Sentencia C-125 de marzo 27 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA

ENTRE PARIENTES EXTRAMATRIMONIALES

EXTRACTOS: «Norma demandada. El siguiente es el texto de la norma, con la advertencia de que se subraya lo demandado:

“DECRETO 100 DE 1980

(Enero 23)

Por el cual se expide el nuevo Código Penal

El Presidente de la República de Colombia

en uso de las atribuciones constitucionales y legales,

DECRETA:

ART. 1º—Adóptase el siguiente Código Penal: (...).

“ART. 263.—Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en arresto de seis (6) meses a tres (3) años y multa de un mil a cien mil pesos.

Cuando se trate de un parentesco natural de consanguinidad, la acción penal se limitará a padres e hijos”.

....

2. Advertencia preliminar.

Si bien el artículo 263 del Código Penal fue modificado parcialmente por el artículo 270 del Código del Menor, en nada se cambió el contenido del inciso demandado. Veamos:

“ART. 270.—Cuando el delito de inasistencia alimentaria se cometa contra un menor, la pena será de prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de uno (1) a cien (100) días de salarios mínimos legales.

Además de lo previsto por el artículo 443 del Código de Procedimiento Penal, el juez, al otorgar la libertad provisional, determinará las garantías que deban constituirse para el cumplimiento de la obligación alimentaria”.

3. Lo que se controvierte.

Sostiene el demandante que es contrario a la igualdad que consagra la Constitución, el que el inciso segundo del artículo 263 del Código Penal limite la acción penal nacida del delito de inasistencia alimentaria, a los padres e hijos naturales, y excluya a los demás ascendientes y descendientes también naturales.

Se analizará, en consecuencia, este argumento.

4. El origen familiar y la igualdad de derechos y obligaciones.

Ya la Corte Constitucional se ha referido al tema de la igualdad de derechos y obligaciones entre los descendientes, sean éstos legítimos, adoptivos o extramatrimoniales. Al respecto se dijo:

El origen familiar y la igualdad de derechos y obligaciones.

Ya vimos cómo la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos establecida por el artículo 1º de la Ley 29 de 1982, fue consagrada por el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución. Ante sus padres, pues, estas tres clases de hijos tienen iguales derechos y obligaciones.

Lo anterior lleva a una conclusión lógica y justa: así como antes la desigualdad y la discriminación se transmitían de generación en generación, ahora la igualdad pasa de una generación a la siguiente. Basta pensar en los sentimientos de los hombres, para entender por qué la discriminación ejercida contra el hijo afecta a su padre, como si se ejerciera contra él mismo.

En apoyo de esta tesis, está el inciso primero del artículo 13 de la Constitución: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Es evidente que la igualdad pugna con toda forma de discriminación basada en el origen familiar, ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes de cualquier grado.

Y lo que se dice de los descendientes legítimos y extramatrimoniales debe predicarse igualmente a la descendencia basada en la adopción. No repugna a la lógica ni a la justicia, el aceptar que la adopción da lugar a una descendencia que tiene iguales derechos y obligaciones que la basada en la sangre, legítima o extramatrimonial. A esta conclusión se llega por estas razones.

De tiempo atrás, la ley colombiana ha establecido la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. Ya se hizo referencia al artículo 1º de la Ley 29 de 1982. Además, el artículo 97 del Decreto Extraordinario 2737 de 1989, llamado Código del Menor dice: “Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo legítimo”. Y el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución, ratifica la igualdad.

En síntesis: en virtud de la adopción, el adoptivo ingresa a la familia y se convierte en parte de ésta, del mismo modo que los hijos de la sangre. Se ha hecho realidad la frase del Primer Cónsul, cuando en el Consejo de Estado francés se discutía el tema de la adopción: “El hijo adoptivo debe ser como el de la carne y los huesos”.

La igualdad de derechos y obligaciones no termina en los hijos: se extiende a todos los descendientes.

Todo lo dicho lleva a esta conclusión: la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, no termina en ellos: continúa en sus descendientes, sean éstos, a su vez, legítimos, extramatrimoniales o adoptivos”. (Sent. C-105, mar. 10/94, M.P. Jorge Arango Mejía).

Y si no es posible establecer diferencias entre los descendientes por razón de su condición de legítimos o extramatrimoniales, o adoptivos, tampoco tales diferencias pueden hacerse entre los ascendientes.

En la sentencia citada se declararon inexe-quibles las expresiones legítimos con que se calificaba a los descendientes y a los ascendientes, al determinar a quienes se deben alimentos legales, según el artículo 411 del Código Civil. Quedó así definido que se deben alimentos a los ascendientes y descendientes, sean éstos legítimos o extramatrimoniales. De esta declaración de inexequibilidad habrá que partir para resolver el presente caso. Al respecto, se dijo en la sentencia mencionada:

Artículo 411.

Es contrario al principio de igualdad el limitar el derecho a los alimentos legales a los descendientes legítimos, a los ascendientes legítimos, y a la posteridad legítima de los hijos naturales. Lo que está de acuerdo con la Constitución, es reconocer el derecho a los ascendientes y descendientes de cualquier clase que sean.

Por el contrario, sería opuesto a la equidad extender el derecho a todos los hermanos eliminando la calidad de legítimos exigida por el numeral 9º del artículo 411. Téngase en cuenta que los hermanos extramatrimoniales que únicamente son hijos del mismo padre, es posible que ni siquiera se conozcan entre sí, y no serían parte de la misma familia. Además, hay que tener presente que el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución consagra la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos, no entre los hermanos.

El demandante no demandó el ordinal 9º, posiblemente teniendo en cuenta estos motivos.

En esta materia solamente la ley, si se considera conveniente, podrá establecer los alimentos legales a favor y a cargo de los hermanos extramatrimoniales.

Por estas razones se declararán inexequibles las palabras legítimos empleadas en los ordinales 2º y 3º del artículo 411, y legítima del ordinal 5º, del mismo artículo.

Y se declarará exequible la palabra legítimos usada en el ordinal 9º del mismo artículo”.

5. Inexequibilidad del inciso segundo del artículo 263 del Código Penal.

Establecida, como lo está hoy, la obligación alimentaria en favor de todos los ascendientes y descendientes, no se ve cómo puede el inciso demandado limitar la acción penal a los padres e hijos naturales, con exclusión de los ascendientes y descendientes de los demás grados. Esta limitación es contraria a la igualdad consagrada por el artículo 13 de la Constitución, que prohíbe las discriminaciones por razón del origen familiar.

Obsérvese, además, que, en últimas, la norma acusada establece una doble discriminación: por un lado se discrimina en contra de todos los ascendientes y descendientes legítimos, más allá de los padres e hijos, pues se les somete a la acción penal por el delito de inasistencia ali-mentaria; y por el otro lado, se discrimina en favor de los ascendientes y descendientes naturales, distintos a los padres e hijos, pues se les libera de la acción penal originada en el mismo delito.

En conclusión: si la obligación de prestar los alimentos legales pesa por igual sobre todos los ascendientes y descendientes, sin limitación y sin distinción entre ellos, como lo establece el artículo 411 del Código Civil, todos los ascendientes y descendientes que la incumplan sin justa causa, incurren en el delito de inasistencia alimentaria. Y es contraria a la igualdad consagrada en la Constitución, la norma que excluya de la acción penal a alguno de tales ascendientes o descendientes.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 263 del Código Penal (D. 100/80), que dice:

“Cuando se trate de un parentesco natural de consanguinidad la acción penal se limitará a padres e hijos”.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-125 de marzo 27 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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