Sentencia C-12 de enero 23 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO C-12 DE 2002

Ref.: Expediente D-3619

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Actor: Ernesto De La Espriella Bárcenas

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 84 parcial y 373 parcial del Código de Procedimiento Civil, tal como fueron modificados por los numerales 36 y 188 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, respectivamente, y el artículo 142 parcial del Código Contencioso Administrativo.

Bogotá, D.C., veintitrés de enero de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 39.013 del 7 de octubre de 1989 respecto del Decreto 2282 de 1989 y en el Diario Oficial 36.439 del 2 de enero de 1984 respecto del Decreto 01 de 1984, resaltándose lo demandado:

“DECRETOS 1400 Y 2019 DE 1970

(Agosto 6 y octubre 25)

Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil

ART. 84.—Modificado. D. 2282/89, art.1º, num. 36. Presentación de la demanda. Las firmas de la demanda deberán autenticarse por quienes las suscriban, mediante comparecencia personal ante el secretario de cualquier despacho judicial, o ante notario de cualquier círculo; para efectos procesales, se considerará presentada el día en que se reciba en el despacho de su destino.

Con la demanda deberá acompañarse copia para el archivo del juzgado, y tantas copias de ella y de sus anexos cuantas sean las personas a quienes deban correrse traslado. El secretario verificará la exactitud de las copias y si no estuvieren conformes con el original las devolverá para que se corrijan.

ART. 373.—Modificado. D. 2282/89, art. 1º, num. 188. Trámite del recurso. Admitido el recurso, en el mismo auto se ordenará traslado por treinta días a cada recurrente que tenga distinto apoderado, con entrega del expediente, para que dentro de dicho término formule su demanda de casación. Si ambas partes recurrieren, se tramitará primero el recurso del demandante y luego el del demandado.

El recurrente podrá remitir la demanda a la Corte desde el lugar de su residencia y se tendrá por presentada en tiempo si llega a la secretaría antes de que venza el término del traslado.

(...)”.

“DECRETO 01 DE 1984

(Enero 2)

Por medio del cual se reforma el Código Contencioso Administrativo

ART. 142.—Presentación de la demanda. Toda demanda deberá presentarse personalmente por quien la suscribe ante el secretario del tribunal a quien se dirija. El signatario que se halle en lugar distinto podrá remitirla previa autenticación ante juez o notario de su residencia, caso en el cual se considerará presentada al recibo en el despacho judicial de su destino”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte es competente para decidir sobre la constitucionalidad de las disposiciones acusadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución, por cuanto hacen parte de decretos con fuerza de ley dictados por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Corte en esta oportunidad decidir si las normas acusadas, al consagrar que la respectiva demanda se considera presentada el día en que efectivamente se reciba en el despacho de su destino, establecen un trato discriminatorio entre las personas, en particular los abogados litigantes que residen en la misma sede del despacho judicial de destino frente a los que residen fuera de ella, ya que estas últimas deben sujetarse a la lentitud del correo para el envío de la demanda.

3. Libertad de configuración del legislador para establecer formas y términos procesales.

De conformidad con el artículo 150, numerales 1º y 2º de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República hacer, reformar y derogar las leyes y, por medio de ellas, expedir códigos en las distintas especialidades o ámbitos del derecho. En desarrollo de esta labor, entonces, el legislador tiene competencia para regular diversos procesos judiciales y para establecer las etapas, oportunidades y formalidades aplicables a cada uno de ellos, así como los términos para interponer las distintas acciones y recursos ante las autoridades judiciales.

La libertad de configuración normativa del legislador, aunque es amplia, tiene ciertos límites que se concretan en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales. Es decir, si bien el Congreso o el Presidente de la República, debidamente autorizado por aquél mediante la concesión de facultades extraordinarias, tienen la potestad para consagrar, dentro de un margen de discrecionalidad, las diversas formas, ritualidades y términos procesales, éstos deben ser razonables y estar dirigidos a garantizar el derecho sustancial.

Así pues, “es la ley la que consagra los presupuestos, requisitos, características y efectos de las instituciones procesales, cuyo contenido, en tanto que desarrollo de la Constitución y concreción de los derechos sustanciales, no puede contradecir los postulados de aquélla ni limitar de modo irrazonable o desproporcionado éstos” (1) .

(1) Sentencia C-1335 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

4. Justificación de la consagración de términos perentorios que deben observarse en las distintas etapas procesales.

Todo proceso es un conjunto reglado de actos que deben cumplirse en determinados momentos y acatando un orden que garantice su continuidad, “al punto que un acto no resulta posible si no se ha superado la oportunidad en que debe ejecutarse otro anterior, y así sucesivamente, pero una vez clausurada cada etapa se sigue inexorablemente la siguiente, aunque se hayan omitido las actividades señaladas para esa ocasión. Desde ese punto de vista, el proceso es un sistema de ordenación del tiempo dentro del cual los diferentes sujetos procesales deben cumplir las actividades requeridas por la ley, las cuales constituyen actos preparatorios para la resolución de las pretensiones de las partes, a través de la sentencia” (2) .

(2) Sentencia T-546 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, entre otros, los cuales son igualmente aplicables a la administración de justicia. En relación con los principios de celeridad y eficacia en el ejercicio de esta función pública, el artículo 228 de la Carta señala que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. De igual forma, el artículo 4º de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de administración de justicia— consagra lo siguiente:

“La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

(...)”.

Los términos procesales “constituyen en general el momento o la oportunidad que la ley o el juez, a falta de señalamiento legal, establecen para la ejecución de las etapas o actividades que deben cumplirse dentro del proceso por aquél, las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la justicia” (3) . Por regla general, los términos son perentorios, esto es, improrrogables y su transcurso extingue la facultad jurídica que se gozaba mientras estaban aún vigentes.

(3) Ibídem.

Tanto las partes procesales como las autoridades judiciales están obligadas a cumplir en forma exacta y diligente los plazos que la ley consagra para la ejecución de las distintas actuaciones y diligencias en las diversas fases del proceso. Así pues, las partes tienen la carga de presentar la demanda, pedir pruebas, controvertir las allegadas al proceso, interponer y sustentar los recursos y, en fin, participar de cualquier otra forma en el proceso dentro de las etapas y términos establecidos en la ley, así como el juez y auxiliares de justicia tienen el deber correlativo de velar por el acatamiento de los términos procesales.

El incumplimiento de este deber acarrea sanciones para los administradores de justicia que incurran en él. El artículo 2º del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, dispone que “los procesos sólo podrán iniciarse por demanda de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio. Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos, si es ocasionada por negligencia suya”.

En igual sentido, el artículo 37 del mismo código estatuye como uno de los deberes del juez el de “dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran”, deber cuya violación constituye una falta disciplinaria, tal como lo dispone el parágrafo de la misma norma (4) .

(4) En relación con la mora judicial derivada del incumplimiento de este deber, en contravía de los principios de celeridad y eficacia en el proceso, se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias: T-162 de 1993, T-348 de 1993, C-546 de 1995.

La consagración de términos perentorios y, en mayor medida, su estricta aplicación por parte del juez y los auxiliares de justicia —lo cual se traduce, entre otros, en el deber de rechazar las demandas presentadas en forma extemporánea—, en nada contradice la Carta Política. Por el contrario, busca hacer efectivos los derechos de acceso a la administración de justicia y el debido proceso, así como los principios de celeridad, eficacia, seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades propias de cada proceso, en la medida en que asegura que éste se adelante sin dilaciones injustificadas, como lo ordena el artículo 29 de la Carta Política, en armonía con el 228 ibídem, que establece que los términos deben ser observados con diligencia, tanto por los funcionarios judiciales como por las partes involucradas.

En este sentido, la indeterminación de los términos para adelantar las actuaciones procesales o el incumplimiento de éstos por las autoridades judiciales, “puede configurar una denegación de justicia o una dilación indebida e injustificada del proceso, ambas proscritas por el constituyente” (5) .

(5) Sentencia C-416 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

De igual forma, el cumplimiento de los términos desarrolla el principio de seguridad jurídica que debe gobernar los procesos y actuaciones judiciales pues, si bien todas las personas tienen derecho a acceder a la administración de justicia, ellas están sujetas a una serie de cargas procesales, entre las cuales se resalta la de presentar las demandas y demás actuaciones dentro de la oportunidad legal, es decir, acatando los términos fijados por el legislador.

Así lo consideró la Corte en relación con la interposición de recursos, al señalar que “la libertad del ciudadano para ejercer los recursos a su alcance para la defensa de sus derechos de manera indefinida en el tiempo pugna con la necesidad de garantizar la existencia de un orden jurídico estable” (6) . Y en pronunciamiento anterior había sostenido que:

(6) Sentencia C-78 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

“El derecho de acceso a la administración de justicia, sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, éste pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia. Implícitamente supondría además la exoneración del individuo de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia, y con su prestación recta y eficaz. Y, en fin, el sacrificio de la colectividad, al prevalecer el interés particular sobre el general. En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta” (7) .

(7) Sentencia C-351 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara.

Respecto de la justificación de la carga procesal en comento, esto es, la de interponer la demanda en tiempo, son pertinentes las palabras de Couture, cuando afirma: “actuar en justicia constituye una solución de libertad y de responsabilidad. El derecho actúa siempre buscando el equilibrio de la conducta humana. Junto a una posibilidad, pone una limitación; junto a la libertad, que es un poder, aparece la responsabilidad, que es una forma de deber. Poder y deber buscan así su necesario equilibrio” (8) .

(8) Couture, Eduardo J. Introducción al estudio del proceso civil. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1988, pág. 24.

Si el interesado tiene la facultad de demandar, también tiene el deber de interponer la demanda en tiempo, pues de lo contrario su negligencia en ejercerla puede acarrear la pérdida del derecho por caducidad o prescripción. Por esta razón, la Corte encuentra dicha carga procesal plenamente razonable y necesaria para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en el proceso.

Sobre este punto, resulta ilustrativa la Sentencia C-918 de 2001 (9) , en la cual la Corte se refirió a la figura de la perención en el proceso civil:

(9) M.P. Jaime Araújo Rentería.

“...es deber de las partes, el estar atentas al desarrollo del proceso e instar, para que el mismo no se detenga, más aún, cuando las actuaciones a seguir dependan de alguna de ellas. Se predica este deber del demandante en relación con el proceso que él mismo ha iniciado, del demandado cuando formula excepciones y del apelante respecto de la segunda instancia y en general de la parte de quien dependa la actuación.

“Lo anterior, en razón a la aplicación de los principios de celeridad, economía, efectividad y eficacia que informan nuestro ordenamiento procesal, con fundamento en los cuales se debe propender por la agilidad de los procedimientos, porque toda actuación, instancia o proceso llegue a su fin, evitando que queden inconclusas, indefinidas o sin agotarse por la incuria de la parte que tiene la carga procesal de actuar y en perjuicio de la otra”.

Lo anterior demuestra que las cargas procesales deben ejercerse por parte del sujeto sobre quien recaigan a lo largo de toda la actuación procesal, lo cual incluye, como es obvio, la iniciación misma del proceso a través de la presentación de la demanda dentro de los términos fijados por el legislador para cada clase de proceso, como lo ha reiterado esta corporación:

“e) Así como a los jueces y fiscales se exige, por expreso mandato constitucional, que cumplan los términos —bajo el apremio de sanciones—, las partes y los intervinientes en los procesos, y con mayor razón los abogados que los representan, están obligados a actuar con sujeción estricta a los lapsos que, para cada actuación, alegato, ejercicio del derecho de defensa o posibilidad de impugnación de un acto, señala la ley. En el caso de los apoderados judiciales, más que cualquier sujeto procesal, deben conocer —y ello hace parte de los fundamentos más elementales de su actividad profesional y de sus responsabilidades con el cliente y con la administración de justicia— cuáles son los términos de los que disponen, y obrar en consecuencia, con dedicación y lealtad y prestando a sus gestiones la debida y oportuna atención y los mínimos cuidados.

(...) El estricto sometimiento a las reglas legales que regulan el proceso —y especialmente el cumplimiento de los términos— resulta ser elemento esencial de la idoneidad profesional que se reclama.

(...).

f) La Corte ha proclamado, con arreglo al artículo 228 de la Constitución, el postulado de prevalencia del derecho sustancial, que implica el reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no pueden resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a consideraciones de forma no indispensables para resolver en el fondo el conflicto del que conoce el juez.

En tal sentido, las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico en lo que atañe a trámites y procedimientos están puestas al servicio del propósito estatal de realizar materialmente los supremos valores del derecho, y no a la inversa. O, en otros términos, las formas procesales no se justifican en sí mismas sino en razón del cometido sustancial al que propende la administración de justicia.

Pero debe dejarse en claro que el enunciado principio constitucional que rige las actuaciones judiciales no implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda norma legal obligatoria para quienes participan en los procesos, o la eliminación, per se de las formas indispensables para que los juicios lleguen a su culminación —pues allí está comprometido el derecho sustancial de acceso a la administración de justicia—, ni, para el asunto del que ahora se trata, puede significar la absoluta pérdida del carácter perentorio de los términos procesales. Todos estos elementos integran la “plenitud de las formas propias de cada juicio”, contemplada como factor esencial del debido proceso, según el artículo 29 de la Carta Política, y por lo tanto no constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido sino instrumentos necesarios para que el derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad” (10) .

(10) Sentencia T-323 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández.

En síntesis, los términos procesales deben cumplirse diligente y celosamente por parte de quienes acceden a la administración de justicia, así como corresponde a los jueces y los auxiliares de la justicia velar por su cumplimiento, por cuanto es una carga procesal en cabeza de los primeros que busca garantizar la seguridad y certeza jurídica, el debido proceso, el principio de celeridad y la eficacia del derecho sustantivo. Así mismo, busca hacer efectivo el principio de igualdad procesal, como se demostrar en seguida.

5. Principio de igualdad procesal.

El actor considera que las normas acusadas establecen un trato discriminatorio entre las personas, en particular los abogados litigantes residentes en el Distrito Capital o en donde tienen su sede los tribunales y juzgados competentes ante los cuales debe presentarse la demanda, respecto de los que residen en la provincia o en el exterior, por cuanto ambos están sujetos a los mismos términos procesales, sin tener en cuenta que los segundos están limitados por el tiempo que dure el envío del libelo a través del correo, lo cual viola los derechos de igualdad y el debido proceso pues éstos deberían disponer de un término mayor para que la demanda enviada al despacho de destino se considere presentada en tiempo.

El artículo 13 de la Constitución Política consagra el principio de igualdad según el cual, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación alguna. Sobre este principio en el campo procesal, la Corte ha precisado:

“...en lo referente a la administración de justicia, la igualdad se logra al disponer que todos sean juzgados por el mismo procedimiento. (...) La regla general, encaminada a garantizar la igualdad, determina el establecimiento de competencias y procedimientos iguales para todas las personas. Por qué? Porque el resultado de un juicio depende, en gran medida, del procedimiento por el cual se tramite. Éste determina las oportunidades para exponer ante el juez las pretensiones y las excepciones, las pruebas, el análisis de éstas, etc. Existen diversos procedimientos y, por lo mismo, normas diferentes en estos aspectos: pero, el estar el actor y el demandado cobijados por idénticas normas, y el estar todos, en principio sin excepción, sometidos al mismo proceso para demandar o para defenderse de la demanda, garantiza eficazmente la igualdad” (11) .

(11) Sentencia C-407 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.

A la vez que se erige como un derecho de los particulares para acceder en igualdad de oportunidades a la justicia y para recibir un mismo tratamiento dentro del proceso, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, corresponde al juez hacerlo efecivo (12) .

(12) Cfr. El artículo 37, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, relativo a los deberes del juez.

Dicho principio no comporta una identidad numérica, lo cual exige al legislador dar un tratamiento distinto a supuestos que en realidad sean también diversos. Al respecto, la Corte ha sostenido (13) :

(13) M.P. Carlos Gaviria Díaz.

“El principio de igualdad prohíbe las diferencias que sean arbitrarias o injustificadas desde un punto de vista jurídico, esto es, que no se funden en motivos objetivos y razonables, o que sean desproporcionadas en su alcance o contenido. Igualmente, implica una evaluación de los efectos y un juicio de razonabilidad de la diferencia, pues como se ha sostenido “La igualdad es básicamente un concepto relacional, que de forma necesaria conduce a un proceso de comparación entre dos situaciones tratadas de forma distinta, en el que es preciso efectuar una valoración de la diferencia. Sólo tras el análisis de las características de cada supuesto que se compara, de la entidad de la distinción, y de los fines que con ella se persigue, podrá concluirse si la medida diferenciadora es o no aceptable jurídicamente” (14) .

(14) F. Rubio Llorente “La igualdad en la jurisprudencia del tribunal constitucional” pág. 15.

Ahora bien, el artículo 29 de la Constitución Política, que consagra el derecho al debido proceso, dispone que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, mandato que armoniza con el principio de igualdad procesal al que se ha hecho referencia.

La observancia de las formas propias de cada juicio, entendidas éstas como “las reglas —señaladas en la norma legal— que, de conformidad con la naturaleza de cada juicio, determinan cada una de las etapas propias de un proceso y que, a su vez, se constituyen en las garantías de defensa y seguridad jurídica para los intervinientes en el respectivo litigio” (15) , implica correlativamente el deber de erradicar toda forma de actuación arbitraria por parte de los administradores de justicia. En consecuencia, su estricto cumplimiento hace efectivo el principio de igualdad en la medida en que se garantiza “la neutralidad del procedimiento, o la neutralidad del derecho procesal. Neutralidad que trae consigo el que todas las personas sean iguales ante la administración de justicia, tengan ante ella los mismos derechos e idénticas oportunidades, en orden a lograr el reconocimiento de sus derechos” (16) .

(15) Sentencia C-140 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(16) Sentencia C-407 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.

Por su parte, el artículo 229 de la Carta Política garantiza el derecho de toda persona de acceder a la administración de justicia, precepto que también armoniza con el artículo 13 ibídem, de forma tal que “el derecho a acceder igualitariamente ante los jueces implica no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de jueces y tribunales ante situaciones similares” (17) , lo que explica que la igualdad constituya uno de los principios rectores del ejercicio de la función de administrar justicia.

(17) Sentencia C-104 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

6. Las demandas se entienden presentadas en tiempo si se reciben en el juzgado de destino antes de vencerse el término legal establecido.

Procede la Corte a determinar si las normas acusadas, al consagrar que la respectiva demanda se considera presentada el día en que efectivamente se reciba en el despacho de su destino, establecen un trato discriminatorio para quienes residen o tienen su lugar de trabajo en sede distinta a la del despacho al cual aquélla va dirigida.

El artículo 84 del Código de Procedimiento Civil hace referencia a la presentación de la demanda en los siguientes términos: “Las firmas de la demanda deberán autenticarse por quienes las suscriban, mediante comparecencia personal ante el secretario de cualquier despacho judicial, o ante notario de cualquier círculo; para efectos procesales, se considerará presentada el día en que se reciba en el despacho de destino”. (se resalta lo demandado)

Así mismo, el artículo 142 del Código Contencioso Administrativo prescribe: “Toda demanda deberá presentarse personalmente por quien la suscribe ante el secretario del tribunal a quien se dirija. El signatario que se halle en lugar distinto podrá remitirla previa autenticación ante juez o notario de su residencia, caso en el cual se considerará presentada al recibo en el despacho judicial de su destino”. (se resalta lo demandado)

Por su parte, el artículo 373 del Código de Procedimiento Civil, que hace referencia al trámite del recurso de casación, dispone:

“Admitido el recurso, en el mismo auto se ordenará traslado por treinta días a cada recurrente que tenga distinto apoderado, con entrega del expediente, para que dentro de dicho término formule su demanda de casación. Si ambas partes recurrieren, se tramitará primero el recurso del demandante y luego el del demandado.

El recurrente podrá remitir la demanda a la Corte desde el lugar de su residencia y se tendrá por presentada en tiempo si llega a la secretaría antes de que venza el término del traslado” (se resalta lo demandado).

De conformidad con las normas antes citadas, la demanda debe ser presentada personalmente por el demandante o por medio de apoderado que éste haya designado, ante el despacho judicial competente para tramitar el proceso respectivo. Sin embargo, el legislador autoriza a quienes se encuentren fuera del lugar de destino para enviar la demanda —ya sea ordinaria, contencioso administrativa o de casación— desde el lugar de residencia o domicilio del demandante o casacionista, siempre y cuando éste haya hecho la presentación personal de la misma ante el secretario de cualquier despacho judicial o ante un notario.

La presentación personal de la demanda ante el despacho judicial al que vaya dirigida o, en su defecto, ante un despacho distinto al destinatario o ante una notaría de cualquier círculo, tiene como finalidad demostrar la existencia del autor del documento y la certeza de su contenido. Gracias a ese reconocimiento, el documento adquiere plena autenticidad y fecha cierta (18) . En ningún caso se exige que deba hacerse la presentación personal de la demanda ante el despacho al cual aquélla va dirigida. Es decir, al accionante cuyo domicilio se encuentre dentro de la misma sede del despacho al que vaya dirigida la demanda no le está vedado hacer la presentación de la misma ante otro despacho judicial o una notaría. Negar tal posibilidad sería hacer nugatorio el derecho de acceso a la administración de justicia (19) .

(18) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Auto del 13 de octubre de 2000. Exp. 10479, C.P. Delio Gómez Leyva. Reiterado en sentencia proferida por la misma sección el 3 de noviembre de 2000, rad. 10661, C.P.: Juan Ángel Palacio Hincapié.

(19) Este criterio fue expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en sentencia del 6 de octubre de 2000, exp. 10018, C.P. Jorge Humberto Martínez Luna.

Las normas acusadas consagran que la demanda se considera presentada el día en que efectivamente se reciba en el despacho judicial al que va dirigida. En este sentido, las referidas disposiciones guardan una misma finalidad, cual es la de asegurar que aquélla se presente en tiempo ante el juez competente.

La competencia, entendida como “la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde, a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc.)” (20) , es un elemento integrante del debido proceso (C.P., art. 29, inc. segundo) y, por ende, constituye una verdadera garantía para quien accede a la administración de justicia, pues éste podrá tener certeza de que el asunto será conocido por el juez establecido para tal efecto en la Constitución o la ley. Por lo anterior, resulta razonable que la demanda se entienda radicada en tiempo una vez llegue al despacho de su destino, esto es, al juez competente.

(20) Sentencia C-40 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

El demandante o casacionista no puede ver restringido su derecho al acceso de la administración de justicia en igualdad de oportunidades por el solo hecho de hallarse en lugar distinto a donde tiene sede el despacho al que va dirigida la demanda. Tal restricción, sin duda, colocaría en un plano de desigualdad a las personas que no residen en donde está ubicada dicha sede y que buscan acceder a la justicia. Por este motivo, la ley previó esa situación al autorizar al demandante para enviar la demanda a través del correo u otro medio de comunicación con el fin de evitar la presentación personal de la misma ante el despacho al que va dirigida, sin perjuicio de que deba hacer tal presentación ante otro despacho judicial o ante un notario. Así las cosas, dicha facultad, en vez de ser un obstáculo, es una facilidad otorgada al demandante o casacionista para que ejerza su derecho de acción y, en vez de vulnerar el derecho a la igualdad, las normas acusadas consagran un importante instrumento para hacerlo efectivo.

Ahora bien, una determinada disposición es discriminatoria cuando no se puede justificar razonablemente el trato diferencial que ella establece respecto de dos situaciones similares, en otras palabras, cuando ante situaciones iguales se da un tratamiento jurídico diferente sin justificación alguna. El actor alega que la situación en que se encuentran las personas y, en particular, los abogados litigantes cuyo domicilio está ubicado en la sede del despacho de destino, es totalmente disímil respecto de aquellos que ejercen su profesión fuera de dicha sede, lo cual, a su juicio, amerita dar un tratamiento diverso a unos y otros, que se traduce en la concesión a los segundos de un término mayor para interponer la demanda.

No comparte la Corte el punto de vista del demandante, pues el legislador “goza de una discrecionalidad que, no siendo absoluta, sí implica, sin embargo, un margen suficiente para evaluar, con base en la verificación que haga el Congreso sobre lo que ocurre en el entorno social, cuál debería ser la extensión temporal reconocida a las personas para el ejercicio de los mecanismos orientados a la iniciación de los procesos.

“Desde luego, si esos términos vulneran el acceso a la administración de justicia, el debido proceso o la igualdad —todo lo cual habrá de verse en cada caso—, hay lugar a la inexequibilidad, pero tales eventos son excepcionales y surgidos de muy diversos factores siempre relacionados con la clase de proceso y con las condiciones y características de la oportunidad procesal plasmada en la respectiva norma.

(...).

En fin, la mayor o menor brevedad de los términos legales ha de corresponder normalmente al juicio que sobre el asunto respectivo se haya formado el legislador, por lo cual no existe en la generalidad de los casos un parámetro del que pueda disponer el juez de constitucionalidad para evaluar si unos días o meses adicionales habrían podido garantizar mejor las posibilidades de llegada ante los tribunales. Y, a no ser que de manera evidente el término, relacionado con derechos materiales de las personas, se halle irrisorio, o que se hagan nugatorias las posibilidades de defensa o acción, no puede deducirse a priori que el término reducido contraríe de suyo mandatos constitucionales” (21) .

(21) Sentencia C-800 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Por lo anterior, el juez constitucional no está “llamado a determinar cuáles deben ser los términos que se deben cumplir dentro de los procesos. La misión de la Corte en estos casos es, en realidad, la de controlar los excesos que se puedan presentar en la legislación” (22) . El examen constitucional en estos casos consiste, entonces, en verificar la razonabilidad de las medidas adoptadas por el legislador.

(22) Sentencia C-728 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

¿Es razonable que la demanda se considere presentada el día en que se reciba en el despacho judicial, a pesar de que las personas y, en particular, los abogados litigantes que residen fuera de la sede del despacho al que va dirigida la demanda, están sujetos a las posibles demoras del servicio de correo u otros medios de comunicación a través de los cuales aquélla puede enviarse?

La respuesta a la pregunta anterior es afirmativa pues, como ya se dijo, las normas acusadas consagran en realidad un beneficio en favor de quienes residen fuera del lugar en que se halla ubicado el despacho de destino, ya que ellos tienen la posibilidad de enviar el escrito a través de cualquier medio, una vez hecha la presentación personal del mismo ante un despacho judicial o notario de su lugar de su residencia, sin tener que trasladarse de su domicilio para presentarla ante el despacho competente.

Se ha reiterado, además, que la demanda es un acto con el cual se inicia el proceso en desarrollo del derecho de acceso a la administración de justicia y, por las razones ya expuestas, corresponde al interesado interponerla de manera oportuna y con el lleno de los requisitos y formalidades exigidos en la ley. Así pues, atentaría contra el principio de igualdad exigir que la demanda se presente dentro de los términos legalmente establecidos sólo a quienes tienen su domicilio en el lugar donde está ubicada la sede del despacho al que va dirigida, mientras que a quienes tienen su domicilio en un lugar distinto a dicha sede, se les permitiera presentarla en un término mayor, justificando tal concesión en el sólo hecho de que deben enviar el libelo a través del correo u otro medio similar.

Mal haría el juez en exigir de manera rigurosa el cumplimiento de los términos procesales a unas personas que acceden a la administración de justicia, mientras que a otras les permite eludir dicho mandato. De acogerse la propuesta del demandante, quedaría al arbitrio de los funcionarios judiciales competentes recibir o no, por fuera del término legal, las demandas presentadas ante su despacho, lo cual evidentemente atenta contra el artículo 13 de la Constitución.

Por otra parte, una de las responsabilidades más elementales de los apoderados judiciales para con sus clientes y con la administración de justicia, derivada del carácter profesional de su actividad, es la de actuar diligentemente en defensa de los intereses de su poderdante, lo cual implica, como es obvio, conocer y ajustar su actuación a la normatividad aplicable a cada proceso y respetar rigurosamente los términos allí consagrados.

Que el servicio de correo adolezca de lentitud no es razón suficiente para declarar la inexequibilidad ni la constitucionalidad condicionada de las normas acusadas, como lo pide el Procurador General de la Nación, si se tiene en cuenta que no es éste el único medio a través del cual puede enviarse la demanda. Avances tecnológicos tales como el telefax (que es un sistema telefónico que permite reproducir a distancia escritos, gráficos e impresos, a la velocidad que echa de menos el actor), y además medios electrónicos a que alude la Ley 527 de 1999, así como los servicios de entrega inmediata de documentos, son algunos ejemplos de las posibilidades con que cuenta el demandante para enviar la demanda al despacho judicial respectivo. Es pertinente resaltar que, de conformidad con la referida Ley 527 de 1999, se ha conferido un importante valor probatorio a los documentos y en general a la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos.

Sin embargo, aun cuando debe aceptarse el envío de la demanda a través de estos medios, ello no significa que se haga en forma extemporánea, pues de todas formas la recepción de la misma en el despacho respectivo debe hacerse dentro de los términos establecidos para el efecto por la ley, atendiendo los horarios judiciales en que ésta pueda recibirse (23) ; tampoco implica desconocer el deber de hacer la presentación personal de la demanda, toda vez que la autenticidad de la misma es un requisito ineludible para su admisibilidad; por último, el envío de la demanda a través de dichos medios no es excusa para que aquélla no reúna los requisitos exigidos en la ley, según el caso.

(23) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 31 de agosto de 2000. Rad. 6209, Consejera Ponente Olga Inés Navarrete.

Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia, al referirse al artículo 373, inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, aquí acusado parcialmente, según el cual “el recurrente podrá remitir la demanda a la Corte desde el lugar de su residencia, y se tendrá por presentada si llega a la secretaría antes de que venza el término de traslado”:

“...con ello no sólo se garantiza al recurrente la posibilidad de acceso al recurso de casación desde cualquier parte del país, sino también se asegura a las demás partes que tal ejercicio debe hacerse en forma oportuna y dentro del mismo plazo previsto igualitariamente para todos, a fin de procurar rápidamente su trámite y resolución. Por lo que, entonces, la no satisfacción de esta exigencia legal, conforme a aquellas garantías constitucionales, imponen, de acuerdo a la ley y a la Carta Política la deserción del recurso (CPC, art. 373, inc. 3º)”.

Ello es así, “porque si dentro de la garantía del debido proceso se encuentra como “formas propias de cada juicio” (CPC, art. 29, inc. 1º) que deben tenerse en cuenta para reclamar sus derechos, se hace entonces imperativo la de su sujeción a la recepción oportuna de la demanda de casación, en la secretaría de la Corte cuando es remitida desde la residencia del recurrente, sin lo cual nadie puede aducir vulneración de derecho alguno, ni siquiera el sustancial, porque sencillamente quien no lo hace en dicha forma no se ha sometido a la garantía constitucional que permite su correspondiente defensa extraordinaria. Y si a ello se agrega, que esa garantía se encuentra complementada con el deber constitucional que tiene el juez de adelantar “un debido proceso sin dilaciones justificadas” (C.P., art. 29, inc. 4º). mal puede decirse que cuando por extemporaneidad se declara desierto el recurso de casación se vulnera el debido proceso ya que, en verdad, se produce lo contrario, ya que con ella se garantiza el debido proceso previsto para el trámite de la casación y se evita, que es lo que quiere el recurrente, que para su propio beneficio y no el de ambas partes y de la justicia, se desatiendan esas formas de presentación. Pues, con esa aplicación, también se garantiza el derecho sustancial que aparece reconocido bajo la presunción de acierto de la sentencia impugnada” (24) .

(24) Corte Suprema de Justicia. Sala Civil y Agraria. Auto 011 de enero de 1999. Exp. 7380, M.P. Pedro Lafont Pianetta.

Y en la Sentencia C-562 de 2000 (25) , la Corte Constitucional precisó:

(25) M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

“No cuestiona la Corte el hecho de que el documento contentivo de la presente acusación haya sido enviado por telefax a la sede de la corporación, pues entiende que, gracias a los avances tecnológicos que se han presentado en el campo de las comunicaciones, al orden jurídico interno se han venido incorporando algunas preceptivas que, amparadas también en los principios de eficacia, economía, celeridad y primacía de lo sustancial, le otorgan plena validez a ciertos actos procesales que se realizan bajo esa modalidad de mensaje de datos (26) . Recientemente, se expidió la Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta —entre otros— el acceso y uso de los mensajes de datos, en cuyo artículo 10 se le reconoce “fuerza obligatoria y probatoria” a toda información que se allegue a las actuaciones administrativas y judiciales “en forma de un mensaje de datos”.

(26) Cfr. Entre otros, el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, la Ley 489 de 1998 y la Ley 527 de 1999.

No obstante lo anterior, en atención a la rigurosidad o severidad que es necesario imprimirle a ciertos actos —como ocurre con el ejercicio del derecho de acción—, es evidente que la efectividad y eficacia de las actuaciones jurisdiccionales surtidas a través de los medios electrónicos autorizados, está condicionada a que la información transmitida sea recibida en forma clara, completa y oportuna, e igualmente a que el sistema de datos utilizado sea apropiado y se adecue a las características del acto a ejecutar, permitiendo que se cumplan y verifiquen los requisitos que la Constitución y la ley exigen para su realización material. A este respecto, el artículo 11 de la citada Ley 527 de 1999 es bastante claro cuando sostiene que “Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas”.

A propósito del asunto que ahora se debate, se ha explicado con precisión que, por mandato expreso de los artículos 40 y 241 de la Constitución Política, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad comporta la acreditación de la condición de ciudadano. Así, aun cuando se utilice el telefax como medio para formular la respectiva demanda, al impugnante le corresponde cumplir con la diligencia de presentación personal del escrito ante juez o notario, pues es la única manera de darle autenticidad al mismo y, en esa medida, de conocer con certeza que el documento proviene de quien aparece enviándolo (...)”.

En síntesis, el envío de la respectiva demanda a través del correo o de cualquier otro medio al despacho de destino no es excusa para que el demandante ignore los requisitos, formalidades y términos establecidos en la ley, entre los cuales se destacan la presentación personal y, especialmente, su recibo en tiempo en el despacho de destino, tal como lo consagran las disposiciones acusadas.

La Corte concluye, entonces, que la presentación de la demanda en el tiempo establecido por el legislador para ello ante el despacho judicial respectivo no vulnera la Constitución y, por el contrario, garantiza el debido proceso y el principio de igualdad. Las normas demandadas serán declaradas exequibles pues, lejos de restringir el acceso a la administración de justicia en igualdad de condiciones, buscan hacer efectivo este derecho en favor de aquellas personas que no residen en el lugar donde está ubicada la sede del despacho al que va dirigida la demanda. En efecto, el sometimiento a las formas propias de cada juicio, que incluye el deber de observar los términos y las oportunidades fijados por el legislador durante todo el proceso, desarrolla claramente el derecho al debido proceso y los principios constitucionales de igualdad, de celeridad, seguridad jurídica y eficacia en el ejercicio de la función de impartir justicia.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “para efectos procesales, se considerará presentada el día en que se reciba en el despacho de su destino”, contenida en el inciso primero del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 36 del Decreto 2282 de 1989.

2. Declarar EXEQUIBLE la expresión “se tendrá por presentada en tiempo si llega a la secretaría antes de que venza el término de traslado”, contenida en el inciso segundo del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 188 del Decreto 2282 de 1989.

3. Declarar EXEQUIBLE la expresión “caso en el cual se considerará presentada al recibo en el despacho judicial de su destino”, contenida en el inciso segundo del artículo 142 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

______________________________