Sentencia C-128 de febrero 26 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-128 de 2002 

Ref.: Expediente D-3662

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Montealegre Lynett

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º y 7º de la Ley 324 de 1996, “por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda”.

Demandante: María Soledad Castrillón Amaya

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la norma acusada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial Nº 42.899 del 16 de octubre de 1996.

“LEY 324 DE 1996

(Octubre 11)

“Por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda”.

ART. 2º—El Estado colombiano reconoce la lengua manual colombiana, como idioma propio de la comunidad sorda del país.

ART. 7º—El Estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes idóneos para que sea éste un medio a través del cual las personas sordas puedan acceder a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la Constitución. Para ello el Estado organizará a través de entes oficiales o por convenios con asociaciones de sordos la presencia de intérpretes para el acceso a los servicios mencionados.

El Estado igualmente promoverá la creación de escuelas de formación de intérpretes para sordos”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241-4 de la Carta, ya que las disposiciones acusadas hacen parte de una ley de la República.

El asunto bajo revisión

2. La demanda plantea que las normas acusadas vulneran la Constitución, al declarar la lengua manual colombiana como idioma propio de la comunidad sorda y al darle privilegios a esta lengua como metodología de enseñanza y aprendizaje para la comunidad con limitaciones auditivas.

Para la actora, existen otras alternativas pedagógicas válidas, como la oralidad, y por ello es discriminatorio que la ley imponga una metodología única para todos los sordos. Según su parecer, las disposiciones acusadas han tenido como consecuencia que el apoyo estatal para la promoción y desarrollo de la otra alternativa viable para los sordos —la oralidad— tiende a desaparecer, en virtud de la errada preferencia que consagra la ley, y de las interpretaciones que de ella han hecho algunos funcionarios. Por lo anterior, la actora concluye que las normas demandadas violan los derechos a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la libre escogencia de profesión u oficio, entre muchos otros, pues impiden a los limitados auditivos y a sus familias optar por diferentes métodos educativos.

Algunos de los intervinientes encuentran acertada la demanda, pues de acuerdo con su experiencia como docentes, investigadores, científicos o como discapacitados auditivos, los preceptos establecen una discriminación odiosa que margina de las posibilidades de rehabilitación oral a muchos sordos. Por el contrario, otro grupo de intervinientes considera que la solicitud de inexequibilidad se basa en la interpretación particular y equivocada que la actora hace de las disposiciones ya que, según su parecer, éstas no discriminan la oralidad como metodología de rehabilitación. Además, esas intervenciones consideran que los preceptos acusados se ajustan a la Constitución, pues la consagración de una lengua propia para la comunidad sorda implica un reconocimiento de los derechos de una comunidad históricamente discriminada.

Por su parte, el Ministerio Público considera que las normas demandadas se ajustan a la Constitución, pues son un desarrollo de la protección especial que el Estado debe brindar a las personas discapacitadas. Según su parecer, en caso de que exista una aplicación sesgada de la Ley 324 de 1996 —como lo alega la actora—, la Corte debe retomar su reiterado criterio, según el cual la indebida aplicación de la ley, de ser cierta, no puede invocarse como argumento de inconstitucionalidad de la misma.

3. Conforme a lo anterior, el problema que esta demanda plantea a la Corte consiste en determinar si los artículos 2º y 7º de la Ley 324 de 1996, al consagrar como propia de la comunidad sorda la lengua manual colombiana y enfatizar el apoyo estatal a sus intérpretes, viola la Carta en cuatro puntos principales, que resumen los cargos de la actora: el derecho a la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, las garantías que el Estado debe otorgar a los disminuidos físicos, y el derecho que tienen los padres a escoger la educación para sus hijos. Sin embargo, antes de examinar esos cargos, la Corte constata que existe una discrepancia interpretativa entre muchos de los intervinientes sobre el alcance de las normas demandadas. Así, algunos —entre ellos la actora— juzgan que esas disposiciones afectan y discriminan los programas de rehabilitación y enseñanza orales para los limitados auditivos, pues implican una eliminación, o al menos una fuerte reducción, de los apoyos estatales a esas estrategias pedagógicas. Otros intervinientes —entre ellos el Procurador— consideran que esa hermenéutica es equivocada, y que el reconocimiento del lenguaje de señas como lengua propia de la comunidad sorda no tiene esas implicaciones.

Teniendo en cuenta esas diferencias interpretativas, debe la Corte comenzar por precisar el sentido de las disposiciones acusadas, para lo cual, esta corporación recordará, muy brevemente, los alcances de la competencia del juez constitucional para establecer el sentido genuino de disposiciones legales sometidas a su control.

Control constitucional y debates sobre interpretación legal (18)

(18) Sobre esta doctrina ver, entre otras, las sentencias C-496 de 1994, C-488 de 2000, C-557 de 2001 y C-1255 de 2001.

4. De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la jurisdicción constitucional y las demás se encuentran separadas, los jueces gozan de autonomía funcional y sólo están sometidos al imperio de la ley. Lo anterior implica que, por regla general, no es labor de la Corte Constitucional determinar el sentido de las disposiciones legales, pues ello es propio de los jueces ordinarios. Por tanto, no es procedente el control constitucional, si la única pretensión es interpretar y determinar el alcance de una norma legal (19) .

(19) Sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez, fundamento 13.

Las interpretaciones de las disposiciones demandadas no pueden ser, en principio, objeto del control de constitucionalidad, pues éste es un juicio abstracto que confronta las normas con la Constitución para derivar de allí su conformidad o disconformidad. Con todo, esta regla no es absoluta, pues en ocasiones, a fin de procurar la guarda de la Constitución (C.P., art. 241), la Corte debe intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de las disposiciones sometidas a control. La razón es simple: el control de constitucionalidad es un juicio relacional de confrontación de las normas con la Constitución, lo cual hace inevitable que el juez constitucional deba comprender y analizar el contenido y alcance de las disposiciones legales bajo examen. En ese orden de ideas, el análisis requiere una debida interpretación tanto de la Constitución como de las normas que con ella se confrontan (20) . Evidentemente la pregunta que se sigue es cómo armonizar el respeto a la autonomía funcional de los jueces con la necesidad de determinar el sentido de las disposiciones acusadas en los juicios constitucionales.

(20) Sentencia C-371 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández. En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias C-135 de 1994, C-496 de 1994, C-389 de 1996 y C-4888 de 2000.

5. La Corte ha formulado ciertas reglas para resolver la anterior tensión (21) . En primer lugar, el respeto a la autonomía de las interpretaciones legales tiene como límite la razonabilidad de las mismas (22) . Por tanto, el juez constitucional puede excluir las interpretaciones que sean manifiestamente irrazonables. En segundo término, si la norma admite varias interpretaciones y todas son constitucionales, la Corte no debe entrar a determinar con autoridad el sentido legal, pues esa labor corresponde a los jueces ordinarios. Si la situación es la contraria, esto es, que todas las interpretaciones posibles son inconstitucionales, la Corte debe retirar del ordenamiento el precepto acusado. En tercer lugar, si la norma admite varias interpretaciones, unas acordes con la Constitución y otras que no lo son, la Corte mantendrá la disposición en el ordenamiento pero excluirá del mismo, a través de una sentencia condicionada, los entendimientos de la misma que contraríen los principios y valores constitucionales. Sólo así, y en desarrollo del principio de conservación del derecho, puede la Corte preservar la integridad y supremacía de la Carta, sin desconocer la libertad de configuración del legislador (23) .

(21) Sobre el desarrollo de estas reglas, ver, entre otras, las sentencias C-496 de 1994, C-109 de 1995, C-488 de 2000 y C-557 de 2001.

(22) Ver sentencias C-301 de 1993, C-011 de 1994 y C-496 de 1994.

(23) Sobre este principio ver, entre otras, las sentencias C-273 de 1999 y C-995 de 2001.

Entra pues la Corte a establecer cuál es el alcance de las disposiciones acusadas para poder estudiar luego los cargos formulados contra ellas.

Sentido y alcance de las disposiciones acusadas

6. Las normas demandadas establecen literalmente lo siguiente:

ART. 2º—El Estado colombiano reconoce la lengua manual colombiana como idioma propio de la comunidad sorda del país.

ART. 7º—El Estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes idóneos para que sea éste un medio a través del cual las personas sordas puedan acceder a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la Constitución. Para ello el Estado organizará a través de entes oficiales o por convenios con asociaciones de sordos, la presencia de intérpretes para el acceso a los servicios mencionados.

El Estado igualmente promoverá la creación de escuela de formación de intérpretes para sordos”.

Una primera lectura de estos dos artículos permite establecer que ellos consagran básicamente tres mandatos diferenciados. De un lado, señalan que la lengua manual colombiana, eso es, la lengua de señas, es reconocida por el Estado Colombiano “como idioma propio de la comunidad sorda”. De otro lado, conforme a ellas, el Estado debe proveer la ayuda de intérprete de este lenguaje de señas, para que las personas sordas puedan acceder a todos los servicios que, como ciudadanos colombianos, les confiere la Constitución. Y, finalmente, las disposiciones ordenan al Estado promover la creación de escuelas de formación de intérpretes para sordos.

7. Los defensores de estas disposiciones argumentan que con ellas el Estado simplemente quiso favorecer a la población sorda que utiliza la lengua de señas como medio de comunicación. Tal consagración fue hecha partiendo del supuesto de que el idioma de señas es el característico de la población sorda en Colombia, y por eso la ley previó los mecanismos necesarios para apoyar el desarrollo y utilización de esta lengua. Según su parecer, esa regulación no implica, en manera alguna, que el Estado deba suprimir su apoyo a las pedagogías fundadas en la oralidad, pues las disposiciones acusadas no ordenan que las autoridades deban disminuir las contribuciones a las escuelas fundadas en esa metodología de aprendizaje.

8. Sin embargo, como lo anotan tanto la actora como varios de los intervinientes, existe otra interpretación posible de esas disposiciones, según la cual ellas no establecieron una protección adecuada para los sordos que quieran rehabilitarse o recibir su educación a través de la oralidad. Según esa perspectiva hermenéutica, si bien la ley no quiso expresamente discriminar a los limitados auditivos y aquellas familias que optaron por la oralidad, sin embargo el resultado práctico de las disposiciones acusadas es el drenaje de los recursos financieros estatales casi exclusivamente hacia las instituciones educativas dedicadas a la formación en el lenguaje de señas, por cuanto ésta es definida como el idioma propio de la comunidad sorda colombiana, y es por medio de ese lenguaje que el Estado busca que los limitados auditivos accedan a los servicios a que tienen derecho como colombianos. Es en ese marco donde se inscriben los numerosos cargos de la demandante, pues los artículos acusados no confieren, según su criterio, una protección estatal adecuada para los sordos que quieran acudir a la rehabilitación y educación orales.

9. Un estudio de los antecedentes de la ley (fls. 40 y 50 anexo 1), de su título y de todas las discusiones que se suscitaron en torno a ella, muestra que su intención es proteger y ayudar a la población sorda para que su proceso de integración con el resto de la sociedad sea más llevadero. La Corte no ha encontrado que hubiera habido la menor intención discriminatoria en contra de aquellos limitados auditivos que desean acudir a la oralidad. Sin embargo, un análisis del texto de la ley, y el propio debate hermenéutico en el presente proceso constitucional, indican que no es una interpretación irrazonable concluir que la ley ha querido privilegiar la formación en el lenguaje de señas, y en esa medida ha limitado, o incluso eliminado, los recursos y apoyos estatales destinados a la población sorda, que por diferentes motivos, no quiera o no pueda acudir al lenguaje de señas, ya que ese idioma es considerado el propio de la comunidad sorda.

10. Las disposiciones demandadas pueden entonces entenderse de dos formas distintas con consecuencias igualmente diversas. En primer lugar, como el reconocimiento que hace el Estado a la lengua de señas, con el fin de favorecer la integración social de los sordos que usen ese idioma, pero sin que esa opción excluya el apoyo estatal a los limitados auditivos que quieran optar por la oralidad, lo cual tiene como consecuencia que el Estado continuará apoyando, sin distinción alguna, a las personas y entidades que utilicen cualquiera de los dos métodos pedagógicos: lenguaje de señas u oralidad. En segundo lugar, las normas acusadas pueden ser entendidas como la decisión que adopta el Estado de apoyar solamente, o al menos de manera preferente, a las personas y entidades que se dediquen a la enseñanza y promoción de la lengua manual colombiana, por considerar que ésta es el medio idóneo para la educación de las personas con discapacidad auditiva, en la medida en que constituye el lenguaje propio de esa comunidad.

Estas dos interpretaciones encuentran un sustento plausible tanto en el tenor literal de las normas, como en la aplicación práctica de las mismas. Prueba de ello es el debate presentado en las intervenciones hechas a lo largo del proceso, que lejos de ser absurdas, se basan en argumentos y experiencias de quienes han visto la aplicación de la ley. Así, las divergencias interpretativas se han hecho visibles (ver fls. 3 y 122), pues ciertos funcionarios estatales han anulado la ayuda estatal a las instituciones que utilizan la oralidad para rehabilitar y educar a personas sordas, partiendo de una interpretación según la cual sólo es dable promocionar la lengua propia de los sordos, pues de lo contrario incurriría en ilegalidad. Por el contrario, otros intervinientes han enfatizado que el reconocimiento del lenguaje de señas como idioma propio de la comunidad sorda no implica que la ley haya ordenado reducir o eliminar los apoyos a las entidades dedicadas a la oralidad.

Una vez mostrado que las dos interpretaciones mencionadas son plausibles y generan controversias constitucionales, pasa entonces la Corte a estudiar el alcance de la protección constitucional a los limitados auditivos, con el fin de evaluar la exequibilidad de las disposiciones acusadas, conforme a las dos hermenéuticas que han sido presentadas.

La protección constitucional reforzada de los discapacitados

11. La Constitución establece que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad de todas las personas, por lo que debe entenderse que las personas discapacitadas gozan, sin discriminación, de los mismos derechos y garantías que el resto de colombianos (C.P., arts. 1º, 5º y 13). La Carta también ha reconocido los derechos de los limitados físicos a través de la promoción de condiciones de igualdad real y efectiva en favor de grupos que —como éste— han sido discriminados o marginados, y por ello ha previsto una protección especial para esas poblaciones (C.P., art. 13). El Estado se ha comprometido además a suministrar servicios de rehabilitación e integración social para los disminuidos auditivos, a quienes deberá prestarse la “atención especializada que requieran” (C.P., art. 47). Además, la Carta define la educación de personas con esas limitaciones físicas como una de las “obligaciones especiales del Estado”, quien debe también propiciar que logren un trabajo adecuado (C.P., arts. 54 y 68).

12. Estos mandatos constitucionales armonizan además con los desarrollos que sobre el tema ha habido en el campo internacional. Así, las “normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad” aprobadas por la Asamblea de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de sesiones, mediante Resolución 48 de 1996, del 20 de diciembre de 1993, en su artículo 5º, literal b) hace referencia al acceso a la información y comunicación para personas con discapacidades, e igualmente en su artículo 6º trata el tema de la educación. En el mismo sentido cabe citar, entre otras, las declaraciones sobre el progreso y desarrollo en lo social (24) y de los impedidos (25) , al igual que la que adopta el programa de acción mundial para las personas con discapacidad (26) .

(24) “Parte III, medios y métodos, artículo 18 literal a) La adopción de medidas pertinentes, legislativas administrativas o de otra índole, que garanticen a todos no sólo los derechos políticos y civiles, sino también la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales, sin discriminación alguna (...), artículo 19 literal d) la institución de medidas apropiadas para la rehabilitación de personas mental o físicamente impedidas, especialmente los niños y los jóvenes, a permitirles en la mayor medida posible ser miembros útiles a la sociedad —entre estas medidas deben figurar la provisión de tratamiento y prótesis y otros aparatos técnicos, los servicios de educación, orientación profesional y social, formación y colocación selectiva y la demás ayuda necesaria— y la creación de condiciones sociales en las que los impedidos sean objeto de discriminación debida a sus incapacidades”. Asamblea General, 11 de diciembre de 1969, Resolución 2542, XXIV.

(25) “Teniendo presente la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental y de ayudar a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la vida social normal, (...) Proclama la presente declaración de los derechos de los impedidos y pide que se adopten medidas en los planos nacional e internacional (...) 1. El término “impedido” designa a toda persona incapacitada de subvenir por si misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia congénita o no. De sus facultades físicas o mentales. 5. El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible. 8. El impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades particulares en todas las etapas de la planificación económica y social. 9. El impedido tiene derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar que lo substituya y a participar en todas las actividades sociales, creadoras y recreativas. (...) 10. El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante. (...) 9 de diciembre de 1975, Resolución 3447/XXX.

(26) Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 3752, 3 de diciembre de 1982, implementado por la Resolución 38/28 del 22 de noviembre de 1983.

En el ámbito regional también pueden encontrarse instrumentos que buscan erradicar la marginalidad de las personas con limitaciones físicas o síquicas. Así, en 1988 fue suscrito el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, el cual fue ratificado por Colombia a través de la Ley 319 de 1996, según el cual toda persona afectada por una discapacidad física o mental tiene derecho a recibir atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. En el mismo sentido existen otros instrumentos dirigidos a fomentar la prevención, rehabilitación y atención social de los discapacitados (27) .

(27) Recomendaciones de la Conferencia Intergubernamental Iberoamericana, reunida en Cartagena entre el 27 y el 30 de octubre de 1992, “Convención interamericana para la eliminación de teclas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad”.

13. Las anteriores cláusulas constitucionales y los desarrollos internacionales muestran que el Estado ha asumido compromisos especiales con las personas con limitaciones auditivas, pues no sólo debe evitar las eventuales discriminaciones contra esa población, sino que además debe desarrollar políticas específicas, en materia educativa y laboral, que permitan su rehabilitación e integración social, de tal manera que puedan disfrutar de la vida en sociedad, y en especial puedan gozar de todos los derechos constitucionales. Obviamente, la adopción de este tipo de medirlas no puede desconocer otras causas de marginalidad que pueden acompañar una u otra limitación.

La pregunta que surge entonces es si el reconocimiento del lenguaje de señas, como idioma propio de la comunidad sorda, responde o no a esas obligaciones constitucionales del Estado colombiano frente a la población con limitaciones auditivas. Entra pues la Corte a resolver ese interrogante.

Estudio de la constitucionalidad de la finalidad perseguida y de los medios empleados por las normas acusadas

14. Los debates en el Congreso, las intervenciones en el proceso y el tenor mismo de las normas acusadas indican que el propósito del legislador, al expedir las normas demandadas, fue superar ciertas limitaciones que impiden a los sordos integrarse a la sociedad. Por ello, esas disposiciones apoyan la enseñanza de la lengua manual colombiana y la formación de intérpretes en este campo, para facilitar la comunicación de las personas con limitaciones auditivas. Esas normas desarrollan entonces principios y valores constitucionales, pues buscan brindar a las personas con limitaciones auditivas la atención especializada que requieren (C.P., art. 47). Nadie duda pues de las finalidades legitimas de esas disposiciones. Sin embargo, el interrogante que surge es si el medio empleado es adecuado y válido, lo cual remite al debate interpretativo sobre el alcance de esas disposiciones, que esta sentencia abordó anteriormente. En efecto, debe recordarse que previamente fue admitida la existencia de dos interpretaciones razonables de las disposiciones demandadas: de un lado, algunos argumentan que las normas acusadas reconocen la lengua de señas, por ser característica de la población sorda, pero mantienen un apoyo igualitario a las poblaciones e instituciones que prefiere la oralidad; y, de otro lado, otros intervinientes consideran que las disposiciones privilegien claramente el lenguaje de señas, y por ello justifican la eliminación, o al menos fuerte disminución, de la ayuda estatal para programas de rehabilitación y educación de sordos a través de la oralidad. Entra pues la Corte examinar la constitucionalidad de esas dos alternativas hermenéuticas.

15. Comienza pues la Corte por examinar si es o no constitucional que la ley consagre una preferencia especial por algún método —como el lenguaje de señas— para la educación y rehabilitación de personas con limitaciones auditivas. Ahora bien, ese interrogante normativo remite a su vez a una pregunta de naturaleza más empírica y científica: ¿existen evidencias claras de que el método de educación y rehabilitación fundado en el lenguaje de señas sea superior a las estrategias basadas en la oralidad? Esta segunda pregunta es inevitable, pues si existe un consenso en la comunidad científica sobre la clara superioridad de una determinada estrategia de rehabilitación de los sordos, entonces un apoyo estatal preferente a esa estrategia podría ser un mecanismo adecuado y proporcionado para brindar a las personas con limitaciones auditivas la atención especializada que requieren (C.P., art. 47). Por el contrario, si las actuales discusiones muestran que tanto el lenguaje de señas como la oralidad tienen resultados exitosos en la rehabilitación de sordos, el apoyo estatal preferente a una sola de esas metodologías aparece constitucionalmente problemático. En efecto, la Carta no sólo fomenta la igualdad (C.P., arts. 13) sino que además promueve el pluralismo cultural (C.P., arts. 8º y 70) y reconoce a los padres el derecho de escoger la educación de sus hijos (C.P., art. 68). Por ello, aparece discriminatorio que el Estado defienda y subvencione preferentemente una estrategia pedagógica para las personas con limitaciones físicas, si otras metodologías muestran éxitos similares. En tales circunstancias, es inevitable que la Corte analice brevemente si existen o no elementos empíricos que demuestren una superioridad clara de las estrategias de formación de sordos basadas en el lenguaje de señas.

16. La Corte precisa que con ese análisis, esta corporación no pretende resolver esa controversia científica, no sólo porque los jueces carecen de competencias técnicas para dirimir esas polémicas, sino además porque, como ya lo había señalado esta misma Corte, “en principio deben evitarse al máximo las interferencias jurídicas y estatales en las discusiones científicas y en la evolución de la técnica, las cuales deben ser lo más libres posible, no sólo para amparar la libertad de pensamiento sino también para potenciar la propia eficacia de las investigaciones científicas y estimular así el progreso del conocimiento (C.P., arts. 20, 70 y 71)” (28) . Sin embargo, el respeto que no sólo los jueces sino todos los funcionarios estatales deben tener por la autonomía e independencia del debate científico no excluye que en determinadas ocasiones sea necesario, para resolver un caso, que el funcionario judicial analice el estado del arte sobre una determinada discusión técnica. Y eso sucede en el presente caso, pues mal podría esta Corte determinar si el apoyo preferente a la formación de los sordos en el lenguaje de señas es o no discriminatorio, si esta corporación no toma en cuenta las evidencias aportadas por los expertos en la materia sobre los éxitos y limitaciones de las distintas estrategias de rehabilitación.

(28) Sentencia SU-337 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento 9.

17. El material probatorio que obra en el expediente muestra que no existe consenso científico que permita privilegiar la oralidad o el lenguaje manual para la rehabilitación y educación de los limitados auditivos. Las opiniones en la materia se encuentran claramente divididas.

Así, para algunos sectores es imperativo implementar la oralidad desde la infancia, o de lo contrario la posibilidad de desarrollar el habla, disminuiría notoriamente, lo cual obligaría a los sordos a aislarse en la lengua manual (29) . En cambio, otros expertos opinan que la oralidad es un método difícil, que no funciona en todos los casos y por tanto, debe preferirse la lengua de señas para evitar el marginamiento total de esta población (30) . En ese sentido, las numerosas intervenciones y pruebas analizadas a lo largo de este proceso, y que se encuentran resumidas en el acápite de intervenciones oficiales y ciudadanas de esta sentencia, llevan a la Corte a concluir que existen argumentos en favor de la oralidad y del lenguaje manual que son valiosos desde cada perspectiva.

(29) Ver la intervención de Helena Manrique y otras fonoaudiólogas, folios 425 y 426 del anexo 2.

(30) Ver la intervención de Gladys López, folios 174-181.

Por ejemplo, en favor de la oralidad, varios intervinientes afirman que es una excelente alternativa para acceder a educación superior (31) pues la lengua manual tiene limitaciones para comunicar muchos conceptos en las aulas (32) . De otro lado, esa estrategia educativa brinda independencia total al sordo y le permite su integración al mundo oyente (33) pues no requiere de los servicios de un intérprete, que suelen representar un costo importante que no todas las personas pueden asumir (34) . Lo anterior necesariamente amplia las oportunidades de trabajo para las personas con limitaciones auditivas y fortalece la comunicación con sus familias (35) . Además, los adelantos de la tecnología actual, como el implante coclear, deben aprovecharse para beneficiar a la población sorda (36) .

(31) Ver intervención de Myriam Zuluaga Uribe, directora ejecutiva de la Fundación pro débiles auditivos, folios 71-125. En el mismo sentido la intervención de Víctor Manuel Moncayo, rector de la Universidad Nacional de Colombia, folios 127 a 129.

(32) Ver intervención de Gloria Inés Suárez Mendoza, de la dirección general de la Fundación padres del sordo colombiano Descubriendo, folios 346 a 356, anexo 2.

(33) Ver intervención de Adriana Torres, representante administrativa del Instituto Médico-Pedagógico de Audición y Lenguaje IMPAL, folio 126.

(34) Ver intervención de María Cristina Samper y otros discapacitados auditivos, folios 222 a 227.

(35) Ver intervención de las directivas del Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, folios 199 a 201.

(36) Ver intervención de Blanca Samper de Samper, de la Fundación Centro de Investigación e Información en Deficiencias Auditivas Cinda, fls. 238 a 287.

Por otro lado, en favor de la lengua manual, algunos intervinientes afirman que ésta es ideal para mejorar la condición de la población sorda, pues le asegura el acceso a todos los beneficios de la sociedad. La promoción de la lengua manual implica su uso en espacios diversos, incluso en el ámbito educativo, pues posibilita a los sordos acceder al conocimiento con el apoyo de un intérprete (37) . Esto además contribuye a la integración social a partir de una lengua desarrollada naturalmente al interior de este grupo (38) . Por ello, según estas intervenciones, el método oralista no puede ser el exclusivo, porque depende de factores anímicos, sociales y económicos. Así, algunos argumentan que las estrategias fundadas en la oralidad no sólo pueden ser muy costosas sino que además tienen una alta probabilidad de fracasar en muchos casos, en contraposición con la lengua de señas que tiene, según esas perspectivas, más probabilidades de éxito (39) .

(37) Ver intervención de Myriam Corredor, gerente educativa y directora del Instituto Integral de Audición y Lenguaje Sentir, fls. 342 a 345, anexo 2.

(38) Ver intervención de Clemencia Cuervo y Rita Flórez, docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, fls. 195-198. En el mismo sentido, las intervenciones de Diana Marcela Noguera, Directora (e) del Colegio Filadelfia para Sordos, fls. 17-24, anexo 2, y de Luz Mary Plaza Cortés, directora general del Instituto Nacional para Sordos Insor, anexo 1.

(39) Ver intervención de Patricia Ferreira, representante legal de la Fundación para el niño sordo Ical, fls. 318 a 324, anexo 2.

También existe una posición intermedia, que no descalifica ninguno de los métodos y propone la integración de los dos, a fin de proteger el derecho que los padres tienen de escoger la educación que darán a sus hijos (40) .

(40) Ver la intervención del equipo de fonoaudiólogas del Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, fls. 202 a 203.

18. Frente a la complejidad de un debate no resuelto, la Corte no definirá la superioridad técnica de un método u otro, pues no compete a los jueces resolver esas controversias científicas. El asunto que ocupa a esta corporación es determinar si, dada la actual situación del debate científico, es constitucionalmente legítimo que el Estado privilegie la lengua de señas. Y eso remite esencialmente a un problema de igualdad, porque en el fondo debe esta Corte analizar si es o no discriminatorio que el Estado brinde un apoyo privilegiado a una estrategia pedagógica (idioma de señas) frente a otra (oralidad), cuando no existen evidencias científicas claras de que la metodología privilegiada por el Estado sea superior a otra.

19. En diferentes ocasiones (41) esta Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este derecho, y ha establecido un mecanismo con el fin de determinar si existe o no una violación a este derecho, el llamado “test de igualdad” paria dilucidar si el trato diferenciado es objetivo y razonable. La Corte ha establecido que el derecho a la igualdad fija límites y horizontes para la actuación de los poderes públicos y además es un derecho subjetivo de orden relacional y genérico que se traduce en el otorgamiento de un trato igual compatible con las diversas condiciones del sujeto. La igualdad sustancial tiene entonces un carácter remedial, compensador, emancipador, corrector y defensivo de personas y grupos desaventajados al interior de la sociedad (42) . En ese sentido su importancia es indiscutible, especialmente en este caso, en el que se trata de eliminar la discriminación que ha agobiado a los limitados auditivos.

(41) Ver, entre muchas otras, las sentencias C-530 de 1993, C-410 de 1994, SU-342 de 1995, SU-995 de 1999, C-371 de 2000, C-093 de 2001.

(42) Ver sentencia C-371 de 2000.

20. La Corte considera que el reconocimiento de la lengua de señas como idioma de la comunidad sorda y el apoyo estatal a la formación en esta metodología persigue propósitos constitucionales relevantes pues pretende favorecer la plena integración social, educativa y laboral de los sordos. Sin embargo, la interpretación de las disposiciones acusadas, según la cual esas normas privilegien el idioma de señas, y por ende excluyen, o reducen injustificadamente, el apoyo a la oralidad para la rehabilitación de sordos, no representa un medio adecuado y proporcionado para alcanzar esa finalidad constitucional, por las razones que a continuación la Corte explica.

21. De un lado, el legislador se habría inclinado por uno de los polos que caracterizan el debate científico ya reseñado sobre las alternativas de rehabilitación para las personas con limitaciones auditivas, y habría decidido optar por el idioma de señas, a pesar de que el tema no es pacífico en los círculos científicos y educativos. Bajo esta perspectiva, el Congreso desconoce que la discusión en torno al oralismo y la lengua manual no ha terminado y decide privilegiar a esta última sin mostrar un argumento contundente. Esa opción es cuestionable, por cuanto el Estado no estaría promoviendo el pluralismo educativo, a pesar de que tiene la obligación de hacerlo (C.P., arts. 8º, 68, 70), y estaría incluso desincentivando el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura, a pesar de que una de sus obligaciones constitucionales es fomentar la expansión de esos campos (C.P., arts. 69, 70, 71). En efecto, esa interpretación de las normas acusadas implica que el Estado protege únicamente a la población sorda que se comunica mediante la lengua manual, con lo cual, termina excluida, o fuertemente discriminada, la opción por la oralidad pues, como consecuencia de esa hermenéutica, se habría presentado la supresión de la ayuda estatal para programas de rehabilitación y educación de sordos a través de la oralidad. Esa exclusión no sólo es inadecuada sino además desproporcionada, pues existen evidencias de que la formación en la oralidad tiene éxito en muchos casos, y que muchas familias y limitados auditivos prefieren ese tipo de rehabilitación.

22. De otro lado, y directamente ligado a lo anterior, esa preferencia por el idioma de señas tiene como consecuencia una afectación injustificada del derecho de los padres de escasos recursos económicos a escoger la educación de sus hijos. Así, es cierto que el Estado no estaría prohibiendo que existieran instituciones privadas dedicadas a la oralidad. Sin embargo, la ausencia de recursos y apoyos estatales a las entidades que opten por la oralidad tiene como consecuencia que las familias pobres no podrían acceder a ese tipo de formación, incluso si lo desearan, por cuanto es razonable suponer que esas instituciones, al carecer de apoyos estatales, no serían muy numerosas o tendrían que recurrir a pagos de matrículas costosas. Los padres de las menores con limitaciones auditivas verían entonces gravemente restringido su derecho a escoger para sus hijos con limitaciones auditivas una formación basada en la oralidad.

23. Finalmente, y directamente ligado a lo anterior, la limitación a los padres a que sus hijos accedan a una educación en una lengua en donde puedan expresarse más adecuadamente es una forma de discriminación, que ha sido reconocida expresamente por la Carta y por la jurisprudencia internacional de derechos humanos. Así, el artículo 13 superior expresamente establece que en principio la lengua no puede ser un factor para restringir o limitar el goce de los derechos, o establecer tratos distintos, por lo cual, una regulación que diferencie a las personas por su lengua es potencialmente discriminatoria. Por su parte, y en uno de sus casos más conocidos e importantes, la Corte Europea de Derechos Humanos concluyó que el Estado Belga había violado el derecho a la igualdad al impedir, sin ninguna justificación objetiva y proporcionada, a ciertos niños francófonos de los suburbios de Bruselas acceder a una educación en legua francesa (43) .

43. Ver la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos del 23 de julio de 1968, en el llamado “caso relativo a ciertos aspectos del régimen lingüístico de la educación en Bélgica”.

24. Por lo anterior, la Corte concluye que la interpretación de las disposiciones acusadas, según la cual éstas implican un apoyo privilegiado y casi exclusivo al idioma de señas es inconstitucional, y deberá ser retirada del ordenamiento. La pregunta que naturalmente surge es entonces si la anterior conclusión implica que esta corporación debe declarar la inexequibilidad de las disposiciones acusadas, o si, por el contrario, lo procedente es recurrir a una sentencia de constitucionalidad condicionada, en desarrollo del principio de conservación del derecho. Para responder a ese interrogante, la Corte procederá a examinar si la otra interpretación posible de las disposiciones acusadas se ajusta o no a la Carta.

La inconstitucionalidad del reconocimiento de la lengua manual por vulneración del mandato constitucional sobre lenguas oficiales.

25. Conforme a la segunda hermenéutica, el reconocimiento de la lengua manual colombiana como idioma de la comunidad sorda y el apoyo de intérpretes en esta metodología no supone un abandono del apoyo igualitario a las otras metodologías de rehabilitación y educación para personas sordas. Esta hermenéutica parece entonces superar los vicios de inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas, pues dicha interpretación elimina la discriminación en contra de las familias de personas con limitaciones auditivas, que decidieran optar por la oralidad. Sin embargo, la Corte considera que un condicionamiento del artículo 2º de la Ley 324 de 1996 no es suficiente para salvar la constitucionalidad de esa disposición, por la sencilla razón de que esa norma vulnera otro mandato constitucional, como se verá a continuación.

26. El artículo 10 superior establece que el idioma oficial de Colombia es el castellano, y que tendrán tal carácter también las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus respectivos territorios. Sobre la importancia del reconocimiento de una lengua como idioma oficial, ha dicho esta Corte:

“La calificación de una lengua como oficial en un territorio determinado, genera importantes consecuencias para la vida social y política de los residentes en la zona. En las sentencias mencionadas se ha puesto de presente que es admisible establecer varias limitaciones, en razón del conocimiento de la lengua oficial. Sin embargo, la Corte Considera que el principal efecto del reconocimiento que se cometa, es la posibilidad de exigir que la enseñanza se imparta en dicha lengua.

(...).

En las regiones del país que cuentan con una identificación lingüística propia, reconocida como oficial, se desarrollan los fines del Estado —proteger la riqueza cultural— cuando se exige al maestro que no ignore el uso de la lengua local. Ello no le impide establecer autónomamente los contenidos de su cátedra. Por el contrario, garantiza que su misión educadora sea eficaz y cumpla su propósito.

La caracterización de Colombia como una comunidad multicultural impone al sistema educativo el deber de garantizar la continuidad y la identidad de las manifestaciones culturales propias. Nada más lejano a este objetivo que excusar al educador de comprender el lenguaje propio de la comunidad.

Por otra parte, la negativa del Estado de fomentar, en el medio educativo, el uso de la lengua nativa oficial, supondría una violación a la igualdad, al discriminar, sin razón admisible, entre expresiones lingüísticas legítimas. El castellano, en su condición de lengua mayoritaria, tiene la función de cohesionar a los colombianos. Es decir, es símbolo de unidad nacional, no de su homogeneidad” (44) .

(44) Sentencia C-053 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, fundamentos 5 y 6. Ver también las sentencias T-384 de 1994.

Ahora bien, el artículo 2º de la Ley 324 de 1996, al reconocer que el idioma propio de la comunidad sorda es la lengua de señas, y al hacer derivar de ese reconocimiento unas obligaciones a las autoridades de comunicación en ese lenguaje, en el fondo está estableciendo un idioma oficial, que es distinto a los previstos en la Carta, a saber, el castellano y las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus territorios.

27. Conforme a lo anterior, el artículo 2º de la Ley 324 de 1996 deberá ser retirado del ordenamiento, por vulnerar el mandato constitucional sobre reconocimiento de idiomas oficiales. Sin embargo, la Corte precisa que esa declaración de inexequibilidad no implica, en manera alguna, que el Estado no pueda fomentar o apoyar el uso de la lengua manual a favor de los limitados auditivos, pues ese estímulo cumple propósitos constitucionales evidentes, como se señaló anteriormente en esta sentencia, y tal como lo había reconocido esta Corte en anteriores oportunidades (45) . La inconstitucionalidad deriva exclusivamente de que el apoyo a la población sorda que se expresa en lenguaje manual no puede vulnerar la regulación constitucional de los idiomas oficiales en Colombia, ni traducirse en una discriminación contra aquellos limitados auditivos que hayan optado por la oralidad.

(45) Ver al respecto la Sentencia T-638 de 1999.

La constitucionalidad condicionada del artículo 7º de la Ley 324 de 1996

28. El análisis del artículo 7º de la Ley 324 de 1996, también acusado, conduce a otra conclusión. Así, frente a esa disposición, el vicio de inconstitucionalidad deriva de que ella sea entendida como la consagración de una discriminación contra la formación de los sordos en la oralidad. Por el contrario, la Corte encuentra que no vulnera la Carta sino que la desarrolla que exista un apoyo estatal a la formación en lengua manual y a la presencia de intérpretes para que los limitados auditivos que recurren a este idioma, puedan acceder a los servicios que el Estado confiere a todos los colombianos. En efecto, de esa manera, el Estado contribuye a la formación adecuada de esas personas y a que ellas gocen igualitariamente de los derechos de todos los colombianos. El problema surge cuando ese reconocimiento es entendido como un apoyo preferente y casi exclusivo a favor del idioma de señas, y en detrimento de la formación basada en la oralidad.

Sin embargo, conviene recordar que la Constitución no ha establecido que la Corte esté atrapada en el dilema de mantener en forma permanente una norma en el ordenamiento o retirarla en su integridad, puesto que el artículo 241-4 de la Constitución ha determinado que compete a la Corte “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes”, y ésta puede adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (46) . Esta corporación cuenta entonces con la posibilidad de modular el efecto de sus fallos para evitar los equívocos o efectos paradójicos que se pueden presentar por declarar inexequible una disposición que puede admitir una interpretación constitucional (47) .

(46) Ver Sentencia C-109 de 1995.

(47) Ver intervenciones del representante a la Cámara y autor de la iniciativa Colin Crawford, fls. 131 a 173.

En tales circunstancias, la Corte recuerda que el problema constitucional de esta disposición surge del hecho de que algunos operadores jurídicos han considerado que el apoyo estatal a la formación de intérpretes de lengua manual implica un apoyo privilegiado y exclusivo al lenguaje de señas. Por ello, la Corte, con el fin de excluir la interpretación inconstitucional del artículo 7º de la Ley 324 de 1996, declarará su exequibilidad condicionada, indicando que el apoyo a los intérpretes de la lengua manual no excluye el apoyo a las otras opciones de educación y rehabilitación de la población con limitaciones auditivas, como la oralidad. Además, en virtud del análisis realizado en los fundamentos anteriores de esta sentencia sobre el reconocimiento de idiomas oficiales, es también claro que ese apoyo estatal a la formación de intérpretes en la lengua manual colombiana no debe ser entendido como el reconocimiento de esa técnica de comunicación como un idioma oficial.

La necesidad de unidad normativa

29. Conforme al artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, la Corte puede efectuar la unidad normativa en las decisiones de inexequibilidad, cuando ella es necesaria para evitar que el fallo sea inocuo. Ahora bien, en la presente ocasión, esta corporación ha concluido que es forzoso declarar la inexequibilidad del artículo 2º de la Ley 324 de 1996 y condicionar el alcance del artículo 7º de ese mismo cuerpo normativo, expulsando del ordenamiento un entendimiento discriminatorio de esa última norma. Ahora bien, la Corte no puede ignorar que esas dos disposiciones hacen parte de una ley, que está dedicada integralmente a establecer normas a favor de la población sorda, por lo cual es posible que otros artículos de esa ley puedan reproducir los contenidos normativos retirados del ordenamiento, con lo cual, el presente fallo se tornaría inocuo. Entra pues esta corporación a analizar si es necesario realizar la unidad normativa con otras disposiciones de esa misma Ley 324 de 1996.

30. La Corte constata que el aparte final del artículo 1º de la Ley 324 de 1996 define a los intérpretes para sordos como aquellas “personas con amplios conocimientos de la lengua manual colombiana que puede realizar interpretación simultánea del español hablado en la lengua manual y viceversa”. Esta definición plantea problemas constitucionales, pues podría ser entendida como una discriminación contra otras formas de comunicación de la población sorda, puesto que restringe los intérpretes a aquellos que traducen del castellano a la lengua de señas, y viceversa, dejando de lado la posibilidad de que se desarrollen intérpretes del castellano a otras formas de comunicación de la población sorda. La Corte realizará la unidad normativa y condicionará entonces el alcance de esa definición.

31. El artículo 3º de ese mismo cuerpo normativo establece que “el Estado auspiciará la investigación, la enseñanza y la difusión de la lengua manual colombiana”. Esa disposición podría también ser interpretada como un apoyo privilegiado y exclusivo al lenguaje de señas, y en detrimento de la formación en la oralidad de las personas con limitación auditiva, por lo cual resulta necesario realizar la unidad normativa, a fin de condicionar su constitucionalidad. Este artículo será entonces declarado exequible, bajo el entendido de que ese apoyo estatal no excluye el fomento estatal de la investigación, la enseñanza y la difusión de otras formas de comunicación de la población sorda, como la oralidad.

32. Por su parte, el artículo 4º de esa misma ley señala que el Estado debe incluir la traducción a la lengua manual de por lo menos un programa informativo de audiencia nacional, así como de aquellos programas que sean de interés general, cultural, recreativo, político, educativo y social. Esta disposición podría suscitar algunas dudas constitucionales, pero no procede su examen constitucional, por cuanto ella fue subrogada por los artículos 66 y 67 de la Ley 361 de 1997.

33. Por último, la Corte considera que no procede la realización de la unidad normativa en relación con las otras disposiciones de la Ley 324 de 1996, pues éstas no reproducen los contenidos declarados inexequibles en esta sentencia, ni son de una constitucionalidad prima facie discutible, ni su análisis era necesario para examinar los artículos acusados. En efecto, debe recordarse que, conforme a reiterada jurisprudencia (48) , la unidad normativa es de carácter excepcional y procede para (i) para evitar que el fallo sea inocuo; (ii) o cuando es necesaria para completar la proposición jurídica demandada; (iii) o cuando la disposición no acusada se encuentra estrechamente vinculada a la norma demandada y es constitucionalmente sospechosa.

(48) Sobre la procedencia de la unidad normativa, ver, entre otras, las sentencias C-221 de 1997 y C-391 de 2000.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre el pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 2º de la Ley 324 de 1996.

2. Declarar EXEQUIBLE el aparte final del artículo 1º de la Ley 324 de 1996, que literalmente dice: “Intérprete para sordos. Personas con amplios conocimientos de la lengua manual colombiana que puede realizar interpretación simultánea del español hablado en la lengua manual y viceversa”, en el entendido de que también son intérpretes para sordos aquellas personas que realicen la interpretación simultánea del castellano hablado a otras formas de comunicación de la población sorda, distintas a la lengua manual, y viceversa.

3. Declarar EXEQUIBLE el artículo 3º de la Ley 324 de 1996, en el entendido de que ese auspicio estatal no excluye el apoyo estatal a la investigación, la enseñanza y la difusión de otras formas de comunicación de la población sorda, como la oralidad.

4. Declarar EXEQUIBLE el artículo 7º de la Ley 324 de 1996, bajo el entendido de que el apoyo estatal a los intérpretes idóneos en la lengua manual colombiana sólo es legítimo si el Estado no excluye el apoyo a las otras opciones de educación y rehabilitación de la población con limitaciones auditivas, como la oralidad, y que la lengua manual es una técnica de comunicación, que no constituye idioma oficial en Colombia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Con el debido respeto por las decisiones de la Sala Plena, salvo parcialmente mi voto en esa decisión en la siguiente forma:

1. Estoy de acuerdo en la constitucionalidad condicionada respecto de los artículos 1º, 3º y 7º de la Ley 324 de 1996.

2. No estoy de acuerdo con la inexequibilidad del artículo 2º declarada por la Corte Constitucional. Considero que este artículo hubiera podido declararse inconstitucional en cuanto a la expresión “idioma propio” y constitucional en forma condicionada respecto del resto de su contenido. En efecto, a juicio del suscrito, la expresión “idioma propio” contenida en el artículo 2º de la Ley 324 de 1996 acusado en la presente oportunidad, vulneraba ostensiblemente el artículo 10 de la Constitución Política conforme al cual “el castellano es el idioma oficial de Colombia”. En efecto, ante la claridad de esta norma superior que sólo señala como excepción la de los “dialectos de los grupos étnicos”, los cuales son también “oficiales en sus territorios”, no es posible al legislador señalar que un grupo de colombianos que no configura un grupo étnico tenga un idioma propio distinto del castellano.

3. Sin embargo, con la salvedad de la inconstitucionalidad anotada, el resto de la disposición retirada del ordenamiento por la Corte admitía una interpretación conforme a la Constitución, por lo cual no ha debido ser declarado inexequible.

En efecto, el resto del artículo 2º de la Ley 324 de 1996, que reconocía la lengua manual colombiana, hubiera podido declararse ajustada a la Constitución con dos condicionamientos: en primer lugar, bajo el entendimiento de que la lengua manual colombiana no constituía un idioma oficial propio de la comunidad sorda del país, sino un método de comunicación entre los varios conocidos o por conocer a los cuales pueden acudir las personas con limitaciones auditivas o de comunicación oral, para hacerse comprender. Y en segundo lugar, entendiéndose también que el reconocimiento de la lengua manual colombiana como un método de comunicación de la comunidad sorda o muda del país, no implicaba que el apoyo estatal brindado a las personas que padecen de estas discapacidades físicas se restringiera a promover este particular método.

Es sabido cómo la jurisprudencia ha recurrido en innumerables ocasiones a una forma de modulación de sus decisiones, en la cual expulsa del ordenamiento no las normas demandadas en sí, sino aquellas interpretaciones de las mismas que no resultan conformes con el orden superior. Y es sabido como el soporte de este proceder se encuentra en el respeto al principio democrático que encarna privilegiadamente el órgano legislativo, principio del cual se deriva a su vez el de conservación del derecho. La Corte, al ejercer el control de constitucionalidad de leyes debe hacer efectivos estos principios, lo que le impone respetar hasta donde sea posible el trabajo hecho por el legislador. Por ello debe mantener dentro del ordenamiento las regulaciones legales que admitan aunque sea una interpretación conforme con la Carta.

4. En el caso presente, razones que tocan con la especial protección que merecen las personas sordas o con dificultades de cualquier índole para comunicarse mediante lenguaje oral, aconsejaban no retirar del ordenamiento el reconocimiento de la lengua manual colombiana previsto en el artículo 2º de la ley demandada, ya que su fin inequívoco era concederle a la comunidad sorda esa protección especial. Recuérdese que de la posibilidad de darse a entender oralmente o por escrito, o por cualquier otro medio de comunicación, depende el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de conformidad con lo prescrito por el artículo 1504 del Código Civil. En efecto esta norma dice lo siguiente:

“ART. 1504.—Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito. Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución”.

Ciertamente, la capacidad como atributo de la personalidad, se vincula al derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica. Así, no sólo por cuanto el artículo 13 superior ordena al Estado proteger especialmente a aquellas personas que por su condición física se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta, obligación estatal reforzada por lo mandado por el artículo 47 de la Carta (1) , sino porque el efectivo otorgamiento de esta protección especial a quienes no pueden darse a entender compromete su capacidad y su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, ha debido mantenerse, bajo la forma de constitucionalidad condicionada, el resto del contenido normativo del artículo 2º distinto de la expresión “idioma propio”.

(1) Constitución Política. Artículo 47. “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.

5. Resulta obvio, por lo demás, que el legislador al expedir el artículo 2º no tuvo como finalidad desconocer la protección especial que el Estado debe brindar a las personas con limitaciones físicas o sensoriales sino, todo lo contrario, conceder tal amparo particular. En efecto, al revisar los antecedentes legislativos de la Ley 324 de 1996 en el Congreso, se evidencia que el ánimo que movió al legislador era lograr la efectividad de las garantías constitucionalmente reconocidas a las personas con discapacidades relativas a la comunicación oral: Se lee en dichos antecedentes lo siguiente:

“El proyecto de ley “por la cual se crean normas a favor de la población sorda”, que someto a vuestra ilustrada consideración, tiene el propósito de contribuir a resolver las más sentidas necesidades de colombianos con limitaciones auditivas.

“(...).

“El propósito de la presente ley es responder a las demandas de los organismos responsables de la normatización de los asuntos sociales en busca de la equiparación de oportunidades para las personas con limitaciones auditivas” (2) .

(2) Colin Crawford C. Exposición de motivos al Proyecto de Ley Nº 034 de 1995, Cámara. Gaceta del Congreso Nº 229 del martes 8 de agosto de 1995.

Por estas razones, no comparto la inexequibilidad total del artículo 2º de la Ley 324 declarada mayoritariamente por la Corte. Por el contrario, considero que la inexequibilidad parcial del dicho artículo en cuanto a la “expresión idioma propio” y la constitucionalidad condicionada del resto de la disposición era más compatible con las constitucionalidades condicionadas de los artículos 1º, 3º y 7º de la Ley 324.

En estos términos dejo sustentado el salvamento de voto parcial que formulé respecto de lo decidido por la Corte.

Fecha ut supra.

Marco Gerardo Monroy Cabra 

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