Sentencia C-012 de enero 23 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

PROCESO DISCIPLINARIO

PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEJUS

EXTRACTOS: «Corresponde a la Corte determinar si el artículo 158 de la Ley 200 de 1995, al permitir la revisión integral de los procesos disciplinarios en segunda instancia, autoriza la agravación de la pena impuesta el apelante único, desconociendo el principio de legalidad, el debido proceso y la prohibición de la reformatio in pejus.

3. Alcance de la disposición acusada.

A fin de comparar más adelante el precepto impugnado con la Constitución, se procederá, en primer lugar, a desentrañar su sentido. Su texto dice:

“ART. 158.—Competencia del superior. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar el proceso disciplinario en su integridad”.

En opinión de la Corte, esta norma faculta al ad quem, con base en la simple apelación del fallo, para revisar o examinar de nuevo “el proceso disciplinario en su integridad”, y, por tanto, para revocar o reformar con amplitud la providencia sometida a su conocimiento.

Lo anterior se afirma por lo siguiente:

a) Porque la redacción del artículo 158 así lo indica, como lo demuestra el significado amplio de la expresión “revisar el proceso disciplinario en su integridad”, y porque la norma no menciona ningún aspecto vedado al fallador de segunda instancia, ni siquiera el relativo a la prohibición de la reforma peyorativa.

b) Porque de la interpretación de la norma acusada en relación con el artículo 103, incisos 2º y 3º, ibídem, se deduce, como regla general en los procesos disciplinarios, la inexistencia del “apelante único” y, naturalmente, la de las garantías que lo rodean, excepto cuando una pluralidad de disciplinados interpone apelaciones con objeto diferente. Efectivamente, esta disposición dice:

“ART. 103.—Concesión del recurso de apelación. (...)

El fallo de primera instancia es apelable en el efecto suspensivo.

En el proceso disciplinario el investigado es sujeto procesal, pero aun existiendo pluralidad de disciplinados no habrá lugar a la figura del apelante único, excepto que el objeto de la apelación sea diferente” (negrilla por fuera del texto).

Todo esto, a la luz de la Ley 200 de 1995, significa que el funcionario de segundo grado puede alterar aspectos favorables no planteados por el apelante, y, salvo el caso de varios recursos diferentes de los investigados, no está limitado por la prohibición de la reformatio in pejus.

De esta suerte, es claro que el Código Disciplinario Único, en cuanto atañe al recurso de apelación de fallos, reduce la garantía de los apelantes únicos, pues faculta al superior para agravar las penas impuestas, excepto en el evento de la reclamación de una pluralidad de disciplinados.

4. Unidad normativa.

Como se vio, las facultades del funcionario de segunda instancia son particularmente amplias, porque, conforme al artículo demandado y al inciso 3º del artículo 103 del Código Disciplinario Único, la prohibición de la reformatio in pejus asumió carácter excepcional. Es menester, entonces, anotar que la Corte examina el artículo 103 porque está íntimamente ligado al 158, a tal punto que la decisión sobre esta última norma sería incompleta e ineficaz sin la resolución sobre la primera. En otras palabras la amplia competencia de revisión disciplinaria prevista en el artículo 158 de la Ley 200 de 1995, está directamente ligada a la aminoración del campo de acción de la prohibición de la reformatio in pejus, según lo ordena el inciso 3º del artículo 103 ibídem.

Por este motivo, el examen de constitucionalidad del artículo 158 se hará conjuntamente con el del inciso 3º del artículo 103 del Código Disciplinario Único.

5. Situación constitucional de los artículos 103, inciso 3º, y 158 del Código Disciplinario Único.

El claro sentido de las normas en mención, esto es, permitir que por regla general se pueda agravar la pena impuesta al apelante único, excepto cuando haya una pluralidad de reclamaciones diferentes, afecta la prohibición constitucional de la reformatio in pejus, consagrada en el inciso final del artículo 31 de la Carta así: “El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

Esta prohibición se desconoce si el superior, por regla general, está facultado para proceder frente al recurso del apelante único como si estuviera frente a las apelaciones de partes con intereses contrapuestos, pues, como es bien sabido, en estos últimos casos el ad quem sí puede volver a examinar toda la sentencia recurrida, sin limitarse sólo a los aspectos desfavorables al recurrente.

Sobre este particular, la Corte reitera la jurisprudencia que enseña que la prohibición de la reforma peyorativa opera también en materia disciplinaria. En este sentido, la sentencia C-406 de 1995, magistrado ponente doctor Mario Morón Díaz, dice:

“...según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, inclusive en caso de actuaciones administrativas de naturaleza disciplinaria, diferentes al régimen penal, en atención a los principios constitucionales que establecen el debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas, no es constitucionalmente válido que el superior pueda agravar la sanción impuesta por el inferior”.

Pues bien, en el presente caso surge la violación del artículo 31, inciso final, de la Constitución, porque los textos de los artículos 103, inciso 3º, y 158 del Código Disciplinario Único, disponen que a pesar de existir un apelante único, el superior puede revisar íntegramente la sentencia de primer grado, excepto si se da el caso de varias apelaciones de diferentes disciplinados, cuyas finalidades sean distintas.

Este enfoque ya ha sido adoptado por la Corte en casos análogos.

Así, en la sentencia C-055 de 1993, magistrado ponente doctor José Gregorio Hernández Galindo, una parte del artículo 430 del Decreto 2550 de 1988 (Código Penal Militar) fue declarada inexequible. La norma decía que “el recurso de apelación otorga competencia al superior para decidir sin limitación alguna sobre la providencia impugnada”. En esa oportunidad, la Corte declaró exequible la disposición, excepto las palabras “sin limitación alguna”, consideradas violatorias del artículo 31, inciso 2º, de la Constitución, argumentando que

“...el artículo 430 del Código Penal Militar consagra la “reformatio in pejus” cuando expresa que el recurso de apelación otorga competencia al superior para decidir “sin limitación alguna” sobre la providencia impugnada, lo cual choca abiertamente con el mandato constitucional al que se acaba de aludir”.

Y en la citada sentencia C-406 de 1995, la Sala Plena declaró la inexequibilidad del artículo 120 del Decreto 398 de 1994, “por el cual se dicta el régimen disciplinario para el personal que presta sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec”, considerando que

“en lo que se refiere a la tacha de inconstitucionalidad formulada por el demandante y que se dirige especialmente contra el artículo 120 acusado, que establece la plena competencia del superior para decidir sin limitación sobre la providencia impugnada, la Corte encuentra que es inexequible, por cuanto es contrario al principio de la no reformatio in pejus consagrado en el inciso segundo del artículo 31 de la Constitución Nacional”.

El artículo decía:

“Facultades del superior. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para decidir sin limitación alguna sobre la providencia impugnada”.

6. Criterios conforme a los cuales se decidirá.

En primer lugar, la Corte es consciente de que el artículo 158 es perfectamente constitucional si no se aplica cuando media el interés de un apelante único, pues al haber apelaciones de contrapartes, como serían las interpuestas simultáneamente por la Procuraduría y el disciplinado, el superior si está facultado para decidir sin tener en cuenta el principio de la no reformatio in pejus. Se optará, en consecuencia, por declarar su exequibilidad, siempre y cuando su interpretación aplicación no afecte, en ningún caso, la prohibición de la reforma peyorativa al apelante único, haya o no una pluralidad de disciplinados.

En segundo lugar, en cuanto al inciso 3º del artículo 103 ibídem, la defensa de la prohibición constitucional de la reformatio in pejus, conducirá a la Corte a declarar la inexequibilidad de algunas de las palabras que lo componen —a saber, la palabra “no” y la expresión, “excepto que el objeto de la apelación sea diferente”—, a fin de que su texto, como proposición jurídica completa, quede así:

“En el proceso disciplinario el investigado es sujeto procesal, pero aun existiendo pluralidad de disciplinados habrá lugar a la figura del apelante único”.

Cabe anotar que en esta nueva redacción no se perciben aspectos violatorios de la Constitución.

D) Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el artículo 158 de la Ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Único), advirtiendo que en su aplicación el superior no podrá, en ningún caso, agravar la pena impuesta al apelante único, haya o no una pluralidad de disciplinados.

2. Declarar EXEQUIBLE el inciso 3º del artículo 103 de la Ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Único), excepto la palabra “no” y la expresión “excepto que el objeto de la apelación sea diferente”, que se declaran INEXEQUIBLES.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-012 de enero 23 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

EXTRACTOS: «En el caso sub-examine, la unión que puede efectuarse entre la norma objeto de la demanda y aquella no acusada, solamente podría llevar a constituir una unidad normativa sobre la base de una necesaria e íntima conexión que no sólo no ha sido planteada por el actor, sino que además no existe. Adicionalmente, como ya se anotó, la unidad normativa sólo se estructura cuando, tanto el precepto demandado como el de cuya vinculación se trata, son contrarios a la Constitución por las mismas razones encontradas respecto del otro o es accesorio al que se declare inexequible. Por lo tanto, si en este evento el artículo acusado se declaraba ajustado a la Carta Política, no podía conformarse entonces unidad normativa con un precepto no demandado, y menos aún declararse inexequible.

Así las cosas, el suscrito considera que en el asunto en referencia, no era procedente decretar la unidad normativa constitucional, entre el artículo 158 de la Ley 200 de 1995 demandado en virtud de la acción pública de inconstitucionalidad y declarado exequible por la Sala Plena de la Corporación, y el artículo 103 inciso tercero ibídem, no impugnado por el actor, razón por la cual se produjo con dicha decisión, un cambio de jurisprudencia».

Hernando Herrera Vergara. 

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