Sentencia C-1257 de noviembre 29 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO C-1257 DE 2001

Ref.: Expediente D-3567

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Actor: Carlos Guillermo Castro Guevara

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 18 de la Ley 640 de 2001.

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil uno.

EXTRACTOS: «I. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe el texto de la norma objeto de proceso:

“LEY 640 DE 2001

(enero 5)

Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

(...).

ART. 18.—Control, inspección y vigilancia. El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá funciones de control, inspección y vigilancia sobre los conciliadores, con excepción de los jueces, y sobre los centros de conciliación y/o arbitraje. Para ello podrá instruir sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulen su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y del Derecho podrá imponer las sanciones a que se refiere el artículo 94 de la Ley 446 de 1998 (1) .

(1) Diario Oficial 44.303 del 24 de enero de 2001.

(...).

V. Consideraciones de la Corte Constitucional

Problemas jurídicos

1. Los problemas jurídicos a resolver son los siguientes: ¿El artículo 18 de la Ley 640 de 2001 permite al Ministerio de Justicia y del Derecho ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre los fiscales, cuando éstos actúen como conciliadores dentro de un proceso penal? En caso afirmativo, ¿Es constitucional esta facultad o vulnera los principios de separación de poderes y de autonomía e independencia de la administración de justicia?

Contenido y alcances de la norma demandada

2. El artículo demandado asigna al Ministerio de Justicia y del Derecho las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los conciliadores, con excepción de los jueces, y sobre los centros de conciliación y/o arbitraje. Pero, ¿a qué conciliadores se refiere este artículo? ¿Cuáles son los jueces a los cuales alude la norma acusada?

3. En esta materia es preciso indicar que existen dos clases de conciliación, judicial, si se realiza dentro de un proceso judicial, o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial. Se dispone además de dos conjuntos de leyes que desarrollan el artículo 116 de la Constitución Política, en relación con la figura de la conciliación. De una parte, está la legislación sobre la conciliación judicial y extrajudicial en las controversias de carácter civil, laboral, de familia y contencioso administrativo, compuesta esencialmente por las leyes 23 de 1991, 446 de 1998 y 640 de 2001 (2) . De otra parte, está la legislación sobre la conciliación en los procesos penales, desarrollada en el Código de Procedimiento Penal.

(2) La finalidad de la Ley 640 de 2001 es la de fortalecer la conciliación como mecanismo de resolución alternativa de conflictos, para facilitar el desempeño de la administración de justicia por vías no procesales. Estas circunstancias estuvieron presentes durante la discusión y aprobación del proyecto de ley, cuando se expresó lo siguiente: “La parte III de la Ley 446 de 1998, le dedicó cinco capítulos a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los cuales recogen legislaciones anteriores, algunas de carácter transitorio, otras de orden procesal, pero todas ellas dirigidas a fortalecer la justicia alternativa y a facilitar cada vez más a los colombianos de bien la posibilidad de prestar el servicio público de administrar justicia”. Gaceta del Congreso 400 del 29 de octubre de 1999, pág. 7.

De esta manera, en atención al principio de la libertad de configuración legislativa y en desarrollo de la facultad otorgada por el artículo 116 de la Carta Política, el legislador ha optado por regular en norma especial la conciliación en materia penal. La naturaleza de la acción penal, el tipo de conflictos que dan lugar a la investigación penal, las consecuencias frente al derecho a la libertad personal que conlleva este tipo de responsabilidad y el interés público en ella involucrado, entre otros factores, justifican razonadamente la distinción efectuada para el proceso penal (3) .

(3) La conciliación en materia penal no hace parte del ámbito de regulación de las leyes 23 de 1991, 446 de 1998 y 640 de 2001 sino de legislación especial. El artículo 38 del anterior Código de Procedimiento Penal, Decreto-Ley 2700 de 1991, modificado por el artículo 6º de la Ley 81 de 1993, señalaba los presupuestos de la conciliación durante la etapa de la investigación previa o del proceso. El actual código, Ley 600 de 2000, prescribe que la acción penal se extingue, entre otras causales, por conciliación en aquellos delitos que admitan desistimiento o indemnización integral (arts. 38 y 41). Dispone también el artículo 41, entre otras normas acerca de la conciliación dentro del proceso penal, que “Obtenida la conciliación, el Fiscal General de la Nación o su delegado o el juez podrá suspender la actuación hasta por un término máximo de sesenta (60) días para el cumplimiento de lo acordado”.

4. En consecuencia, cuando el artículo 18 de la Ley 640 cita a los jueces para excluirlos de los conciliadores que están sujetos a la inspección, vigilancia y control del Ministerio de Justicia, se refiere a los jueces que administran justicia en los ámbitos jurídicos regulados por la ley, ámbitos de los que, como se ha visto, no hace parte la justicia penal. Por lo tanto, la expresión jueces utilizada en la norma demandada se refiere sólo a los jueces que conocen de la conciliación en materia civil, laboral, de familia y contencioso administrativo.

5. Se concluye entonces que, en aplicación de los principios de Estado democrático y de derecho y del postulado de la separación de poderes, la inspección, vigilancia y control asignada al Ministerio de Justicia y del Derecho, no se ejerce sobre los jueces civiles, laborales, de familia ni de lo contencioso administrativo, por disposición taxativa de la propia norma demandada, ni sobre los fiscales ni jueces penales, por pertenecer a un campo de regulación legislativa especial (CPP).

Es más, los alcances de la norma acusada y el fundamento constitucional en que se basó el legislador para excluir a los jueces de la órbita de la inspección, vigilancia y control que lleve a cabo el Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los conciliadores, se hicieron explícitos durante la discusión y aprobación de la Ley 640:

Es apenas natural que la entidad rectora en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, esto es el Ministerio de Justicia y del Derecho, cuente con las facultades necesarias para lograr la cabal aplicación de la actividad conciliatoria. Sin embargo, toda vez que los jueces pueden actuar como conciliadores y que constitucionalmente éstos gozan de autonomía para el ejercicio de sus funciones, se excluyen estos funcionarios del control, la inspección y la vigilancia que el Ministerio de Justicia podrá ejercer sobre los conciliadores (4) .

(4) Gaceta del Congreso 490 del 6 de diciembre de 2000. pág. 12.

6. A partir de las anteriores consideraciones, se advierte que el cargo formulado no se dirige contra la regla de derecho consagrada en la norma acusada sino que representa una interpretación, por demás equivocada, que de esa regla ha realizado el actor. Por lo tanto, no puede deducirse que la norma demandada, al no haberse referido expresamente a los fiscales, incurrió en una inconstitucionalidad por omisión pues la lectura contextual de la ley de la cual hace parte la disposición acusada permite afirmar que ni los fiscales ni los jueces, incluidos los penales, cuando cumplan funciones como conciliadores, están sometidos a la inspección, vigilancia y control del Ministerio de Justicia.

Entonces, como el actor no cuestiona la exequibilidad de la regla de derecho prevista por el legislador, sino la exequibilidad de la regla de derecho que él infiere de la norma, el cargo es inexistente, razón por la cual la Corte deberá inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo (5) . Téngase en cuenta que la acción de constitucionalidad es un juicio técnico de confrontación entre la ley y la Carta Política y no entre la particular interpretación que de la ley haga el actor y el texto fundamental (6) .

(5) La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que el control de constitucionalidad es improcedente, en principio, sobre interpretación de normas (Sent. C-44/98, C-87/2000 y C-488/2000) y que procede la sentencia inhibitoria cuando la formulación de los cargos de inconstitucionalidad se basa en interpretaciones del actor (Sent. C-650/97).

(6) En la Sentencia C-645 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, se señaló que “no le sirven al proceso constitucional aquellos entendimientos derivados única y exclusivamente del criterio subjetivo o el operador jurídico”. En el mismo sentido ver también la Sentencia C-805 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

En consecuencia, esta corporación se inhibirá para pronunciarse de fondo en relación con el cargo formulado contra el artículo 18 de la Ley 640 de 2001.

Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 18 de la Ley 640 de 2001.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

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