Sentencia C-1270 de septiembre 20 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

PROCEDIMIENTO LABORAL

ES CONSTITUCIONAL LA LIMITACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto de la norma demandada, destacando en negrilla los apartes acusados:

Código Procesal del Trabajo

Decreto 2158 de 1948, adoptado por el Decreto 2133 de 1948 como legislación permanente.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Capítulo XIV

Procedimiento ordinario

ART. 83.—Casos en que el tribunal puede ordenar y practicar pruebas. Las partes no podrán solicitar del tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en la primera instancia.

Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada, se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte y en la primera audiencia, ordenar su práctica, como también las demás que considere necesarias para resolver la apelación o consulta.

Si en esta audiencia no fuere posible practicar todas las pruebas, el tribunal citará para una nueva audiencia, con ese fin, que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes.

(...).

1. Unidad normativa.

Pese a que el actor sólo demanda el inciso 2º del artículo 83 del Código Procesal del Trabajo La Corte entiende que dada la unidad normativa que en su conjunto presenta dicho artículo y el alcance de los cargos formulados, la pretensión de inexequibilidad comprende la integridad de su preceptiva.

2. El problema jurídico planteado.

Según los términos de la demanda, las intervenciones registradas en el curso del proceso y el concepto emitido por el Procurador General de la Nación, le corresponde a la Corte determinar si el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo viola la Constitución, en cuanto, según los cargos, deja a la voluntad de los jueces laborales de segunda instancia, decretar y practicar o abstenerse de hacerlo, las pruebas solicitadas por las partes, o en forma oficiosa.

2. Solución al problema planteado.

2.1. El artículo 29 de la Constitución establece una serie de garantías mínimas que deben observarse en los diferentes procesos judiciales, y deja en manos del legislador la facultad de regular los diversos procesos, en ejercicio de su libertad de configuración (1) . Por ello, como ya se ha señalado en repetidas oportunidades por esta Corte (2) los parámetros constitucionales que delimitan la función legislativa relativa a la estructuración de los procesos se encuentran señalados en los artículos 29, 150, 228, 229 y 230 de la Constitución (3) , pues todo lo que atañe a los procedimientos judiciales, a menos que lo haya establecido directamente ésta, corresponde al legislador.

(1) C-140/95, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(2) Sentencia C-197/99, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(3) Sentencia C-217/96, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

En estas circunstancias, es función del legislador diseñar los procedimientos y las diferentes etapas procesales que han de observarse para garantizar el debido proceso y, por consiguiente, asegurar la efectiva protección de los derechos de las personas.

Por ello, el legislador con miras a buscar la resolución de los conflictos que se presentan en las relaciones entre el capital y el trabajo ha regulado unos procedimientos judiciales singulares que ofrecen como característica la sencillez y la simplicidad en los trámites, en razón de la naturaleza propia de las controversias que involucran dichas relaciones y de la posición dominante de los empleadores, de suerte que se propicie dentro del proceso el necesario equilibrio entre dos fuerzas desiguales (4) y la solución justa y oportuna de los conflictos laborales. Es así, como se establece en el Código Procesal del Trabajo reglas singulares para el trámite de los diferentes procesos, tanto ordinarios de única o primera instancia, como especiales, y una serie de principios que le dan una fisonomía particular a dichos procesos, como son los de: concentración de pruebas, inmediación (arts. 25 y 31), oralidad (art. 39), publicidad (art. 44), inquisitivo (arts. 30 y 48), lealtad procesal (art. 49), y libre apreciación de pruebas (art. 61).

(4) C-029/95, M.P. Jorge Arango Mejía.

Parte esencial de dichos procedimientos lo constituye todo lo relativo a la estructura probatoria del proceso, conformada por los medios de prueba admisibles, las oportunidades que tienen los sujetos procesales para pedir pruebas, las atribuciones del juez para decretarlas y practicarlas, la facultad oficiosa para producir pruebas, y las reglas atinentes a su valoración.

2.3. Aun cuando el artículo 29 de la Constitución confiere al legislador la facultad de diseñar las reglas del debido proceso y, por consiguiente, la estructura probatoria de los procesos, no es menos cierto que dicha norma impone a aquél la necesidad de observar y regular ciertas garantías mínimas en materia probatoria. En efecto, como algo consustancial al derecho de defensa, debe el legislador prever que en los procesos judiciales se reconozcan a las partes los siguientes derechos: i) el derecho para presentarlas y solicitarlas; ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra; iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste; v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (arts. 2º y 228); y vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.

2.4. Siendo el proceso un conjunto sucesivo y coordinado de actuaciones en virtud del cual se pretende, hacer efectivo el derecho objetivo, restablecer los bienes jurídicos que han sido lesionados o puestos en peligro y garantizar los derechos fundamentales de las personas, resulta razonable que el legislador haya determinado unas oportunidades dentro del proceso en donde las partes puedan presentar y solicitar pruebas, y el juez, pronunciarse sobra su admisibilidad y procedencia, e incluso para ordenarlas oficiosamente y, además, valorarlas.

En materia laboral el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo dispone como requisito esencial de la demanda hacer “una relación de los medios de prueba que el actor pretenda hacer valer para establecer la verdad de sus afirmaciones”, y el artículo 31 del mencionado código señala para el demandado que la oportunidad de solicitar pruebas en la contestación de la demanda. Ello, sin perjuicio de la facultad oficiosa del juez para decretar pruebas.

Existen adicionalmente otras oportunidades para pedir pruebas, como son los eventos en que el demandante enmienda la demanda, o cuando dentro de la primera audiencia de trámite el demandado propone excepciones (CPT, art. 32) y, en general, en los demás incidentes que son admisibles.

Como puede observarse, las regulaciones normativas del legislador en lo que concierne al diseño de los procesos laborales obedece esencialmente a los principios de concentración e inmediación de las pruebas que, en principio, deben ser incorporadas al proceso durante la primera instancia.

2.5. La norma objeto de pronunciamiento por la Corte dispone que cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte ordenar su práctica. Y de otra parte, dispone que también ordenará practicar de oficio las demás que considere necesarias para resolver la apelación o consulta.

— En lo que concierne a la primera situación, no observa la Corte incompatibilidad alguna con la Constitución, pues conforme a las argumentaciones precedentes, el legislador dentro de la libertad política de configuración de la norma procesal no ha hecho cosa diferente que concentrar la actividad probatoria de las partes y del juez durante el trámite de la primera instancia y prever que excepcionalmente pueda existir período probatorio durante el trámite de la segunda instancia, siempre que las pruebas respectivas hayan sido solicitadas y decretadas y no practicadas, por causa no imputable al peticionario, lo cual indudablemente redunda en asegurar su derecho de defensa.

En la segunda hipótesis, el legislador haciendo uso del principio inquisitivo, faculta al juez de segunda instancia para decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para encontrar o aproximarse a la realidad histórica de la controversia planteada. Debe acotarse que ello no viola la Constitución, pues tal atribución se encuentra condicionada a que el decreto y práctica de pruebas sean indispensables para resolver la apelación o la consulta planteada.

Por lo demás, a juicio de la Corte, si la justicia es un elemento fundante del nuevo orden constitucional, valor y principio constitucional que debe ser realizado como fin propio de la organización estatal, constituye un deber y no una mera facultad la posibilidad de que se decreten pruebas de oficio. Naturalmente ello estará determinado por la necesidad de que se alleguen al proceso los elementos de juicio requeridos para que se adopte una decisión ajustada al derecho y a la equidad.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 13 de la Constitución la Corte encuentra infundado el cargo del actor, porque las partes durante el trámite del proceso laboral en la primera y en la segunda instancia, gozan de los mismos derechos, deberes, oportunidades y restricciones, para solicitar la práctica de pruebas.

3. En conclusión, por las anteriores consideraciones estima la Corte que los cargos de inconstitucionalidad contra el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo no están llamados a prosperar; por consiguiente, será declarado exequible.

VIl. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 83 del Código de Procedimiento Laboral.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-1270 de septiembre 20 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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