Sentencia C-1196 de noviembre 15 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO C-1196 DE 2001

Ref.: Expediente D-3590

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Actor: Óscar Andrés López Cortés

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 28, 29, 30, 35 (parcial), 39 de la Ley 640 de 2001, “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”.

Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil uno.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación, se transcribe el texto de las disposiciones demandadas y se resalta lo acusado, respecto del artículo 35.

“LEY 640 DE 2001

“Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”.

“ART. 28.—Conciliación extrajudicial en materia laboral. La conciliación extrajudicial en derecho en materia laboral podrá ser adelantada ante conciliadores de los centros de conciliación, ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales.

“ART. 29.—Efectos de la inasistencia a la audiencia de conciliación en asuntos laborales. Se presumirá que son ciertos los hechos susceptibles de confesión en los cuales el actor basa sus pretensiones cuando el demandado ante la jurisdicción laboral haya sido citado a audiencia de conciliación con arreglo a lo dispuesto en la ley y no comparezca.

“La presunción no operará cuando la parte justifique su inasistencia ante el conciliador dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia, caso en el cual ésta señalará fecha para nueva audiencia dentro de un término máximo de veinte (20) días.

“ART. 30.—Del mecanismo conciliatorio especial para resolver controversias laborales. Cuando una convención colectiva de trabajo o un laudo arbitral beneficie a más de trescientos (300) trabajadores, deberá incorporarse en ellos un mecanismo para escoger uno o varios conciliadores a los cuales se podrá acudir para resolver los conflictos de los trabajadores beneficiarios, de acuerdo con las normas legales que rigen la conciliación. Los costos del servicio serán compartidos entre la empresa, el sindicato y el trabajador. A cada uno de estos dos últimos no se les podrá asignar en caso alguno porcentaje superior al diez por ciento (10%) de ese valor.

“De no insertarse este mecanismo, se entiende incorporado en ellos el modelo oficial que expide el Gobierno Nacional, siguiendo los mismos criterios.

“ART. 35.—Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa, laboral y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas.

“(...).

“ART. 39.—Requisito de procedibilidad en asuntos laborales. Si la materia de que se trata es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho debe intentarse antes de acudir a la jurisdicción civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario o abreviado, con excepción de los de expropiación y los divisorios”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas legales, como las que se acusan en la demanda que se estudia.

2. Cosa juzgada.

El demandante consideró que se había violado la cosa juzgada constitucional consagrada en artículo 243 de la Carta, con la expedición de los artículos acusados, dado que la Corte declaró inexequibles, en la Sentencia C-160 de 1999, normas similares a las objeto de esta demanda. Además, estimó que establecer como requisito de procedibilidad la conciliación en materia laboral, viola los artículos 13, 38, 39, 53, 55, 229 y 243 de la Constitución Política, además, los convenios 87 y 98 de la OIT.

Al respecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-893, del 22 de agosto de 2001, se pronunció sobre la inexistencia de la cosa juzgada constitucional y declaró la inexequibilidad de algunas de las expresiones y preceptos ahora demandados.

Respecto de la inexistencia de la cosa juzgada constitucional, dijo:

“Antes de abordar el fondo del asunto, es indispensable establecer si con relación a las normas que en este oportunidad se revisan ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional previsto en el artículo 243 de la Carta, toda vez que para el actor tales disposiciones reproducen el texto normativo de los artículos 68, 82, 85 y 87 de la Ley 446 de 1998 que fueron declarados inexequibles en la Sentencia C-160 de 1999.

Contrariamente a lo que piensa el demandante, para la Corte no se cumplen los presupuestos para que en este caso se configure la cosa juzgada constitucional, por cuanto el contenido de las normas acusadas de la Ley 640 de 2000 es sustancialmente diferente del texto de las disposiciones de la Ley 446 de 1998 que fueron retiradas del ordenamiento legal por medio de la citada providencia.

En particular, la norma de la Ley 446 de 1998 que establecía la conciliación como requisito de procedibilidad fue declarada inexequible por motivos diferentes a su contenido normativo, como quiera que en criterio de la Corte al momento del pronunciamiento no existían las condiciones materiales que aseguraran la efectividad de esa determinación legal.

Por lo tanto, la Corte considera que no existe obstáculo que le impida proceder a examinar la constitucionalidad de los artículos impugnados de la Ley 640 de 2000” (Sent. C-893/01, M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

En cuanto a la violación de la Constitución al establecer los artículos demandados la conciliación laboral obligatoria, en la misma Sentencia C-893 de 2001, resolvió lo siguiente:

“1. Declarar INEXEQUIBLES los artículos 12, 30 y 39 de la Ley 640 de 2001.

2. Declarar INEXEQUIBLES las siguientes expresiones:

• “…y ante los conciliadores de los centros de conciliación autorizados para conciliar en esta materia”, contenida en el artículo 23 de la Ley 640 de 2001.

• “… ante conciliadores de los centros de conciliación …” y “…ante los notarios…”, contenidas en el artículo 28 de la Ley 640 de 2001.

• “…requisito de procedibilidad…” “laboral…”, contenidas en el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, en los términos de esta sentencia”.

La Corte consideró que no puede establecerse como obligatoria y permanente la conciliación como requisito previo para acudir a los jueces, pues ello resulta contrario al derecho de acceder a la administración de justicia. Además, los particulares pueden ser investidos transitoriamente por las partes como conciliadores o árbitros, para dirimir, en forma alternativa, los litigios existentes entre ellas, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución, pero no en forma permanente y obligatoria, pues ello vulnera también el acceso a la administración de justicia, tal como lo señala el artículo 229 de la Carta.

En consecuencia, respecto de los artículos 28, 30, 35, en lo acusado, y 39 de la Ley 640 de 2001, habrá de estarse a lo resuelto en la Sentencia C-893 de 2001.

Respecto del artículo 29 de la misma Ley 640, que establece las consecuencias de la inasistencia a la audiencia de conciliación en asuntos laborales, hay que señalar que el actor en su escrito sólo transcribió el precepto, pero no explicó las razones de su inconstitucionalidad, es decir, existe ineptitud sustancial para examinar este precepto, por lo que la Corte se inhibirá en pronunciarse sobre el mismo.

VII. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Estarse a lo decidido en la Sentencia C-893 de 2001, en relación con los artículos 28, 30, 35 y 39 de la Ley 640 de 2001, “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”.

2. Declararse inhibida en relación con el artículo 29 de la misma ley, por las razones expuestas en esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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