Sentencia C-1194 de diciembre 3 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1194 de 2008

Ref.: Expediente D-7379

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso final del artículo 768 y el inciso último del artículo 1932 del Código Civil

Demandante: Mónica Andrea Hoyos

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe el texto de la disposición, resaltando el objeto de la demanda:

“Código Civil

ART. 768.—Buena fe en la posesión. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio.

Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato.

Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe.

Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario.

ART. 1932.—Efectos de la resolución por no pago. La resolución de la venta por no haberse pagado el precio dará derecho al vendedor para retener las arras, o exigirlas dobladas, y además para que se le restituyan los frutos, ya en su totalidad si ninguna parte del precio se le hubiere pagado, ya en la proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiere sido pagada.

El comprador, a su vez, tendrá derecho para que se le restituya la parte que hubiere pagado del precio.

Para el abono de las expensas al comprador, y de los deterioros al vendedor, se considerará al primero como poseedor de mala fe, a menos que pruebe haber sufrido en su fortuna, y sin culpa de su parte, menoscabos tan grandes que le hayan hecho imposible cumplir lo pactado”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia.

2. Cuestión previa. Existencia de cosa juzgada constitucional con respecto al inciso final del artículo 768 del Código Civil.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-544 de 1994 estudió la constitucionalidad del inciso final del artículo 768 del Código Civil y declaró su exequibilidad en los siguientes términos:

“RESUELVE:

Decláranse EXEQUIBLES las siguientes disposiciones del Código Civil:

1ª El inciso final del artículo 768, que dice: “Pero el error en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario”; (...)”.

Observa la Sala que la citada sentencia la Corte no limitó los alcances del fallo, ni a los cargos propuestos en la demanda, ni a su confrontación con determinadas disposiciones constitucionales, por lo que debe entenderse que adelantó un análisis integral de la disposición censurada frente al texto de la Carta Política, conforme lo prevé el artículo 46 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia. Por lo tanto, en la medida en que la Corte ya estudió la conformidad de la citada norma con la Constitución Política, ella está amparada por una sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 243 superior.

Por lo anterior lo procedente con respecto al último inciso del artículo 768 del Código Civil, será que la Corte ordene estarse a lo resuelto en la Sentencia C-544 de 1994, por haber operado con respecto a aquel, el fenómeno de cosa juzgada constitucional.

3. El problema jurídico que se plantea en la demanda.

Establecido el punto anterior, la presente providencia se circunscribirá al análisis de constitucionalidad del inciso final del artículo 1932 del Código Civil.

En este sentido, la demandante considera que el artículo 1932 del Código Civil vulnera los principios constitucionales de buena fe, consagrado en el artículo 83 superior, y de autonomía de la voluntad privada, debido a que la norma acusada consagra una presunción de mala fe, lo cual, estima, riñe con el principio constitucional conforme con el cual la buena fe se presume y la mala debe probarse. Manifiesta la demandante en apoyo de sus argumentos, que se establece con la disposición acusada una presunción de derecho, que no admite prueba en contrario, y por lo tanto vulnera los principios constitucionales señalados. Adicionalmente señala que la norma viola el principio de autonomía de la voluntad privada por prever un efecto al incumplimiento de una obligación derivada de un acuerdo de voluntades.

La generalidad de los intervinientes coincide con el señor procurador, en solicitar a esta corporación que declare la constitucionalidad de la norma referida, toda vez que consideran que si bien ella establece una presunción de mala fe para el comprador que no paga el precio, cuando no prueba que ello obedeció a un detrimento en su fortuna exento de culpa, ello no contraria la regla general de que la buena fe debe presumirse y la mala probarse, toda vez que conforme con la jurisprudencia constitucional el legislador puede de manera excepcional, en ciertas circunstancias y ante la verificación de ciertos elementos, establecer que la mala fe se presuma, máxime si se trata de una presunción legal que admite prueba en contrario. También existe coincidencia en la consideración conforme con la cual, el principio de autonomía de la voluntad privada que regula las relaciones entre los particulares no es absoluto, tiene límites en el orden público, en los derechos de las personas, y debe ser interpretado a la luz de los principios, y valores constitucionales.

De esta forma, le corresponde a la Corte establecer si es violatorio del principio de buena fe y de autonomía de la voluntad privada, que el artículo 1932 del Código Civil establezca, a efecto del abono de las expensas al comprador y de los deterioros al vendedor, una presunción de mala fe para el primero cuando no pague el precio, y que adicionalmente no pruebe que ello obedeció a que sufrió en su fortuna, y sin su culpa, menoscabos tan graves que le hicieron imposible cumplir con su obligación.

Con el propósito de dar respuesta al problema jurídico planteado, esta corporación hará un análisis de los conceptos de (i) buena fe y; (ii) autonomía de la voluntad privada a la luz de la Constitución Política.

4. Principio de la buena fe.

En artículo 83 de la Constitución Política establece que “[l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

Esta corporación tanto en sede de control abstracto (3) como de control concreto (4) de constitucionalidad se ha pronunciado con respecto al significado, alcance y contenido de este postulado superior.

La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su función integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado (5) .

En este orden de ideas la jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)” (6) . En este contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada” (7)

En este sentido la Corte ha señalado que la buena fe es un principio que “de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume, y dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente” (8) .

Concretamente con respecto al contenido concreto del artículo 83 superior, debe la Corte indicar que conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas.

Adicionalmente también ha estimado que la presunción de buena fe establecida en el artículo superior respecto de las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario (9) .

Estima la Corte, que en tanto la buena fe es un postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que entre ellos se desarrollen.

Por lo tanto observa la Corte que no se trata por esencia de un principio absoluto, y es por ello que la Corte Constitucional también ha admito la posibilidad de que, excepcionalmente, la ley establezca la presunción de mala fe, y le atribuya los efectos que considere en cada caso, lo cual se traduce en si se admite o no prueba en contrario en cada caso.

En efecto la Corte se pronunció en el sentido referido en la Sentencia C-544 de 1994, en la que se ocupó de estudiar la constitucionalidad del inciso final del artículo 768 del Código Civil el cual dispone: “Pero el error en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario”.

En esa oportunidad la Corte señaló que “[l]a norma demandada, interpretada a la luz de la Constitución, y despojada del efecto estigmatizante de la mala fe, significa que el legislador, simplemente, ha querido reiterar, en esta materia, la negativa general a admitir el error de derecho. La alusión a la mala fe es un recurso técnico para ratificar el anotado principio y, en este sentido, no puede ser inconstitucional”.

Posteriormente en la Sentencia C-540 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad del inciso primero del artículo 769 del Código Civil, conforme con el cual “[l]a buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria”. En esa providencia la jurisprudencia constitucional reconoce de manera expresa que “excepcionalmente, la ley puede establecer la presunción contraria, es decir, la presunción de mala fe”. Adicionalmente señaló la Corte que:

“El artículo 769, pues, en concordancia con el artículo 66 del mismo Código Civil, prevé que la ley pueda determinar “ciertos antecedentes o circunstancias conocidas” de los cuales se deduzca la mala fe. Presunción legal contra la cual habrá o no habrá posibilidad de prueba en contra, según sea simplemente legal o de derecho.

Por lo anterior, es evidente que el artículo 769 no quebranta, ni podría quebrantar, el artículo 83 de la Constitución.

Se repite: la Corte, al declarar la exequibilidad del último inciso del artículo 768, aceptó implícitamente (y casi explícitamente, pues el art. 769 se cita en la Sent. C-544/94) que el legislador sí puede establecer presunciones de mala fe, sin quebrantar la Constitución”.

Con fundamento en lo anterior concluye la Sala que la ley puede determinar criterios, antecedentes, o circunstancias conocidas, de las cuales se deduzca en una situación particular, una presunción de mala fe, de naturaleza legal o de derecho, conforme con lo que ella misma disponga, y que por tanto admita o no prueba en contrario.

Recapitulando, es claro para la Corte que si bien el ordenamiento jurídico por regla general presume la buena fe de los particulares en sus relaciones, y en las actuaciones que adelanten ante las autoridades públicas, este es un principio que no es por esencia absoluto, de tal manera que en situaciones concretas admite prueba en contrario, y en este sentido es viable que el legislador excepcionalmente, establezca presunciones de mala fe, señalando las circunstancias ante las cuales ella procede.

5. Principio de autonomía de la voluntad privada.

El principio de autonomía de la voluntad privada ha sido definido por la doctrina del derecho civil (10) y por la jurisprudencia constitucional (11) , como el poder de las personas, reconocido por el ordenamiento positivo para disponer con efecto vinculante de los intereses y derechos de los que son titulares y por ende crear derechos y obligaciones, siempre que respete el orden público y las buenas costumbres.

Al respecto la jurisprudencia de la Corte ha señalado que este principio encuentra fundamento constitucional en los artículos 13 y 16 de la Carta, en tanto reconocen, respectivamente, el derecho a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad. Estos derechos permiten inferir que se reconoce a los individuos la posibilidad de obrar de acuerdo con su voluntad, siempre y cuando respeten el orden jurídico y los derechos de las demás personas.

Aunado a lo anterior, encuentra la Corte, tal y como lo ha expresado previamente, que el principio de autonomía de la voluntad privada está ligado a la libertad de empresa y económica, que en regímenes democráticos, como en el nuestro, se somete a la limitación del bien común, y a la prevalencia del interés general sobre el particular (Const. Pol., arts. 333 y 2º). Es de estas libertades que emana la libertad de contratación como manifestación del principio al que se ha venido haciendo referencia, y conforme con el cual los particulares pueden realizar los acuerdos vinculantes que deseen para el intercambio de bienes y servicios (12) .

Ahora bien, el principio de autonomía de la voluntad privada en el marco del Estado colombiano debe ser interpretado conforme con los principios, valores y derechos reconocidos por la Carta y propios del Estado social de derecho, lo cual significa que el postulado, como ya se señaló, no tiene una connotación absoluta, y por tanto admite excepciones, relacionadas entre otras, con la realización de la justicia y el respeto de los derechos fundamentales.

Finalmente debe precisar la Corte que, este principio encuentra consagración legal en el artículo 1602 del Código Civil, según el cual “[t]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” en concordancia con el artículo 16 del mismo ordenamiento, el cual establece que “[n]o podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”, que como ya se dijo, en nuestro contexto debe ser interpretado a la luz de la Constitución Política.

6. Análisis de constitucionalidad del artículo 1932 del Código Civil.

El inciso final del artículo 1932 del Código Civil establece que cuando se presenta la resolución del contrato de compraventa, por el incumplimiento del comprador de pagar el precio, a efecto del abono de las expensas en su favor y de los deterioros al vendedor, se le considerará como poseedor de mala fe, a menos que pruebe que el incumplimiento de su obligación se debió a un detrimento en su fortuna, exento de culpa, y de tal magnitud que le fue imposible allanarse a lo pactado.

Tal y como se ha señalado, conforme con la jurisprudencia constitucional, del artículo 83 superior se infiere una presunción de buena fe para los particulares cuandoquiera que ellos adelanten actuaciones ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, lo cual se reitera, admite prueba en contrario. Por tanto, del citado precepto constitucional no se desprende una presunción general de buena fe en las actuaciones entre particulares, ni la prohibición para que el legislador excepcionalmente establezca determinados supuestos conforme con los cuales la mala fe se presuma, siempre que ello ocurra en circunstancias determinadas, que razonablemente permitan inferirlo de esa manera.

En el presente caso, es claro para la Sala que no se trata de una presunción general de mala fe para el comprador. Por el contrario, dicha presunción es una medida de carácter excepcional, que invierte la carga de la prueba, y que se configura cuando se presentan unas especiales circunstancias como son, no pagar el precio pactado en el contrato de compraventa, y no probar que ello ocurrió por causa de un menoscabo sufrido en su fortuna exento de culpa, evento en el cual se aplican los efectos previstos en la disposición.

Adicionalmente con respecto a este punto, observa la Sala que, si bien la ley establece esta presunción, también admite que el comprador incumplido presente una prueba que la desvirtúe, la cual consiste en haber sufrido un menoscabo en su patrimonio, siempre que hubiese actuado diligentemente, con lo cual se libera de ser considerado como poseedor de mala fe y de los efectos que ello implica.

Por lo anterior, no encuentra la Corte que la norma acusada vulnere la Carta Política por desconocer el principio de buena fe y adicionalmente, observa que se ajusta a ella y a la jurisprudencia constitucional, conforme con la cual se admite excepcionalmente, como en este caso, que se establezcan presunciones de mala fe, de naturaleza legal, como la que se analiza, y que por tanto admite prueba en contrario.

En relación con la acusación de la norma, por considerar que de ella se desprende una violación del principio de autonomía de la voluntad privada, en la medida en que limita la libertad de los contratantes, considera la Corte que, tal afirmación carece de asidero, porque si bien es cierto la norma acusada disciplina un aspecto susceptible de autorregulación por los particulares, no es menos cierto que el citado principio no es absoluto, por lo que (i) el legislador le puede imponer límites a través de normas, inclusive imperativas y, (ii) en este caso la disposición misma no impide el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, pues no es ella una norma imperativa sino supletiva.

En consecuencia, con fundamento en los argumentos expuestos la Corte declarará la exequibilidad del último inciso del artículo 1932 del Código Civil en relación con los cargos analizados en esta providencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-544 de 1994 que declaró exequible el inciso final del artículo 768 del Código Civil.

2. Declarar EXEQUIBLE el inciso final artículo 1932 del Código Civil, en relación con los cargos formulados por la accionante.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(3) Ver entre otras las sentencias C-1256 de 2001; C-1287 de 2001; C-007 de 2002; C-009 de 2002; C-012 de 2002; C-040 de 2002; C-127 de 2002; C-176 de 2002; C-179 de 2002; C-182 de 2002; C-184 de 2002; C-199 de 2002; C-251 de 2002; C-262 de 2002.

(4) Ver entre otras las sentencias T-010 de 1992; T-425 de 1992; T-427 de 1992; T-444 de 1992; T-457 de 1992; T-460 de 1992; T-463 de 1992; T-464 de 1992; T-469 de 1992; T-471 de 1992; T-473 de 1992; T-475 de 1992; T-487 de 1992; T-499 de 1992; T-501 de 1992; T-512 de 1992; T-522 de 1992; T-523 de 1992; T-526 de 1992; T-534 de 1992; T-001 de 2001; T-327 de 2001; T-514 de 2001; T-541 de 2001; T-546 de 2001; T-854 de 2001; T-1341 de 2001; T-002 de 2002; T-003 de 2002; T-017 de 2002; T-021 de 2002; T-023 de 2002; T-032 de 2002; T-046 de 2002; T-049 de 2002.

(5) Ver Sentencia C-071 de 2004.

(6) Ver Sentencia T-475 de 1992.

(7) Ibídem.

(8) Sentencia C-253 de 1996.

(9) Ver Sentencia C-071 de 2004.

(10) Marco Gerardo Monroy Cabra, Introducción al derecho, Bogotá, Editorial Temis, págs. 542-549.

(11) Ver Sentencia C-341 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(12) Ver Sentencia C-993 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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