Sentencia C-1237 de noviembre 29 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1237 de 2005 

Ref.: Expediente D-5877

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demandante: Blas Montes Romero

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 32, 48 (parcial) 50 (parcial) y 70 (parcial) de la Ley 794 de 2003.

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 45.058 de 9 de enero de 2003 y se subraya lo acusado:

LEY 794 DE 2003

(Enero 8)

“Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones”.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

(…)

ART. 50.—El artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

“ART. 509.—Excepciones que pueden proponerse. En el proceso ejecutivo pueden proponerse las siguientes excepciones:

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones de mérito, expresando los hechos en que se funden. Al escrito deberá acompañarse los documentos relacionados con aquellas y solicitarse las demás pruebas que se pretenda hacer valer.

2. Cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena, o en otra providencia que conlleve ejecución, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los numerales 7º y 9º del artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida. En este evento no podrán proponerse excepciones previas ni aún por la vía de reposición.

Los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso, el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso pueda continuar; o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días, para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios. El auto que revoque el mandamiento ejecutivo es apelable en el efecto diferido, salvo en el caso de haberse declarado la excepción de falta de competencia, que no es apelable”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

Competencia.

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar dirigida contra una disposición que forma parte de una ley.

Consideración preliminar. Existencia de cosa juzgada constitucional respecto de una parte de la expresión demandada

2. Por medio de la sentencia C-1193 de 2005, la Corte Constitucional (1) resolvió declarar exequible la proposición “Los hechos que configuren previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago”, contenida en el segmento normativo acusado en la demanda que se examina.

Con ocasión del examen de constitucionalidad de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, esta corporación, mediante la sentencia C-037 de 1996 (2) , declaró exequible su artículo 46 (3) en el entendido de que “mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta”, esto es, en relación con todos los cargos posibles de inconstitucionalidad y no únicamente respecto de los formulados en la demanda.

En consecuencia, se configura cosa juzgada constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 superior, por lo cual se declarará estarse a lo resuelto en la sentencia C-1193 de 2005.

Por lo anterior, el estudio de constitucionalidad en esta oportunidad se circunscribirá a la parte restante del segmento normativo demandado, contenida en el artículo 50, numeral 2º, inciso 2º, de la Ley 794 de 2003, cuyo texto es el siguiente:

“(…) De prosperar alguna (excepción previa) que no implique terminación del proceso, el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso pueda continuar; o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días, para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios. El auto que revoque el mandamiento ejecutivo es apelable en el efecto diferido, salvo en el caso de haberse declarado la excepción de falta de competencia, que no es apelable.”

Problema jurídico planteado.

3. Corresponde a la Corte determinar si la expresión examinada quebranta los principios de igualdad y de la doble instancia al establecer que el ejecutado deberá alegar las excepciones previas mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago, sin otorgar a aquel la facultad de alegarlas a través del recurso de apelación contra el mismo, mientras que el ejecutante puede interponer este último recurso contra el auto que niegue dicho mandamiento y contra el que lo revoque por vía de reposición.

Para tal efecto hará unas consideraciones sobre el principio de igualdad y enseguida examinará los cargos formulados.

Principio de igualdad.

4. El punto de partida del análisis del principio de igualdad es la fórmula clásica, de inspiración aristotélica, según la cual “hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual” (4) .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, todas las personas nacen iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Agrega la misma norma que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados, protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

El precepto de igualdad es reiterado en algunas normas superiores en relación con materias específicas, tales como las confesiones religiosas e iglesias (art. 19), los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica (art. 42), la relación de género, masculino y femenino (art. 43) y las oportunidades para los trabajadores (art. 53).

En el plano internacional dicho principio es consagrado en tratados ratificados por Colombia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en 1966 (arts. 2º y 3º), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en 1969 (art. 24), aprobada mediante la Ley 16 de 1972. De tal mandato se deduce que la regla general es la igualdad entre las personas o grupos de personas y que sólo por excepción puede dárseles un trato desigual, por lo cual cuando la ley o la autoridad política les dispensan un trato igual no tienen carga alguna de argumentación y, por el contrario, cuando les otorgan un trato desigual deben justificar su decisión en forma objetiva y razonable; de no existir tal justificación, el trato desigual será constitucionalmente ilegítimo o inválido y configurará una discriminación. La Corte Constitucional ha señalado en múltiples ocasiones que la justificación de un trato desigual por parte del legislador requiere la concurrencia de los siguientes elementos: (5)

i) La existencia de disposiciones o efectos jurídicos desiguales.

ii) La existencia de un fin u objetivo del trato desigual, que debe ser válido a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales,

iii) Que el medio previsto en la norma legal:

— no esté jurídicamente prohibido y sea en cambio permitido por el ordenamiento superior.

— sea también válido a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales.

— sea adecuado o idóneo para la consecución del fin u objetivo.

— sea necesario, es decir, que no existan otros medios que no sacrifiquen los valores, principios o derechos constitucionales o que los sacrifiquen en menor medida.

— sea proporcional en sentido estricto, o sea, que sus beneficios sean superiores a la afectación de los valores, principios o derechos constitucionales.

Examen de los cargos formulados

Exequibilidad del segmento normativo examinado

5. El demandante plantea que la expresión examinada quebranta los principios de igualdad y de la doble instancia al establecer que el ejecutado deberá alegar las excepciones previas mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago, sin otorgar a aquel la facultad de alegarlas a través del recurso de apelación contra el mismo, mientras que el ejecutante puede interponer este último recurso contra el auto que niegue dicho mandamiento y contra el que lo revoque por vía de reposición.

6. Las excepciones previas son medidas de saneamiento en la etapa inicial de algunos procesos, por causa de vicios o defectos de los mismos, a cargo de la parte demandada, y tienen como finalidad mejorar aquellos o terminarlos cuando ello no es posible, y evitar así nulidades o sentencias inhibitorias. Están previstas en el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. Se contraponen a las excepciones de fondo o de mérito, que se refieren al derecho sustancial, se dirigen contra las pretensiones de la demanda y por regla general se deciden en la sentencia.

De lo anterior se deduce que los cargos formulados en la demanda se refieren únicamente al aspecto procesal, y no al aspecto de fondo o material, en el proceso ejecutivo.

7. De conformidad con el texto inicial del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto-Ley 2282 de 1989, el ejecutado tenía la facultad de proponer excepciones previas y de mérito en un mismo término y en escritos separados, expresando los hechos en que se fundaran; a dichos escritos debía acompañar los documentos relacionados con ellas y en los mismos debía pedir las demás pruebas que pretendiera hace valer.

El artículo 50 de la Ley 794 de 2003, que subrogó a la mencionada disposición, establece que los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago y señala el trámite aplicable en caso de prosperar alguna que no implique terminación del proceso.

Cabe recordar que si la demanda ejecutiva no reúne los requisitos legales, es decir, adolece de vicios o defectos procesales, o si no se acompaña a ella un título ejecutivo conforme a lo previsto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, el juez debe negar el mandamiento de pago.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 505 y 509 del Código de Procedimiento Civil, modificados por el artículo 1º del Decreto-Ley 2282 de 1989 y por los artículos 48 y 50 de la Ley 794 de 2003, el recurso de apelación procede contra: i) el auto que niegue el mandamiento ejecutivo total o parcialmente; ii) el auto que por vía de reposición lo revoque.

En cambio, si existen vicios o defectos procesales y, no obstante, el juez dicta mandamiento de pago, el ejecutado sólo tiene la posibilidad de interponer el recurso de reposición contra dicha providencia, en virtud del segmento acusado. Se observa que dicho segmento dispensa así un trato distinto al ejecutado, en relación con el que confiere el mismo Código de Procedimiento Civil al ejecutante, en materia de interposición del recurso de apelación contra el mandamiento ejecutivo o la decisión que lo niega, por causa de vicios o defectos procesales, pero dicho trato se aplica a situaciones también distintas, derivadas de la naturaleza contenciosa del proceso ejecutivo, pues la decisión de negar el mandamiento de pago implica la terminación de la actuación, lo que quiere decir que el ejecutante no tiene nuevas oportunidades para aducir sus razones en contra de esa decisión, de modo que en virtud de un recurso de alzada puedan ser consideradas por el superior del juez que la adoptó.

Por el contrario, la decisión de dictar el mandamiento de pago significa que el proceso se inicia y prosigue su curso, de suerte que el ejecutado tiene oportunidad de rebatir esa decisión en otro momento del proceso, en particular al proferirse la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución, la cual es apelable de acuerdo con la regla general contenida en el artículo 351 de dicho código.

Por tanto, el aparte normativo examinado no vulnera el principio de igualdad.

8. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la expresión acusada sustituyó el trámite específico de las excepciones previas en el proceso ejecutivo singular, que era el general previsto en el artículo 99 del Código de Procedimiento Civil con una variación derivada de la regulación propia de dicho proceso, por el trámite del recurso de reposición, ostensiblemente más sencillo y ágil, y lograr así mayor eficacia de la administración de justicia en ese campo, con lo cual se garantiza la vigencia de un orden justo conforme al preámbulo de la Constitución.

Así mismo, cabe señalar que por tratarse de vicios o defectos procesales, aparte de la posibilidad de su alegación por el ejecutado como excepciones previas, el Código de Procedimiento Civil exige al juez su saneamiento, así: i) en virtud de lo preceptuado en el artículo 37, el juez tiene en forma general el deber de emplear los poderes que el mismo código le otorga en materia de pruebas para evitar nulidades y providencias inhibitorias; ii) según el artículo 145, en cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe; iii) el artículo 358 establece que, en el trámite de apelación de una sentencia, si el superior advierte que en la primera instancia se incurrió en causal de nulidad, de oficio la pondrá en conocimiento de la parte afectada, o la declarará, y devolverá el expediente al inferior para que renueve la actuación anulada, según las circunstancias.

En estas condiciones, el legislador garantiza que el procedimiento se adelante de conformidad con las previsiones legales y que se corrija, si hubiere lugar a ello, en forma adecuada, lo cual evidentemente favorece el desarrollo y el logro de los fines de la administración de justicia y otorga un trato equilibrado a las partes del proceso.

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución, toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

Este precepto consagra el principio de la doble instancia, respecto de las sentencias, y otorga al legislador la facultad de establecer excepciones. La Constitución misma prevé en forma particular la doble instancia en relación con las sentencias de condena en materia penal (art. 29) y con los fallos de tutela (art. 86). En cambio no contempló la impugnación de autos, materia ésta en la que el legislador dispone de un campo amplio de configuración normativa con base en lo establecido en los artículos 114 y 150, numerales 1º y 2º, superiores.

La mencionada impugnación se concreta en el recurso de apelación, el cual, según lo dispuesto en el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme.

La doble instancia representa una garantía para los asociados, en cuanto el examen del asunto por parte de un juez u órgano judicial de superior grado y con mayor conocimiento y experiencia en el campo del derecho permite corregir errores del inferior y, de otro lado, favorece la imparcialidad.

Conforme a lo estatuido en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, por regla general son apelables las sentencias de primera instancia y no son apelables los autos; por consiguiente, solo son apelables por excepción los autos proferidos en primera instancia que se indican expresamente en dicha norma y en otras del mismo código.

En el presente caso no se advierte violación del principio de la doble instancia por parte del segmento normativo examinado, ya que, por una parte, no se trata de una sentencia y, además, si lo fuera, la Constitución autoriza expresamente al legislador para introducir excepciones a dicho principio, con las dos salvedades señaladas; por otra parte, según jurisprudencia reiterada de la Corte, el legislador goza de una potestad amplia de configuración normativa en materia de procedimientos, siempre y cuando no infrinja los valores y principios constitucionales ni los derechos fundamentales, lo cual no acontece en el presente caso.

Por el contrario, con un criterio razonable, el legislador sustituyó un trámite por otro más breve y ágil, en procura de una administración de justicia eficaz y el logro de un orden justo.

Se concluye que los cargos formulados no pueden prosperar, por lo cual la Corte declarará exequible el aparte normativo examinado, por dichos cargos.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-1193 de 2005, que declaró exequible la expresión “los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago”, contenida en el artículo 50, numeral 2º, inciso 2º, de la Ley 794 de 2003.

2. DECLARAR EXEQUIBLE, por los cargos examinados en esta sentencia, la parte restante del inciso 2º del numeral 2º del artículo 50 de la Ley 794 de 2003.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(2) M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(3) El artículo 46 de la Ley 270 de 1996 establece que “En desarrollo del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a su control con la totalidad de los preceptos de la Constitución”.

(4) Aristóteles, Política III 9 (1280a): “Por ejemplo, parece que la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es en efecto, pero no para todos, sino para los desiguales”. Sobre este tema pueden consultarse las sentencias C-576 de 2004 , M.P. Jaime Araújo Rentería; C-022 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-230 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.

(5) Sobre este tema pueden consultarse las sentencias C-576 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-22 de 1996, M.P. Carlos Díaz y T-230 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.

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