Sentencia C-118 de marzo 21 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUES

AGRAVACIÓN DE LA PENA

EXTRACTOS: «Texto de las normas acusadas. El tenor literal de las normas demandadas es el siguiente:

DECRETO 100 DE 1980 

Por el cual se expide el nuevo Código Penal

TÍTULO III: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Capítulo primero-Del peculado

“ART. 133.—Peculado por apropiación. El empleado oficial que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o de instituciones en que éste tenga parte o de bienes de particulares, cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a diez (10) años, multa de un mil a un millón de pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de uno (1) a cinco (5) años.

Cuando el valor de lo apropiado pase de quinientos mil pesos la pena será de cuatro (4) a quince (15) años de prisión, multa de veinte mil a dos millones de pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de dos (2) a diez (10) años”.

TÍTULO XIV: DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO

Capítulo cuarto-Fraude mediante cheque

“ART. 357.—Emisión y transferencia ilegal de cheque. El que emita o transfiera cheque sin tener suficiente provisión de fondos o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que el hecho no configure delito sancionado con pena mayor.

La pena se aumentará hasta en la mitad, si la cuantía del cheque fuere superior a cien mil pesos”.

Capítulo noveno-Disposiciones comunes a los artículos anteriores

“ART. 372.—Circunstancias genéricas de agravación. Las penas para los delitos descritos en los capítulos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando el hecho se cometa:

1. Sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien mil pesos, o que siendo inferior, haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación económica.

2. Sobre bienes del Estado”.

(Se subraya lo demandado).

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Decisión inhibitoria en relación con el artículo 133 del Código Penal

1. El artículo 133 del Código Penal, cuyo inciso segundo se demanda, fue derogado por el artículo 19 de la Ley 190 de 1995. Este último, entre otros aspectos, modificó el aumento de la pena establecido por el Decreto 100 de 1980 para el delito de peculado por apropiación. La disposición derogada prescribía un aumento de la pena cuando el valor de lo apropiado superara la suma de quinientos mil pesos. La nueva norma, en cambio, consagra una circunstancia de atenuación punitiva cuando lo apropiado no sea superior a un monto de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y agrava la pena hasta en la mitad si dicho valor rebasa los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Corte carece de competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma derogada, salvo que ésta pueda todavía producir efectos. En materia penal, en razón del principio de favorabilidad, sólo en el caso de que la norma derogada sea más benigna, podría seguir surtiendo efectos (C.P. art. 29). En la presente ocasión, la nueva ley —el artículo 19 de la Ley 190 de 1995— es más favorable que la norma acusada, por lo cual esta última ha quedado definitivamente derogada “para todos los efectos incluso los penales debido a ser más gravosa o desfavorable”. En consecuencia, por sustracción de materia, la Corte se inhibirá en relación con la demanda de inconstituciona-lidad del artículo 133 del Código Penal.

Cosa juzgada en relación con el artículo 372-1 del Código Penal

2. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-070 de 1996, declaró EXEQUIBLE el numeral 1º del artículo 372 del Decreto Ley 100 de 1980 en la parte que en esta oportunidad también se demanda, y que dice: “Sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien mil pesos”, pero la constitucionalidad se condicionó a que la expresión “cien mil pesos” se entendiera en términos de valor constante del año 1980, equivalente a 18.83 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por haberse verificado el fenómeno de la cosa juzgada, la Corte se estará a lo resuelto en la mencionada sentencia.

Cargos contra el inciso 2º del artículo 357 del Código Penal

3. El actor no formula cargos específicos e individuales contra el artículo 357, inciso 2º del Código Penal. Predica de éste la misma causal de inconstitucionalidad que la esgrimida en contra de los artículos 133 inciso 2º y 372 numeral 1º de la misma normatividad. En consecuencia, respecto de los cargos generales contra el artículo 357, que aumenta hasta en la mitad la pena para el delito de emisión y transferencia ilegal de cheque, “si la cuantía del cheque fuere superior a cien mil pesos”, la Corte considera pertinente reiterar algunas de las consideraciones hechas en la sentencia C-070 de 1996:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“En materia penal, la potestad legislativa de tipificación está sometida al control constitucional de las medidas, según la aptitud para la protección del bien jurídico tutelado, la necesidad de esa protección específica en contraste con otros medios preventivos igualmente idóneos y menos restrictivos de la libertad —medidas civiles, administrativas, laborales—, y el mayor beneficio neto en protección de los bienes jurídicos que debe comportar la exclusión de ciertas conductas del ámbito de lo legalmente permitido.

Mediante el principio de proporcionalidad se introducen las categorías de la antijuridicidad y la culpabilidad en el derecho constitucional. (...).

Sólo la protección de bienes jurídicos realmente amenazados justifica la restricción de otros derechos y libertades, cuya protección igualmente ordena la Constitución. Por otra parte, la aplicación de la pena consagrada en la ley debe hacerse de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad es, por lo tanto, necesariamente individual y el castigo impuesto debe guardar simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al que se imputa (C-591 de 1993).

12. En principio, la Corte ha sostenido que “la dosimetría de penas y sanciones es un asunto librado a la definición legal y cuya relevancia constitucional es manifiesta únicamente cuando el legislador incurre en un exceso punitivo del tipo proscrito por la Constitución”. No obstante, en el mismo fallo la Corte precisa que “el carácter social del estado de derecho, el respeto a la persona humana, a su dignidad y autonomía, principios medulares del ordenamiento constitucional, se sirven mejor con leyes que encarnen una visión no disociada del principio de proporcionalidad y de subsidiariedad de la pena, de modo que ésta sólo se consagre cuando sea estrictamente necesario” (C-591 de 1993).

La mera comparación entre las penas señaladas por el legislador para unos delitos y las dispuestas para la sanción de otros, por sí sola, no basta para fundar la supuesta infracción de la Constitución por el desconocimiento del principio de proporcionalidad (C-213 de 1994). Para concluir en la inconsti-tucionalidad de una pena por exceso, el tratamiento punitivo de unos y otros delitos debe ser tan manifiestamente desigual e irrazonable que, además de la clara desproporción que arroja la comparación entre las normas penales, se vulneren los límites constitucionales que enmarcan el ejercicio de la política criminal.

La progresiva y ascendente agravación punitiva para los delitos contra el patrimonio económico, en desmedro de la libertad personal, sin ley previa que modifique la política criminal, por efecto exclusivo del fenómeno de pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana, y pese a la reducida lesión de los bienes tutelados, es irrazonable y vulnera el principio de proporcionalidad entre la ofensa y la sanción (...).

El fenómeno de desactualización de las cuantías en pesos, adoptadas como parámetro para regular la agravación de las penas, ha venido siendo contrarrestado, y sus efectos distorsionadores corregidos por el legislador mediante el establecimiento de cuantías fijadas en salarios mínimos, ajustando automáticamente el valor de los bienes en la economía. La demora en la actualización de las normas penales no puede tener como efecto la restricción de otros bienes jurídicos como la libertad (...).

13 La expansión de las circunstancias de agravación genérica, sin un aumento correlativo en la valoración social de los bienes jurídicos protegidos, que trae como consecuencia necesaria la restricción de la libertad de los posibles infractores, sugiere la inconstitucionalidad de la norma por la omisión del legislador (...).

El principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución impide a la Corte excluir del ordenamiento una norma cuando existe por lo menos una interpretación de la misma que se concilia con el texto constitucional. Este principio maximiza la eficacia de la actuación estatal y consagra una presunción en favor de la legalidad democrática. El costo social e institucional de declarar la inexequibilidad de una norma jurídica infraconstitucional debe ser evitado en la medida en que mediante una adecuada interpretación de la misma se respeten los postulados de la Constitución.

El principio in dubio pro libertate también favorece esta solución. Carece de justificación válida la restricción de la libertad del reo como consecuencia exclusiva de un fenómeno monetario.

Podría aducirse que, en razón del principio de legalidad de la pena, al juez constitucional también le estaría vedado autorizar la interpretación de la norma en el sentido de actualizar el valor de la cuantía establecida en 1980 para efectos de la agravación punitiva. Sin embargo, el principio de interpretación constitucional que impone buscar la mayor efectividad de las normas constitucionales lleva a preferir la conservación condicionada de la disposición legal en lugar de declarar su inconstitucionalidad por la omisión del legislador en actualizarla.

Lo anterior supone la aplicación analógica al caso que se presenta ante la Corte, del artículo 19 de la Ley 190 de 1995 que acoge el índice de “salarios mínimos legales mensuales” como factor de determinación de la cuantía para agravar la pena en el delito de peculado por apropiación. No debiendo quedar expósitos los derechos patrimoniales de la víctima mediante la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 372-1 del Código Penal, y siendo procedente la analogía in bonam partem en materia penal con el fin de actualizar la cifra de cien mil pesos acogida como criterio para imponer la agravación de la pena, la Corte procederá a declarar la constitucionalidad de la referida disposición siempre y cuando la expresión “cien mil pesos” se entienda en términos del poder adquisitivo del peso en el año 1981, fecha en que entró a regir el Código Penal.

Teniendo en cuenta que cien mil pesos equivalían en 1981 a 17.54 salarios mínimos legales mensuales para las principales ciudades y a 18.83 salarios mínimos legales mensuales para el sector primario(1), esta cifra deberá actualizarse, en razón del principio de favorabilidad (C.P., art. 29), según esta última equivalencia para efectos de la dosificación de la pena. En consecuencia, las penas para los delitos contra el patrimonio económico deben aumentarse de una tercera parte a la mitad, cuando el hecho se cometa sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien mil pesos en términos de valor adquisitivo del año 1981, equivalentes a 18.83 salarios mínimos legales mensuales”.

(1) Fuente Banco de la República. 

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional

RESUELVE:

1. Declararse INHIBIDA, por sustracción de materia, para conocer de la demanda de incons-titucionalidad contra el artículo 133 del Decreto Ley 100 de 1980 (Código Penal).

2. ESTARSE a lo resuelto en sentencia C-070 de 1996, en relación con el artículo 372-1 del Decreto Ley 100 de 1980 (Código Penal).

3. Declarar EXEQUIBLE el inciso 2º del artículo 357 del Decreto Ley 100 de 1980 que dice “La pena se aumentará hasta en la mitad, si la cuantía del cheque fuere superior a cien mil pesos”, siempre y cuando la expresión “cien mil pesos” se entienda en términos de valor constante del año 1981, equivalente a 18.83 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-118 de marzo 21 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

SALVAMENTO PARCIAL

Reafirmo lo expuesto en mi salvamento de voto del 22 de febrero de 1996 (sentencia C-070), en el sentido de que la Corte Constitucional no tiene competencia para modificar los textos de las normas que examina, ni siquiera si la anima el sano propósito de actualizar cifras que fueron plasmadas por el legislador en términos absolutos, insensibles al proceso económico de pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

En esta oportunidad, en cambio, a diferencia de la anterior, no estimo que los artículos 133, inciso 2º, y 357, inciso 2º, del Código Penal (D.L. 100/80) hayan consagrado formas de responsabilidad objetiva y, por ende, creo que acertó la Corte al declararlos exequibles.

En efecto, la situación regulada por el artículo 133, inciso 2º, del Código Penal es la del empleado oficial que se vale de la función que ejerce (administración o custodia de bienes públicos) para derivar provecho. La intencionalidad de la conducta queda claramente establecida y es justo que se lo sancione más drásticamente cuando el valor de lo apropiado sobrepasa cierta cifra, pues el propósito fraudulento del delincuente, en contraste con lo que ocurre con quien roba un bien desconociendo su valor, resulta palmario en la búsqueda de un mayor provecho ilícito a expensas del tesoro público.

Lo propio acontece en el caso del artículo 357 ibídem, pues la intención del girador o endo-sante del cheque sin provisión de fondos queda definitivamente establecida en cuanto mayor sea la cantidad por la cual se ha extendido el instrumento. No puede afirmar que ignoraba los efectos de ese mayor valor. Piénsese, por ejemplo, que en cifras pequeñas puede haber equivocado el girador sus propias cuentas, lo que resulta inadmisible en cantidades mayores como la que la norma contempla y todavía más en la que resulta del reajuste a 18.83 salarios mínimos mensuales después de la sentencia de esta Corte.

José Gregorio Hernández Galindo. 

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