Sentencia C-128 de febrero 16 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-2471 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 134 (p) del Decreto 960 1970.

Magistrado Ponente:

Antonio Barrera Carbonell 

Actor:

Nydia Andrea Suárez Uribe

Santafé de Bogotá, D.C., febrero dieciséis de dos mil.

EXTRACTOS: «En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Nydia Andrea Suárez Uribe demandó un acápite normativo del artículo 134 del Decreto-Ley 960 de 1970, “por el cual se expide el estatuto notariado”.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, procede la Corte a decidir acerca de la demanda de la referencia.

II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 33.118 del 5 de agosto de 1970 y se subraya el aparte demandado.

DECRETO 960 DE 1970 

(Junio 20)

Por el cual se expide el Estatuto del Notariado

El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 8ª de 1969 y atendiendo el concepto de la comisión en ella prevenida,

DECRETA:

“ART. 134.—No podrán ser nombrados notarios quienes en el año inmediatamente anterior hayan desempeñado el cargo de Ministro del Despacho, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o magistrado o fiscal de Tribunal superior”.

(...).

Vl. Consideraciones y fundamentos

1. El problema jurídico planteado

Según los términos de la demanda, la intervención registrada en el curso del proceso y el concepto emitido por el Procurador General de la Nación, le corresponde a la Corte determinar, si el segmento normativo acusado, en cuanto establece una inhabilidad para ser nombrado notario a quien en el año inmediatamente anterior haya desempeñado el cargo de Magistrado de Tribunal Superior o de Fiscal del mismo, hoy delegado del Procurador General de la Nación, según la legislación vigente, se ajusta a la Constitución, a pesar de que los tribunales superiores de distrito judicial no intervienen en la designación de los notarios y que la provisión de los cargos se realiza mediante el procedimiento del concurso de méritos. Y además, si el referido segmento viola los derechos de igualdad de oportunidades para el acceso a los cargos públicos y al trabajo.

2. La solución del problema

2.1. El artículo 134 del Decreto 960 de 1970 (Estatuto del Notariado) estableció una inhabilidad, consistente en que no pueden acceder al cargo de notarios quienes en el año inmediatamente anterior hayan desempeñado el cargo de Ministro del Despacho, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o magistrado o fiscal de Tribunal Superior.

Es de anotar, que los fiscales de tribunal corresponden hoy en día a los delegados del procurador.

2.2. La mencionada norma guardaba perfecta armonía con el artículo 161 original del referido estatuto que decía, en lo pertinente, lo siguiente:

“Los notarios serán designados por el respectivo gobernador, intendente o comisario, de listas pasadas a ellos por el competente Tribunal Superior de Distrito Judicial”.

Sin embargo, el artículo 161 fue subrogado por el artículo 5º del Decreto 2163 de 1960, que en lo que interesa dispuso:

“Los notarios serán nombrados para períodos de (5) cinco años, así: los de primera categoría por el Gobierno Nacional; los demás, por los gobernadores, intendentes y comisarios respectivos”.

La Corte en la Sentencia C-741 de 1998(1) declaró exequible dicho artículo, con excepción de las expresiones “intendentes y comisarios” y “para períodos de cinco años”, las cuales fueron declaradas inexequibles.

(1) M.P. Alejandro Martínez Caballero.

En cuanto a la facultad del Gobierno Nacional y de los gobernadores para nombrar a los notarios la Corte, en la aludida sentencia, advirtió:

“En segundo lugar, y como bien lo señala uno de los intervinientes, se entiende que la facultad del Gobierno Nacional y de los gobernadores respectivos no es discrecional, por cuanto los notarios no son sus agentes sino personas que ejercen una función pública eminentemente técnica. Los notarios no son entonces, tal y como ya lo precisó esta Corte en anterior decisión, funcionarios de libre nombramiento y remoción(2), por lo cual no sólo no pueden ser removidos discrecionalmente por el nominador sino que, además, en el caso de los notarios en propiedad, la facultad del Gobierno Nacional y de los gobernadores se limita a nombrar a la persona que haya obtenido el mejor puntaje en el concurso respectivo. En efecto, esta corporación tiene bien establecido que “frente al concurso, la administración, carece de libertad para adoptar una solución diferente o privilegiar otra alternativa que considere sin embargo más apropiada para el interés público. Por el contrario, se parte de la premisa de que el interés público en este caso se sirve mejor acatando el resultado del concurso”(3).

(2) Corte Constitucional. Sentencia SU-250 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico 3.7.

(3) Sentencia C-041 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

2.3. Conforme a lo anterior, la inhabilidad establecida con respecto al magistrado o fiscal de tribunal superior se encontraba justificada por la circunstancia de que los tribunales superiores debían enviar al respectivo gobernador, intendente o comisario la lista de los aspirantes a los cargos de notario para que con base en ella se proveyeran las vacantes. De esta manera se aseguraba la imparcialidad y la transparencia en la escogencia de los candidatos a notario, porque quienes habían desempeñado los cargos mencionados en el tribunal podían influir en éste para que se le incluyera como candidato a un cargo de esta clase.

Se buscaba, en consecuencia, que la atribución conferida a los tribunales se ejerciera libre de interferencias e influencias extrañas nocivas, con el fin de que la lista de candidatos se elaborara únicamente bajo la concepción de que el acceso a la función pública debe obedecer necesariamente a los méritos de los aspirantes y no a consideraciones ajenas a los criterios de idoneidad, eficiencia y responsabilidad de éstos.

Las consideraciones precedentes explican el sentido y alcance de la inhabilidad contenida en la norma acusada que respondía cabalmente al sistema original de selección y designación de dichos servidores, según la preceptiva del artículo 161 del Estatuto del Notariado.

Pero el mencionado sistema se modificó no solamente por el artículo 5º del Decreto 2163 de 1960, como quedó explicado, sino en virtud del artículo 131 de la Constitución, que establece la obligatoriedad del concurso de méritos para el nombramiento de notarios en propiedad.

Según el artículo 145 original del referido estatuto “los notarios pueden ser de carrera o de servicio, y desempeñar el cargo en propiedad, en interinidad, o por encargo”.

La Corte Constitucional, en la mencionada Sentencia C-741 de 1998, declaró exequible dicha norma, salvo la expresión “ser de carrera o de servicio, y”, que fue declarada inexequible. De esta manera la Corte reafirmó el mandato contenido en el artículo 131 de la Constitución, en el sentido de que el nombramiento de notarios en propiedad se haga a través de los concursos de méritos, aun cuando halló ajustado a la Constitución el aludido precepto, en cuanto a la posibilidad de que los notarios puedan ser designados en interinidad o por encargo, pero “en el entendido de la interinidad y el encargo son mecanismos válidos para asegurar la continuidad del servicio notarial en circunstancias excepcionales, pero que no pueden ser utilizados para desconocer el mandato constitucional según el cual el servicio notarial debe ser prestado por notarios en propiedad nombrados por concurso”.

2.4. Con arreglo a las consideraciones precedentes, la Sala estima que la inhabilidad establecida en la norma acusada, con respecto al magistrado de tribunal, y al fiscal de éste, que hoy son los delegados del Procurador General de la Nación, resulta injustificada y en desarmonía absoluta con el nuevo sistema que establece el artículo 131 de la Constitución, pues los tribunales superiores de distrito judicial ya no intervienen en la selección de los notarios ni éstos, pueden ser nombrados en propiedad libremente por el gobierno o por los gobernadores, sino con observancia de las reglas del concurso de méritos. Por lo tanto, las razones que justificaron en el pasado la inhabilidad han desaparecido en la actualidad.

Además, como el derecho político a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos sólo puede ser restringido por el legislador por razones objetivas que sean legítimas desde el punto de vista constitucional, esto es, para asegurar la vigencia de los principios y valores de la Constitución, en lo que atañe con el buen servicio administrativo y la protección de los derechos de las personas, según se desprende de la preceptiva de los artículos 2º, 6º, 13, 123, incisos 2º y 3º, 124, 125 a 128, 131, 150-23 y 209, la Sala encuentra, igualmente, que la referida inhabilidad es inconstitucional, porque restringe ilegítimamente el derecho al acceso a la función pública notarial.

2.5. Finalmente estima la Corte, que habiéndose modificado sustancialmente el sistema para la designación de los notarios, en razón de la obligatoriedad del concurso público, y que la atribución del gobierno y de los gobernadores para hacer los respectivos nombramientos es meramente instrumental o ejecutiva, dado que éstos sólo pueden recaer en la persona que haya obtenido el mejor puntaje en el mencionado concurso, no se justifica la inhabilidad que la norma del artículo 134 establece para quienes en el año inmediatamente anterior hayan desempeñado el cargo de ministro de despacho o de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, porque estas personas no están en condiciones de influir en la realización de los referidos nombramientos. En consecuencia, mantener la inhabilidad, para quienes hayan desempeñado dichos cargos implicaría autorizar la subsistencia de una restricción ilegítima del derecho de acceso a la función pública.

En síntesis, en lo esencial, las mismas razones que militan para considerar que es inconstitucional la inhabilidad con respecto al magistrado, o fiscal de tribunal superior, que es actualmente el delegado del Procurador, son igualmente válidas con respecto al ministro del despacho y al magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Con fundamento en lo anterior, la Corte hará la unidad normativa con el resto de la disposición del cual forma parte el segmento normativo acusado y declarará inexequible la totalidad del artículo 134 del Decreto 960 de 1970.

VIl. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 134 del Decreto 960 de 1970 (Estatuto del Notariado).

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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