Sentencia C-123 de febrero 17 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-123 de 2004 

Ref.: Expediente D-4737

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Actor: Javier Andrade González

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 365 (parcial) del código de procedimiento penal —Ley 600 de 2000—.

Bogotá, D.C., diecisiete de febrero de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe la norma acusada y se resalta la expresión demandada como inconstitucional.

LEY 600 DE 2000 

(Julio 24)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

CAPÍTULO VI

Libertad del procesado

ART. 365.—Causales. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos:

Cuando en cualquier estado del proceso estén demostrados todos los requisitos para suspender condicionalmente la ejecución de la pena.

Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por la conducta punible que se le imputa, habida consideración de la calificación que debería dársele.

Se considerará que ha cumplido la pena, el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla.

La rebaja de la pena por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para el cómputo de la sanción.

La libertad provisional a que se refiere este numeral será concedida por la autoridad que esté conociendo de la actuación procesal al momento de presentarse la causal aquí prevista.

Cuando se dicte en primera instancia, preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria.

Cuando vencido el término de ciento veinte (120) días de privación efectiva de la libertad, no se hubiere calificado el mérito de la instrucción.

Este término se ampliará a ciento ochenta (180) días, cuando sean tres (3) o más los sindicados contra quienes estuviere vigente detención preventiva. Proferida la resolución de acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente.

No habrá lugar a libertad provisional, cuando el mérito de la instrucción no se hubiere podido calificar por causas atribuibles al sindicado o a su defensor.

Cuando hayan transcurrido más de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública salvo que se hubieren decretado pruebas en el exterior o se esté a la espera de su traslado, caso en el cual, el término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses.

No habrá lugar a la libertad provisional cuando la audiencia se hubiere iniciado, y esta se encuentre suspendida por causa justa o razonable o cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor.

Cuando la infracción se hubiere realizado con exceso en cualquiera de las causales eximentes de responsabilidad.

En los delitos contra el patrimonio económico, cuando el sindicado, antes de dictarse sentencia, restituya el objeto material del delito, o su valor e indemnice integralmente los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.

En los procesos que se adelanten por el delito de peculado, siempre que la cesación del mal uso, la reparación del daño o el reintegro de lo apropiado, perdido o extraviado, o su valor, y la indemnización de los perjuicios causados, se haga antes de que se dicte sentencia de primera instancia.

Cuando la libertad provisional prevista en los numerales cuarto (4º) y quinto (5º) de este artículo se niegue por causas atribuibles al defensor, el funcionario judicial compulsará copias para que se investigue disciplinariamente al abogado que incurra en maniobras dilatorias.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad del artículo demandado, ya que este hace parte de una ley de la República.

2. Inexistencia de cosa juzgada constitucional.

Mediante Sentencia C-774 de 2001 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal. No obstante, tal como se deduce de la parte resolutiva de dicha providencia, los efectos de la cosa juzgada constitucional fueron relativos a los cargos de la demanda, cargos que no coinciden con los expuestos en esta oportunidad.

La situación anterior faculta a la Corte para pronunciarse de nuevo sobre la exequibilidad del artículo acusado, dentro del cual se inserta la expresión demandada.

3. Problema jurídico.

De conformidad con los cargos de la demanda, se trata de saber si el legislador vulneró la Carta Política al permitirle al juez penal definir los casos en que, por justa causa o causa razonable, es posible suspender la audiencia pública de juzgamiento, impidiendo con ello que se conceda la libertad provisional al procesado que ha permanecido privado de la libertad por más de 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación.

Se alude a los 6 meses de ejecutoria de la resolución de acusación porque el numeral 5º del artículo acusado dispone expresamente que tal es el término a partir de cuyo vencimiento el sindicado tiene derecho a la libertad provisional.

Así pues, se discute sobre legitimidad de esta medida en cuanto se sostiene que la libertad provisional es un derecho del sindicado que se hace efectivo a los 6 meses de haberse ejecutoriado la resolución de acusación, y que el sindicado no está en la obligación de soportar los defectos del sistema judicial que conllevan la imposibilidad de finiquitar o de realizar la audiencia de juzgamiento. El señor procurador advierte sobre la competencia del juez para suspender la audiencia por motivos razonables, mas no justos, y agrega que en el caso de los primeros resulta legítimo que el sindicado permanezca privado de la libertad aun después de vencido el término de 6 meses contado a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación.

Algunos de los intervinientes solicitan a la Corte la declaratoria de inexequibilidad de la norma por considerarla atentatoria del derecho a la libertad del procesado, mientras otros sostienen que la posibilidad de suspender la audiencia de juzgamiento se justifica si el juez encuentra motivo razonable para hacerlo, sin violentar con ello el derecho a la libertad del sindicado.

En atención a lo dicho, le corresponde a la Corte determinar si dicha expresión ha conferido inconstitucionalmente al juez penal la facultad de disponer de la libertad del sindicado. Para tales efectos, esta corporación analizará los parámetros conceptuales del principio de legalidad de la privación de la libertad, verificará su inclusión en la jurisprudencia de la Corte y establecerá sus consecuencias en la norma demandada. Posteriormente, verificará si las consideraciones de la demanda tienen asidero en esta jurisprudencia y, finalmente, estudiará si la medida acusada se ajusta a dicha jurisprudencia o si contraría el espíritu de la Carta Fundamental.

4. El principio de legalidad en la privación preventiva de la libertad.

De acuerdo con el principio superior contenido en el artículo 28 de la Constitución Política, nadie puede ser privado de la libertad sino es en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

El principio de legalidad, como se lo conoce, no solo se impone como exigencia del texto constitucional, sino que se inserta en legislación internacional suscrita por Colombia, así: la Convención americana sobre derechos humanos de 1969 —Pacto de San José de Costa Rica—, aprobada mediante Ley 74 de 1968, señala:

“ART. 7º—... Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes y por las leyes dictadas conforme a ellas”.

Adicionalmente, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, aprobado por la misma ley, advierte:

“ART. 9º—... Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta”.

(...).

“La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo” (negrilla fuera del original).

Ahora bien, tal como lo reconoce la doctrina, el principio de que nadie puede ser privado de la libertad sino por motivo expresamente señalado en la ley es una expresión del principio de legalidad de la sanción penal o nulla poena sine lege, que constituye pilar esencial del derecho punitivo en el modelo del Estado de derecho.

Como consecuencia de dicha subordinación, el principio mencionado aplica no solo para quien es privado de la libertad como sanción definitiva por haber transgredido la normatividad penal, sino a favor de quien es retenido temporalmente, como resultado de la adopción de una medida preventiva. Tal subordinación tiene fundamento en el hecho de que, aunque la privación preventiva de la libertad no constituye la imposición de una sanción penal —pues durante la etapa instructiva no existe convicción sobre la responsabilidad penal del sujeto indagado— aquella afecta de manera directa el núcleo esencial del derecho fundamental a la libertad.

Por lo anterior, las exigencias que emanan del principio de legalidad de la pena impregnan también el de la legalidad de la privación preventiva de la libertad, y es esta la razón por la cual las categorías que regulan el primero son plenamente aplicables al segundo. Si nadie puede ser sancionado por motivos previamente establecidos en la ley, tampoco puede ser temporalmente privado de la libertad cuando dichos motivos no existen.

En tal sentido, tal como opera en el nulla poena sine lege, para que un sujeto pueda ser legal y temporalmente privado de la libertad —mientras se determina su responsabilidad penal— es requisito que los motivos por los cuales se lo retiene se encuentren establecidos en una norma preexistente(1).

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido siempre la prevalencia de dicho principio, en el estudio de las normas de la legislación que lo comprometen. En este sentido la Corte dijo:

(...) tratándose del derecho fundamental de la libertad, aplicando el artículo 94 de la Constitución Política, el alcance de su garantía constitucional debe interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales conciben la detención preventiva como una excepción, es decir como un instrumento al cual únicamente puede apelarse en los casos previstos por la ley y dentro de sus rigurosos límites, sin perjuicio de las garantías que aseguren la comparecencia del sindicado al pertinente juicio y su disponibilidad para la ejecución del fallo, tal como se ha resaltado en esta sentencia (Sent. C-106/94, M.P. José Gregorio Hernández Galindo) (negrilla fuera del original).

En igual sentido, la Corte dictó la Sentencia C-327 de 1997 en la que se refirió al carácter excepcional de la detención preventiva, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 388 y 397 del Decreto 2700 de 1991, que establecían los casos de procedencia de dicha medida. Al revisar la exequibilidad de las normas, la Corte estableció que la privación temporal de la libertad se entiende como una medida excepcional que solo procede en los casos expresamente señalados por el legislador:

El tenor literal del mencionado artículo 28 superior da cuenta de algunas conductas que desconocen la libertad y, adicionalmente, del ámbito y de las condiciones de su protección, al estatuir que “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado”, salvo que concurran tres requisitos, a saber: mandamiento escrito de autoridad judicial competente (i), acatamiento de las formalidades legales (ii) y existencia de un motivo previamente definido en la ley (iii).

Desde la perspectiva de los requisitos reseñados, cabe anotar que la norma comentada contempla el derecho de todos a no ser privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en la ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad, con arreglo al cual es el legislador, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable (Sent. C-327/97, M.P. Fabio Morón Díaz) (negrilla fuera del original).

Finalmente, bajo la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal —L. 600/2000— la Corte Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse extensamente sobre la figura de la detención preventiva y la libertad provisional. En la Sentencia C-774 de 2001, la corporación analizó las normas de la nueva legislación a la luz de los preceptos constitucionales, encontrándolas ajustadas a derecho. Al efecto, la Corte reiteró la posición sentada por el tribunal en el sentido de que la naturaleza del derecho a la libertad impone la necesidad de que el legislador delimite los motivos de su restricción:

El artículo 28 de la Carta Política, representa la cláusula general de tutela y reconocimiento del derecho a la libertad personal, ya que consagra de manera precisa, clara y expresa que: “Toda persona es libre”, al mismo tiempo, establece los fundamentos jurídicos mediante los cuales se admite su restricción, al disponer que: “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado...”, salvo que concurran tres requisitos, a saber: 1) mandamiento escrito de autoridad judicial competente, 2) que se expida con la observancia de las formalidades legales y 3) por la existencia de motivos previamente definidos en la ley.

La Corte ha sostenido:

“... Desde la perspectiva de los requisitos reseñados, cabe anotar que la norma comentada contempla el derecho de todos a no ser privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en la ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad, con arreglo al cual es el legislador, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable...

(...).

... La Corte ha hecho énfasis en que tratándose de la libertad personal, la Constitución Política establece una estricta reserva de ley, siendo entonces el legislador el llamado a establecer los casos y a fijar las condiciones que tornen viable la privación de la libertad, tarea que redunda en beneficio del derecho en la medida en que los asociados cuentan con la definición de los eventos en los cuales resulta posible afectarlo. En este sentido la corporación ha puntualizado que “las normas legales que fijan y precisan los supuestos en los que a una persona se le puede privar de la libertad, constituyen garantía del derecho que de esa forma desarrollan”(2).

(...).

La Corte Constitucional ha precisado que de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política, referente a los requisitos de la detención, y en especial a la necesidad de existencia “de motivos previamente definidos en la ley”, se hace necesario la intervención del legislador para señalar los motivos que permitan decretar la detención en el régimen jurídico colombiano.

En tal sentido expresó:

“... Desde la perspectiva de los requisitos reseñados, cabe anotar que la norma comentada contempla el derecho de todos a no ser privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en la ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad, con arreglo al cual es el legislador, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable...(3).

5. Delimitación del principio de reserva de ley en materia de privación provisional de la libertad.

Ahora bien, la doctrina penal especializada se ha cuestionado acerca de las características que debe cumplir la norma contentiva de las causales de privación de la libertad. A este respecto, ha establecido que la descripción del hecho susceptible de promover la detención debe estar contenido en una ley y su descripción debe ser precisa y expresa:

“De acuerdo con el principio de legalidad, la privación de la libertad solo procede en supuestos previamente determinados, porque la regla general es que las personas no pueden ser privadas de la libertad y que tal privación exige una causa precisa; de manera que para que alguien sea privado de su libertad en forma lícita es necesario que haya ejecutado un hecho previamente tipificado en una norma jurídica, que justifique la privación, sin que baste cualquier norma, pues es preciso que sea una ley que exprese la voluntad soberana...”(4).

H.H. Jescheck describe así los requisitos de tales disposiciones:

Los presupuestos de los que depende la imposición de las medidas deben configurarse en la ley de modo que sean conformes tanto con el fin, como con la razón de justificación de las medidas. Para evitar abusos, deben ser delimitados del modo más preciso posible, y aproximarse tanto a la realidad que solo comprendan los casos realmente específicos(5).

En últimas, lo que la doctrina pretende es que la técnica legislativa depure la descripción de las conductas que dan lugar a la adopción de las medidas restrictivas de la libertad, con el fin de reducir su espectro fenoménico a límites claramente identificables, evitando así la fácil subsunción típica de cualquier conducta desplegada.

Esta, que ha sido denominada por la doctrina como la “exigencia de la óptima determinación de las normas jurídicas conminatorias” persigue que el ciudadano prevea con la mayor precisión posible las consecuencias jurídicas de sus actos(6). Por ello señala Rodríguez Mourullo:

Como señaló certeramente Beling, una ley penal que declarase “quien comete una acción antijurídica y culpable es punible según el criterio del juez”, respondería indudablemente al significado literal del axioma nulla poena sine lege poenali, pero de ningún modo respetaría el significado esencial contenido en el principio de legalidad. Una cláusula legal de tal índole no haría sino legitimar formalmente la incerteza jurídica.

El principio de legalidad impone al legislador la prohibición de dictar leyes penales de contenido indeterminado. Decisivo para comprobar la vigencia del principio de legalidad, no es el reconocimiento formal del mismo en uno o varios preceptos de carácter general, sino la forma en que aparecen configurados los distintos tipos de delito en particular. Si en estos se introducen cláusulas vagas y omnicomprensivas, el reconocimiento formal del principio de legalidad queda reducido a pura afirmación farisaica(7).

Y finalmente advierte el doctrinante:

La ley penal debe revestir las notas de claridad y exhaustividad en la descripción del presupuesto (delito o estado peligroso) y ser precisa al señalar la consecuencia (pena o medida de seguridad). Hoy se habla ya, equiparándolos como postulados propios de un Estado de derecho de los principios de “seguridad y claridad jurídicas” (rechts-sicherheit und rechtsklarheit). Si las disposiciones legales no son claras y precisas, el principio nullum crimen, nulla poena sine lege queda privado de sentido y la seguridad jurídica convertida en pura ilusión. Desde esta perspectiva, el principio de legalidad se traduce en el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta et stricta(8).

Es claro entonces que la teoría jurídica exige que, además de estar insertos en una ley, los motivos por los cuales puede privarse de la libertad a una persona deben estar señalados de manera expresa en ella, deben ser claros, precisos y unívocos; deben excluir cualquier ambigüedad previsible y deben abstenerse de hacer generalizaciones y abstracciones que pudieran minar la seguridad jurídica de los asociados.

Con todo, es un hecho constatable que el legislador no puede agotar el universo de hipótesis que ingresan en la esfera del derecho penal, de modo que al juez no le quede otro oficio que el de subsumir el hecho en la descripción normativa. Como sostiene Roxin, atrás quedaron las épocas que consideraban al juez como simple ejecutor de la voluntad de la ley; las épocas del “autómata de la subsunción”, como lo llamó Beccaria(9). El ejercicio de la función jurisdiccional contemporáneo ha superado el mecanicismo que hacía del juez un funcionario huérfano de criterio, para conferirle un claro protagonismo interpretativo en la aplicación de la ley penal. De allí las palabras usadas por Roxin:

“Por consiguiente, la verdad es que siempre sucede que el contenido de un precepto penal solo es “determinado”, en el sentido de una claridad excluyente de dudas, mediante la interpretación judicial. Y la pregunta es cómo se puede conciliar esto con el artículo 103 II GG, según el cual la punibilidad ha de estar “determinada legalmente” antes del hecho. Pues bien, con razón, la doctrina dominante no extrae de ahí la consecuencia de que el principio de legalidad esté superado por el cambio en la forma de entender la aplicación judicial del derecho (...), sino que parte de la base de que el legislador crea con el tenor literal de un precepto un marco de regulación que es rellenado y concretado por el juez. A este respecto el marco es delimitado por el sentido literal posible en el lenguaje corriente del texto de la ley, mientras que el juez efectúa dentro de ese marco la interpretación, considerando el significado literal más próximo, la concepción del legislador histórico y el contexto sistemático-legal, y según el fin de la ley (interpretación teleológica). Por lo demás, según el fin de la ley, la interpretación puede ser tanto restrictiva como extensiva. Por el contrario, una aplicación del derecho al margen del marco de la regulación legal (praeter legem), o sea, una interpretación que ya no esté cubierta por el sentido literal posible de un precepto penal, constituye una analogía fundamentadora de la pena y, por tanto, es inadmisible”(10).

Como se desprende de lo anterior, la dinámica del derecho penal permite que sin quebrantar el principio de legalidad de la sanción —en el caso particular, de legalidad de la privación preventiva de la libertad— el legislador deje en el criterio del juez la interpretación de ciertos conceptos cuyo contenido indeterminado no puede señalarse a priori, dado el carácter general y abstracto de la norma legal.

En tal sentido, bien puede el legislador delinear los extremos del concepto jurídico cuya aplicación entrega al juez penal, sin que por ello se entienda que el principio de legalidad sufre desmedro alguno. Importa, sí, que tales límites se establezcan de manera clara y concreta, a fin de que el juez, al verter en el concepto los hechos concretos, permanezca fiel a los márgenes en que se expresa la voluntad de la ley.

6. Jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Atendiendo al respeto por el principio de legalidad de la privación provisional de la libertad, la Corte Constitucional se pronunció sobre una norma del anterior Código de Procedimiento Penal que permitía al juez penal negar la libertad provisional del sindicado cuando la audiencia pública de juzgamiento se encontrare suspendida por cualquier causa.

En efecto, mediante Sentencia C-846 de 1999 la Corte declaró la exequibilidad condicionada de un aparte del artículo 415 del anterior Código de Procedimiento —D. 2700/91— (modificado por L. 81/93, art. 55), que señalaba las causales de libertad provisional del procesado. El artículo 415 del código derogado establecía que a pesar de haberse cumplido el término de 6 meses a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, plazo vencido el cual se adquiría el derecho a la libertad provisional, no habría lugar a decretar dicha medida: “a) cuando la audiencia se hubiere iniciado, así esta se encuentre suspendida por cualquier causa; b) cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor”(11)(12).

Luego de analizar el contenido de la norma y de compararlo con la estructura de protección del derecho a la libertad en la Constitución del 91, la Corte Constitucional resolvió declarar exequible la disposición demandada bajo el condicionamiento siguiente: la razón por la cual puede ordenarse la suspensión de la audiencia de juzgamiento no puede ser “cualquier causa”. La “causal por la cual se suspende la audiencia, debe ser razonable y estar plenamente justificada”.

El motivo aducido por la Corte para declarar exequible, bajo condicionamiento, la expresión señalada, se funda en que, para el tribunal, “el precepto estudiado, al permitir la suspensión de la audiencia “por cualquier causa” deja un espacio abierto para que la autoridad judicial, el procesado o su defensor, dilaten injustificadamente el proceso, en detrimento de lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución”.

A pesar de la precisión anterior, al condicionar el artículo objeto de demanda, la Corte explícitamente admitió que sí es posible al juez de la causa suspender la audiencia pública de juzgamiento cuando las circunstancias así lo ameriten, debiendo ser estas razonables y estar plenamente justificadas.

No obstante, cabe preguntarse, ¿qué entendió la Corte por una causa justa o razonable?

En primer lugar, reiterando la posición del tribunal en otro de sus fallos(13), la Corte adujo que ni la negligencia judicial ni las irregularidades que pudieran presentarse en el trámite del proceso penal podían ser catalogadas como justas causas o causas razonables para suspender la audiencia de juzgamiento. Así —agregó— “no es razonable ni proporcionado que [el sindicado] tenga que soportar una excesiva carga, como lo es la privación de su libertad personal, “por la ineficiencia o ineficacia del Estado””.

En segundo término, la sentencia dejó sentado que tampoco podían catalogarse como causas razonables para la suspensión de la audiencia de juzgamiento “las maniobras engañosas en las que incurra el procesado o su defensor”. Haciendo alusión a que el juez puede adoptar las medidas necesarias para evitar que este tipo de maniobras entorpezcan el normal desarrollo del proceso, la Corte señaló: “Precisamente, para evitar que este tipo de conductas lleve a la suspensión de dicha diligencia judicial, el juez, como director de la misma, puede imponer las medidas correccionales que considere pertinentes”.

Finalmente, la Corte advirtió sobre la necesidad de que la suspensión de la audiencia de juzgamiento fuese por el término de duración mínimo que las circunstancias lo ameritasen.

Del contenido de esta decisión judicial se desprende lo siguiente: i) el juez penal sí está facultado para suspender la audiencia pública de juzgamiento cuando las circunstancias lo ameriten; ii) dichas circunstancias deben estar justificadas y ser razonables para la suspensión de la audiencia; iii) el juez debe impedir que las maniobras dilatorias del procesado o del defensor interrumpan el proceso; iv) el juez no puede aducir como causas razonables para suspender la audiencia de juzgamiento, los defectos de funcionamiento, la ineficacia o la ineficiencia de la administración de justicia, y v) las justas aludidas solo pueden prolongar la suspensión de la audiencia por el tiempo mínimo requerido.

La última conclusión se extrae del siguiente aparte de la sentencia:

“... lo anterior no significa, como ya se mencionó, que la audiencia pública jamás pueda suspenderse(14); supone, eso sí, que la interrupción del curso normal de esta etapa del juicio debe ser excepcional, por el tiempo mínimo que las circunstancias lo requieran y, bajo ningún supuesto, puede fundarse en criterios arbitrarios, ni en la indebida actuación del juez o de quienes intervienen en el proceso. En otras palabras, la suspensión tiene que estar siempre plenamente justificada.

El fragmento anterior impone una segunda conclusión: el hecho de si una circunstancia establecida es causal de suspensión de la audiencia de juzgamiento corresponde determinarlo al juez. Él es el que establece la razonabilidad de la medida que obliga a suspender la diligencia, para lo cual no podrá invocar la ineficiencia o ineficacia de la administración de justicia, no podrá actuar arbitrariamente y deberá adoptar la medida por el tiempo mínimo requerido.

Por su parte, en aplicación de la tesis de la Corte, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-1003 de 2000, en la que resolvió la demanda dirigida contra un juez penal de la República que se negó a decretar la libertad provisional de los sindicados puestos a su orden, con el argumento de que, a pesar de haber transcurrido más de 6 meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación, la audiencia de juzgamiento se encontraba suspendida por una causa razonable y justa, cual era que no se había recaudado el material probatorio decretado en el proceso y que uno de los defensores no había podido asistir a la audiencia correspondiente por encontrarse atendiendo otra diligencia.

La decisión judicial sometida a revisión sostenía que el derecho a la libertad provisional no se adquiere, ipso facto, una vez cumplido el término de 6 meses a que se refería el numeral 5º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal derogado, ya que si la audiencia pública se encuentra suspendida por causa razonable o justa, es permitido al juez negar la libertad mientras se agota el tiempo mínimo necesario para reanudarla.

De conformidad con su interpretación de la Sentencia C-846 de 1999, el juzgado penal de circuito demandado sostenía:

No podemos olvidar, que según lo manifestado por la Corte Constitucional, y transcrito en párrafo anterior, la efectividad de un debido proceso, no excluye que en algunas ocasiones la autoridad competente pueda suspender la realización de las diligencias en el proceso, sí exige que las causales que den lugar sean o estén plenamente justificadas. En aquellas ocasiones en las cuales se han suspendido las audiencias, esto se debió a lo avanzado de la hora, como muy bien le consta a los sujetos procesales, existiendo allí plena justificación y siendo razonable la misma. Ya en la última oportunidad, no se pudo continuar porque un defensor debería atender otra diligencia en una (sic) Juzgado Penal del Circuito Especializado.

Quiere decir lo anterior, que si bien es cierto de la fecha en la cual quedó debidamente ejecutoria (sic) la resolución de acusación, a hoy han transcurrido unos días más de los seis meses, los señores (X) y (Y) no cumplen con los requisitos para su concesión, por cuanto las razones que condujeron a la suspensión de dichas diligencias son consideradas como justas y razonables, que a pesar de no ser atribuibles ni a los procesados ni a sus procuradores judiciales, tampoco pueden asignárseles a este despacho judicial atendiendo a que este proceso es uno de los tantos diligenciamientos complejos que adelanta un juzgado como este, requiere de un análisis minucioso para tomar cualquier determinación, tanto así que fueron múltiples las pruebas que se decretaron y las cuales se consideraron de vital importancia para poder llegar al esclarecimiento de los acaecimientos originarios de la investigación. No fue capricho de este estrado judicial fijar fecha de audiencia para octubre y mucho menos que la iniciación y la continuación de la misma se suspendieran por lo avanzado de la hora, pues por terminar una diligencia como la programada, no se pueden efectuar trámites a la ligera con los cuales puedan salir altamente perjudicados los sindicados y la misma administración de justicia, atentando contra los derechos que rigen nuestro ordenamiento judicial, pues primero está el encuentro de la verdad que conduzca a la certeza, concretado dentro de los parámetros del principio constitucional fundamental del debido proceso, y es que por no sobrepasar ese tiempo —seis meses—, no se pueden dejar de practicar pruebas o evacuarlas en forma rápida y con la seguridad de no producir un efecto provechoso en el proceso.

La Sala Novena de Tutelas revisó la posición del funcionario demandado y, precisando el alcance de la Sentencia C-846 de 1999, respondió que a partir de dicho fallo todos los jueces de la República estaban obligados a respetar la exequibilidad del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, junto con el condicionamiento inserto en la providencia en mención, cuyo aparte justificativo transcribió del siguiente modo:

“De lo dicho hasta aquí, se puede llegar entonces a una conclusión: si bien este tribunal constitucional considera que el precepto objeto de análisis tiene un fundamento razonable, para evitar que en su aplicación se incurra en actos que puedan violar las garantías y derechos fundamentales del procesado, ha de entenderse que la iniciación de la audiencia pública, no interrumpe el término establecido en el primer inciso del numeral 5º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal para acceder a la libertad provisional, es decir, que una vez iniciada la audiencia, si esta no culmina dentro del término de seis meses contados a partir de la resolución de acusación, el procesado tendrá derecho a obtener la libertad provisional, con fundamento en la norma citada.

De igual forma, la exequibilidad del aparte analizado, también debe estar condicionada al entendido de que la causal por la cual se ordena la suspensión de la audiencia ha de ser razonable, estar plenamente justificada y el término de duración debe ser el mínimo que las circunstancias lo ameriten” (negrilla fuera del original).

Finalmente, descendiendo al caso concreto, la corporación advirtió la existencia de una vía de hecho en la decisión judicial negativa de la libertad provisional, pues las causas que dieron origen a la suspensión del proceso penal no eran atribuibles a los sindicados o a su apoderado.

Por lo tanto, no podía el juzgado accionado ni su superior jerárquico rehusarse a conceder la libertad personal de la actora como efectivamente lo hicieron, por cuanto se cumplían los presupuestos que permitían su aplicación según lo ordenado por la Corte. Efectivamente, ya había transcurrido un término superior a los seis meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, como el mismo juzgado lo avaló en su decisión, y aun cuando la audiencia pública ya se había iniciado, esta se encontraba suspendida por motivos ajenos a la sindicada o a su apoderado (Sent. T-1003/2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis).

La decisión de la Sala Novena reconoció entonces que la providencia judicial por la cual se negó la solicitud de libertad provisional de los sindicados constituyó una vía de hecho a la luz de la jurisprudencia constitucional pues, contrariando las reglas derivadas de la Sentencia C-846 de 1999, la audiencia pública de juzgamiento fue suspendida por causa no atribuible a la sindicada o a su apoderado, es decir, por una causa que no podía catalogarse como justa ni razonable en los términos de la jurisprudencia constitucional.

Esta conclusión permite entender que también en la Sentencia T-1003 de 2000 la Corte admitió la posibilidad de negar el derecho a la libertad provisional del sindicado cuando convergieren causas razonables y justificadas para suspender la audiencia de juzgamiento. En efecto, al admitir que la vía de hecho en que incurrió el juez penal consistió en haber suspendido la audiencia de juzgamiento con base en una causa no calificada como razonable, la Corte asumió que una aplicación correcta del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte, habilitaría suspender la audiencia por causas razonables plenamente justificadas.

7. Inserción de la jurisprudencia en la norma legal y precisión conceptual.

Antes de entrar en el análisis concreto de la disposición legal, cabe precisar que como consecuencia de las consideraciones de la Corte Constitucional, el legislador del 2000 insertó en el texto del artículo 365 el condicionamiento de la Sentencia C-846 de 1999. No obstante, dicho condicionamiento no fue implantado de manera literal: mientras la Sentencia C-846 de 1999 señalaba que la causa de la suspensión de la audiencia de juzgamiento debía ser razonable y estar plenamente justificada, el artículo 365 de la Ley 600 establece que la causa debe ser “justa o razonable”.

Esta precisión tiene sentido en la presente argumentación porque de la lectura del artículo 365 podría pensarse que el legislador no exigió que la causa de la suspensión de la audiencia estuviera plenamente justificada, como lo impone el fallo contenido en la Sentencia C-846 de 1999, sino, únicamente, que la causa fuera justa o razonable.

No obstante, dicha interpretación no es válida por cuanto es evidente que para que opere la suspensión respectiva, la causa justa o razonable debe encontrarse plenamente justificada en los hechos y en las pruebas aportadas al proceso. El que la causa deba estar justificada indica que no puede provenir de la imaginación del juez o de las partes sino que debe estar sustentada en una circunstancia fáctica cierta que, además, resulte razonable o justa para suspender la audiencia.

Al adoptar el condicionamiento de la Corte, el legislador acogió el concepto de razonabilidad de la causa, agregándole el de la justicia de la misma, pero sin dejar por fuera el de la justificación de la causa, es decir, la necesidad de que la causa de la suspensión tenga sustento fáctico suficiente. Ello, porque no es posible imaginar que el legislador haya instaurado una potestad en cabeza del juzgador que dependa no de los hechos sino de la mera subjetividad del funcionario, es decir, de su arbitrariedad.

De hecho, la Corte no encontró incompatibilidad alguna en los términos cuando al dictar la Sentencia T-054 de 2003, la Sala Novena de Revisión de Tutelas abordó el tema de la libertad provisional frente a la suspensión razonada de la audiencia de juzgamiento, todo esto a la luz del artículo 365 de la Ley 600 de 2000. La Sala sostuvo que los motivos aducidos por los jueces penales para negar la libertad provisional eran razonados y se ejercían legítimamente dentro de su competencia funcional, por lo que no podía asegurarse que hubiera una aplicación inconstitucional del artículo 365 del nuevo Código de Procedimiento Penal.

Ahora bien en la medida en que el análisis debe centrarse en consecuencia en la aplicación del segundo inciso del numeral 5º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 —Código de Procedimiento Penal vigente— la Corte constata que la causa por la cual fue suspendida la audiencia consistió en dar cumplimiento a la providencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de febrero de 2002, en la que se señaló que “antes de proseguir a nueva etapa en el juicio se definan los aspectos no decididos, siendo invocados en el término de traslado previsto en el artículo 466 del anterior Código de Procedimiento Penal y se encuentren recepcionadas y allegadas las pruebas ordenadas”.

Al respecto advierte la Corte que el indicado motivo, cuya valoración, no sobra precisar, se encuentra dentro de la autonomía funcional del juez, bien podía considerarse por parte de los jueces de instancia en sus decisiones como una causa razonable para no haber culminado la audiencia pública de acuerdo con lo prescrito en la nueva normatividad penal.

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, resulta claro para la Corte que las decisiones adoptadas por los jueces de instancia en el presente caso correspondieron a una interpretación razonada y razonable de las normas aplicables frente a las circunstancias de hecho y de derecho sometidas a su consideración, y fueron adoptadas en el ámbito de su competencia, sin que pueda por tanto considerarse que estos incurrieron en una vía de hecho judicial.

Así las cosas, con fundamento en la redacción de la norma y en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, debe entenderse la causa por la cual puede suspenderse la audiencia de juzgamiento es una causa justa o razonable, que debe estar plenamente justificada.

Hecha la precisión anterior, entra la Corte a juzgar la constitucionalidad del artículo acusado.

8. Análisis particular de la norma demandada.

De lo dicho anteriormente se concluye que, en el proceso de aplicación de la norma penal, es perfectamente posible que el legislador entregue al juez la función de aplicar conceptos que no pueden ser definidos apriorísticamente en la norma legal. También ha quedado establecido que dicho procedimiento no quebranta el principio de legalidad según el cual la ley debe determinar con precisión los motivos por los cuales se puede privar de la libertad a una persona.

Así las cosas, es posible desvirtuar el cargo esbozado por el demandante según el cual no es constitucional que el juez determine los casos en que sea razonable o justo suspender la audiencia de juzgamiento —impidiendo con ello que al sindicado se le conceda la libertad provisional a que tiene derecho—, porque ello implica quebrantar el principio de legalidad de la privación de la libertad.

En efecto, en el marco de la norma legal acusada, el legislador ha establecido una causal precisa por la cual el juez puede negarse a decretar la libertad provisional a que tiene derecho el sindicado. Dicha causal es la necesidad de suspender la audiencia de juzgamiento por un motivo razonable o justo plenamente justificado.

Atendiendo a la naturaleza de estos conceptos, al juez penal le corresponde analizar las circunstancias concretas que rodean el proceso judicial para establecer cuáles sucesos son causas razonables o justas que impidan continuar o llevar a cabo la audiencia de juzgamiento. En este caso, el juez llena de contenido los conceptos que el legislador ha señalado con la mayor precisión posible, dado que no es técnico establecer de manera apriorística, exacta y exhaustiva, todas y cada una de las causas que razonable o justamente pueden dar lugar a la suspensión de la audiencia de juzgamiento.

No obstante, algunos intervinientes —incluyendo el demandante— alegan que, a pesar del esfuerzo legislativo, la precisión de los términos de la norma es apenas aparente, y los conceptos de causa justa y razonable siguen siendo imprecisos y abstractos, por lo cual podría el juez hacer caber dentro de dicha categoría cualquier suceso que impidiera continuar o celebrar la audiencia de juzgamiento.

Para la Corte Constitucional, dicha objeción sería válida si el concepto de causa justa y razonable permaneciera indefinido y su contenido no hubiera sido enriquecido por la jurisprudencia nacional. En efecto, tal como pasa a verse, en el estado actual de la jurisprudencia, el concepto utilizado por la norma relativo a la causa que puede dar lugar a la suspensión de la audiencia de juzgamiento es un concepto depurado que guarda un equilibrio interno, propicio para defender los derechos de los individuos vinculados al proceso penal.

En primer lugar y atendiendo a la Sentencia C-846 de 1999, la que permite suspender la audiencia de juzgamiento no es una causa cualquiera sino una causa calificada. Tal calificación viene impuesta por los límites naturales y gramaticales de lo que se entiende por justo y razonable, no siéndole dado al juzgador ordenar la suspensión por un simple capricho, por una razón inexistente, banal o arbitraria.

En este punto, la Corte responde a la objeción presentada por el procurador general en el sentido de que la palabra “justa” debería ser declarada inexequible por cuanto apela al criterio subjetivo del juez a la hora de ordenar la viabilidad de la suspensión de la audiencia. Para la Corte, la justicia de la causa implica que la misma tenga la mínima ponderación, la sensatez y el equilibrio necesarios que se exigen, no solo de esta, sino de cualquier decisión que se adopte en el proceso. El concepto de lo justo para el funcionario judicial, debe entenderse dentro del marco jurídico de los principios y valores constitucionales, que demarcan el patrón de derecho al cual debe sujetarse dicho juicio. Lo cierto de todo es que al considerar el elemento de justicia en la norma legal, el código proscribe la subjetividad sin referente externo, pues esta no constituye criterio válido para la fundamentación de la decisión judicial.

En segundo lugar, el contorno del concepto de causa justa y razonable ha sido delineado por la jurisprudencia pertinente, gracias a lo cual el juez penal tiene un referente teórico claro para adoptar la medida respectiva.

En efecto, de conformidad con la jurisprudencia citada, la ineficacia y la ineficiencia de la administración de justicia, la incuria y la inoperancia del aparato jurisdiccional y la mora en el recaudo de las pruebas han sido excluidas expresamente de la categoría de causas justas y razonables. Cualquier suspensión que se adopte con fundamento en un retardo procesal proveniente de la inercia estatal se considera ilegítima y, por tanto, inhabilita al juez penal para prolongar la detención preventiva. Hay que entender que si la suspensión de la audiencia se da por causas atribuibles al sindicado o a su abogado defensor, la suspensión de la audiencia se encuentra justificada y, por ende, la prolongación de la detención preventiva.

La previsión anterior ha sido avalada también por la Corte Suprema de Justicia, tribunal para el cual la suspensión de la audiencia de juzgamiento y consecuente prolongación de la detención preventiva no se justifica si su fundamento fáctico es la incuria estatal, aunque sí los actos o hechos atribuibles al sindicado o a su defensor. Dice al respecto la Corte Suprema:

La disposición que sirvió de fundamento a la petición liberatoria provisional de la imputada por parte de la defensa y a su subsiguiente negativa por parte del tribunal a quo, dice textualmente en lo pertinente: (cita del artículo)

La razón de ser de esta causal de excarcelación, se explica por sí misma. El procesado, en cuyo favor pende la presunción de inocencia, no tiene por qué sufrir la prolongación indeterminada de la privación de la libertad por la ineptitud, negligencia o ineficacia de quienes tienen la misión de administrar justicia. Por eso, la ley ha elevado a la categoría de derecho la libertad provisional, y no a simple beneficio, la circunstancia que hubiere transcurrido seis meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación sin que se hubiere llevado a cabo la audiencia pública, lapso que el legislador estimó racional para que, por lo menos, ese acto procesal se hubiere llevado a término, superado el cual, por razones de equidad y justicia, resulta irritante toda demora, siempre que no fuera imputable al inculpado o a su defensor (proceso 17011-CSJ, S. de Cas. Penal, M.P. Mario Mantilla Nougués, Bogotá, D.C., once (11) de abril del dos mil (2000)).

En tercer lugar, a pesar de que la audiencia de juzgamiento puede suspenderse por una causa justa o razonable, tal suspensión no es indefinida. Esta debe extenderse por el mínimo requerido para reanudar la diligencia, esto es, por el término estrictamente necesario para recobrar la normalidad procesal. En este contexto, el concepto de dilación justificada tiene pleno asidero en la jurisprudencia constitucional que indica:

El artículo 29 de la Constitución señala que hace parte de la garantía fundamental en él plasmada el derecho de todo sindicado a un debido proceso “sin dilaciones injustificadas”.

Esa norma, entendida en armonía con la del artículo 228, establece un principio general —el de obligatoriedad de los términos—, que únicamente admite excepciones muy circunstanciales, alusivas a casos en concreto, cuando no quepa duda del carácter justificado de la mora. La justificación, que es de alcance restrictivo, consiste únicamente en la situación probada y objetivamente insuperable, que impide al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión.

Por otra parte, considera la Corte que las causas de justificación en la materia deben ser fijadas en la ley, razón por la cual no pueden obedecer a la caprichosa interpretación del funcionario de turno.

Desde luego, vencido el término que no pudo cumplirse por el inconveniente justificado, resulta perentorio el trámite preferente para el asunto que no se alcanzó a decidir en tiempo. De allí que no pueda admitirse de ninguna manera el aplazamiento indefinido de la resolución, estando obligado el juez o fiscal, en ese excepcional evento, a otorgar prioridad al proceso que resultó afectado por la causa justificada (Sent. C-190/95, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

La circunstancia de que la suspensión de la audiencia de juzgamiento no pueda extenderse indefinidamente fue expuesta por la Sala Sexta de Revisión de Tutelas en reciente pronunciamiento. En la Sentencia T-1047 de 2003 magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, la Sala de Revisión concedió la protección a un ciudadano cuya audiencia de juzgamiento se había prolongado por más de dos años, a raíz de la dificultad de nombrar ciertos auxiliares de justicia para dictar una peritación. La Sala determinó que aunque la audiencia podía suspenderse por causa justa o razonable, dicha suspensión no podía ser indefinida, y ordenó la reanudación de la misma con el fin de definir la libertad del procesado.

Así, atendiendo a dichos parámetros, a los límites de interpretación señalados por el sentido de la expresión y por la jurisprudencia del tribunal constitucional, el juez no podría considerar como razón legítima para la suspensión de la audiencia hechos que encajaren en las categorías expuestas, pero, por ejemplo, sí podría considerarse, entre otros motivos, la fuerza mayor o el caso fortuito como fundamento justo o razonable para suspender la audiencia, pues los hechos imprevisibles e irresistibles, como los que son resultado de la fuerza de la naturaleza o de fuerzas humanas ajenas al proceso, v. gr. un ataque subversivo, no atribuibles al sindicado o a la administración de justicia, bien podrían convertirse en verdaderos impedimentos para la celebración o continuación de la diligencia de juzgamiento.

Visto de esa forma, el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal no incurre en violación de la Carta cuando deja en manos del juez la valoración de las causas justas y razonables que pueden dar lugar a la suspensión de la audiencia de juzgamiento. En este caso, el legislador ha demarcado estrictos parámetros de actuación del juez penal dentro de los cuáles el funcionario puede ejercer una discrecionalidad mínima que, en manera alguna, implica desconocimiento del principio de legalidad de la privación de la libertad.

En otros términos, la norma acusada goza de un mínimo de determinación que la hace respetuosa del principio de legalidad y que permite delimitar el uso del criterio judicial. Valga decir que este procedimiento no resulta ajeno a la dinámica del derecho penal, pues en innumerables ocasiones los jueces penales se ven obligados a llenar de contenido ciertos conceptos legales que carecen de contornos exhaustivos. Tal es el caso de conceptos como “agresión injusta”, “buena conducta”, “buen comportamiento” o “imprudencia”, que por su textura relativamente abierta deben ser definidos por el operador jurídico en cada caso particular(15).

No obstante que esta Corte no encuentra vicio de constitucionalidad en la norma demandada, sí considera indispensable condicionarla con el fin de hacer ostensible la garantía del derecho a la libertad personal en el trámite de las audiencias de juzgamiento. La norma analizada resulta exequible porque el rango de acción del juez, que implica un grado de valoración sobre las causas de suspensión de la audiencia, no alcanza a quebrantar la integridad del principio de legalidad de la privación de la libertad, pero, no obstante, debe tenerse en cuenta que cuando las causas de suspensión de la audiencia desaparecen, el juez está obligado a reanudar la audiencia de juzgamiento de manera inmediata, con el fin de resolver sobre la responsabilidad del sindicado. La obligación de reiniciar la audiencia tan pronto cesen las causas que dieron lugar a la suspensión implica que, de incumplirse, el sindicado tenga derecho a recuperar, también de manera inmediata, su libertad, con fundamento en la causal estudiada.

En este sentido, la norma debe ser declarada exequible, pero condicionada a que se entienda que la libertad provisional es procedente si una vez superada la causa justa o razonable de la suspensión no se reanuda inmediatamente la audiencia.

9. Control judicial de la medida restrictiva de la libertad.

Aunque el artículo acusado resulta constitucional por las causas previamente establecidas, esta Corte no encuentra de más resaltar que el individuo sujeto a la medida conminatoria no está inerme frente a la decisión de no concederle la libertad provisional.

La providencia por la cual se niega la libertad provisional por encontrarse suspendida la audiencia de juzgamiento a raíz de causa justa o razonable no está exenta de control y perfectamente puede ser cuestionada por quien considera que el motivo que la sustenta no cumple con la calificación legal exigida. Contra la decisión de no conceder la libertad provisional proceden los recursos ordinarios de reposición, apelación y queja, tal como lo dispone el artículo 185 del Código de Procedimiento Penal. La existencia de recursos implica la exigencia de sustentación de la providencia judicial que suspende la audiencia. Claramente, si dicha justificación no consta en la providencia respectiva, resultaría imposible desvirtuar la razonabilidad y justificación de la medida.

Agotados los recursos ordinarios, es claro que quien se considera ilegítimamente privado de la libertad también puede invocar a su favor la acción de habeas corpus para obtener su libertad inmediata. Sobre este particular ha dicho la Corte:

“... la Sala considera pertinente recordar que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte(16), la persona que se encuentra privada de la libertad en legal forma, como consecuencia de la imposición de una medida de aseguramiento, debe controvertir la orden de privación de la libertad dentro del respectivo proceso penal (CPP, art. 415), en el cual se han dispuesto los recursos legales idóneos para revisar la decisión del funcionario judicial y evitar una eventual arbitrariedad.

(...).

Sin embargo, si, como parece haber ocurrido en el presente caso, el funcionario judicial omite o dilata el cumplimiento de su deber, la persona privada de la libertad puede, en forma excepcional, acudir a la acción de habeas corpus para que se tutele su derecho fundamental a la libertad personal (C.P., art. 28), dado que se verifica la hipótesis de vencimiento de términos y el recurso ordinario dentro del proceso ha fallado(17). En estos casos, la acción de tutela solo podría proceder como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso material a la administración de justicia (C.P., arts. 23, 29 y 229) si el juez competente no resuelve oportunamente el habeas corpus” (Sent. T-334/2000, Eduardo Cifuentes Muñoz).

Adicionalmente, puede decirse que la vigilancia constante del proceso por parte del Ministerio Público garantiza que el juez penal no se exceda injustificadamente en el cumplimiento de los deberes aquí enunciados. La responsabilidad del funcionario judicial que extiende sin motivo razonable o justificado la privación de la libertad es otra medida de control y garantía de la libertad del procesado.

En este contexto, es claro que la interpretación de la norma no puede hacerse desde la presunción de mala fe del juez penal, sino de la contraria. Así, no es posible determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición acusada con fundamento en una desconfianza a priori acerca del uso inadecuado de esta potestad jurisdiccional. La corporación aplica al respecto la presunción de buena fe contenida en el artículo 83 de la Constitución Política y supone que las audiencias públicas solo se suspenderán por causas que verdaderamente resulten justas o razonables y justificadas, de conformidad con las precisiones hechas en esta providencia.

En este orden de ideas, se declarará la exequibilidad de la expresión “cuando la audiencia se hubiere iniciado, y esta se encuentre suspendida por causa justa o razonable o” del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, con la condición de que se entienda que la libertad provisional es procedente si, una vez superada la causa justa o razonable de la suspensión, no se reanuda inmediatamente la audiencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “cuando la audiencia se hubiere iniciado, y esta se encuentre suspendida por causa justa o razonable o” del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, con la condición de que se entienda que la libertad provisional es procedente si, una vez superada la causa justa o razonable de la suspensión, no se reanuda inmediatamente la audiencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Esta exigencia se vuelve todavía más imperativa en tratándose de la de detención preventiva, pues el fin de la medida cautelar no es sancionatorio y, en cambio, se funda exclusivamente en la “necesidad de asegurar la comparecencia al proceso del sindicado, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad” —CPP, art. 3º—.

(2) Sentencia C-425 de 1997. Referencia a la Sentencia C-327 de 1997.

(3) Sentencia C-327 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz. Resaltados por fuera del texto original.

(4) El debido proceso penal. Suárez Sánchez, Alberto. Universidad Externado de Colombia, segunda edición. 2001, pág. 106.

(5) Tratado de derecho penal, parte general. Hans-Heinrich, Jescheck. Casa Editorial Bosch. Barcelona, 1981, pág. 119.

(6) Derecho penal, parte general. Reinhart Maurach, Heinz Sipf. Editorial Astrea, 7ª edición alemana. Buenos Aires, pág. 157.

(7) Derecho penal, parte general. Gonzalo Rodríguez, Mourullo. Civitas, Tratados y manuales. Editorial Civitas, S.A., 1978, págs. 62-63.

(8) Ibíd. pág. 63.

(9) Derecho penal, parte general, fundamentos, La estructura de la teoría del delito. Claus, Roxin. Editorial Civitas. Madrid, 1997, pág. 147.

(10) Ibídem, págs. 148-149.

(11) Así resume la Sentencia C-846 de 1999 las dos hipótesis en que se dividía la medida del artículo 415 del Decreto 2700 de 1991.

(12) ART. 415.—(modificado por L. 181/93, art. 55). Causales de libertad provisional. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución juratoria o prendaria en los siguientes casos:

(...).

5. Cuando hayan transcurrido más de seis meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública o se hubiere vencido el término para presentar alegatos de conclusión en el juicio, según el caso, salvo que se hubieren decretado pruebas en el exterior o se esté a la espera de su traslado, caso en el cual, el término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses.

No habrá lugar a la libertad provisional cuando la audiencia se hubiere iniciado, así esta se encuentre suspendida por cualquier causa, o cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o su defensor.

(13) C-301 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(14) El mismo Código de Procedimiento Penal contempla una causal de suspensión de la audiencia. Dice el artículo 445: “Suspensión especial de la audiencia pública. La apelación interpuesta contra el auto que deniegue la práctica de pruebas en el juzgamiento no suspenderá el trámite, pero el inferior no podrá terminar la audiencia pública antes de que el superior resuelva. Para tal efecto suspenderá la diligencia cuando lo considere pertinente”.

(15) Cfr. Sentencia C-371 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(16) Sentencia C-301 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(17) Ibíd.

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