Sentencia C-1172 de noviembre 17 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1172 de 2005 

Ref.: Expediente D-5749

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Actor: Heriberto Segundo Villamil Peña.

Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones “o a los de radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones”, contenidas en el artículo 10 de la Ley 182 de 1995 “Por la cual se reglamenta el servicio de televisión, y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a este, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”.

Bogotá D.C., diecisiete de noviembre del año dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 41.681 del 20 de enero de 1995. Se resalta lo demandado.

“Ley 182 de 1995”

(Enero 20)

“Por la cual se reglamenta el servicio de televisión, y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a este, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

(...).

ART. 10.—Incompatibilidades de los miembros de la junta directiva de la comisión. Las funciones de miembro de junta directiva de la comisión son de tiempo completo e incompatibles con todo cargo de elección popular y con el ejercicio de la actividad profesional o laboral diferente de la de miembro de dicha Junta o de la de ejercer la cátedra universitaria. Especialmente, no pueden, directa o indirectamente, ejercer funciones, recibir honorarios ni tener intereses o participación en una persona operadora o concesionaria de espacios o servicios de televisión, ni realizadora de actividades relativas a estas, o a las de radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones.

Lo dispuesto en este artículo, se aplicará también durante el año siguiente al término del período o al retiro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma contentiva de las expresiones acusadas hace parte de una ley de la República.

2. La materia sujeta a examen.

Para el actor las expresiones “o a los de radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones”, contenidas en el artículo 10 de la Ley 182 de 1995 “Por la cual se reglamenta el servicio de televisión, y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a este, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones” desconocen i) el derecho al trabajo (C.P., art. 25) por cuanto impiden que los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión una vez retirados del cargo puedan ejercer las funciones propias de su profesión ; ii) el derecho a escoger profesión u oficio (C.P., art. 26) por cuanto se les limitaría la posibilidad de optar por el desarrollo de la actividad para la cual se han formado y iii) el principio de igualdad por cuanto se establecería en su caso un tratamiento discriminatorio frente a los demás servidores del Estado pues solo dichos miembros estarían sometidos a una prohibición tan severa.

El interviniente en representación de la Comisión Nacional de Televisión considera que la prohibición establecida en la norma acusada en relación con sectores que nada tienen que ver con el servicio público de televisión una vez terminado el período del miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión, en tanto desconoce el derecho al trabajo debe ser declarada inexequible.

El interviniente en representación del Ministerio de Comunicaciones considera que, contrario a lo pretendido por el actor, la televisión no puede ser desligada de los demás medios de comunicación, ni de otras actividades como la publicidad, pues justamente la expresión cotidiana “medios de comunicación” los incluye a todos a causa de su profunda interrelación. Desde esta perspectiva precisa que la norma es totalmente razonable para asegurar la transparencia y autonomía de la gestión de los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión al tiempo que recuerda que de manera general existe una prohibición para todos los funcionarios públicos sin importar el cargo que ocuparon en la entidad para la cual trabajaron de gestionar asuntos ante la misma, o de actuar en relación con asuntos que estuvieron a su cargo sin que de ello pueda predicarse ninguna vulneración al artículo 25 superior. Precisa que en este caso se trata de aplicar una regla similar pero en relación con la esfera potencial de influencias de un miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión.

Por su parte el señor procurador solicita la declaratoria de exequibilidad de las expresiones acusadas. Hace énfasis en que i) resulta evidente la relación entre las actividades de televisión y las de radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones a que alude la norma acusada; ii) la norma tiene una legítima finalidad moralizadora y resulta idónea y conducente para asegurar la imparcialidad de la actuación de los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión; iii) la norma no es irrazonable ni desproporcionada más aún si se considera que tiene un carácter temporal —un año—.

Así las cosas, corresponde a la Corte establecer si las expresiones “o a los de radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones”, contenidas en el artículo 10 de la Ley 182 de 1995 “Por la cual se reglamenta el servicio de televisión, y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a este, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones” desconocen o no los derechos al trabajo y a la libre escogencia de profesión y oficio (C.P., arts. 25 y 26), así como si establecen o no algún tipo de discriminación en contra de los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión (C.P., art. 13).

3. Consideraciones preliminares.

Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a i) La potestad de configuración del Legislador en materia de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones en relación con el ejercicio de funciones públicas y los límites fijados por la Constitución; ii) el contenido y alcance de la norma donde se contienen los preceptos acusados, las que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda.

3.1. La potestad de configuración del Legislador en materia de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones en relación con el ejercicio de funciones públicas y los límites fijados por la Constitución.

La corporación ha señalado, de manera reiterada (1) , que el artículo 123 de la Carta Política señala que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento; así mismo, el artículo 150-23 ibídem establece que el legislador expedirá las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.

De conformidad con las normas citadas, compete al legislador regular la función pública y establecer los requisitos, exigencias, condiciones o calidades que deben reunir las personas que aspiran a ejercerla, así como el régimen disciplinario y el de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones a que ellas están sujetas.

El constituyente quiso someter dichos servidores a estrictas reglas de conducta que garanticen la moralidad pública y el ejercicio de las funciones a ellos atribuidas orientado siempre a la defensa del interés general y al cumplimiento de los fines del Estado (C.P., arts. 122, 124 a 129).

Al respecto, recuérdese que conforme al artículo 2º de la Constitución, las autoridades están instituidas, entre otras finalidades, “para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” y cómo al tenor del artículo 209 constitucional son principios que fundamentan el ejercicio de la función administrativa los “(...) de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (...)”.

La necesidad de poner en práctica la aplicación de estos principios superiores significa que, como lo ha precisado en repetidas ocasiones la corporación, quienes acceden al desempeño de funciones públicas deben someterse al cumplimiento de ciertas reglas y exigencias, acordes con los supremos intereses que les corresponde gestionar en beneficio del interés común y de la prosperidad colectiva (2) , sin que con ello pueda entenderse que se desconoce el derecho a participar en los asuntos públicos a que alude el artículo 40-7 superior, o cualquier otro derecho reconocido en la Constitución.

Ha dicho la Corte:

“La Carta Política de 1991 establece en el artículo 40 el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Dentro de las varias manifestaciones que adopta este derecho se encuentra la posibilidad de elegir y ser elegido (num. 1º) así como de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (num. 7º), salvo para aquellos colombianos que, por nacimiento o por adopción, tengan doble nacionalidad, en los casos y de la forma que lo establezca la respectiva reglamentación legal. // El derecho político en mención ha sido reconocido como fundamental y de aplicación inmediata en el texto constitucional (C.P., arts. 40 y 85), dado el desarrollo que permite alcanzar, no solo en el patrimonio jurídico-político de los ciudadanos, sino también en la estructura filosófico-política del Estado, al hacer efectivo el principio constitucional de la participación ciudadana (C.P., art. 1º). No obstante, es posible someterlo a limitaciones (3) en aras de la defensa y garantía del interés general, como sucede para efectos del señalamiento de las condiciones de ingreso al ejercicio de un cargo o función públicos”.

Es así como la Constitución Política y la ley se han encargado de fijar un régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones (4) , a través del cual se persigue impedir o limitar el ejercicio de la función pública a los ciudadanos que no observen las condiciones que han sido estatuidas para asegurar la idoneidad y probidad de quien aspira a ingresar o está desempeñando un cargo público. De la misma manera que se trata de evitar cualquier tipo de injerencia indebida en la gestión de los asuntos públicos al limitar el ejercicio de ciertas actividades por los servidores públicos durante y aún después de la dejación de sus correspondientes cargos.

Al respecto la Corte ha señalado que el legislador goza de un amplio margen de configuración en materia de establecimiento de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones en relación con el ejercicio de funciones públicas, que debe respetar, sin embargo, los límites que en este campo impone la Carta Política (5) , bien porque ella haya fijado de manera explícita determinados parámetros (6) , bien porque la actuación del legislador deba subordinarse a los valores, principios y derechos constitucionalmente reconocidos y en particular los determinados en los artículos 13, 25, 26 y 40-7 superiores (7) .

La Corte ha precisado que el alcance concreto de la potestad de configuración del legislador, en este, como en los demás casos, dependerá de la precisión con la que la Constitución haya regulado la institución jurídica de que se trate y que en este sentido la posibilidad que en cualquier circunstancia ostenta el Legislador para desarrollar la Constitución dependerá en su alcance del margen que haya dejado la Constitución.

Sobre el particular, en la Sentencia C-064 de 2003 donde se analizó el alcance del inciso final del artículo 122 superior para resolver sobre la constitucionalidad del parágrafo 2º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, dijo la Corte lo siguiente:

“La ciencia constitucional entiende y acepta como uno de sus principios más elaborados que sea el legislador el encargado de desarrollar y concretizar los textos constitucionales. Principio que encuentra pleno respaldo en la Constitución al habilitar al órgano legislativo para cumplir esa importante misión. Labor que debe cumplir con total obediencia de los límites establecidos por el mismo estatuto supremo, precisamente para que no desborde sus contenidos y termine por desnaturalizar la norma de normas.

Para dicho desarrollo no se requiere que la norma constitucional disponga de forma individual que autoriza al Congreso, debido a que de manera general el constituyente lo faculta para ello (C.P., arts. 114 y 150), por tanto, el legislador con ese cometido está cumpliendo claras atribuciones constitucionales, con total apego al principio del estado de derecho, según el cual toda autoridad del Estado no puede cumplir funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley (C.P., art., 121).

El ejercicio de esta potestad dependerá, en menor o mayor medida, del grado de precisión con el que el constituyente regula una institución jurídica, y del propio desarrollo constitucional de la misma. Así, podría decirse que la libertad de configuración del legislador es inversamente proporcional a la precisión y amplitud con la que la Constitución regula una institución jurídica. A mayor precisión de las nociones constitucionales, menor libertad de acción para el legislador. A mayor desarrollo constitucional de la normatividad superior, menor espacio de acción para la ley. A su vez, el grado de la libertad de configuración, determina la intensidad del control constitucional. Así lo ha establecido este Tribunal Constitucional, en Sentencia C-404 de 2001, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, veamos:

(...).

“... Esta libertad de configuración del legislador, así como la propia naturaleza de ciertos conceptos constitucionales, permiten precisar los alcances del control constitucional de las definiciones legislativas de las categorías constitucionales. En efecto, el control material de la Corte de estas definiciones legislativas busca preservar al mismo tiempo la supremacía de la Carta y la libertad política del legislador. Por ello, el control constitucional en este campo es ante todo un control de límites, pues no puede la Corte aceptar definiciones legales que contraríen la estructura constitucional o vulneren principios y derechos reconocidos por la Carta. Pero tampoco puede la Corte interpretar la Constitución de manera tal que desconozca el pluralismo político y la alternancia de diferentes políticas, pues la Carta es un marco de coincidencias básico, dentro del cual coexisten visiones políticas diversas.

Ese control de límites varía su intensidad dependiendo de la propia complejidad y desarrollo de la construcción constitucional de un determinado concepto o institución. Así, si la determinación de los elementos estructurales de un concepto es más o menos completa, esto hace más estricto el control constitucional del acto normativo que desarrolla el mencionado concepto pues, en tales casos, el constituyente ha limitado el ámbito de acción del legislador. Por el contrario, si la protección constitucional solamente se predica de ciertos elementos, los cuales no delimitan perfectamente la figura jurídica del caso, el Congreso tiene una amplia libertad para optar por las diversas alternativas legítimas del concepto, obviamente respetando el marco constitucional fijado. En efecto, en función del pluralismo político, la soberanía popular, el principio democrático y la cláusula general de competencia del Congreso (C.P., arts. 1º, 3º, 8º y 150), se entiende que cuando la Constitución ha guardado silencio sobre un determinado punto es porque ha querido dejar un espacio abierto amplio para diferentes regulaciones y opciones de parte del legislador. Eso significa que cuando no puede deducirse del texto constitucional una regla clara, en principio debe considerarse válida la regla establecida por el legislador” (8) (negrillas fuera de texto).

Conforme a lo visto, en la medida en que la Constitución no concretice todos los elementos de determinada institución jurídica el legislador queda habilitado para ejercer su potestad de configuración legislativa, pues, al guardar silencio el Constituyente es porque ha querido dejar un espacio abierto amplio para diferentes regulaciones y opciones de parte del Legislador” (9) .

Cabe resaltar, de otra parte, que la Corte ha hecho particular énfasis en que el ejercicio de la potestad de configuración por el Legislador para establecer prohibiciones y determinar causales de inhabilidad e incompatibilidad o para regular su alcance no puede ser irrazonable ni desproporcionado (10) .

Al respecto ha dicho la Corte:

“El legislador, como ya se expresó, goza de autorización constitucional para establecer causales de inhabilidad e incompatibilidad en cuanto al ejercicio de cargos públicos, y al hacerlo, en tanto no contradiga lo dispuesto por la Carta Política y plasme reglas razonables y proporcionales, le es posible introducir o crear los motivos que las configuren, según su propia verificación acerca de experiencias anteriores y su evaluación sobre lo que más convenga con el objeto de garantizar la transparencia del acceso a la función pública, de las sanas costumbres en el seno de la sociedad y de la separación entre el interés público y el privado de los servidores estatales, sin que necesariamente los fenómenos que decida consagrar en la calidad dicha tengan que estar explícitamente contemplados en el texto de la Constitución. Exigirlo así significaría quitar a la ley toda iniciativa en materias que son propias de su papel en el plano de la conformación del orden jurídico, despojando de contenido la función legislativa misma” (11) .

Y en pronunciamiento posterior, manifestó:

“La doctrina constitucional contenida en múltiples fallos de esta corporación (Sents. C-537/93; C-320/94; C-373/95; C-367/96, C-509, C-618/97, C-068 y C-147/98, entre otras), ha señalado que las inhabilidades como excepción y restricción que el constituyente y el legislador pueden fijar al derecho político que le asiste a toda persona de acceder y desempeñar, en condiciones de igualdad, funciones o cargos públicos (Constitución, arts. 13 y 40), deben ser razonadas y proporcionales. Razonabilidad y proporcionalidad, que tiene como punto de referencia, la prevalencia de los principios que rigen la función administrativa (Constitución, art. 209).

Así, ha de entenderse que una causal de inhabilidad está acorde con los postulados de la Constitución, cuando la misma tiene por objeto otorgar la mayor transparencia, moralidad, igualdad, eficacia y eficiencia a la función pública. Solo cuando estos principios resulten satisfechos, será admisible la limitación del derecho de los diversos ciudadanos que, pese a poseer la idoneidad para desempeñar un cargo o función pública determinada, no puedan acceder, en razón a la concurrencia en él de circunstancias que hacen presumir que el desempeño de la función pública correspondiente, podrá objetivamente verse afectada por estas” (12) .

La Corte ha destacado, igualmente, que la configuración de prohibiciones y de causales de inhabilidad e incompatibilidad por el legislador no debe operar con un criterio unívoco sino que, por el contrario, debe estar precedida de consideraciones particulares atinentes a la naturaleza propia de cada uno de los casos, situaciones o actos que son materia de regulación jurídica. En otras palabras, ha considerado que las prohibiciones deben ser definidas de conformidad con el cargo de que se trate, la condición reconocida al servidor público, las atribuciones y competencias que le hayan sido asignadas y sus respectivas responsabilidades, pues de esta manera no solo se respeta la libertad de configuración legislativa —amparada en los principios de razonabilidad y proporcionalidad—, sino además, se garantiza plenamente la ejecución de los fines esenciales del Estado en sus diferentes niveles (13) .

De lo anterior puede colegirse que las facultades del legislador para fijar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones en materia de ejercicio de funciones públicas, encuentran límites precisos que tienen que ver tanto con lo que el texto constitucional haya establecido directamente y el margen que este haya dejado al legislador en cada caso, como con los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad a que se ha hecho referencia.

3.2. El contenido y alcance del artículo 10 de la Ley 182 de 1995 donde se contienen los preceptos acusados.

De acuerdo con el artículo 76 constitucional la intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y programas del Estado en este campo. El artículo 77 superior señala que la dirección de la política que en materia de televisión determine la ley, sin menoscabo de las libertades consagradas en la Constitución, estará a cargo del organismo mencionado; así mismo que la televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio y la dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una junta directiva integrada por cinco (5) miembros, y a esta corresponde el nombramiento de director. Los miembros de la junta tendrán período fijo. El Gobierno Nacional designará dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión. La norma dispone igualmente que la ley dispondrá lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la organización y funcionamiento de la entidad.

El carácter de órgano regulatorio y de dirección que las normas superiores confieren a la Comisión Nacional de Televisión y particularmente a la junta directiva encargada de la dirección y ejecución de las funciones de la entidad autónoma a que alude el artículo 77 constitucional ha sido resaltado por la Corte.

Así al pronunciarse esta corporación sobre el alcance del referido artículo superior que consagra la autonomía que el constituyente le atribuyó al ente rector de la televisión, denominado en la Ley 182 de 1995 Comisión Nacional de Televisión, señaló:

“El artículo 77 de la Constitución distingue con claridad entre la determinación de la política estatal en materia de televisión —que corresponde a la ley— y la dirección de la misma, con arreglo a la ley y sin menoscabo de las libertades consagradas en la Carta, que ha sido confiada al organismo previsto en los artículos 76 y 77 ibídem, denominado Comisión Nacional de Televisión por la Ley 182 de 1995.

(...).

Pero, claro está, los dos tipos de funciones han sido delimitados por la propia Carta, de tal manera que el aludido ente no puede sustituir al legislador en la determinación de la política de televisión ni en lo relativo a su propia organización y funcionamiento.

Lo dicho encaja en las previsiones generales del artículo 75 constitucional, sobre el espectro electromagnético. Este es un bien público inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado en virtud de competencias que, en lo que atañe a la televisión, corresponden a la Comisión Nacional de Televisión, pero en los términos que señale la ley” (14) .

La Corte ha precisado que el legislador, deberá diseñar la política del servicio público de la televisión en el marco de las limitaciones que emanan de las normas constitucionales, en tanto que la Comisión Nacional de Televisión deberá intervenir en el manejo y gestión del espectro electromagnético en los términos que le señale la ley. Ha señalado la corporación en este sentido que “... la Comisión Nacional de Televisión es un organismo de ejecución y desarrollo de la política trazada por la ley. Sobre la base de la misma, dirige y regula la televisión como ente autónomo” (15) .

En desarrollo de los textos superiores el legislador expidió la Ley 182 de 1995 “Por la cual se reglamenta el servicio de televisión, y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a este, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”.

En el título II “De la Comisión Nacional de Televisión” de la citada ley se regula, en el capítulo I sobre “naturaleza y funciones” de la Comisión Nacional de Televisión, lo referente a la naturaleza jurídica, denominación, domicilio y control político (art. 3º) (16) , objeto (art. 4º) (17) y funciones (art. 5º) (18) de la misma.

En el capítulo II sobre “organización y estructura de la comisión se regula la composición de la junta directiva (art. 6º) (19) , las faltas absolutas de sus miembros (art. 7º) (20) los requisitos y calidades exigidos para el efecto (art. 8º) (21) , así como las inhabilidades para ser elegido o designado en dicha junta directiva (art. 9º) (22) .

En el mismo capítulo se señala, en el artículo 10 —disposición de la que hacen parte las expresiones acusadas—, las incompatibilidades de los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión.

De acuerdo con dicho texto las funciones de miembro de la junta directiva de la referida comisión son de tiempo completo e incompatibles con todo cargo de elección popular y con el ejercicio de la actividad profesional o laboral diferente de la de miembro de dicha junta o de la de ejercer la cátedra universitaria. La norma precisa que especialmente, no pueden, directa o indirectamente, ejercer funciones, recibir honorarios ni tener intereses o participación en una persona operadora o concesionaria de espacios o servicios de televisión, ni realizadora de actividades relativas a estas, o a las de radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones (en itálica las expresiones acusadas).

En el segundo inciso de dicho artículo se señala que lo dispuesto en el mismo se aplicará también durante el año siguiente al término del período o al retiro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión.

De la norma se desprende entonces que i) las funciones de miembro de junta directiva de la referida comisión son de tiempo completo ii) dichas funciones son incompatibles con todo cargo de elección popular; iii) igualmente son incompatibles con el ejercicio de cualquier actividad profesional o laboral diferente de la de miembro de dicha junta o de la de ejercer la cátedra universitaria iv) las referidas funciones son especialmente incompatibles con el hecho de que directa o indirectamente a) se ejerzan funciones, se reciban honorarios o se tengan intereses o participación en una persona operadora o concesionaria de espacios o servicios de televisión, ni realizadora de actividades relativas a estas, b) se ejerzan funciones, se reciban honorarios o se tengan intereses o participación en una persona operadora, concesionaria o realizadora de actividades relativas a la radiodifusión, el cine, la edición, la prensa, la publicidad o las telecomunicaciones. v) La imposibilidad de, directa o indirectamente, a) ejercer funciones, recibir honorarios, tener intereses o participación en una persona operadora o concesionaria de espacios o servicios de televisión, o realizadora de actividades relativas a estas, y de b) ejercer funciones, recibir honorarios, tener intereses o participación en una persona operadora, concesionaria o realizadora de actividades relativas a la radiodifusión, el cine, la edición, la prensa, la publicidad o las telecomunicaciones se extiende al año siguiente al término del período o al retiro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión.

Ahora bien es en relación a este último punto, a saber la imposibilidad durante un año —contado a partir del término del período o al retiro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión— de ejercer funciones, recibir honorarios, tener intereses o participación en una persona operadora, concesionaria o realizadora de actividades relativas a la radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones, a lo que el actor alude en su demanda para formulara su acusación.

4. Análisis de los cargos.

4.1. Como se ha señalado, para el actor las expresiones “o a los de radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones”, contenidas en el artículo 10 de la Ley 182 de 1995 desconocen i) el derecho al trabajo (C.P., art. 25) por cuanto impiden que los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión una vez retirados del cargo puedan ejercer las funciones propias de su profesión; ii) el derecho a escoger profesión u oficio (C.P., art. 26) por cuanto se les limitaría la posibilidad de optar por el desarrollo de la actividad para la cual se han formado y iii) el principio de igualdad por cuanto se establecería en su caso un tratamiento discriminatorio frente a los demás servidores del Estado pues solo dichos miembros estarían sometidos a una prohibición tan severa una vez retirados de su cargo.

Al respecto la Corte señala que como se explicó en los apartes preliminares de esta sentencia de acuerdo con los artículos 123 y 150-23 compete al legislador regular la función pública y establecer los requisitos, exigencias, condiciones o calidades que deben reunir las personas que aspiran a ejercerla, así como el régimen disciplinario y el de inhabilidades incompatibilidades y prohibiciones a las que ellas están sujetas. Así mismo que el Constituyente quiso someter dichos servidores a estrictas reglas de conducta que garanticen la moralidad pública y el ejercicio de las funciones a ellos atribuidas orientado siempre a la defensa del interés general y al cumplimiento de los fines del Estado.

En ese orden de ideas quienes acceden al desempeño de funciones públicas deben someterse al cumplimiento de ciertas reglas y exigencias, acordes con los superiores intereses que les corresponde gestionar en beneficio del interés común y de la prosperidad colectiva (23) , sin que con ello pueda entenderse que se desconoce el derecho a participar en los asuntos públicos a que alude el artículo 40-7 superior, o per se cualquier otro derecho reconocido en la Constitución como a los que alude el actor en su demanda.

Sobre el particular cabe precisar que, como igualmente ya se explicó, el legislador goza de un amplio margen de configuración en materia de establecimiento de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones en relación con el ejercicio de funciones públicas, que debe respetar, sin embargo, los límites que en este campo impone la Carta Política (24) , bien por que ella haya fijado de manera explicita determinados parámetros (25) , bien porque la actuación del legislador deba subordinarse a los valores, principios y derechos constitucionalmente reconocidos (26) , al tiempo que el ejercicio de la referida potestad de configuración no puede ser irrazonable ni desproporcionada (27) .

4.2. A partir de estos presupuestos la Corte encuentra que la extensión de los efectos de la incompatibilidad establecida en la norma para los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión a que alude el actor —es decir, respecto del ejercicio de funciones, la recepción de honorarios, la existencia de intereses o participaciones en una persona operadora, concesionaria o realizadora de actividades relativas a la radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones—, durante el año siguiente al retiro del miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión o de la terminación de su período, tiene una clara finalidad moralizadora acorde con los mandatos superiores (C.P., arts. 123 y 209) que consiste en impedir que la actuación del miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión pueda verse interferida por cualquier perspectiva laboral o económica o cualquier tipo de expectativa, no solo en el ámbito directo de acción de los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión, a saber el de la televisión sino en el de los medios en general con los cuales la televisión guarda innegable interdependencia.

Cabe recordar que el propósito básico que inspira las incompatibilidades de los servidores públicos consiste en mantener la probidad de los mismos en el ejercicio de sus funciones, mediante el señalamiento de impedimentos legales, relacionados con la imposibilidad del ejercicio de actividades o cargos que puedan poner en entredicho la transparencia debida para el normal desarrollo de la actividad pública (28) .

Así mismo, como lo ponen de presente el interviniente en representación del Ministerio de Comunicaciones y el señor Procurador General de la Nación es clara la interrelación que la televisión, convertida en uno de los principales ejes de la comunicación en la sociedad moderna (29) , guarda con las actividades de radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad y telecomunicaciones, al tiempo que las estructuras empresariales ligadas a dichas actividades se caracterizan por la conformación de grupos económicos que generalmente comprenden todas las actividades aludidas incluida la televisión, de la misma manera que al estar implicados en alguna o algunas de ellas se relacionan con la televisión para el desarrollo de sus objetivos.

Debe señalarse también que es precisamente en función de la importancia que la televisión tiene en la sociedad y en los medios de comunicación que el constituyente se ocupó directamente de establecer normas específicas relativas a ella en el articulado de la Constitución (C.P., arts. 76 y 77), y concretamente que la misma sería regulada por una entidad autónoma, sujeta a un régimen propio y que la dirección y ejecución de las funciones de la referida entidad estarían a cargo de una junta directiva integrada por cinco (5) miembros con período fijo encargados de nombrar al director. Atribuciones de regulación, dirección y ejecución que dadas las características del medio del que se trata establecen un ámbito potencial de influencia del miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión que desborda evidentemente el estricto campo de la televisión.

En este sentido resulta razonable que el legislador en ejercicio de su potestad de configuración y frente al análisis concreto que le correspondía hacer para el establecimiento de las incompatibilidades aplicables a los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión haya considerado que resultaba necesario no solamente referirse expresamente a los demás medios de comunicación y a las actividades allí señaladas para configurar una incompatibilidad específica, sino extender los efectos de la misma durante el año siguiente al término del período o al retiro de los miembros de la referida junta directiva.

No sobra resaltar que el actor reconoce implícitamente que dichas actividades de radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad y telecomunicaciones si pueden interferir la actuación del miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión pues la acusación que formula la limita es a la extensión al año siguiente de la incompatibilidad aludida y nada reprocha respecto del establecimiento por el legislador de la misma durante el ejercicio de funciones por parte del miembro de la referida junta directiva.

A ello cabe agregar que en el presente caso el ejercicio de esa potestad de configuración en materia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones no se encontraba limitada por ninguna determinación específica del constituyente, pues este defirió a la ley la regulación de la organización y funcionamiento de la “entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio encargada de la televisión” y en particular de la regulación —en lo no establecido directamente en la Constitución— de la “Junta directiva” de la misma (C.P., art. 77).

En ese orden de ideas en cuanto la regulación que el legislador estableció no resulte irrazonable o desproporcionada y por ende contraria a los principios, valores, o derechos establecidos en la Constitución ningún reproche cabe hacer a la misma.

Ahora bien en cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad del artículo 10 de la Ley 182 de 1995 en el aspecto que se acusa, —a saber la extensión al año siguiente al retiro del miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión o de la terminación de su período, de la prohibición del ejercicio de funciones, la recepción de honorarios, la existencia de intereses o participaciones en una persona operadora, concesionaria o realizadora de actividades relativas a la radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones—, la Corte encuentra que esa previsión del legislador, que tiene como se ha visto la finalidad legítima constitucionalmente de preservar la moralidad e imparcialidad de la actuación de los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión no solamente resulta idónea para alcanzar dicha finalidad —en cuanto toma en cuanta las características propias del sector de los medios de comunicación y en particular el ámbito real de injerencia que puede llegar a tener un miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión en función de sus atribuciones de dirección y de regulación—, sino que dada la posibilidad del ejercicio de la cátedra que la norma establece, así como su carácter temporal —concretamente limitada a un año— en manera alguna puede considerarse que resulte desproporcionada, ni que cercene de manera ilegítima los derechos al trabajo o a la elección de profesión u oficio a que alude el actor.

Téngase en cuenta al respecto que los derechos pueden estar sujetos a límites (30) y que en ese orden de ideas no cabe, contrario a lo que afirma el actor y el interviniente en representación de la Comisión Nacional de Televisión, presentar el derecho al trabajo, o el derecho a elegir profesión u oficio como derechos no limitables en estas circunstancias sin tomar en cuenta el contexto dentro del que se plantea la restricción establecida por el legislador en función de la protección de bienes públicos de indudable importancia constitucional como la moralidad y la imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas (C.P., arts. 123 y 209), en este caso la encomendadas a los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión.

En relación con la limitación posible de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución cabe recordar lo dicho por la Corte en la Sentencia C-916 de 2002 en la que señaló al respecto lo siguiente:

“La regulación legislativa de los derechos y garantías representa inevitablemente una delimitación de sus ámbitos y sus alcances, la cual debe enmarcase dentro de la Constitución.

El ejercicio de todo derecho encuentra límites en el respeto a los derechos de los demás, en la razonable protección de intereses públicos definidos por el legislador y en el cumplimiento de deberes cuyo alcance preciso también debe ser establecido por el legislador.

No obstante, las limitaciones a los derechos constitucionales también deben respetar límites, que esta corporación ha identificado y desarrollado en su jurisprudencia para asegurar que se respete el núcleo esencial del derecho limitado, esto es, que la regulación sea razonable y que su justificación sea compatible con el principio democrático (31) .

Por eso, la potestad de configuración del legislador para fijar limitaciones a los derechos constitucionales tiene alcances diversos, es más amplia o más restringida, en atención a la materia regulada, a los valores constitucionales relevantes en cada caso, al instrumento mediante el cual se adoptó la limitación y al contexto jurídico y empírico en el cual se inscribe, entre otros criterios analizados por esta Corte.

Así lo explicó esta corporación, por ejemplo, en la Sentencia C-475 de 1997 (32) :

En efecto, en los términos de la demanda, considerar que un determinado derecho fundamental tiene carácter ilimitado, implica, necesariamente, aceptar que se trata de un derecho que no puede ser restringido y que, por lo tanto, prevalece sobre cualquiera otro en los eventuales conflictos que pudieren presentarse. Pero su supremacía no se manifestaría solo frente a los restantes derechos fundamentales. Un derecho absoluto o ilimitado no admite restricción alguna en nombre de objetivos colectivos o generales o de intereses constitucionalmente protegidos.

Si el sistema constitucional estuviese compuesto por derechos ilimitados sería necesario admitir (1) que se trata de derechos que no se oponen entre sí, pues de otra manera sería imposible predicar que todos ellos gozan de jerarquía superior o de supremacía en relación con los otros; (2) que todos los poderes del Estado, deben garantizar el alcance pleno de cada uno de los derechos, en cuyo caso, lo único que podría hacer el poder legislativo, sería reproducir en una norma legal la disposición constitucional que consagra el derecho fundamental, para insertarlo de manera explícita en el sistema de derecho legislado. En efecto, de ser los derechos “absolutos”, el legislador no estaría autorizado para restringirlos o regularlos en nombre de otros bienes, derechos o intereses constitucionalmente protegidos. Para que esta última consecuencia pueda cumplirse se requeriría, necesariamente, que las disposiciones normativas que consagran los “derechos absolutos” tuviesen un alcance y significado claro y unívoco, de manera tal que constituyeran la premisa mayor del silogismo lógico deductivo que habría de formular el operador del derecho. Como la concepción “absolutista” de los derechos en conflicto puede conducir a resultados lógica y conceptualmente inaceptables, la Carta opta por preferir que los derechos sean garantizados en la mayor medida posible, para lo cual deben sujetarse a restricciones adecuadas, necesarias y proporcionales que aseguren su coexistencia armónica” (33) .

En el presente caso es claro que la limitación que se establece para los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión durante el año siguiente al retiro de su cargo o la terminación de su período en cuanto al ejercicio de funciones, la recepción de honorarios, la existencia de intereses o participaciones en una persona operadora, concesionaria o realizadora de actividades relativas a la radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones, se encuentra plenamente justificada en la defensa de los intereses superiores ligados a la preservación de la moralidad e imparcialidad de la actuación de los miembros de dicha junta directiva y en manera alguna puede considerarse que desconozca el núcleo esencial de los derechos al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio que invoca el demandante por lo que el cargo planteado en este sentido no esta llamado a prosperar.

4.3. Ahora bien en cuanto a la supuesta vulneración del principio de igualdad a que alude el actor ya que serían solamente los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión los servidores sometidos a un régimen tan severo luego de la dejación de sus cargos, la Corte recuerda que de manera invariable la jurisprudencia ha precisado, que en desarrollo del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política, corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles (34) .

La corporación ha establecido así en múltiples ocasiones que un tratamiento legislativo diferente no implica per se una violación del principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable (35) . La Corte ha acudido entonces a un instrumento metodológico —sobre cuyo alcance y límites se ha pronunciado reiteradamente (36) —, para verificar la legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad del trato diferenciado (37) .

Se busca así determinar en cada caso i) si se está frente a supuestos de hecho diversos o si estos son comparables; ii) si el fin perseguido por la norma es un fin objetivo y legítimo a la luz de la Constitución; iii) si los supuestos de hecho estudiados, la finalidad perseguida y el trato desigual otorgado guardan una coherencia o eficacia interna, es decir una racionalidad entre ellos; iv) si el trato desigual es proporcionado. La necesidad de que exista proporcionalidad entre los medios y los fines perseguidos por la norma ha sido también resaltada por la jurisprudencia, que ha propuesto tres pasos para resolverlo: así entonces, a) los medios escogidos deben ser adecuados para la consecución del fin perseguido; b) los medios empleados deben ser necesarios para la consecución de ese fin y, c) los medios empleados deben guardar proporción con los fines perseguidos, esto es, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes (38) .

Respecto de la primera condición, que en caso de no cumplirse impide que se desarrolle el instrumento metodológico expresado (39) , la Corte ha precisado que el derecho a la igualdad que consagra la Constitución es objetivo y no formal, puesto que se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales, concepción esta que supera así la noción de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente reglamentación a supuestos distintos (40) .

Desde esta perspectiva solamente resulta posible establecer la eventual vulneración del principio de igualdad cuando las situaciones de hecho que se comparan atienden a dichos presupuestos (41) .

Ahora bien, la Corte constata que en el presente caso, como se desprende de las consideraciones preliminares de esta sentencia, la comparación entre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones predicable de cualquier servidor público en abstracto y el aplicable al miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión no resulta posible.

Recuérdese que el análisis de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones debe hacerse en concreto en función del cargo de que se trate y es claro que la función de miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión comporta una serie de características —ligadas a la función de dirección de la política que en materia de televisión determine la ley y el carácter de órgano autónomo de regulación que señala el artículo 77 superior— que impiden comparar la situación de los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión con la de los demás servidores públicos.

En ese orden de ideas, es claramente improcedente exigir el mismo tratamiento jurídico frente a supuestos de hecho diversos, y por tanto ninguna vulneración del principio de igualdad cabe predicarse respecto de la regulación efectuada por el legislador en este caso, pues ni siquiera los supuestos planteados por el actor resultan comparables.

Así las cosas la Corte debe concluir que no asiste razón al actor en ninguno de los argumentos que expone en relación con la supuesta vulneración por las expresiones acusadas de los derechos al trabajo y a la elección de profesión u oficio (C.P., arts. 25 y 26) así como del principio de igualdad (C.P., art. 13) por lo que los cargos planteados en este sentido no están llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES, frente a los cargos formulados, las expresiones “o a los de radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones”, contenidas en el artículo 10 de la Ley 182 de 1995 “Por la cual se reglamenta el servicio de televisión, y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a este, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Ver sobre este aspecto, entre otras, las sentencias C-311 de 2004 y C-720 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis cuyos considerandos se reiteran a continuación.

(2) Ver Sentencia C-209 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(3) Vid. sentencias C-558 de 1994 y C-509 del mismo año.

(4) Respecto a la naturaleza jurídica de las inhabilidades e incompatibilidades, la Corte tuvo oportunidad de señalar que:

“... con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad.

Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia y moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o cargos” (Sent. C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell).

(5) Ver en este sentido, entre otras las sentencias C-200 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-247 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-952 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1212 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-373 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(6) Ver entre otras las sentencias C-1412 de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y C-200 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(7) Ver entre otras las sentencias C-952 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1212 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-064 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-625 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-015 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(8) Ibídem.

(9) Sentencia C-064 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería A.V. Jaime Córdoba Triviño. S.V. Álvaro Tafur Galvis.

(10) Vid. sentencias C-194 de 1995 y C-617 y C-618 de 1997.

(11) Sentencia C-617 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(12) Sentencia C-1372 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra

(13) Cfr., entre otras, la Sentencia C-483 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En el mismo sentido ver la Sentencia C- 209 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(14) Sentencia C-564 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(15) Sentencia C-564 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(16) ART. 3º—Naturaleza jurídica, denominación, domicilio y control político. El organismo al que se refieren los artículos 76 y 77 de la Constitución Política se denominará Comisión Nacional de Televisión (CNTV). Dicha entidad es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica y con la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de las atribuciones que le asignan la Constitución, la ley y sus estatutos.

El domicilio principal de la Comisión Nacional de Televisión será la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., República de Colombia, pero por decisión de la junta directiva podrá establecer sedes en cualquier lugar del territorio nacional.

PAR.—Control político. La Comisión Nacional de Televisión será responsable ante el Congreso de la República y deberá atender los requerimientos y citaciones que este le solicite a través de las plenarias o las comisiones.

(17) ART. 4º—Objeto. Corresponde a la Comisión Nacional de Televisión ejercer, en representación del Estado, la titularidad y reserva del servicio público de televisión, dirigir la política de televisión, desarrollar y ejecutar los planes y programas del Estado en relación con el servicio público de televisión de acuerdo a lo que determine la ley; regular el servicio de televisión e intervenir, gestionar y controlar el uso del espectro electromagnético utilizado para la prestación de dicho servicio, con el fin de garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia en la prestación del servicio y evitar las prácticas monopolísticas en su operación y explotación, en los términos de la Constitución y la ley.

(18) ART. 5º—Funciones. En desarrollo de su objeto corresponde a la Comisión Nacional de Televisión:

a) Dirigir, ejecutar y desarrollar la política general del servicio de televisión determinada en la ley y, velar por su cumplimiento, para lo cual podrá realizar los actos que considere necesarios para preservar el espíritu de la ley;

b) Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos e imponer las sanciones a que haya lugar;

c) Clasificar, de conformidad con la presente ley, las distintas modalidades del servicio público de televisión, y regular las condiciones de operación y explotación del mismo, particularmente en materia de cubrimientos, encadenamientos, expansión progresiva del área asignada, configuración técnica, franjas y contenido de la programación, gestión y calidad del servicio, publicidad, comercialización en los términos de esta ley, modificaciones en razón de la transmisión de eventos especiales, utilización de las redes y servicios satelitales, y obligaciones con los usuarios;

d) Investigar y sancionar a los operadores, concesionarios de espacios y contratistas de televisión por violación del régimen de protección de la competencia, el pluralismo informativo y del régimen para evitar las prácticas monopolísticas previsto en la Constitución y en la presente y en otras leyes, o por incurrir en prácticas, actividades o arreglos que sean contrarios a la libre y leal competencia y a la igualdad de oportunidades entre aquellos, o que tiendan a la concentración de la propiedad o del poder informativo en los servicios de televisión, o a la formación indebida de una posición dominante en el mercado, o que constituyan una especie de práctica monopolística en el uso del espectro electromagnético y en la prestación del servicio.

Las personas que infrinjan lo dispuesto en este literal serán sancionadas con multas individuales desde seiscientos (600) hasta seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la sanción y deberán cesar en las prácticas o conductas que hayan originado la sanción.

Igualmente, la comisión sancionará con multa desde cien (100) hasta seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la sanción a los administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales y demás personas naturales que autoricen, ejecuten o toleren las conductas prohibidas por la Constitución y la ley.

Para los fines de lo dispuesto en este literal, se atenderán las normas del debido proceso administrativo. Al expedir los estatutos, la junta directiva de la comisión creará una dependencia encargada exclusivamente del ejercicio de las presentes funciones. En todo caso, la Junta decidirá en segunda instancia;

e) Reglamentar el otorgamiento y prórroga de las concesiones para la operación del servicio, los contratos de concesión de espacios de televisión y los contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de los programas de televisión, así como los requisitos de las licitaciones, contratos y licencias para acceder al servicio, y el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores y contratistas de televisión, de conformidad con las normas previstas en la ley y en los reglamentos;

f) Asignar a los operadores del servicio de televisión las frecuencias que deban utilizar, de conformidad con el título y el plan de uso de las frecuencias aplicables al servicio e impartir permisos para el montaje o modificación de las redes respectivas y para sus operaciones de prueba y definitivas, previa coordinación con el Ministerio de Comunicaciones (Las expresiones “previa coordinación con el Ministerio de Comunicaciones” fueron declaradas CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, 1, “bajo el entendido de que la coordinación a que se refieren dichos preceptos es solo de carácter técnico” mediante Sentencia C-310 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

g) “Literal derogado por el parágrafo del artículo 617 de la Ley 680 de 2001”.

h) Formular los planes y programas sectoriales para el desarrollo de los servicios de televisión y para el ordenamiento y utilización de frecuencias, en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones (Las expresiones “en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones” fueron declaradas CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, 1, “bajo el entendido de que la coordinación a que se refieren dichos preceptos es solo de carácter técnico” mediante Sentencia C-310 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa);

i) Cumplir las decisiones de las autoridades y resolver las peticiones y quejas de los particulares o de las ligas de televidentes legalmente establecidas sobre el contenido y calidad de la programación, la publicidad de los servicios de televisión y, en general, sobre la cumplida prestación del servicio por parte de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y los contratistas de televisión regional;

j) Promover y realizar estudios o investigaciones sobre el servicio de televisión y presentar semestralmente al Gobierno Nacional y al Congreso de la República un informe detallado de su gestión, particularmente sobre el manejo de los dineros a su cargo, sueldos, gastos de viaje, publicidad, primas o bonificaciones, el manejo de frecuencias y en general sobre el cumplimiento de todas las funciones a su cargo. Sobre el desempeño de las funciones y actividades a su cargo, y la evaluación de la situación y desarrollo de los servicios de televisión;

k) Ejecutar los actos y contratos propios de su naturaleza y que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, para lo cual se sujetará a las normas previstas en el Código Contencioso Administrativo y en la Ley 80 de 1993, y en las normas que las sustituyan, complementen o adicionen;

l) Suspender temporalmente y de manera preventiva, la emisión de la programación de un concesionario en casos de extrema gravedad, cuando existan serios indicios de violación grave de esta ley, o que atenten de manera grave y directa contra el orden público. Esta medida deberá ser decretada mediante el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Junta de la Comisión Nacional de Televisión. En forma inmediata la Comisión Nacional de Televisión abrirá la investigación y se dará traslado de cargos al presunto infractor. La suspensión se mantendrá mientras subsistan las circunstancias que la motivaron. Si la violación tiene carácter penal, los hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación;

m) Diseñar estrategias educativas con el fin de que los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión regional las divulguen y promuevan en el servicio, a efecto de que la teleaudiencia familiar e infantil pueda desarrollar la creatividad, la imaginación y el espíritu crítico respecto de los mensajes transmitidos a través de la televisión;

n) Sancionar a los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión nacional cuando violen las disposiciones constitucionales y legales que amparan específicamente los derechos de la familia y de los niños. De acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida la Comisión Nacional de Televisión en el término de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente ley, los infractores se harán acreedores de las sanciones de amonestación, suspensión temporal del servicio hasta por cinco meses o caducidad o revocatoria de la concesión o licencia, según la gravedad de la infracción y la reincidencia. En todo caso, se respetarán las normas establecidas en la ley sobre el debido proceso;

ñ) Cumplir las demás funciones que le correspondan como entidad de dirección, regulación control del servicio público de televisión.

(19) ART. 6º—Composición de la junta directiva. “Artículo modificado por el art. 125 de la L. 335/96. El nuevo texto es el siguiente:” La Comisión Nacional de Televisión tendrá una junta directiva compuesta por cinco (5) miembros, los cuales serán elegidos o designados por un período de dos (2) años, reelegibles hasta por el mismo período, de la siguiente manera:

a) Dos (2) miembros serán designados por el Gobierno Nacional;

b) Un (1) miembro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión, según reglamentación del Gobierno Nacional para tal efecto;

c) Un (1) miembro de las asociaciones profesionales y sindicales legalmente constituidas y reconocidas con personerías jurídicas vigentes por los siguientes gremios que participan en la realización de la televisión: actores, directores y libretistas, productores, técnicos, periodistas y críticos de televisión, elegidos democráticamente entre las organizaciones señaladas. El acto administrativo de legalización y posesión los hará el Presidente de la República.

La Registraduría Nacional del Estado Civil vigilará la elección nacional del respectivo representante;

d) Un (1) miembro por las ligas y asociaciones de padres de familia, ligas de asociaciones de televidentes, facultades de educación y de comunicación social de las universidades legalmente constituidas y reconocidas con personería jurídica vigente. Elegidos democráticamente entre las organizaciones señaladas.

El acto administrativo de legalización y posesión lo hará el Presidente de la República.

La Registraduría Nacional del Estado Civil vigilará la elección nacional del respectivo representante.

PAR. TRANS.—Las elecciones y designaciones a que se refiere este artículo, tendrán lugar para la integración de la junta directiva que reemplazará a la actual, al finalizar el período de cuatro (4) años para el cual fueron elegidos y designados sus miembros.

(20) ART. 7º—Faltas absolutas de los miembros de la junta. Son faltas absolutas:

La muerte, la renuncia aceptada, la destitución, y la ausencia injustificada por más de cuatro sesiones continuas.

(21) ART. 8º—Requisitos y calidades para ser miembro de la junta directiva. Para ser miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión se requieren los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano colombiano y tener más de 30 años en el momento de la designación.

2. Ser profesional universitario o tener más de diez (10) años de experiencia en el sector de la televisión.

Los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión serán de dedicación exclusiva.

Los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión tendrán la calidad de empleados públicos y estarán sujetos al régimen previsto para estos en la Constitución y la ley.

La Procuraduría General de la Nación conocerá las faltas de los miembros de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión.

(22) ART. 9º—Inhabilidades para ser elegido o designado miembro de la junta directiva de la comisión. No podrán integrar la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión:

a) Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular;

b) Quienes durante el año anterior a la fecha de designación o elección. Sean o hayan sido miembros de juntas o consejos directivos, representantes legales, funcionarios o empleados en cargos de dirección y confianza de los operadores de servicios de televisión o de empresas concesionarias de espacios de televisión, o de contratistas de televisión regional o de las asociaciones que representen a las anteriores exceptuándose los representantes legales de los canales regionales de televisión;

c) Quienes dentro del año inmediatamente anterior a la elección o designación hayan sido, en forma directa o indirecta, asociados o accionistas o propietarios en un 15% o más de cualquier sociedad o persona jurídica operadora del servicio de televisión, concesionaria de espacios o del servicio de televisión, contratista de programación de televisión regional o de una compañía asociada a las anteriores; o si teniendo una participación inferior, existieran previsiones estatutarias que le permitan un grado de injerencia en las decisiones sociales o de la persona jurídica similares a los que le otorga una participación superior al 15% en una sociedad anónima;

d) Quienes dentro del primer (1) año anterior hayan sido directivos, representantes legales, funcionarios o empleados en cargos de confianza de las personas jurídicas a que se refiere el literal anterior;

e) El cónyuge, compañera o compañero permanente, o quienes se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de cualquiera de las personas cobijadas por las inhabilidades previstas en los literales anteriores.

Las anteriores inhabilidades rigen, igualmente, durante el tiempo en que la persona permanezca como miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión.

(23) Ver Sentencia C-209 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(24) Ver en este sentido, entre otras las sentencias C-200 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-247 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-952 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1212 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-373 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(25) Ver entre otras las sentencias C-1412 de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y C-200 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(26)Ver entre otras las sentencias C-952 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1212 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-064 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-625 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-015 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(27) Vid. sentencias C-194 de 1995 y C-617 y C-618 de 1997.

(28) Sentencia C-307 de 1996.

(29) Al respecto señaló la Corte lo siguiente: “La televisión es el medio masivo de comunicación al que más poder de penetración se le atribuye en la sociedad moderna; a ella se le hace responsable de la consolidación de un nuevo paradigma de vida, un paradigma cuyo epicentro es un individuo que, determinado por la complejidad y densidad del contexto en el que se desenvuelve, necesita, para relacionarse con otros, para poder realizar actos de comunicación que afectan y determinan su vida diaria, de intermediarios, necesidad que en gran medida suplió la tecnología con la televisión; de hecho, a través de ella se han cimentado las bases de una nueva cultura, en la cual el dominio del poder político y económico lo determina, en gran medida, la capacidad de orientar la toma de decisiones de la opinión pública, decisiones que van desde aquellas relacionadas con el sistema político del que hacen parte las personas, hasta aquellas que caracterizan y definen su cotidianidad, esto es, sus hábitos de consumo. Es tal su poder de penetración y su cobertura, que incluso actualmente se discute si su uso es o no, efectivamente, una decisión libre y personal, o si su fuerza ha hecho de ella una imposición tácita a la cual el hombre de la modernidad, y de la postmodernidad, está supeditado” Sentencia C-350 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.

(30) En relación con este punto ver, entre muchas otras, las sentencias C-189 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz; SU-250 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-738 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-876 de 2002 y C-449 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-014 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-670 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(31) Ver, por ejemplo, la Sentencia T-982 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, donde la Corte tuteló el derecho fundamental a la libertad religiosa y señaló que las limitaciones a los derechos y libertades que puede imponer el legislador deben ser compatibles con el concepto de sociedad democrática.

(32) Corte Constitucional, Sentencia C-475 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, donde la Corte declaró la constitucionalidad de tres normas que se ocupaban de regular el momento a partir del cual una persona, cuya conducta está siendo penalmente investigada, tenía derecho de conocer las respectivas diligencias y asumir plenamente su defensa. La Corte declara la exequibilidad de dicha limitación al derecho de defensa por considerar que era una restricción razonable y proporcionada a los fines constitucionales que persigue, y no afectaba las garantías constitucionales de la defensa del imputado.

(33) Sentencia C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(34) Ver Sentencia C-100 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(35) Ver, entre muchas otras, la Sentencia C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(36) La metodología de análisis para establecer una eventual vulneración al principio de igualdad ha ocupado varias veces a la Corte Constitucional, entre muchas otras pueden verse las siguientes sentencias: T-422 de 1992, C-230 de 1994 y C-1141 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-040 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón; C-410 de 1994, C-507 de 1997 y C-952 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-265 de 1994, C-445 de 1995 y C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-673 de 2001 y C-980 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa A.V Jaime Araújo Rentería; C-1191 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; C-973 de 2002 y C-043 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis S.P.V. Manuel José Cepeda Espinosa; C-475 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño A.V. Jaime Araújo Rentería.

(37) Al respecto Ver, entre otras, las sentencias T-230 de 1994, C-022 de 1996, C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-1108 de 2001, Ms.Ps. Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1176 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1191 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; C-043 de 2003 y C-100 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(38) Sentencia C-1176 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(39) En múltiples oportunidades esta corporación ha explicado que. “la aplicación de los “tests” de razonabilidad y proporcionalidad se efectúa en etapas consecutivas y ordenadas (...) El orden de estas etapas corresponde a necesidades no solo lógicas sino también metodológicas: el test del trato desigual pasa a una etapa subsiguiente solo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior”. Ver Sentencia C-022 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En el mismo sentido, ver sentencias T-230 de 1994, T-563 de 1994, C-337 de 1997, T-454 de 1998, T-861 de 1999, C-445 de 1995, C-673 de 1999, C-093 de 2001, C-586 de 2001, C-742 de 2001, C-233 de 2002, C-1116 de 2003, entre muchas otras.

(40) Corte Constitucional. Sentencia C-221 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(41) Ver Sentencia C-1063 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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