Sentencia C-129 de marzo 19 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente R.E. 090

Revisión de constitucionalidad del Decreto 088 de enero 15 de 1997 “por medio del cual se expiden normas para erradicar la evasión tributaria y el contrabando”.

Magistrado Ponente:

Dr. Antonio Barrera Carbonell

Santafé de Bogotá, marzo diecinueve (19) de mil novecientos noventa y siete (1997).

EXTRACTOS: «1. Mediante la Sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997(1), la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del Decreto 80 de 1997, en virtud del cual se decretó el Estado de emergencia económica y social.

(1) M.P. Antonio Barrera Carbonell y Antonio Cifuentes Muñoz.

Considerada la Corte que la referida declaración comporta una decisión con certeza, en el sentido de que el decreto en mención es inconstitucional y, por consiguiente, la causa jurídica que sirvió de fundamento para dictar el Decreto 88 de 1997, objeto de revisión ha desaparecido. Por lo tanto, al no existir el fundamento jurídico para dictar el Decreto 88 de 1997, consecuencialmente éste deviene en inconstitucional.

En términos similares a los consignados se pronunció la Corte en la Sentencia C-488 del 2 de noviembre de 1995(2).

(2) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

No obstante es necesario precisar que la inconstitucionalidad de los decretos dictados con fundamento en un estado de excepción, en el evento de que el decreto que lo adopta es declarado inexequible, produce efectos jurídicos a partir del momento en que se notifique el fallo respectivo. Pero como el artículo 241 de la constitución expresamente le asigna competencia a la corte para decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos expedidos con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la misma obra, es indispensable que la corte haga un pronunciamiento formal sobre la inexequibilidad de cada uno de los decretos que han adoptado medidas en desarrollo del correspondiente estado excepcional.

En las condiciones descritas, los efectos jurídicos de la presente sentencia se producen a partir del día siguiente de la notificación de la Sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997 que declaró inexequible el decreto 80 del mismo año.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la corte constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar inexequible el Decreto Legislativo 88 del 15 de enero de 1997 “por el cual se expiden normas para erradicar la evasión tributaria y el contrabando”.

2. La presente decisión surtirá efectos a partir del día siguiente en que se notifique la Sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997, mediante la cual se decidió la inexequibilidad del Decreto 80 de 1997 que declaró el estado de emergencia económica y social.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

SALVAMENTO DE VOTO

Como lo expresé durante la sesión de Sala Plena, no comparto el criterio acogido por la corte para definir la fecha a partir de la cual dejan de producir efectos jurídicos los decretos legislativos expedidos por el Presidente de la República con base en el Decreto 80 de 1997, mediante el cual se asumió el poder excepcional previsto en el artículo 215 de la Carta y que fue declarado inexequible por razones de fondo según Sentencia C-122 del 12 de marzo del presente año.

Pese a haber compartido lo que aprobó la corte desde el 2 de noviembre de 1995, cuando, en similares circunstancias, debió pronunciarse sobre la inexequibilidad de los decretos de un estado de conmoción interior declarado inexequible, he reflexionado en la tesis expuesta por el H. Magistrado Carlos Gaviria Díaz y he terminado por persuadirme de que tiene razón, al menos en que los fallos relativos a los decretos dictados con base en el decreto declaratorio del estado excepcional, hallado inexequible por la Corte, deben ser inhibitorios por carencia de objeto.

Sigo considerando, claro está, que la inconstitucionalidad de los decretos posteriores no se produce porque sean intrínsecamente contrarios a la Constitución, ya que la Corte, en la señalaba hipótesis, no ha tenido ni tiene oportunidad de efectuar el análisis material de cada uno de ellos, sino por cuanto, según se dijo desde la Sentencia C-488 del 2 de noviembre de 1995, de la cual tuve el honor de ser ponente, “todos (los decretos legislativos) carecen de causa jurídica y son inconstitucionales por ello, independientemente de que las normas que consagran, consideradas en sí mismas, pudieran o no avenirse a la Constitución”.

Así, pues, como lo ha sostenido la Corte, sin que sea menester entrar en la verificación de los aspectos formales y materiales de cada decreto, debe por fuerza concluirse en su inconstitucionalidad, como consecuencia del fallo inicial.

Pero surgen dos interrogantes:

1. ¿Debe la corte declarar inexequible cada decreto?

2. ¿En ese caso, a partir de cuanto desaparece del sistema jurídico la medida declarada inexequible?

A la primera de tales preguntas, creo yo, ha debido responderse negativamente pues a nadie se oculta que las medidas adoptadas al amparo del estado de emergencia perdieron toda base jurídica desde el momento en que se declaró la inexequibilidad del decreto principal, es decir, desde ese instante cayeron en la inconstitucionalidad. Aunque todavía tal decisión no se ha notificado por edicto en los términos del artículo 16 del Decreto 2067 de 1991, su adopción es un hecho notorio que nadie ignora en el país, y por si fuera poco, el Presidente de la República se notificó del fallo por conducta concluyente cuando en Cartagena, el día 13 de marzo, formuló irrespetuosas críticas a la providencia y anunció públicamente su propuesta de reformar la Constitución para quitar a la corte la facultad que dio base al pronunciamiento que no gustó al ejecutivo.

La sentencia sobre cada decreto legislativo debe ser, pues, inhibitoria por cuanto carece de objeto toda decisión de fondo. Al momento de proferir tales fallos, las medidas correspondientes se encuentran fuera del ordenamiento jurídico y no están ni pueden estar produciendo efectos.

La segunda inquietud carece de importancia si la respuesta a la primera es negativa, pues en ese supuesto se aplica lo que acabo de exponer respecto de todos los decretos legislativos. Pero adquiere gran importancia, especialmente desde el punto de vista práctico, en el evento de haberse aceptado, como lo acepta la mayoría, que es indispensable una declaración judicial expresa y de mérito a propósito de cada decreto.

En tal hipótesis (que, reiterado, no comparto), lo consecuente no es atar los efectos de cada sentencia de inexequibilidad a la fecha de notificación de la primera, como lo ha hecho la Corte, sino decir, como se hizo en el caso de la conmoción interior, que cada fallo principia a producir sus efectos desde el día de su respectiva notificación, y ello por razones de seguridad jurídica.

Aunque para algunos magistrados lo resuelto ahora es un avance, muy respetuosamente digo que me parece, por el contrario, un retroceso, ya que, por una parte, se ha incurrido en la inconsecuencia procesal de unir la iniciación de los efectos jurídicos de la sentencia con la cual culmina un determinado proceso al momento de notificación de una sentencia diferente, y, de otro lado, por paradoja —al menos en los decretos que han sido objeto de fallo en esta fecha—, la fórmula acogida en noviembre de 1995 habría permitido la más pronta efectividad de cada sentencia, transmitiendo a los destinatarios de las pertinentes normas una mayor certeza.

Con lo decidido, en cambio, sin adoptar la tesis de la inhibición, que resultaba mucho más lógica y consecuentes, se buscó cambiar el derrotero que indicaba el más inmediato antecedente, pero generando una gran confusión en lo que toca con los efectos de las distintas providencias de la Corte.

Ello resulta todavía más preocupante si se tiene en cuenta que la extensión —a mi juicio artificial e innecesaria— de los efectos de unas medidas, que ya todos sabemos desde el 12 de marzo que son inconstitucionales, ha afectado “enorme e injustificadamente, por un formalismo extremo, los bolsillos de muchos contribuyentes que han sido y seguirán siendo obligados a pagar unos tributos cuyo fundamento jurídico, según ha declarado la Corte, era contrario a la Constitución Política.

La notificación formal, en mi criterio no es indispensable, para que se produzcan los efectos de los fallos, cuando los interesados saben lo que ha dispuesto el juez. No otra cosa ha acontecido en este evento, en que el gobierno y todos los gremios y sectores económicos han hecho declaraciones públicas explícitas y la prensa ha comentado con lujo de despliegue sobre lo decidido y, más todavía, cuando el ejecutivo, la Junta Directiva del Banco de la República y otras agencias estatales han adoptado medidas sobre la base cierta, conocida e indudable de la declaración de inconstitucional de la emergencia económica.

En mi concepto, no tiene mayor efectividad para la divulgación de la sentencia el edicto fijado en la secretaría general de la Corte que la amplísima difusión que todos los medios de comunicación y el propio Presidente de la República —adoptando éste último actitudes concluyentes en cuya virtud ha quedado plenamente notificado— han hecho sobre el sentido de la misma.

Tal sentido —que consiste en la inconstitucionalidad del decreto declaratorio de la emergencia económica— es precisamente el punto de referencia indispensable para deducir, de manera inmediata, que todos los decretos dictados en su desarrollo son también inconstitucionales.

Me pregunto lo que, a juicio de la Corte, ocurrirá cuando, ya notificado formalmente y con toda solemnidad el Fallo C-122 del 12 de marzo, relativo al Decreto 80 de 1997, y sin haber resuelto todavía la corporación sobre los decretos cuyo examen constitucional sigue en turno, deba ella definir a partir de cuando dejan de tener efecto y obligatoriedad, ¿Las medidas correspondientes, después de tal notificación y aunque todavía no hay fallo de mérito específico sobre cada una de ellas, quedan privadas de sus efectos desde antes de las respectivas sentencias? ¿o, por el contrario siguen produciendo efectos? ¿Los fallos que declaren inexequibles esos decretos después de la notificación de la primera sentencia, surtirán efecto retroactivo al 12 de marzo? ¿Qué aplicabilidad tienen las medidas en el interregno? ¿Habría lugar a devoluciones de impuestos por lo pagado en ese lapso?

¿En que queda la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el artículo 228 de la Carta Política y la allí dispuesta prevalencia del derecho sustancial?

¿Está bien que los gobernadores soporten —además de las medidas tributarias de la emergencia, supérstites pese a la caída de la norma que les daba sustento— las nuevas disposiciones, dictadas por las autoridades económicas y fundadas, precisamente en la declaración de inexequibilidad de los preceptos excepcionales?

Estimo, finalmente, que una ocasión como ésta, en que la incompatibilidad entre la Constitución y normas jurídicas de inferior jerarquía (los decretos “sobrevinientes” de emergencia) es manifiesta e indudable, como que la declaró esta Corte, es la más propicia para hacer valer el artículo 4º de la Constitución, que dice: “la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

José Gregorio Hernández Galindo.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto, me aparto de la decisión mayoritaria por las razones que he tenido la oportunidad de exponer en ocasiones anteriores frente a la declaración de inexequibilidad de los decretos legislativos expedidos con fundamento en el estado de conmoción interior, las cuales resultan aplicables a los decretos legislativos dictados por el Presidente de la República en desarrollo de la emergencia económica y social contenida en el Decreto 80 de 1997, también declarada inexequible por esta corporación en Sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997.

Además, quiero dejar constancia de que comparto plenamente los argumentos expuestos por el magistrado José Gregorio Hernández Galindo en el salvamento de voto a la presente sentencia, a los cuales me adhiero y que vienen a constituirse en razones adicionales a las ya expresadas en los documentos antes citados.

Carlos Gaviria Díaz. 

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