Sentencia C-1251 de noviembre 28 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-1251 de 2001 

IMPUESTO PREDIAL EN BOGOTÁ

EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE APARTES DE LA LEY 601 DE 2000

Ref.: Proceso D-3591

Magistrada Sustanciadora:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Demandantes: Omar Édgar Borja Soto y Ligia Goyeneche Suárez

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 8º de la Ley 601 de 2000 “por la cual se concede una autorización a los contribuyentes del impuesto predial unificado en el Distrito Capital”.

Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de dos mil uno.

EXTRACTOS: II. Texto de la ley demandada

A continuación se transcribe el texto de la Ley 601 de 2000, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.100 de julio 26 de 2000:

LEY 601 DE 2000 

(Julio 25)

El Congreso de Colombia,

Por la cual se concede una autorización a los contribuyentes del impuesto predial unificado en el Distrito Capital,

DECRETA:

ART. 1º—A partir del año fiscal 2000 la base gravable del impuesto predial unificado para cada año será el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente, que deberá corresponder, como mínimo, al avalúo catastral vigente al momento de causación del impuesto.

Sin embargo, el contribuyente propietario o poseedor podrá determinar la base gravable en un valor superior al avalúo catastral, caso en el cual no procede corrección por menor valor de la declaración inicialmente presentada por ese año gravable.

ART. 2º—Los avalúos catastrales determinados en los procesos de formación y/o actualización catastral se entenderán notificados una vez publique el acto administrativo de clausura, y se incorpore en los archivos de los catastros. Su vigencia será a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que se efectuó la publicación e incorporación.

PAR.—Los avalúos catastrales producto del proceso de formación y actualización, se deberán comunicar por correo a la dirección del predio. La no comunicación no invalida la vigencia de los avalúos catastrales.

(...).

ART. 4º—Para efectos tributarios, el propietario o poseedor podrá hasta el 15 de mayo del respectivo año gravable, solicitar revisión a las autoridades catastrales de los avalúos de formación, actualización o conservación de acuerdo con los procedimientos que regulan la materia.

PAR.—Los contribuyentes podrán, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la decisión de revisión de que trata el presente artículo, corregir la declaración inicialmente presentada sin necesidad de trámite adicional alguno.

ART. 5º—Los propietarios o poseedores a los cuales no se les haya fijado avalúo catastral deberán determinar como base gravable mínima el valor que establezca anualmente la administración distrital, conforme a parámetros técnicos por área, uso y estrato. Una vez se le establezca el avalúo catastral declararán de acuerdo con los parámetros generales de la presente ley.

PAR.—Lo establecido en el presente artículo no impide al propietario o poseedor del predio para que autoavalue por un valor superior a la base gravable mínima aquí señalada.

(...).

ART. 8º—La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para conocer del presente asunto ya que versa sobre una demanda ciudadana contra una ley de la República.

2. La materia objeto de análisis.

La demanda que suscita la presente actuación plantea los siguientes interrogantes que corresponde a la Corte resolver:

¿Contraviene el principio constitucional de irretroactividad tributaria disponer, como lo hace el inciso primero del artículo 1º de la Ley 601 de 2000, que el autoavalúo que allí se regula empieza a aplicarse a partir del año gravable 2000, que es el mismo año de expedición de la citada ley?

¿Es inconstitucional el inciso segundo del artículo 1º de la citada ley, cuando ordena que no procede corrección por menor valor de la declaración inicialmente presentada, en el evento en que el contribuyente determine la base gravable en un valor superior al avalúo catastral?

¿Se desconocen el debido proceso y los principios superiores de la función administrativa cuando en el artículo 2º de la Ley 601 de 2000 se dispone que la no comunicación de los avalúos catastrales producto del proceso de formación y actualización no invalida la vigencia de los mismos?

¿Resulta razonable el señalamiento de una fecha límite —el 15 de mayo del respectivo año gravable—, para efectos de solicitar la revisión de los avalúos de formación, actualización o conservación catastral sin supeditar esta facultad al requisito de la notificación, publicación o comunicación del acto correspondiente?

¿Se ajusta a la Carta Política la facultad otorgada en el artículo 5º de la Ley 601 de 2000 a la administración distrital para fijar la base gravable mínima de los predios a los cuales no se les haya fijado avalúo catastral?

3. Sentido y alcance de la Ley 601 de 2000.

Antes de abordar el examen de los cargos de la demanda, considera oportuno la Corte referirse brevemente a las razones que motivaron la expedición de la Ley 601 de 2000, por medio de la cual se concede una autorización a los contribuyentes del impuesto predial unificado en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital.

Según los antecedentes legislativos, la iniciativa que se comenta es la respuesta a una problemática propia del esquema de determinación de la obligación tributaria de los contribuyentes del impuesto predial en Bogotá, que no fue considerada al momento en que se dictó el Decreto 1421 de 1993, contentivo del estatuto orgánico de la ciudad, y que dice relación con la falta de correspondencia entre el incremento automático de la base gravable de dicho tributo y el aumento en la valorización de los inmuebles.

En efecto, conforme a las disposiciones anteriores que regulaban esta materia de propietarios y poseedores de bienes raíces responsables del impuesto predial, debían pagar el tributo con base en el autoavalúo de sus inmuebles el cual no podía ser inferior al avalúo catastral o al autoavalúo del año inmediatamente anterior “incrementados en un porcentaje igual al del índice nacional de precios al consumidor”.

Desdichadamente, la aplicación de esta fórmula condujo a que los avalúos catastrales y los autoavalúos se incrementaran anual y automáticamente en un porcentaje igual al de la inflación, al paso que el valor comercial de los inmuebles no crecía en la misma proporción dada la coyuntura de desaceleración de la actividad económica por la que viene atravesando el país en los últimos años. De esta forma, los propietarios y poseedores resultaron pagando por impuesto predial sumas superiores a las que en justicia deberían tributar, puesto que el valor catastral del predio igualaba o superaba su valor comercial.

Si bien los resultados para el fisco han sido excelentes, pues se ha incrementado notoriamente el número de predios registrados en la administración distrital de impuestos y el autoavalúo suplió las deficiencias en materia de formación y conservación catastral, la situación descrita resultó ser con el tiempo contraria a los principios constitucionales de justicia y equidad del sistema tributario, razón por la cual hubo necesidad de adoptar una nueva legislación para superar esta problemática.

En la ponencia para segundo debate al proyecto de ley en el Senado de la República, se dijo lo siguiente:

“...se trata ésta de una iniciativa que tiene como fundamento el reconocimiento de un principio de justicia que debe guiar al sistema tributario ante la necesidad de ajustar las bases gravables del impuesto predial unificado en la capital de la República.

“El sistema actual del cálculo del impuesto obliga a los contribuyentes a reajustar anualmente la base gravable del impuesto en un porcentaje igual a la meta de inflación establecida por el Gobierno Nacional. Dicha situación genera un continuo y sostenido aumento del valor final a pagar por parte del propietario o poseedor del predio. En virtud de tal sistema, el cálculo de la base gravable del impuesto predial no consulta los comportamientos de los ciclos económicos, especialmente cuando se presentan claras manifestaciones recesivas, como por las que actualmente atraviesa la economía colombiana.

“Teniendo en cuenta la situación descrita, el articulado del proyecto propone establecer como referente mínimo para determinar la base gravable o autoavalúo, a tener en cuenta por el contribuyente propietario o poseedor del predio, el valor catastral vigente al primero de enero de cada año, fecha que coincide con el momento de causación del impuesto”.

Establecida la finalidad de la normatividad impugnada, procede la Corte a analizar los cargos contra cada una de sus disposiciones.

3. Cargos contra el artículo 1º de la Ley 601 de 2000.

Para el demandante esta norma es inconstitucional, puesto que al señalar el año fiscal de 2000 como el momento a partir del cual la base gravable del impuesto predial unificado es el valor que mediante autoavalúo establece el contribuyente, vulnera el principio de irretroactividad de la ley tributaria consagrado en el canon 338 superior, porque siendo dicho tributo de período la medida en cuestión no se podía aplicar sino después de iniciar su vigencia la Ley 601 de 2000.

Igualmente lo es, porque al disponer en su inciso segundo que no procede corrección por menor valor de la declaración inicialmente presentada por este año gravable, excede el deber de todo ciudadano consagrado en el artículo 95-9 fundamental, de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

Por las razones que se exponen a continuación, la Corte estima que la acusación no está llamada a prosperar.

En lo referente al inciso primero de la norma que se revisa no advierte la Corte que se presente la alegada violación al principio constitucional de irretroactividad de la ley tributaria, puesto que el señalamiento del año fiscal de 2000 como el momento a partir del cual la base gravable de impuesto predial será el valor que establece el contribuyente como autoavalúo —el cual debe corresponder como mínimo al avalúo catastral vigente al momento de su causación—, lejos de perjudicar a los sujetos pasivos de esta exacción los favorece, tal como se explicará a continuación.

Ciertamente, aún admitiendo que el impuesto de renta es un impuesto de período y que como tal le sería aplicable el mandato del artículo 338 superior, en virtud del cual las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen sus aspectos estructurales sólo pueden aplicarse a partir del período que comience después de iniciar su vigencia, no existe ningún problema en que la medida contenida en el artículo 1º de la Ley 601 de 2000 sea aplicada en el período fiscal en el cual comenzó a regir este ordenamiento legal, toda vez que al haber eliminado la actualización automática del avalúo catastral con referencia al índice de precios al consumidor, el impuesto a pagar a partir del año gravable de 2000 resulta ser más equitativo, dada la actual situación del mercado inmobiliario.

La jurisprudencia constitucional reconoce la posibilidad de aplicar en un mismo período la ley tributaria, cuando quiera que de esta medida no se derivan perjuicios económicos para los contribuyentes. Sobre este tópico, se ha expresado:

“Cuando la Constitución dice que las leyes tributarias “no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”, la palabra “período”, por estar libre de cualquier calificativo, no coincide con la noción, más restringida, del período gravable anual característico del impuesto a la renta y complementarios. Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad, sí puede aplicarse en el mismo período si quebrantar la Constitución. La prohibición contenida en esta norma está encaminada a impedir que se aumenten las cargas al contribuyente, modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso. La razón de la prohibición es elemental: el que el Estado no pueda modificar la tributación con efectos retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena fe. Puesto que los descuentos son los que corresponden a las donaciones efectuadas en un período posterior a la vigencia de la ley, los mismos están encuadrados dentro de los límites de la Constitución (1) .

(1) Sentencia C-527 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.

Así pues, siendo favorable la medida que se examina bien podía aplicarse desde el período fiscal en el cual comenzó la vigencia de la Ley 601 de 2000, sin que con ello se esté desconociendo el canon 338 fundamental.

Respecto al segundo inciso del artículo 1º de la Ley 601 de 2000, tampoco se observa vicio alguno de inconstitucionalidad, por cuanto su presunta contradicción con las normas superiores deriva de una interpretación equivocada que hace el actor del texto legal acusado, según pasa a explicarse:

Según los antecedentes legislativos, cuando el inciso acusado autoriza al contribuyente propietario o poseedor para determinar la base gravable en un valor superior al avalúo catastral y señala que en este evento no procede corrección por menor valor de la declaración inicialmente presentada por ese año gravable, no se busca perjudicar a los sujetos pasivos del impuesto predial que optan por declarar el valor del precio sin el ajuste a la inflación proyectada, impidiéndoles corregir su declaración tributaria, toda vez que el objetivo de la medida es evitar que acumulen un doble beneficio en perjuicio del fisco: aquél que se genera en el impuesto de ganancia ocasional y la devolución de la diferencia producto de la corrección.

Además, la norma bajo análisis no resulta perjudicial para los contribuyentes del impuesto predial, porque la facultad que tiene el propietario o poseedor de determinar como base gravable un valor superior al avalúo catastral sin lugar a corrección por menor valor, no se fundamenta en la existencia de un error cometido por el sujeto pasivo en la declaración tributaria, sino en su decisión libre y voluntaria de aumentar la base impositiva del mencionado impuesto. Por ello, si de lo que se trata es de aumentar voluntaria y conscientemente la base imponible del impuesto predial no es razonable que hubiera lugar por parte del contribuyente a una corrección por menor valor de la declaración inicialmente presentada para el correspondiente año gravable.

De esta forma no se presenta infracción alguna al canon 338 fundamental, por cuanto el fin de la disposición bajo análisis es el de garantizar la estabilidad de la base gravable del impuesto predial.

No obstante, la situación es distinta cuando al presentar la declaración tributaria se incurre en una equivocación en la determinación de la base gravable del impuesto predial, que acarrea consecuencias fiscales desfavorables como la de asumir el pago de una mayor tarifa a la que realmente le correspondería por concepto de dicho tributo. En este evento, es claro que si al contribuyente se le impide corregir por menor valor la declaración inicialmente presentada por ese año gravable se está incurriendo en una flagrante violación de los mandatos constitucionales.

Por tanto, entiende la Corte que la exequibilidad de la norma que se revisa debe condicionarse en el sentido de que la facultad del contribuyente propietario o poseedor para corregir por menor valor la declaración inicialmente presentada procede únicamente cuando se refiere a errores distintos a la determinación voluntaria del impuesto predial en un valor superior al avalúo catastral.

4. Cargos contra los artículos 2º y 4º de la Ley 601 de 2000.

En criterio del actor el artículo 2º de la Ley 601 de 2000, es contrario al ordenamiento superior, puesto que al disponer que la falta de comunicación de los avalúos catastrales no invalida su vigencia, está desconociendo el debido proceso administrativo consagrado en el artículo 29 fundamental, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 2º superior, referente a la efectividad de los derechos y participación en las decisiones, y en el artículo 209 de la Carta que establece el principio de la publicidad de la función administrativa.

Igualmente, considera que el artículo 4º impugnado no puede fijar un límite temporal —hasta el 15 de mayo del año gravable—, para la revisión de los avalúos de conformación, actualización o conservación catastral, sin supeditar dicha fecha la notificación del acto administrativo de formación, actualización o conservación catastral.

En relación con estos cargos la Corte considera pertinente hacer las siguientes consideraciones:

Tratándose del avalúo catastral —de cuya formación, conservación o actualización depende la efectividad de los objetivos buscados con el impuesto predial—, la legislación sobre la materia ha establecido un procedimiento que prescinde de la expedición de actos individuales dado que dicha actuación comprende el inventario general de un gran número de predios en sus aspectos físico, jurídico, fiscal y económico (2) .

(2) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 14 de 1983, las labores catastrales se sujetan en todo el país a las normas técnicas establecidas por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, entidad que por medio de la Resolución 2558 de 1988 reglamentó la formación, actualización y conservación del catastro nacional. Los artículos 87 y 91 de dicha resolución disponen que la clausura de la formación y de la actualización catastral debe ser debidamente publicada.

El artículo 2º bajo examen, ratifica la especialidad de este procedimiento al disponer que los avalúos catastrales determinados en los procesos de formación y/o actualización catastral se entenderán notificados una vez se publique el acto administrativo de clausura y se incorpore en los archivos del catastro, actuación que es totalmente diferente de la comunicación a que se refiere el parágrafo de la misma norma que no está destinada a surtir los efectos de la notificación sino a servir como un medio de información para el contribuyente.

Por tanto, cuando la norma acusada dispone que la falta de comunicación no invalida la vigencia de los avalúos catastrales no está vulnerando ningún principio constitucional, toda vez que dicha actuación simplemente tiene carácter informativo de una decisión adoptada previamente por la administración con arreglo al procedimiento especial que regula la materia, según el cual la notificación de los avalúos de formación y actualización se surte con la publicación.

Cabe recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 29 superior, el legislador goza de amplia libertad de configuración para regular lo concerniente al debido proceso administrativo atendiendo a la naturaleza y particularidades de las actuaciones objeto de regulación. Precisamente en desarrollo de esta atribución ha establecido el procedimiento administrativo especial para el ejercicio de la función catastral, que según lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, no está sujeto a los procedimientos administrativos ordinarios. Ha dicho la Corte:

“...la función catastral, dada su finalidad y actividades que la caracterizan, constituye un procedimiento especial administrativo consagrado en la normatividad mencionada, el cual se encuentra previsto en el inciso 2º del artículo 1º del Código Contencioso Administrativo (D. 01/84) y no está sujeto a los procedimientos administrativos ordinarios que regula dicho ordenamiento administrativo sino en lo no contemplado y siempre y cuando resulte compatible.

“La anterior situación ha sido corroborada en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado al señalar que “...Las normas catastrales establecieron un procedimiento administrativo especial para el ejercicio de la función catastral” (3) .

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 7 de febrero de 1991, C.P. Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez.

“En este orden de ideas, la formación, conservación y actualización de la formación catastral revisten una naturaleza administrativa especial que se concreta en una regulación legal propia para los distintos aspectos que requiere su desarrollo, como ocurre con la determinación de las garantías procesales específicas destinadas a proteger los derechos de los afectados con las características que a continuación se señalan” (4) .

(4) Sentencia T-377 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.

Con todo, cree la Corte que con el fin de que la formación y la conservación de actualización catastral puedan surtir plenos efectos jurídicos, se hace indispensable que la publicación de los respectivos actos se lleve a cabo en un periódico de amplia circulación que, por ser el medio más adecuado para asegurar el conocimiento de estas determinaciones, satisface plenamente las exigencias del principio constitucional de la publicidad de la función administrativa (C.P., art. 209).

También entiende esta corporación que si bien la comunicación de los avalúos de formación y actualización no puede producir los efectos de una notificación, en razón de su carácter meramente informativo, lo cierto es que las autoridades catastrales de todas formas están en la obligación de realizarla.

De otra parte, el artículo 4º de la Ley 601 de 2000, establece una fecha límite para solicitar la revisión de los avalúos de formación, actualización o conservación catastral —15 de mayo del correspondiente año gravable—, que en criterio de la Corte resulta contraria al ordenamiento superior, pues realmente se trata de un término muy breve que restringe irrazonablemente el derecho que tienen los contribuyentes del impuesto predial, de controvertir ante las autoridades catastrales una decisión que tiene efectos tributarios como es el avalúo catastral (5) .

(5) Al respecto valga observar que conforme a la legislación anterior la revisión de los avalúos catastrales no estaba sometida a ningún término. (Cfr. L.14/83, art. 9º).

En verdad, siendo la revisión de los avalúos catastrales el medio del cual disponen los propietarios y poseedores de los predios sometidos a un proceso de formación catastral para impugnar la decisión sobre el avalúo catastral de sus predios, no parece razonable y justo que la norma acusada le señale término tan corto para su ejercicio, máxime cuando la determinación del avalúo catastral produce consecuencias de orden impositivo que pueden llegar a afectar a los interesados.

Por tal razón, se declarará la inconstitucionalidad de la expresión “hasta el 15 de mayo del respectivo año gravable”.

Finalmente, respecto del parágrafo del artículo 4º bajo análisis, que habilita a los contribuyentes para que dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la decisión de revisión puedan corregir la declaración inicialmente presentada sin necesidad de trámite adicional alguno, la Corte se abstendrá de hacer un pronunciamiento de mérito por cuanto el actor incumplió con su deber procesal de señalar el concepto de violación.

5. Cargos contra el artículo 5º de la Ley 601 de 2000.

Para el autor de la demanda este artículo es inconstitucional, puesto que está facultando a la administración distrital para determinar la base gravable mínima del impuesto predial, violando el principio superior de legalidad del tributo consagrado en el artículo 338 fundamental, en virtud del cual sólo el Congreso, las asambleas y los concejos pueden fijar directamente los elementos configurativos de los impuestos.

Sobre este cargo es preciso hacer las siguientes consideraciones:

El artículo 5º bajo estudio dispone que para efectos de determinar la base gravable del impuesto predial —que es el valor que fija el contribuyente mediante autoavalúo—, se debe tomar en cuenta como parámetro mínimo el valor que la administración distrital señale anualmente con arreglo a pautas técnicas por área, uso y estrato, en aquellos casos en que no se le ha fijado avalúo catastral a los predios de propietarios o poseedores.

No escapa a la Corte que una primera lectura de la norma acusada podría llevar a la conclusión de que su contenido normativo está desconociendo el mandato del artículo 338 superior, que habilita a los cuerpos colegiados de elección popular Congreso, asamblea y concejos, para determinar los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos, por cuanto la facultad para establecer la base gravable mínima del impuesto predial estaría siendo delegada en la administración distrital, proyectada en las autoridades que integran la estructura administrativa del Distrito Capital.

Pero si se entiende que por administración distrital la norma acusada está haciendo referencia al Consejo Distrital, como corporación administrativa de elección popular, no se presentaría quebranto alguno a los dictados de la Carta Política, por cuanto conforme a lo dispuesto en el artículo 338 de la ley fundamental dicho organismo es competente para imponer contribuciones en el distrito capital, fijando cada uno de los elementos que integran la obligación tributaria.

Así, pues, la Corte aplicando el principio constitucional de la conservación del derecho (6) procederá a declarar la exequibilidad del artículo 5º de la Ley 601 de 2000, bajo el entendido de que la facultad otorgada a la administración distrital para fijar la base gravable mínima del impuesto predial está referida al Concejo del Distrito Capital, como organismo administrativo de representación popular competente para ejercer la potestad impositiva en los términos del artículo 338 de la Constitución Política.

(6) Cfr. Sentencias C-320 de 1997 y C-668 de 2001.

6. Inhibición respecto del artículo 8º de la Ley 601 de 2000.

La Corte se abstendrá de proferir una decisión de fondo en relación con el artículo 8º de la Ley 601 de 2000, que establece la vigencia de esta ley comenzará a partir dela fecha de su promulgación, por cuanto el actor incumplió con el deber procesal de señalar el concepto de violación.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º de la Ley 601 de 2000, bajo el entendido de que la declaración del impuesto predial sólo puede ser corregida por menor valor cuando se presenten errores distintos a la determinación voluntaria de la base gravable.

2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 2º de la Ley 601 de 2000, en el entendido que la publicación de los actos de formación y actualización catastral debe hacerse en un periódico de amplia circulación, y que su comunicación a la dirección del predio es obligatoria pero no surte los efectos de una notificación.

3. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “hasta el 15 de mayo del respectivo año gravable” del artículo 4º de la Ley 601 de 2000.

4. Declarar EXEQUIBLE el artículo 5º de la Ley 601 de 2000, en el entendido que la expresión “administración distrital” allí contenida hace referencia al Concejo Distrital como organismo administrativo de representación popular.

5. Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre el parágrafo del artículo 4º y el artículo 8º de la Ley 601 de 2000, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto, manifiesto mi disentimiento con la posición mayoritaria adoptada por la Corte en la sentencia de la referencia, en relación con declaratoria de constitucionalidad condicionada del artículo 2º de la Ley 601 de 2000. Fundamento mi posición en las siguientes consideraciones:

— El artículo 2º de la citada ley señala que los avalúos catastrales en los procesos de formación y/o actualización catastral se entenderán notificados una vez se publique el acto administrativo de clausura, y se incorpore en los archivos de los catastros, e igualmente, establece que dichos avalúos deberán ser comunicados por correo a la dirección del predio.

— La Corte declaró la constitucionalidad de la norma acusada en el entendido que la publicación de los actos de formación y actualización catastral debe hacerse en un periódico de amplia circulación, y que la comunicación a la dirección del predio es obligatoria pero no surte los efectos de la notificación.

— En realidad de verdad, las normas impugnadas consagran un procedimiento administrativo especial que debe observar la autoridad competente del Distrito Capital para la formación y actualización catastral, lo que comporta que los aspectos no regulados por la Ley 601 de 2000 se integran con las normas del Código Contencioso Administrativo. De esta suerte, la norma debió declararse exequible de manera pura y simple, ya que la notificación de los actos de formación y actualización catastral deben someterse a las reglas que, en relación con los actos de contenido general prevé el artículo 43 del código mencionado. En efecto, el artículo anterior señala que los actos de carácter general no serán obligatorios para los administrados mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen para este objeto o en un periódico de amplia circulación. Establece igualmente que en aquellos municipios en donde no exista órgano oficial de publicidad se podrá publicar los actos mediante la distribución de volantes, la fijación de avisos o por bando.

— De esta manera, el artículo citado consagra un medio de publicidad idóneo para asegurar el conocimiento por parte de los administrados de las decisiones de carácter general y abstracto adoptadas por la administración, lo que garantiza el debido proceso y se ajusta a los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 superior.

Rodrigo Escobar Gil 

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