, hecho en Nueva York el 9 de septiembre de 2002.

(…).

Siendo las 11:50 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 5 de diciembre de 2007, a las 3:00 p.m.”.

Conforme al Acta 25 del 5 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 41 del 15 de febrero de 2008, Senado (35) , en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 95 de los de los 102 Senadores que conforman esa plenaria (36) .

4.3.2. Plenaria de la Cámara de Representantes. El informe de mediación y texto mediado fue publicado en la Gaceta del Congreso 582 del 16 de noviembre de 2007 (37) , Senado, siendo escogido el texto aprobado en la Plenaria del Senado.

Conforme al Acta 84 del 27 de noviembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 678 del 21 de diciembre de 2007, Cámara (38) , en dicha sesión se dio el aviso de votación en los siguientes términos:

“Lea los proyectos que van a ser discutidos señor Secretario, el próximo martes.

(…).

Anunciamos los siguientes proyectos de acuerdo al mandato de la Constitución Política.

(…).

Informe de conciliación al proyecto de ley por medio del cual se aprueba el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, hecho en Nueva York el 9 de septiembre de 2002.

(…).

Proyectos anunciados para ser debatidos y votados en la sesión del próximo martes 4 de diciembre.

(…).

Estos proyectos serán discutidos el próximo martes 4 de diciembre, se cita para mañana a las 4 de la tarde para debate de control político”.

Conforme al Acta 86 del 4 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 44 del 19 de febrero de 2008, Cámara (39) , en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 156 de los de los 166 representantes que conforman esa plenaria (40) .

4.4. De la secuencia legislativa anterior en cuanto al trámite observado por el Proyecto de Ley 59 de 2006 Senado y 220 de 2007 Cámara, la Corte concluye lo siguiente:

4.4.1. Inició su trámite en el Senado de la República (C.P., art. 154).

4.4.2. Se efectuaron las publicaciones oficiales conforme al numeral 1º del artículo 157 de la Carta, por cuanto: i) se publicó el texto original del proyecto de ley junto con la exposición de motivos en la Gaceta del Congreso 285 del 11 de agosto de 2006, Senado, antes de darle curso en la comisión respectiva y ii) se publicaron las ponencias en la Comisión del Senado en la Gaceta 380 del 20 de septiembre de 2006, en la Plenaria del Senado en la Gaceta 557 del 22 de noviembre de 2006, en la Comisión de la Cámara en la Gaceta 232 del 1º de junio de 2007 y en la Plenaria de la Cámara en la Gaceta 379 del 14 de agosto de 2007, todas las cuales se dieron antes de iniciarse los debates.

4.4.3. Se cumplieron los términos de 8 y 15 días, que deben mediar entre los debates (art. 160 superior) (41) , toda vez que i) en el Senado el primer debate en la Comisión fue el 27 de septiembre de 2006 y en la Plenaria el 11 de diciembre de 2006 (más de 8 días), ii) en la Cámara el primer debate en la Comisión fue el 19 de junio de 2007 y en la Plenaria el 11 de septiembre de 2007 (más de 8 días) y iii) la aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado fue el 11 de diciembre de 2006 y la iniciación del debate en la Cámara fue el 19 de junio de 2007 (más de 15 días).

4.4.4. El proyecto de ley fue aprobado en primero y segundo debate conforme al quórum y mayorías exigidas por los artículos 145 y 146 de la Constitución y el Reglamento del Congreso (L. 5ª/92).

4.4.5. En cuanto al requisito del anuncio previo a la votación contemplado en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución, se cumplió dicho requerimiento toda vez que:

4.4.5.1. En el primer debate en la Comisión Segunda del Senado i) se anunció debidamente el proyecto de ley para votación al emplearse las expresiones “Proyectos de ley para anunciar que serán discutidos y votados” (sep. 20/2006) y “anunciar los proyectos de ley para discutir” (sep. 26/2006) ii) los anuncios se realizaron en sesiones distintas (sep. 20/2006, Acta 8 y sep. 26/2006, Acta 9) y previa a la votación (sep. 27/2006, Acta 10) y iii) la fecha de votación resulta determinable al utilizarse las palabras “próxima sesión” (sep. 20/2006) y “sesión de mañana” (sep. 26/2006), como lo ha reconocido esta corporación (42) , lo cual puede verificarse al cumplirse efectivamente al día siguiente (sep. 27/2006) y según el consecutivo de las actas (8, 9 y 10).

En el segundo debate en la Plenaria del Senado i) se anunció debidamente el proyecto de ley para votación al utilizarse las expresiones “de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán”, ii) el anuncio se verificó en sesión distinta (dic. 6/2006, Acta 35) y previa a la votación (dic. 11/2006, Acta 36) y iii) la fecha de votación fue determinada por cuanto se indicó que se “convoca para el día 11 de diciembre de 2006”, como se cumplió efectivamente y puede verificarse con el consecutivo de las actas (35 y 36).

4.4.5.3. En el primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara i) se anunció debidamente el proyecto de ley para votación al emplearse las expresiones “Anuncio de proyectos de ley para discusión y votación ..., para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003”, ii) el anunció se realizó en sesión distinta (jun. 14/2007, Acta 37) y previa a la votación (jun. 19/2007, Acta 38) y iii) la fecha de votación resulta determinada por cuanto se utilizaron las palabras “próximo martes “, como se cumplió efectivamente y puede corroborarse con el consecutivo de las actas (37 y 38).

4.4.5.4. En el segundo debate en la Plenaria de la Cámara i) se anunció debidamente el proyecto de ley para votación al utilizarse las expresiones “anunciar proyectos ... Proyectos para segundo debate (43) ”, ii) el anuncio se verificó en sesión distinta (sep. 4/2007, Acta 68) y previa a la votación (sep. 11/2007, Acta 69) y iii) la fecha de votación fue determinada por cuanto se utilizaron las expresiones “próximo martes 11 de septiembre”, como se cumplió efectivamente y puede corroborarse según el consecutivo de las actas (68 y 69).

4.4.6. En cuanto al informe de conciliación:

La comisión de conciliación estuvo debidamente integrada toda vez que como se expuso recientemente en la Sentencia C-713 de 2008 (44) : “si bien era deseable la participación de un número mayor tanto de senadores como de Representantes, esta fue integrada por un Senador y un Representantes a la Cámara, respetándose en todo caso la pluralidad y simetría que exige el artículo 161 de la Constitución respecto de la intervención de cada célula legislativa en igualdad de condiciones para armonizar los textos aprobados en plenarias. Cabe anotar que en oportunidades precedentes, también al examinar el trámite de un proyecto de ley estatutaria, la Corte no ha planteado ninguna objeción a la conformación dual de la comisión accidental de conciliación (45) ”.

Además, se cumplieron los demás presupuestos formales por cuanto:

4.4.6.1. En la Plenaria del Senado el informe y texto mediado fue i) publicado (G. 547 de nov. 1º/2007) con antelación al debate (dic. 5/2007, Acta 25), ii) aprobado conforme al quórum y mayorías exigidas por los artículos 145 y 146 de la Constitución y el Reglamento del Congreso (L. 5ª/92) y iii) se anunció debidamente para votación al emplearse las expresiones “de conformidad con e] Acto Legislativo número 01 de 2003 la Secretaria anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán”, la cual se verificó en sesión distinta (dic. 4/2007, Acta 24) y previa a la votación (dic. 5/2007, Acta 25) y cuya fecha de votación fue determinada al indicarse que se “convoca para el día miércoles 5 de diciembre de 2007”, como se cumplió efectivamente y puede corroborarse con el consecutivo de las actas.

4.4.6.2. En la Plenaria de la Cámara el informe y texto mediado fue i) publicado (G. 582 de nov. 16/2007) con antelación al debate (dic. 4/2007, Acta 86), ii) aprobado conforme al quórum y mayorías exigidas por los artículos 145 y 146 de la Constitución y el Reglamento del Congreso (L. 5ª/92) y iii) se anunció debidamente para votación al emplearse las expresiones “Proyectos anunciados para ser debatidos y votados”, la cual se verificó en sesión distinta (nov. 27/2007, Acta 84) y previa a la votación (dic. 4/2007, Acta 86) y cuya fecha de votación fue determinada al manifestarse que se convoca para el “próximo martes 4 de diciembre (46) ”, como se cumplió efectivamente y puede corroborarse con las actas.

Por consiguiente, la Corte encuentra que la Ley 1180 de 2007, aprobatoria del Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, satisfizo los requisitos formales (trámite legislativo) establecidos en la Constitución Política.

5. Revisión material del Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, aprobada por la Ley 1180 de 2007.

5.1. Breve descripción del acuerdo (47) .

El Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional fue hecho en Nueva York, el 9 de septiembre de 2002, y consta de varias consideraciones a nivel de preámbulo y treinta y nueve (39) artículos.

Instrumento internacional que puede dividirse en tres partes: el primero, concerniente a los privilegios e inmunidades de la Corte como institución (arts. 3º a 12), el segundo, alusivo a los privilegios e inmunidades del personal de la Corte (arts. 13 a 23) y, el tercero, referido a otras previsiones comunes (arts. 24 al 39).

En efecto, previo al inicio del articulado se exponen algunas consideraciones que soportan la expedición del mismo, como son i) bajo el Estatuto de Roma se instituyó la Corte Penal Internacional para ejercer competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia internacional, ii) según el artículo 4º del estatuto, la Corte tiene personalidad jurídica internacional y la capacidad jurídica necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos y iii) conforme al artículo 48 del estatuto, la Corte gozará en el territorio de cada Estado parte de los privilegios de inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

El artículo 1º, refiere a los “términos empleados” para los efectos del presente acuerdo. De esta manera, establece el alcance de las siguientes palabras: estatuto, la Corte, Estados Partes, representantes de los Estados Partes, la asamblea, magistrados, la presidencia, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario, secretario adjunto, abogados, secretario general, representantes de organizaciones intergubernamentales, la Convención de Viena y reglas de procedimiento y prueba.

El artículo 2º, alude a la “condición jurídica y personalidad de la Corte” para el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos.

El artículo 3º, sobre “disposiciones generales acerca de los privilegios e inmunidades de la Corte”, establece que gozará en el territorio de cada Estado parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos.

El artículo 4º, contempla la “inviolabilidad de los locales de la Corte”.

El artículo 5º, determina en cuanto a la Corte el “pabellón, emblema y señales” en sus locales, vehículos y otros medios de transporte que utilice con fines oficiales.

El artículo 6º, menciona la “inmunidad, de la Corte y de sus bienes, haberes y fondos”. Describe, entre otros aspectos, que donde quiera y en poder de quienquiera que se hallen, gozarán de inmunidad de jurisdicción en todas sus formas, salvo que la Corte renuncie expresamente a ella en un caso determinado. Así mismo, prevé que los bienes, haberes y fondos de la Corte gozarán de inmunidad de allanamiento, incautación, requisa, decomiso y expropiación y cualquier otra forma de interferencia, sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo. Y, en la medida que sea necesario para el desempeño de las funciones de la Corte, los bienes, haberes y fondos estarán exentos de restricciones, reglamentaciones, controles o moratorias de toda índole.

El artículo 7º, nos habla sobre la “inviolabilidad de los archivos y documentos”.

El artículo 8º, precisa la “exención de impuestos, derechos de aduana y restricciones de importación o exportación”. Prevé que la Corte, sus haberes, ingresos y otros bienes, como sus operaciones y transacciones, estarán exentos de todos los impuestos directos, incluidos, entre otros, sobre la renta, el capital y las sociedades, así como los impuestos directos que perciban las autoridades locales o provinciales. De igual modo, la Corte estará exenta de derechos de aduana, impuestos sobre el volumen de las importaciones y prohibiciones o restricciones sobre los artículos que importe o exporte para su uso oficial y respecto de sus publicaciones. También, los artículos que se importen o adquieran en franquicia no serán vendidos ni se dispondrá de ellos de otra manera en el territorio de un Estado parte salvo en las condiciones que se acuerden con las autoridades competentes de ese Estado parte.

El artículo 9º, trata sobre el “reembolso de derechos y/o impuestos”.

El artículo 10, instituye los “fondos y exención de restricciones monetarias”, señalando que la Corte no quedará sometida a controles financieros, reglamentos o moratorias financieros de índole alguna en el desempeño de sus funciones, mencionando a continuación lo que podrá realizarse para dichos efectos.

El artículo 11, anuncia las “facilidades de comunicaciones”. Entre otros puntos alude que para los efectos de su correspondencia y comunicaciones oficiales, la Corte gozará en el territorio de cada Estado parte de un trato no menos favorable que el que conceda a cualquier organización intergubernamental o misión diplomática en materia de prioridades, tarifas o impuestos aplicables al franqueo postal y las diversas formas de comunicación y correspondencia. Establece que la correspondencia o las comunicaciones oficiales de la Corte no serán sometidas a censura alguna. Indica que podrá utilizar todos los medios apropiados de comunicación y emplear claves para su correspondencia o comunicaciones oficiales, las cuales serán inviolables. Así mismo, los Estados partes se esforzarán por asignar a la Corte, en la mayor medida posible, las frecuencias que haya solicitado.

El artículo 12, informa sobre el “ejercicio de las funciones de la Corte fuera de su sede”.

El artículo 13, refiere a los “representantes de Estados que participen en la. asamblea y sus órganos subsidiarios y representantes de organizaciones Ínter gubernamentales”. Específicamente, señala que tendrán, mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones oficiales y durante el trayecto al lugar de reunión y a su regreso, los privilegios e inmunidades que a continuación relaciona, como son, entre otros: i) inmunidad contra arresto o detención personal, ii) inmunidad de jurisdicción de toda índole sobre las declaraciones que realicen y los actos que efectúen a título oficial, que subsistirá incluso después de cesar en el ejercicio de sus funciones como representantes, iii) inviolabilidad de papeles y documentos, iv) exención de restricciones de inmigración, formalidades de registro de extranjeros y obligaciones del servicio nacional en el Estado parte que visiten o por el cual transiten en el desempeño de sus funciones, v) los mismos privilegios con respecto a las facilidades monetarias y cambiarias que se reconozcan a los representantes de gobiernos extranjeros en misión oficial temporal, vi) la misma protección y facilidades de repatriación que se reconozcan a los agentes diplomáticos en épocas de crisis internacional con arreglo a la Convención de Viena y vii) los demás privilegios, inmunidades y facilidades compatibles con los que anteceden de que gocen los agentes diplomáticos, con la salvedad de que no podrán reclamar la exención de derechos aduaneros sobre mercaderías importadas (no sean parte de su equipaje personal) o de impuestos sobre la compraventa o el consumo.

El artículo 14, alude que los “representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte”, gozarán, mientras estén desempeñando sus funciones oficiales, y durante el viaje de ida hasta el lugar de las actuaciones y de vuelta de este, de los privilegios e inmunidades reseñados en el artículo 13.

El artículo 15, denominado “Magistrados, fiscal, fiscales adjuntos y secretario”, precisa, entre otros aspectos, que gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones para la Corte o en relación con ellas, de iguales privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas y, una vez terminado su mandato, continuarán gozando de inmunidad de jurisdicción por las declaraciones realizadas y los actos efectuados en el desempeño de sus funciones oficiales. Describe que dichas autoridades y los familiares que formen parte de sus hogares recibirán las facilidades para salir del país en que se encuentren y entrar y salir del país en que sesione la Corte. En el curso de los viajes que hagan dichas autoridades en el ejercicio de sus funciones, gozarán de los privilegios, inmunidades y facilidades que los Estados partes en circunstancias similares concedan a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena. También, expone que esas autoridades así como los familiares que forman parte de sus hogares, tendrán las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional que se conceden a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena. Igualmente, indica que los párrafos 1º a 4º de este artículo, resultan aplicables a los magistrados de la Corte incluso después de terminado su mandato si siguen ejerciendo sus funciones de conformidad con el párrafo 10 del artículo 36 del estatuto.

El artículo 16, sobre el “Secretario Adjunto, personal de la Fiscalía y personal de la Secretaría”, establece que gozarán de los privilegios, inmunidades y facilidades que sean necesarios para el ejercicio independiente de sus funciones, precisándolos a continuación.

El artículo 17, determina el “personal contratado localmente y que no esté de otro modo contemplado en. el presente acuerdo”, en cuanto gozará de inmunidad de jurisdicción respecto de las declaraciones que haga y los actos que realice en el ejercicio de sus funciones para la Corte, la cual subsistirá después que haya cesado en el ejercicio de esas funciones con respecto a las actividades llevadas a cabo en nombre de la Corte, Y durante el empleo también se le concederán las facilidades necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones para la Corte.

El artículo 18, incorpora a los “abogados y personas que asistan a los abogados defensores”, para señalar que gozarán de los privilegios, inmunidades y facilidades, que relaciona enseguida, en la medida que sea necesario para el ejercicio independiente de sus funciones, incluyendo el tiempo empleado en viajes, en relación con el ejercicio de sus funciones y siempre que exhiban el certificado previsto en el párrafo 2º del presente artículo.

El artículo 19, en cuanto a los “testigos”, expone que se les reconocerá, en la medida en que sea necesario para su comparecencia ante la Corte para prestar declaración, los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades, incluso durante el tiempo empleado en viajes relacionados con su comparecencia ante la Corte, siempre que exhiban el documento referenciado en el párrafo 2º del presente artículo.

El artículo 20, respecto a las “víctimas”, manifiesta que se reconocerá a las que participen en las actuaciones judiciales de conformidad con unas reglas de Procedimiento y prueba, en la medida que sea necesario para su comparecencia ante la Corte, los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades, incluso durante el tiempo empleado en viajes relacionados con su comparecencia ante la Corte, siempre que exhiban el documento mencionado en el párrafo 2º del presente artículo.

El artículo 21, concerniente a los “peritos”, indica que se reconocerá a los que cumplan funciones para la Corte, los privilegios, inmunidades y facilidades siguientes en la medida que sea necesario para el ejercicio independiente de sus funciones, incluido el tiempo empleado en viajes relacionados con ellas, siempre que exhiban el documento citado en el párrafo 2º del presente artículo,

El artículo 22, relativo a “otras personas cuya presencia se requiera, en la sede de la Corte”, expresa principalmente que se les reconocerá, en la medida que sea necesario para su presencia en dicha sede, incluido el tiempo empleado en viajes para ello, los privilegios, inmunidades y facilidades que se mencionan en los apartados a) a d) del párrafo 1º del artículo 20 del presente acuerdo, siempre que exhiban el documento referido en el párrafo 2º del presente artículo.

El artículo 23, atinente a los “nacionales y residentes permanentes”, enuncia que en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cualquier Estado podrá declarar que a) sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 6º del artículo 15 y el apartado d) del párrafo 1º del artículo 16, las personas señaladas en los artículos 15, 16, 18, 19 y 21 solo disfrutarán, en el territorio del Estado parte del que fueran nacionales o residentes permanentes, de los privilegios e inmunidades que seguidamente menciona, en la medida necesaria para el desempeño independiente de sus funciones o de su comparecencia o deposición ante la Corte, ii) las personas indicadas en los artículos 20 y 22 solo disfrutarán, en el territorio del Estado parte del que sean nacionales o residentes permanentes, de privilegios e inmunidades que a continuación relaciona, en la medida necesaria para su comparecencia ante la Corte.

El artículo 24, apunta hacia la “cooperación con las autoridades de Estados Partes”. Dice que la Corte cooperará con las autoridades competentes de los Estados Partes con el objeto de facilitar el cumplimiento de sus leyes e impedir abusos en relación los privilegios, inmunidades y facilidades del presente acuerdo. Así mismo, determina que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades estarán obligadas, sin perjuicio de dichos privilegios e inmunidades, a respetar las leyes y reglamentos del Estado parte en cuyo territorio se encuentren o por el que transiten en ejercicio de sus funciones para la Corte. También estarán obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de dicho Estado.

El artículo 25, contempla la “renuncia a los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 13 y 14”. Escribe que los privilegios e inmunidades de los artículos 13 y 14 del presente acuerdo, no se otorgan a los representantes de los Estados y organizaciones intergubernamentales en beneficio personal, sino para salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la labor de la asamblea, sus órganos subsidiarios y la Corte. De ahí que los Estados partes no solo tienen el derecho, sino la obligación, de renunciar a los privilegios e inmunidades de sus representantes en todo caso en que, en opinión de dichos Estados, dichos privilegios e inmunidades podrían constituir un obstáculo a la justicia y la renuncia sea posible sin perjuicio del fin para el cual se reconocen. Se reconocen a los Estados que no sean partes del presente acuerdo y organizaciones intergubernamentales los privilegios e inmunidades contemplados en los artículos 13 y 14 del presente acuerdo en el entendimiento que asumirán las mismas obligaciones con respecto a la renuncia.

El artículo 26, estipula la “renuncia a los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 15 a 22”. Los privilegios e inmunidades de los artículos 15 a 22 del presente acuerdo se reconocen en interés de la administración de justicia y no en beneficio personal. Podrá renunciarse a ellos según el párrafo 5º del artículo 48 del estatuto y lo dispuesto en el presente artículo y se tendrá la obligación de hacerlo en un caso determinado cuando podrían constituir un obstáculo a la justicia y la renuncia sea posible sin perjuicio del fin para el cual se reconocen. Adicionalmente, la presente disposición relaciona la forma en que se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades por el magistrado o fiscal, secretario, fiscales adjuntos y personal de la fiscalía, secretario adjunto y personal de la secretaría, personal a que hace referencia el artículo 17, abogados y personas que asistan a los abogados defensores, testigos y víctimas, peritos y otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte.

El artículo 27, refiere a la “segundad social”, precisando que a partir de la fecha en que la Corte establezca dicho sistema, las personas mencionadas en los artículos 15, 16 y 17 estarán exentas, en relación con los servicios prestados a la Corte, de toda contribución obligatoria a los sistemas nacionales de seguridad social.

El artículo 28, tocante a la notificación, informa que el secretario comunicará periódicamente a los Estados partes los nombres de los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario, el secretario adjunto, el personal de la fiscalía, el personal de la secretaría y los abogados a quienes se apliquen las disposiciones del presente acuerdo. El secretario comunicará también acerca de cualquier cambio en la condición de esas personas.

El artículo 29, sobre “Laissez passer”, expone que los Estados partes reconocerán y aceptarán como documentos de viaje válidos los laissez passer de las Naciones Unidas o los documentos de viaje expedidos por la Corte a los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario, el secretario adjunto, el personal de la fiscalía y el personal de la secretaría.

El artículo 30, alude a los “Visados”.

El artículo 31, incorpora el “Arreglo de controversias con terceros”.

El artículo 32, contiene el “Arreglo de diferencias sobre la interpretación o aplicación del presente acuerdo”. Establece que las diferencias que surjan entre dos o más Estados partes o entre la Corte y un Estado parte serán resueltas mediante consultas, negociación u otro medio convenido de arreglo. De no ser resuelta dentro de los tres meses siguientes a la presentación de una solicitud por escrito por una de las partes en ella, será, a solicitud de cualquiera de las partes, sometida a un tribunal arbitral de conformidad con el procedimiento establecido en los párrafos 3º a 6º infra. También, indica la composición del tribunal, el poder decidir su propio procedimiento, quienes sufragarán los gastos, adopción de las decisiones, carácter del laudo y comunicación del mismo.

Los artículos 33 a 39 tratan sobre la “aplicabilidad, la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la entrada en vigor, las enmiendas, la denuncia, el depositario y los textos auténticos”, respectivamente.

5.2. La conformidad del Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, y su Ley Aprobatoria 1180 de 2007, con la Constitución Política.

No puede desconocerse que uno de los principales desafíos que enfrenta la comunidad internacional está representado en la puesta en funcionamiento de la Corte Penal Internacional y más concretamente en salvaguardar la independencia funcional que le asiste a dicha institución —jurisdicción penal universal—, en su carácter de tribunal permanente e independiente que podrá investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves que atentan contra la comunidad internacional como son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Ello, actuando como jurisdicción complementaria e instrumento de justicia y paz.

En lo concerniente al principio de “inmunidad de jurisdicción”, se reconoce principalmente a los representantes de los Estados como a los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares, así mismo, a los jefes de Estado y objetos como los buques y aeronaves del Estado. Pero, también se extiende a otros sujetos de derecho internacional como son las organizaciones y las instituciones internacionales, cobijando a quienes las integran y participan del ejercicio de sus funciones (48) .

Para la doctrina extranjera, la inmunidad o exención de jurisdicción alude en términos generales al estatus que revisten determinadas personas por las tareas oficiales que cumplen y que deben ser excepcionadas de la jurisdicción para que puedan ejercer sin interferencias las tareas que les han sido asignadas (49) .

La Corte ha señalado que las prerrogativas e inmunidades que se conceden en tratados internacionales no resultan en principio contrarias a la Constitución, toda vez que responden a la necesidad de dotar a los sujetos de derecho internacional de las garantías indispensables para ejercer las funciones que les corresponden con la mayor independencia y neutralidad. De esta forma, la Corte ha avalado constitucionalmente la inserción de esta cláusula en tratados internacionales (50) . Así lo expuso recientemente la Corte en la Sentencia C-859 de 2007 (51) :

“(L)a jurisprudencia constitucional ha admitido la introducción de cláusulas de inmunidad en los tratados internacionales para reconocer que las mismas son medios “que han existido para asegurar la independencia de los representantes diplomáticos, y que se han extendido a las organizaciones internacionales, a sus bienes y funcionarios también para asegurar la autonomía de esas entidades (52) ”. La Corte ha precisado en este contexto que la institución de la inmunidad no es per se contraria al ordenamiento jurídico (53) ”.

También, ha precisado que dichos privilegios e inmunidades no quebrantan por sí mismo el concepto de soberanía nacional y tienen fundamento en los principios de derecho internacional aceptado por Colombia (art. 9º superior), además, que deben propugnar por la defensa de los principios de independencia, soberanía e igualdad de la institución y los Estados. Al respecto, en la Sentencia C-254 de 2003 (54) , manifestó:

“(L)as inmunidades y privilegios conferidos a miembros de organismos internacionales se ajustan a la Carta Política siempre y cuando estén encaminadas a la “defensa, igualdad y soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate y de los Estados que acuerdan conceder dichas prerrogativas (55) ”. La Corte agregó que de no hacerse tal salvedad, “[b]ajo el manto de buenas intenciones patrocinadas por el Convenio, que la Corte respeta y alienta, (...) cláusulas como la analizada pueden constituirse en el germen de tratamientos diferenciales y privilegiados que den cabida a injusticias y desequilibrios (56) ”.

(…).

Frente a dichas disposiciones la Corte sostuvo que las inmunidades conferidas a los miembros de un organismo internacional son concesiones ofrecidas con fundamento en disposiciones de derecho internacional que no quebrantan por sí mismas el concepto de soberanía nacional (57) . Para ilustrarlo la Corte trajo a consideración las normas que integran la “Convención sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas” —aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946—, y la “Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados” —aprobada por la misma asamblea el 21 de noviembre de 1947— y concluyó con que “el otorgamiento de los privilegios anotados tiene asidero en el imperativo constitucional en virtud del cual las relaciones internacionales del Estado colombiano deben fundarse en el respeto de ‘los principios de derecho internacional aceptados por Colombia’ (C.P., art. 9º)”.

Ello ha permitido a la Corte abandonar la teoría de la inmunidad absoluta por la figura de la inmunidad restringida con el objeto de salvaguardar esencialmente el principio de soberanía nacional. Desde la Sentencia C-137 de 1996 (58) , la Corte ha sostenido (59) : “Sin embargo las prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden ser, totales o absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica de otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o representante de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier actividad que cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las atribuciones que le competen como Estado libre y soberano para asegurar la defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. De la misma manera, a la luz del artículo 13 de la Carta, tampoco sería posible afirmar que toda prerrogativa es legítima”. Y, en la Sentencia C-863 de 2004 (60) , indicó que tales privilegios “no implican la impunidad frente a posibles delitos cometidos por este personal durante su paso por territorio colombiano. Según las normas penales aplicables, incluso de conformidad con las normas internacionales (61) , los privilegios e inmunidades no tienen como consecuencia la impunidad por los delitos cometidos por agentes amparados por ellas”.

Luego, dichos privilegios e inmunidades no se confieren en beneficio personal, sino que atiende al sujeto internacional del cual emana, por lo que se encuentran limitados a los actos que realicen en el ejercicio de las funciones y cumplimiento de sus fines (62) .

En otras palabras, la inmunidad de jurisdicción no es un beneficio personal, es decir, un privilegio concedido intuitu personae, sino que se otorga por razones funcionales para asegurar precisamente el cumplimiento de las mismas.

Debe resaltarse la existencia de instrumentos internacionales sobre privilegios e inmunidades a favor de ciertos órganos internacionales que han sido aprobados por el Estado colombiano, como son: la Convención sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, aprobada por la Ley 62 de 1973 y la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados de las Naciones Unidas de 1947, aprobada por la Ley 62 de 1973. También, existen otros instrumentos sobre la materia como el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de los Estados Americanos y el Acuerdo general sobre privilegios e inmunidades del Consejo de Europa (63) .

Bajo estos lineamientos generales, la Corte entrará a examinar las disposiciones del presente acuerdo.

Debe empezar por señalarse que tras la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, CPI, 1998, la Comisión preparatoria procedió a redactar este Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, que vino a ser adoptado por la Asamblea de los Estados Partes, AEP, el 9 de septiembre de 2002.

Como se expuso, dicho instrumento requirió su expedición por separado para facilitar el cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Estatuto de Roma. Recordemos que la CPI no pertenece propiamente a las Naciones Unidas sino que constituye una institución independiente cuyo origen es un tratado internacional, por lo que la Corte y su personal no se encuentran en principio cubiertos por la Convención de privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas de 1946. De ahí que los Estados partes decidieron que era necesario expedir un acuerdo independiente.

Más allá de la ratificación del Estatuto de Roma, el acuerdo fue abierto a la firma de todos los Estados para ratificarlo, adherirse o implementarlo, como instrumento internacional de carácter independiente y complementario al estatuto, indispensable para asegurar el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Al 24 de julio de 2008, puede señalarse que se presentan 55 ratificaciones/adhesiones, 62 firmas (64) .

Observado integralmente el acuerdo, la Corte encuentra que resulta conforme a la Constitución, como pasa a explicarse a continuación.

Según puede apreciarse de las consideraciones previas al articulado del acuerdo, su expedición tiene como fundamento el Estatuto de Roma, ER, específicamente las disposiciones concernientes i) al establecimiento y atribución de la Corte Penal Internacional (Parte I, art. 1º del ER), ii) la condición jurídica y atribuciones de la Corte (Parte I, art. 4º del ER) y iii) los privilegios e inmunidades (art. 48 del ER).

En su oportunidad, esta corporación examinó la constitucionalidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por la Ley 742 de 2002. Luego de exponer que la revisión constitucional de tal estatuto revestía unas características especiales en virtud de la adición efectuada al artículo 93 superior, concluyó en su constitucionalidad a través de la Sentencia C-578 de 2002 (65) .

Particularmente, respecto a las disposiciones del Estatuto de Roma que hoy soportan la expedición del presente acuerdo, concluyó la Corte que dichos preceptos armonizan con la Constitución.

En efecto, respecto a la creación de la CPI (66) con carácter permanente e independiente, esta corporación recordó que obedeció a un prolongado proceso de construcción de consensos en el seno de la comunidad internacional en torno a la necesidad de “garantizar la protección efectiva de la dignidad humana frente a actos de barbarie y de proscribir los más graves crímenes internacionales... Complementa los sistemas penales nacionales en la sanción de los responsables, en la reparación a las víctimas y en el restablecimiento de los derechos, al buscar que quienes sean responsables de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o el crimen de agresión, y no hayan sido o no hayan podido ser juzgados en el ámbito nacional, sean juzgados por una Corte Penal Internacional con vocación de universalidad”.

Colombia hace parte del consenso internacional de lucha contra la impunidad frente a las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, cuya sanción interesa a toda la comunidad de naciones por constituir un core delicia iuris gentium. Ello llevó al Estado colombiano a suscribir numerosos instrumentos internacionales sobre la materia en la búsqueda del respeto y efectividad de la dignidad del ser humano, incluso al interior del Estado (67) .

De ahí que la Corte señalara que el Estatuto de Roma está inspirado en valores que no difieren de aquellos previstos en el ordenamiento constitucional colombiano (arts. 2º, 11, 12, 13 y 17) y declaró la conformidad del establecimiento y facultades de la CPI con la Carta Política.

En cuanto a la condición jurídica y atribuciones de la CPI (68) , esta corporación indicó que del artículo 4º del ER se extrae al menos dos resultados: la potestad de celebrar tratados y el ser sujeto de responsabilidad internacional, los cuales otorgan a la CPI la independencia necesaria para la obtención de sus fines, que resulta acorde al texto constitucional. Concretamente, dijo:

“De la personalidad jurídica y atribuciones de la Corte Penal Internacional, enunciadas en el artículo 4º, se derivan al menos dos consecuencias importantes para ella (69) : 1) el poder para celebrar tratados (70) ; y 2) el ser sujeto de responsabilidad internacional (71) . Estas dos características le darán a la Corte la posibilidad, entre otras, de concertar acuerdos de cooperación con los Estados o con otras organizaciones internacionales que faciliten sus labores y de gozar de derechos, así como de adquirir obligaciones para el cumplimiento de sus funciones. Estas dos características, además, le confieren la independencia necesaria para el logro de sus fines de lucha contra la impunidad y de garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Ello resalta que las relaciones de Colombia con la Corte Penal Internacional se basan en la expresión soberana del consentimiento del Estado para obligarse, así como en principios de derecho internacional tales como el de la buena fe en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y de cooperación internacional, aceptados por nuestro país (C.P., art. 9º).

La posibilidad de que Colombia se convierta en miembro de un organismo internacional mediante la ratificación del tratado constitutivo del mismo, es desarrollo de lo previsto en nuestro ordenamiento constitucional, pues de conformidad con el artículo 9º Superior, “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional (...)’ y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional, aceptados por Colombia”, dentro de los cuales se encuentran el principio de pacta sunt servanda (72) .

De conformidad con este principio, un Estado solo se vincula internacionalmente cuando expresa su consentimiento en obligarse para determinados fines, como en este caso, para constituirse en parte de un organismo internacional creado mediante tratado y, como consecuencia de ello, se compromete de buena fe a cumplir las obligaciones que surgen de dicho tratado. La expresión de ese consentimiento reitera el carácter soberano de Colombia como Estado y su capacidad para adquirir obligaciones en el ámbito internacional. En el ejercicio de tal facultad, el Estado puede, autónomamente, aceptar limitaciones al ejercicio de su soberanía, y como lo autorizan los artículos 226 y 227 de la Constitución, llegar incluso hasta a ceder competencias propias que podrán ser ejercidas por organismos supranacionales (73) . El Estatuto no llega a tanto ya que no supone que el Estado ceda competencias pero, para proteger los derechos, sí limita el ejercicio de algunas de ellas”.

Y, sobre los privilegios e inmunidades de la CPI (74) , previsto en el artículo 48 del Estatuto de Roma, esta corporación sostuvo que se constituyen en garantía de la independencia judicial como órgano supranacional, que armoniza con las disposiciones de la Constitución. Al respecto, expresó:

“El artículo 48 contiene los privilegios e inmunidades de los que goza la Corte Penal Internacional. Entre estos se resaltan los siguientes: i) La Corte goza “en el territorio de los Estados Partes de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus funciones” (art. 48.1 ER): ii) Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el secretario gozan de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas incluso luego de expirado su mandato por las declaraciones que hagan oralmente o por escrito y los actos que realicen en el desempeño de sus funciones oficiales (art. 48.2 ER); iii) Los privilegios e inmunidades se extienden al Secretario Adjunto, al personal de la Fiscalía y al personal de la Secretaría para el cumplimiento de sus funciones (art. 48.3 ER): y iv) Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte tendrán también las garantías necesarias, de conformidad con el acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional (art. 48.4 ER). El apartado 5 del artículo en comento señala los requisitos para la renuncia a los privilegios e inmunidades. Esta institución garantiza que sus actuaciones no serán objeto de presión por el Estado donde cumplen sus funciones. De esta manera: la inmunidad de los funcionarios de la Corte es una consecuencia necesaria de la condición de órgano supranacional que ella tiene y una garantía de su independencia judicial”.

De esta manera, la Corte al abordar dichas normas generales (principalmente los arts. 1º, 4º y 48 del ER), que hoy motivan la expedición del Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional, resolvió en la Sentencia C-578 de 2002, que resultan ajustadas a la Constitución, sin que hubiere hecho expreso la existencia de algún tratamiento diferente (75) .

Por tanto, para la Corte las consideraciones expuestas en el presente acuerdo internacional, se acompasan con el ordenamiento constitucional. Viene a constituir el fundamento para el desarrollo preciso de los preceptos mencionados del Estatuto de Roma. Disposiciones del acuerdo que entran a regular de forma pormenorizada el tipo de protección y las obligaciones de los Estados en lo concerniente a los privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional.

En cuanto al artículo 1º, al limitarse a exponer el significado preciso de los términos empleados en el acuerdo, resulta en perfecta armonía con el ordenamiento constitucional al facilitar una mejor comprensión y entendimiento de las disposiciones que integran el instrumento.

El artículo 2º, se acompasa al texto superior porque en virtud de la personalidad otorgada a la Corte Penal Internacional y específicamente de su capacidad jurídica internacional podrá operar en el tráfico jurídico a través de la celebración de contratos, adquisición de bienes y disposición de ellos, y participación en procedimientos judiciales, para el cumplimiento de sus objetivos.

Las disposiciones siguientes pueden dividirse en tres grupos. El primero, regula los privilegios e inmunidades en torno a la condición jurídica de la Corte (arts. 3º a 12), como son: disposiciones generales acerca de los privilegios e inmunidades de la Corte (art. 3º); inviolabilidad de los locales de la Corte (art. 4º); pabellón, emblema y señales (art. 5º); inmunidad de la Corte y de sus bienes, haberes y fondos (art. 6º); inviolabilidad de los archivos y los documentos (art. 7º); exención de impuestos, derechos de aduana y restricciones de importación o exportación (art. 8º); reembolso de derechos y/o impuestos (art. 9º); fondos y exención de restricciones monetarias (art. 10); facilidades de comunicaciones (art. 11); y ejercicio de las funciones de la Corte fuera de su sede (art. 12).

Mientras que los artículos 13 a 23, aluden a dichos beneficios en relación con el personal de la Corte Penal Internacional, como son: los representantes de Estados que participen en la asamblea y sus órganos subsidiarios y representantes de organizaciones intergubernamentales (art. 13); los representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte (art. 14); los magistrados, fiscal, fiscales adjuntos y secretario (art. 15); el secretario adjunto, personal de la fiscalía y personal de la secretaría (art. 16); el personal contratado localmente y que no esté de otro modo contemplado en el presente acuerdo (art. 17); los abogados y personas que asistan a los abogados defensores (art. 18); los testigos (art. 19); las víctimas (art. 20); los peritos (art. 21); y otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte (art. 22).

Y, los artículos 24 a 39, contienen otras previsiones comunes a las disposiciones anteriores, como son: cooperación con las autoridades de Estados Partes (art. 24); renuncia a los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 13 y 14 (art. 25); renuncia a los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 15 a 22 (art. 26); seguridad social (art. 27); notificación (art. 28); laissez-passer (art. 29); visados (art. 30), arreglo de controversias con terceros (art. 31); arreglo de diferencias sobre la interpretación o aplicación del presente acuerdo (art. 32); aplicación del presente acuerdo (art. 33); firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión (art. 34); entrada en vigor (art. 35); enmiendas (art, 36); denuncia (art. 37); depositario (art. 38); y textos auténticos (art. 39).

Sobre el conjunto de las disposiciones anteriores, en la exposición de motivos al Proyecto de Ley 59 de 2006 Senado, se hizo expresa la importancia de suscribir el presente acuerdo por el Estado colombiano, concretamente la necesidad de otorgar esas concesiones a la Corte Penal Internacional, los funcionarios y demás personas, al i) propiciar el buen desempeño de las tareas asignadas en el Estatuto de Roma, ii) se suma a los esfuerzos internacionales encaminados a establecer una CPI independiente y efectiva, pues, iii) de lo contrario, podría resultar seriamente comprometido el ejercicio de las funciones y atribuciones conferidas (76) . Así se expuso:

“Si la Corte, sus funcionarios y el personal que requiera acudir ante ella no fuera objeto de un tratamiento especial, podría verse seriamente comprometido el ejercicio de sus funciones y atribuciones, dificultándose la participación de investigadores, peritos, abogados, víctimas y testigos; que entre otras cosas requieren trasladarse para practicar, custodiar y trasladar pruebas dentro de las fronteras nacionales o a través de ellas, y presentarlas ante la Corte.

(…).

Aunque la Corte Penal Internacional tiene su asiento en La Haya, Reino de los Países Bajos, puede establecerse en el territorio de cualquier Estado Parte del estatuto. Es de esperarse que los investigadores y el personal de la Oficina del Fiscal permanezca mucho tiempo fuera de los Países Bajos, en ejecución de los trabajos de investigación y recopilación de pruebas. Es, por lo tanto, importante que la misma Corte y quienes estén asociados a ella puedan desarrollar sus funciones, independiente y eficazmente, donde quiera que se encuentren. Con el fin de que así ocurra, cada Estado parte brindará las protecciones y facilidades a la Corte, a sus jueces, al personal de la Oficina del Fiscal y a quienes tengan interés o deban participar en los procedimientos.

(…).

A continuación se expone de manera sucinta el tratamiento que se otorga a la Corte y a las personas o grupo de personas a que se ha hecho referencia.

1. En relación con la Corte misma. Se han establecido estos privilegios e inmunidades en la medida en que son necesarios para el satisfactorio cumplimiento de las funciones de la Corte. …

2. En relación con los Jueces, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario de la Corte. ...

3. En relación con el Secretario Adjunto, el personal de la Oficina del Fiscal y el personal de la Secretaría. ...

4. Personal contratado localmente y que no esté de otro modo contemplado en el Acuerdo. ...

5. Abogados y personas que asistan a los abogados defensores. ...

6. Testigos....

7. Víctimas...

8. Peritos...

9. Otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte ...

Limitación para personas que sean nacionales o residentes permanentes. ...

Estimamos que una declaración de esa naturaleza se hace necesaria, sobre la base de que los privilegios e inmunidades no se otorgan para el beneficio de los individuos interesados, —en este caso nacionales colombianos que estarían actuando dentro del propio territorio nacional—, sino que se conceden en interés de la buena administración de la justicia.

Otras previsiones. ...

Reservas. ...

Posibilidad de hacer enmiendas al Acuerdo. ...

Retiro o denuncia del Acuerdo. ...

Consideraciones finales

El acuerdo que en esta ocasión se somete a la consideración del honorable Congreso de la República, constituye un valioso instrumento jurídico internacional adoptado por los Estados, con el fin de propiciar el buen desempeño de las tareas asignadas en el Estatuto de Roma a la Corte Penal Internacional.

Es por esta razón que el Gobierno Nacional ha decidido someterlo en esta ocasión al órgano legislativo para su aprobación, como parte de las medidas que debe tomar el Estado colombiano para sumarse a los esfuerzos internacionales encaminados a dotar al mundo de una Corte Penal Permanente, efectiva e independiente”.

Para la Corte, los privilegios e inmunidades que se confieren a la Corte Penal Internacional como institución y al personal asociado según las previsiones del acuerdo, se aviene a la Carta Política toda vez que busca dotarlas de las garantías necesarias para el desarrollo de sus funciones con la mayor independencia y neutralidad (art. 228 superior).

Beneficios que resultan ser condición indispensable para que ese alto tribunal pueda cumplir libremente sus objetivos, sin interferencia alguna por los países en los cuales tenga que operar. Los privilegios, inmunidades y facilidades otorgadas buscan facilitar el ejercicio de sus actividades, el buen funcionamiento, la eficacia y la autonomía de la institución para la consecución de sus objetivos.

Resulta trascendental que la CPI y el personal disponga de las indispensables garantías de protección para poder desarrollar sus funciones fuera de la sede de la Corte. La defensa, los testigos, las víctimas, los peritos, entre otros, requieren de los beneficios contenidos en el acuerdo dado que pueden resultar particularmente vulnerables, además, que dichos beneficios podrían contribuir al desarrollo de las garantías procesales (art. 29 superior).

De esta forma, atendiendo la importancia de dichas concesiones para el desarrollo del trabajo de la Corte y en virtud del principio de cooperación de los Estados Partes para con la Corte Penal Internacional (preámbulo y arts. 86 y 87 del ER), puede concluirse que el acuerdo resulta afín al concepto de soberanía nacional y al reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (art. 9º superior). Atiende los presupuestos que orientan el manejo de las relaciones internacionales de Colombia sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (C.P., art. 226).

También, puede señalarse con toda claridad que los privilegios e inmunidades previstos en el acuerdo, se circunscriben esencialmente a los que resulten necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Beneficios de los cuales habrán de gozar mientras desempeñen sus funciones y después de la cesación en relación con el ejercicio de dichas atribuciones. No se otorgan en beneficio personal sino para defender el ejercicio autónomo e independiente de sus funciones, y están en la obligación de renunciar a ellos cuando constituyan un obstáculo a la justicia. Adicionalmente, quienes gocen de dichas concesiones estarán obligados a respetar la legislación del Estado parte y a no inmiscuirse en los asuntos internos de este. Ello puede extraerse del conjunto normativo del acuerdo atendiendo las expresiones utilizadas (77) .

Así, pues, los beneficios que concede el acuerdo responden a un vínculo estrecho con las funciones y objetivos de la Corte Penal Internacional. Son otorgados en interés de una buena administración de justicia y no para el beneficio personal. Así mismo, atienden el deber de cooperación con las autoridades de los Estados partes, lo cual implica el respeto de las leyes nacionales y el no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado. Todo lo cual resulta conforme a la Constitución por cuanto representa la existencia de una inmunidad restringida y, por tanto, no plena. De modo que se acompasa con la jurisprudencia constitucional al amparar a Colombia como Estado libre y soberano y para la garantía de la defensa de los derechos ciudadanos.

No obstante, debe indicarse que frente al eventual desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia de los nacionales (art. 229 superior), por las prerrogativas otorgadas a la Corte Penal Internacional y al personal, podrá obtenerse la reparación del Estado colombiano al haber sido víctima la persona de un daño antijurídico (C.P., art. 90) (78) . Así lo manifestó la Corte en la Sentencia C-315 de 2004 (79) :

“(L)a Corte concluye que las inmunidades e inviolabilidades previstas por el tratado bajo revisión armonizan con la Carta. Con todo, podría argumentarse que la inmunidad de jurisdicción podría afectar gravemente en determinados casos el derecho de acceso a la justicia, pues impediría a los nacionales demandar a los miembros de las misiones diplomáticas que les hubieren podido ocasionar un daño. Sin embargo, la Corte considera que ese reparo no se encuentra justificado, no solo porque esa inmunidad es un elemento esencial del derecho diplomático sino además por cuanto, en esos eventos, la persona puede obtener una reparación del Estado colombiano, ya que habría sido víctima de un daño antijurídico (C.P., art. 90). Así lo ha entendido el Consejo de Estado, con criterios que esta Corte comparte plenamente. En efecto, en sentencia del 25 de agosto de 1998 de la Sección Tercera, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Radicación IJ-001, estudió la demanda de la señora Vitelvina Rojas Robles contra el Estado colombiano. Esa persona, debido a la inmunidad diplomática, no pudo demandar a la embajada de Estados Unidos por la muerte de su esposo y padre, quienes habían sido arrollados por un vehículo de esa embajada. El Consejo de Estado concedió la indemnización, con base en la siguiente doctrina que esta Corte acoge plenamente:

“La aplicación del texto normativo en el sentido de conferir la inmunidad conduce a un enfrentamiento de derechos reconocidos por el ordenamiento colombiano, de un lado la condición del diplomático que goza de la inmunidad para ante los jueces colombianos y de otro lado el derecho que tienen todos los residentes en Colombia para accionar ante sus jueces naturales para que se respeten sus derechos, se les proteja o se les garantice conforme al derecho positivo vigente, y demandar y ser demandados. Si excepcionalmente como en este caso y por un tratamiento de privilegio conferido por el Estado a una persona, atendidas sus calidades, se produce un desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulta damnificado y sin la posibilidad de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez natural, es claro que hay un desequilibrio de las cargas públicas y que por ello el particular está habilitado para demandar al Estado en reparación con fundamento en su actuar complejo como ya se dijo.

En síntesis puede afirmarse que el título de imputación jurídica sobre el cual se edifica el juicio de responsabilidad para el Estado, lo constituye el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, ocasionado por la actividad legítima de autoridades estatales (Congreso y Presidente de la República), que causa daño antijurídico, respecto del cual, el administrado no está en el deber de soportar, pues la carga pública que debe ser colectiva, no debe correr a cargo de una persona en particular. De ahí que sea equitativo, imponer al Estado en representación de la sociedad, la obligación de reparar el perjuicio irrogado a los actores. Esta solución no es cosa distinta que el cabal desarrollo y ejecución lógica del principio de la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 13 de la Constitución Política”.

Y, lo había manifestado en la Sentencia C-254 de 2003, al indicar que i) la antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta sino de la no soportabilidad del daño, ii) si el daño sufrido por el particular es de aquellos que no está obligado a soportar, debe el Estado indemnizar los perjuicios generados por el sujeto de derecho internacional, y iii) para que Colombia asuma la responsabilidad patrimonial en los daños causados por quienes se encuentren amparados por la inmunidad es menester que obedezca a las actividades realizadas en cumplimiento de sus obligaciones. Así lo expuso:

“La jurisprudencia constitucional ha tomado como base la del Consejo de Estado para subrayar la idea de que la antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima. ...

(…).

Así pues, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la especializada del Consejo de Estado han dedicado sus reflexiones a delimitar el alcance del artículo 90 de la Carta, al punto que podría decirse, a propósito del artículo 10 de la Convención sub examine, que si del texto de la convención surge un título jurídico constitucional del cual pudiera derivarse que el Estado asume cierta responsabilidad por los perjuicios ocasionados durante la asistencia, independientemente de que los mismos hayan sido causados por agentes internacionales, el daño antijurídico debería ser indemnizado por el Estado colombiano.

(…).

En consecuencia, la responsabilidad del Estado prevista en la convención tiene fundamento primordial en el artículo 90 de la Constitución, ya que el daño ocasionado por la parte asistente le sería imputable al Estado al quedar obligado internacionalmente por la convención, dado que la colaboración técnica generadora del daño se presta a nombre del Estado colombiano. La responsabilidad del Estado deriva de una acción suya como es la petición de asistencia y por ello dicha responsabilidad tiene sustento jurídico en el artículo 90 de la Constitución.

Pero esta no es la única fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado. El establecimiento de un régimen de inmunidades y de privilegios en cabeza de los miembros o representantes del organismo internacional o del Estado asistente también tiene repercusiones directas en las normas que vienen analizándose, ya que puede convertirse en fuente de responsabilidad patrimonial del Estado.

(…).

Así entonces, ya que es el propio legislador el que trunca el derecho al acceso a la administración de justicia de los individuos que resultaren perjudicados por las acciones u omisiones del personal extranjero que asistiere a Colombia en caso de emergencia nuclear, no podría sostenerse con justicia que el Estado quede exonerado de toda responsabilidad por dichos actos.

En virtud de que es la propia ley la que limita el derecho a recibir la indemnización a través de los mecanismos procesales nacionales, si el daño sufrido por el particular es de aquellos que el mismo no está obligado a soportar, debe el Estado indemnizar los perjuicios generados por el accionar de los entes extranjeros. La imputabilidad del perjuicio en cabeza del Estado provendría entonces, no de la ejecución material del acto perjudicial, sino de la voluntad del legislador de impedir el resarcimiento por las vías judiciales ordinarias.

(…).

Ahora bien, en concordancia con lo dicho respecto del artículo 8º de la presente convención, las inmunidades conferidas al personal extranjero que asista a Colombia en caso de emergencia nuclear se circunscriben a las actividades realizadas en cumplimiento de sus obligaciones. Esta salvedad conduce a que la inmunidad no cobija actuaciones meramente subjetivas que se salgan del marco de la función encomendada por el organismo diplomático (Convención de Viena, art. XXI, lit. c), pues es entendido que dicho privilegio se concede, “no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones diplomáticas (80) ”.

Así las cosas, si para que Colombia asuma la responsabilidad patrimonial de los daños causados por la parte asistente se requiere que el personal de la misión goce de inmunidad diplomática, no podría sostenerse que los perjuicios ocasionados por actos ajenos al servicio, que no están cobijados por la inmunidad, sean imputables al tesoro nacional”.

De manera que la Corte seguirá su línea jurisprudencial en esta materia, por lo que las disposiciones del acuerdo resultan concordantes con el texto constitucional.

De otro lado, la Corte considera que la inviolabilidad de los locales y la inmunidad de la Corte, los bienes, haberes y fondos resultan congruentes con la Carta Política por cuanto tienden a desarrollar de manera completa las funciones conferidas a la Corte Penal Internacional, con la autonomía y neutralidad requerida.

Respecto a la exención de impuestos y otros gravámenes sobre algunos actos previstos en varias disposiciones del acuerdo, debe señalar la Corte que la prohibición contenida en el artículo 294 de la Constitución (81) , no imposibilita que los tratados internacionales concedan dichas exenciones siempre que la Nación compense a las entidades territoriales las afectaciones de sus ingresos (82) . En la Sentencia C-315 de 2004 (83) , la Corte rectificó su jurisprudencia, en los siguientes términos:

“La Corte encuentra que esa armonización es posible, ‘si se entiende que la concesión de esas exenciones a los tributos territoriales por medio de un tratado es posible, pero la Nación debe compensar a las entidades territoriales las pérdidas de sus ingresos que puedan derivar de dichas exenciones. En efecto, de esa manera se aseguran los ingresos de las entidades territoriales sin afectar indebidamente la promoción de las relaciones internacionales, con lo cual se logra una armonización de los artículos 226 y 294 de la Constitución.

Esto significa que las exenciones por tratados a los tributos territoriales coloca a las entidades territoriales en una situación semejante a la de aquel particular que no puede demandar a un miembro de una misión diplomática, debido a las prerrogativas e inmunidades que el Estado colombiano ha reconocido a dicho diplomático. En efecto, esta Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido la validez constitucional de esas prerrogativas e inmunidades; pero igualmente ambas corporaciones judiciales han concluido que el particular no tiene por qué soportar la afectación a su patrimonio que podría derivar de dichas inmunidades, por lo que se trata de un daño antijurídico que debe serle reparado por el Estado (C.P., art. 90), tal y como se recordó anteriormente en esta sentencia (Cf. supra fundamento 22), Mutatis mutandi, las entidades territoriales no tienen tampoco por qué soportar una afectación a sus recursos debido a la concesión de exenciones tributarias sobre sus tributos, por lo que la Nación tiene la obligación de compensar la reducción de los recursos de los departamentos y municipios que podrían derivar de dichas exenciones.

Por todo lo anterior, la Corte considera necesario precisar y rectificar su jurisprudencia en esta materia, de la siguiente manera: la prohibición de las exenciones de los tributos territoriales, prevista en el artículo 294, no prohíbe que los tratados confieran esas exenciones, siempre y cuando la Nación establezca mecanismos para compensar a las entidades territoriales por eventuales afectaciones de sus ingresos, debido a dichas exenciones.

La Corte considera que esta rectificación y precisión jurisprudencial es válida y necesaria, en la medida en que logra una mejor armonización de los mandatos de los artículos 226 y 294 de la Carta, pues permite un desarrollo dinámico de las relaciones internacionales, sin afectar desproporcionadamente la autonomía financiera de las entidades territoriales”.

De modo que las disposiciones concernientes a exenciones de tributos resultan acordes con la Carta Política.

Lo referente a fondos y exención de restricciones monetarias como los privilegios respecto a las facilidades monetarias y cambiarias también se ajustan al ordenamiento superior por cuanto no tocan el contenido básico de las funciones de la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia (art. 372 superior). Dichas concesiones se limitan a salvaguardar la independencia de la Corte Penal Internacional (84) .

En cuanto a las facilidades de comunicaciones, para esta corporación armonizan con la Constitución por cuanto permiten desarrollar la labor de la Corte Penal Internacional sin afectar con ello la soberanía nacional (art. 9º superior), además, que protegen la correspondencia y demás formas de comunicación (art. 15 superior).

La disposición sobre nacionales y residentes permanentes en cuanto a la potestad que otorgada al Estado al momento de la suscripción del acuerdo para realizar las declaraciones que allí se mencionan, compatibiliza con la Constitución (C.P., arts. 9º y 226).

En lo atinente al arreglo de diferencias sobre la interpretación o aplicación del acuerdo, encuentra plena armonía con la Constitución (art. 116), al pretender solucionar por distintos medios alternativos las diferencias que pudieran presentarse, lo que permitirá el adecuado funcionamiento de la Corte Penal Internacional.

Por lo anterior, la Corte concluye que tanto el acuerdo como su ley aprobatoria resultan ajustados a la Constitución, al constituir un instrumento valioso para asegurar y garantizar el funcionamiento independiente de la Corte Penal Internacional tanto en su sede en La Haya, corno en cualquier lugar donde desarrolle sus funciones.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1180 del 31 de diciembre de 2007, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional’, hecho en Nueva York el 9 de septiembre de 2002”.

2. Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, hecho en Nueva York el 9 de septiembre de 2002”.

3. Disponer que se comunique inmediatamente esta sentencia al Presidente de la República para lo de su competencia, así como al presidente del Congreso de la República.

Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

(5) El artículo 150-14 de la Constitución, señala que corresponde al Congreso la función de “Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”.

La Ley 5ª de 1992, artículo 217, refiere: “CONDICIONES EN SU TRÁMITE. Podrán presentarse, propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios internacionales. El texto de los tratados no puede ser objeto de enmienda. Las propuestas de reserva solo podrán ser formuladas a los tratados y convenios que prevean esta posibilidad o cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así como las de aplazamiento, seguirán el régimen establecido para las enmiendas en el proceso legislativo ordinario. Las comisiones competentes elevarán a las plenarias, de conformidad con las normas generales, propuestas razonadas sobre si debe accederse o no a la autorización solicitada”. Dicha disposición orgánica fue declarada exequible en la Sentencia C-227 de 1993, M.P, Jorge Arango Mejía. Cft. Sentencia C-578 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(6) Ley 5ª de 1992, artículo 204. “TRÁMITE. Los proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en el presente reglamento”.

(7) Acto Legislativo 02 de 2001, ART. 1º—Adiciónese el artículo 93 de la Constitución Política con el siguiente texto: “El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él”.

(8) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, artículo 2º, numeral 1º, literal a).

(9) La Corte Constitucional se encontraba en vacaciones colectivas que van del 20 de diciembre hasta el 10 de enero.

(10) Oficio OAJ.CAT Nº 8744, del 20 de febrero de 2008, firmado por la doctora Margarita Manjares H., coordinadora área de Tratados oficina asesora jurídica.

(11) Páginas 8 a 18.

(12) Páginas 1 a 3.

(13) Página 2.

(14) Páginas 18 y 19.

(15) Página 15.

(16) Páginas 1 y 2.

(17) Página 27.

(18) Páginas 25 a 27.

(19) Páginas 45, 46 y 48.

(20) Página 54.

(21) Páginas 1 y 2.

(22) Página 16.

(23) Páginas 20 y 21.

(24) Páginas 14 a 16.

(25) Páginas 20 y 21.

(26) Página 17.

(27) Página 8.

(28) Páginas 6 a 8.

(29) Páginas 35 y 36.

(30) Página 15.

(31) Páginas 3 y 4.

(32) Página 10.

(33) Página 34.

(34) Páginas 33 y 34.

(35) Página 44.

(36) Páginas 1 y 2.

(37) Página 23.

(38) Páginas 31 y 32.

(39) Página 20.

(40) Páginas 3 y 4.

(41) La Corte ha señalado que los plazos que deben mediar entre los debates se contabilizan en días comunes y no hábiles. Sentencias C-1153 de 2005 y C-309 de 2004.

(42) En cuanto a la validez de la expresión “próxima sesión” para el anuncio de votación puede consultarse, entre otras, las sentencias la C-1040 de 2005, C-241 de 2006, C-276 de 2006 y el Auto 145 de 2007. Específicamente, en la Sentencia C-1040 de 2005, se sostuvo: “la expresión “en la próxima sesión” ha sido admitida por la Corte, como una de las frases que se puede utilizar para acreditar el cumplimiento del requisito del aviso previsto en el último inciso del artículo 160 superior, pues se trata de una fecha que resulta determinable teniendo en cuenta las disposiciones del Reglamento del Congreso que expresamente determinan en qué días se surte de ordinario las sesiones y quiénes pueden convocar para su práctica”.

Respecto a la expresión “día de mañana” concretamente puede consultarse las sentencias C-322 de 2006 y C-337 de 2006, En efecto, en la Sentencia C-322 de 2006, se manifestó: “La Sala observa que se cumplió con el requisito del Acto Legislativo 01 de 2003 pues (i) la fecha de votación era determinable (“para el día de mañana”)”.

(43) En la Sentencia C-533 de 2008, se reiteró: “La Corte ha considerado que la expresión “proyectos para anunciar” cumple con el requisito constitucional pues no es necesario emplear determinadas expresiones lingüísticas para realizar el aviso por cuanto lo relevante es que transmitan inequívocamente la intención de someter a votación un determinado proyecto... De igual forma, en virtud de las sentencias de constitucionalidad que ha proferido esta Corte sobre la materia, se han ido estableciendo unos criterios de interpretación que deben orientar la labor del juez constitucional al examinar los presupuestos de existencia y validez de este requisito constitucional. A continuación, esta corporación resaltará solamente los criterios que puedan tener alguna repercusión en la presente decisión: a) No atiende a una determinada fórmula sacramental: no es necesario emplear determinadas expresiones lingüísticas para realizar el aviso por cuanto lo relevante es que transmitan inequívocamente la intención de someter a votación un determinado proyecto. La Corte ha convalidado por ejemplo términos como: “anunciar”, “discutirán” y “aprobarán”.

(44) Revisión constitucional del Proyecto de Ley Estatutaria 023 de 2006 Senado y Nº 286 de 2007, Cámara, por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.

(45) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-187 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Revisión previa del Proyecto de Ley Estatutaria 284/05 Senado y Nº 229/04 Cámara “Por medio de la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”. En aquella oportunidad la Comisión Accidental de Conciliación estuvo integrada por los congresistas Héctor Helí Rojas Jiménez (Senador de la República) y Reginaldo Montes Álvarez (Representante a la Cámara), y sobre este aspecto específico no se presentó ningún salvamento de voto.

(46) En la sesión del 27 de noviembre de 2007, Acta 84, se citó para el día siguiente a debate de control político.

(47) Se resaltan algunos aspectos esenciales del acuerdo.

(48) Ximena Fuentes, en su artículo “Las inmunidades de jurisdicción y el Estatuto de la Corte Penal Internacional”, lus et praxis, año/vol. 6, Nº 002, Universidad de Talca, Chile, páginas 419 a 425, año 2000. nos recuerda: “En derecho internacional existe un principio según el cual un Estado debe abstenerse de juzgar los actos de otro Estado. Este principio da lugar al mecanismo de la inmunidad de jurisdicción, según el cual los tribunales internos de los Estados deben privarse de ejercer su jurisdicción sobre los actos de un Estado extranjero. La justificación de este principio se encuentra en otros principios, como el principio de no intervención, en el principio de igualdad jurídica entre los Estados y en el principio de respeto a la honra y dignidad de los Estados extranjeros”.

(49) Cft. “Estudios de Derecho Penal Internacional”. Kai Ambos. Catedrático y director del departamento de derecho penal extranjero e internacional de la Universidad de Georg August de Cóttingen, Alemania. Capítulo VII. “Inmunidades en derecho penal nacional e internacional”. Editorial Leyer. 2005. Página 165.

Además, en la Sentencia T-883 de 2005, la Corte señaló: “La inmunidad de jurisdicción constituye un principio de derecho internacional que ha sido definido por la doctrina, como la exclusión de la posibilidad de que un sujeto específico pueda quedar sometido a la jurisdicción interna de determinado Estado, siempre que se configuren ciertas condiciones (González Campos, Julio D., Sánchez Rodríguez, Luis l. y Sáenz de Santamaría, Paz Andrés. “Curso de derecho internacional público”, Ed. Civitas S.A. Sexta ed., Madrid, España. 1998). Se trata de un principio de carácter procesal que opera como excepción, y que reviste dos manifestaciones fundamentales: (i) la inmunidad de jurisdicción como tal, que se refiere a la incompetencia de los jueces nacionales para juzgar a determinados sujetos de derecho internacional, que pueden ser otros Estados u organizaciones internacionales: y (ii) la inmunidad de ejecución, la cual impide que se haga efectiva determinada decisión judicial, en caso de que el procedimiento contra el sujeto de derecho internacional se hubiere llevado a cabo”.

(50) Esta corporación ha avalado la constitucionalidad de la cláusula de inmunidad de jurisdicción en tratados internacionales como puede apreciarse, entre otras, en las siguientes sentencias: C-464 de 2008, C-189 de 2008 C-859 de 2007, C-276 de 2006, C-176 de 2006, C-863 de 2004, C-820 de 2004, C-557 de 2004, C-315 de 2004, C-254 de 2003, C-1034 de 2003, C-578 de 2003, C-534 de 2002, C-287 de 2002, C-862 de 2001, C-328 de 2000, C-1333 de 2000, C-200 de 1999, C-710 de 1998, C-422 de 1997, C-231 de 1997, C-145 de 1997, C-137 de 1996, C-354 de 1995, C-203 de 1995, C-246 de 1993 y C-563 de 1992.

(51) Revisión constitucional de la Ley 1102 de 2006 “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de desarrollo”, hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005).

(52) Ver, entre otras, las sentencias C-203 de 1995, C-137 de 1996 y C-200 de 1999.

(53) Ver, entre otras, la Sentencia C-254 de 2003.

(54) Revisó la Ley 766 de 2002, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica.

Ver, también, las sentencias C-859 de 2007 y C-820 de 2004.

(55) Sobre el particular se puede consultar la reiterada jurisprudencia de la Corte; en particular, las sentencias C-203 de 1995 y C-442 de 1996.

(56) Sentencia C-200 de 1999.

(57) “Por otra parte, las disposiciones que consagran privilegios e inmunidades a favor del Organismo creado y de sus directivos y dignatarios se enmarcan dentro de los principios del Derecho Internacional, reconocidos por Colombia según el artículo 9º de la Constitución Política. (...) No puede decirse que la consagración de estos privilegios e inmunidades vulneren el derecho a la igualdad (C.P., art. 13), respecto de personas colombianas, ya que, como la Corte lo ha señalado reiteradamente, la igualdad se predica de situaciones iguales, de tal modo que las diferencias de trato pueden admitirse cuando se encuentran justificadas. En el caso de los funcionarios y representantes de organismos internacionales, las normas especiales acordadas entre los Estados miembros y la protección que se les brinda tienen su razón de ser en la función que cumplen, como integrantes de delegaciones diplomáticas” (Sent. C-203/95).

(58) Revisó la Ley 208 de 1995, por medio de la cual se aprueba el Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología.

(59) Cft. Sentencias C-859 de 2007, C-863 de 2004, C-820 de 2004, C-315 de 2004, C-254 de 2003, C-1333 de 2000, C-200 de 1999, C-442 de 1996 y C-137 de 1996.

(60) Revisó la Ley 877 de 2004, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado.

(61) Por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si bien establece en su artículo 31.1 que “el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor”, señala en el numeral 4º del mismo artículo que “la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante”. Igualmente, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (L. 17/71), establece en su artículo 41, para l. que: “Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente”. Igualmente, el artículo 43 de la Convención que regula la Inmunidad de jurisdicción, señala: “1. Los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares”. Ver, Sen. B., “A Diplomat`s Handbook of International Law and Practice, 3ª edición, páginas 95-202 y 285 a 309.

(62) Sentencias C-254 de 2003, C-534 de 2002, C-442 de 1996 y C-137 de 1996.

(63) Entre otros instrumentos internacionales, la Corte ha controlado la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina, aprobado por la Ley 559 de 2000, fue declarado exequible bajo la salvedad establecida, en la Sentencia C-1333 de 2000 y el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Asociación de Estados del Caribe de 1999, aprobado por la Ley 703 de 2001, declarado exequible, en la Sentencia C-534 de 2002.

(64) Página de la Corte Penal Internacional: www.icc-cpi.int. Página de la coalición por la Corte Penal Internacional: www.iccnow.org/?lang=es.

(65) En dicha decisión se hace explícito tratamientos diferentes y declaraciones interpretativas, las cuales deben observarse.

(66) “ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

PREÁMBULO.

Los Estados partes en el presente estatuto,

Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento,

Teniendo presente que en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,

Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia,

Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,

Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales,

Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,

Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte a intervenir en una situación de conflicto armado o en los asuntos internos de otro Estado,

Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto,

Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente estatuto será complementaría de las jurisdicciones penales nacionales,

Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I.

DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE

ART. 1º

La Corte

Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente estatuto.

(67) Entre otros: Convención para la Prevención y Represión del Genocidio de 1948, aprobada por la Ley 28 de 1959; Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, aprobada por la Ley 22 de 1981; Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, aprobada como legislación interna por la Ley 76 de 1986; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo aprobada por la Ley 74 de 1968; Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16 de 1972; Los Cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, incorporados a nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 5 de 1960: Convenio I, para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña; Convenio II, para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; Convenio III, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; Convenio IV, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra; Protocolo I adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, aprobado como legislación interna por la Ley 11 de 1992; Protocolo II Adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, aprobado como legislación interna por la Ley 171 de 1994; Convención sobre la represión y castigo del Apartheid aprobada por la Ley 26 de 1987; y Convención Americana contra la Desaparición Forzada, incorporada a nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 707 de 1994.

(68) “ART. 4º.

Condición jurídica y atribuciones de la Corte

1. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos.

2. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.

(69) Ver, Sascha Rolf Lüder. The Legal Nature of the International Criminal Court and the Emergence of Supranational Elements in International Criminal Justice. En Revista Internacional de la Cruz Roja, marzo 2002, volumen 84, Nº 845, páginas 79 y siguientes.

(70) Este poder para celebrar tratados es desarrollado en varios artículos del Estatuto: en el artículo 2º que se refiere a la celebración de un acuerdo que defina la relación entre la Corte Penal Internacional y la Organización de Naciones Unidas; el artículo 3º, donde se menciona que la Corte celebrará un acuerdo con los Países Bajos, como sede de la Corte; el artículo 87, que señalan que la Corte podrá celebrar tratados con los Estados Partes para facilitar la cooperación internacional y la asistencia legal. Según la Convención de Viena de 1969, aprobada como legislación interna por la Ley 32 de 1985, dicho poder está sometido al derecho de los tratados: “La presente Convención se aplicará a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional, sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la organización”. Igualmente, dicho poder para celebrar tratados estará regido por la Convención de Viena de 1986 sobre el derecho de los tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre organizaciones, aprobada como legislación interna por la Ley 406 de 1997.

(71) En la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de 11 de abril de 1949, sobre el Asunto de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, dijo la Corte lo siguiente en materia de los poderes implícitos de la Organización de Naciones Unidas: “En opinión de la Corte, la Organización estaba destinada a ejercer funciones y a gozar de derechos [...] que no pueden explicarse más que si la organización posee en amplia medida personalidad internacional y la capacidad de donar en el plano internacional [...]. Se debe admitir que sus miembros, al asignarle ciertas funciones, con los deberes y responsabilidades que les acompañan, la han revestido de la competencia necesaria para permitirle cumplir efectivamente estas funciones”.

(72) Artículo 27, Convención de Viena de 1969, ratificada por Colombia y aprobada como legislación interna mediante la Ley 32 de 1985.

(73) Ver, por ejemplo, las sentencias: C-331/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, donde la Corte analizó la constitucionalidad del “Convenio Constitutivo de la Asociación de los Estados del Caribe”, suscrito en Cartagena de Indias, el 24 de julio de 1994 y de su ley aprobatoria (L. 216/95); C-231/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en la que la Corte declaró la constitucionalidad la Ley 323 de 1996, aprobatoria del Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996.

(74) ART. 48

Privilegios e inmunidades

1. La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

2. Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el secretario gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones hechas oralmente o por escrito y los actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales.

3. El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría gozarán de los privilegios e inmunidades y de las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.

4. Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte serán objeto del tratamiento que sea necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.

5. Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades:

a) En el caso de un magistrado o el Fiscal, por decisión de la mayoría absoluta de los magistrados;

b) En el caso del Secretario, por la Presidencia;

c) En el caso de los Fiscales Adjuntos y el personal de la Fiscalía, por el Fiscal;

d) En el caso del Secretario Adjunto y el personal de la Secretaría, por el Secretario”.

(75) No obstante, debe atenderse integralmente lo dispuesto en la Sentencia C-578 de 2002, en la cual se hicieron expresos algunos tratamientos diferentes y declaraciones interpretativas.

(76) Gaceta del Congreso 285 de 2006, Senado. Páginas 15 a 18.

(77) Veamos: “que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos” (art. 3º), “que sea necesario para el desempeño de las funciones de la Corte” (art. 6º), “en el desempeño de sus funciones” (art. 10), “mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones oficiales y durante el trayecto al lugar de reunión y a su regreso” (art. 13), “mientras estén desempeñando sus funciones oficiales, y durante el viaje de ida hasta el lugar de las actuaciones y de vuelta de este” (art. 14), “cuando actúen en el desempeño de sus funciones para la Corte o en relación con ellas… y una vez terminado su mandato continuarán gozando de inmunidad de jurisdicción por las declaraciones realizadas y los actos efectuados en el desempeño de sus funciones oficiales” (art. 15), “que sean necesarios para el ejercicio independiente de sus funciones” (art. 16), “en el ejercicio de sus funciones para la Corte, la cual subsistirá después que haya cesado en el ejercicio de esas funciones con respecto a las actividades llevadas a cabo en nombre de la Corte” y “facilidades necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones para la Corte” (art. 17), “en la medida que sea necesario para el ejercicio independiente de sus funciones, incluyendo el tiempo empleados en viajes, en relación con el ejercicio de sus funciones” (art. 18), “que sea necesario para su comparecencia ante la Corte” (art. 19), “en la medida que sea necesario para su comparecencia ante la Corte... incluso durante el tiempo empleados en viajes relacionados con su comparecencia ante la Corte” (art. 20). “que sea necesario para el ejercicio independiente de sus funciones, incluido el tiempo empleado en viajes relacionados con ellas” (art. 21), “que sea necesario para su presencia en dicha sede, incluido el tiempo empleado en viajes para ello” (art. 22), “en la medida necesaria para el desempeño independiente de sus funciones o de su comparecencia o deposición ante la Corte” y “en la medida necesaria para su comparecencia ante la Corte” (art. 23), “las personas que gocen de privilegios e inmunidades estarán obligadas, sin perjuicio de dichos privilegios e inmunidades, a respetar las leyes y reglamentos del Estado Parte en cuyo territorio se encuentren o por el que transiten en ejercicio de sus funciones para la Corte. También estarán obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de dicho Estado” (art. 24), “los privilegios e inmunidades de los artículos 13 y 14 del presente acuerdo, no se otorgan a los representantes de los Estados y organizaciones intergubernamentales en beneficio personal, sino para salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la labor de la Asamblea, sus órganos subsidiarios y la Corte. De ahí que los Estados Partes no solo tienen el derecho, sino la obligación de renunciar a los privilegios e inmunidades de sus representantes en todo caso en que, en opinión de dichos Estados, dichos privilegios e inmunidades podrían constituir un obstáculo a la justicia y la renuncia sea posible sin perjuicio del fin para el cual se reconocen” (art. 25) y “Los privilegios e inmunidades de los artículos 15 a 22 del presente acuerdo se reconocen en interés de la administración de justicia y no en beneficio personal. Podrá renunciarse a ellos según el párrafo 5º del artículo 48 del Estatuto y lo dispuesto en el presente artículo y se tendrá la obligación de hacerlo en un caso determinado cuando podrían constituir un obstáculo a la justicia y la renuncia sea posible sin perjuicio del fin para el cual se reconocen” (art. 26).

(78) Artículo 90 de la Constitución. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

(79) Revisó la Ley 824 de 2003, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre las misiones especiales.

Cft. sentencias C-859 de 2007 y C-254 de 2003.

(80) Ley 6ª de 1972, Convención de Viena, Considerandos.

(81) Artículo 294 de la Constitución. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo previsto en el artículo 317.

(82) Cft. Sentencia C-859 de 2007.

(83) AV. Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Marco Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett.

(84) Cft. Sentencia C-1333 de 2000.

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