Sentencia C-1291 de diciembre 5 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO C-1291 DE 2001

Ref.: Expediente D-3572

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Actor: María del Rosario Silva Ríos

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9º (parcial) de la Ley 600 de 2000.

Bogotá, D.C., cinco de diciembre de dos mil uno.

EXTRACTOS:«II. Texto de la norma demandada

A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada y se resalta la expresión que se solicita sea declarada inexequible:

"LEY 600 DE 2000

(Julio 24)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

TÍTULO PRELIMINAR

Normas rectoras

"ART. 9º—Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de los sujetos procesales y la necesidad de lograr la eficacia de la administración de justicia en los términos de este código".

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

Competencia

1. De conformidad con lo preceptuado por el artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para resolver definitivamente sobre la exequibilidad del aparte demandado, por pertenecer a una ley de la República.

El problema jurídico que propone la demanda

2. La demanda plantea un cargo de inconstitucionalidad por omisión. En efecto, a juicio de la actora, la parte demandada de la disposición que parcialmente acusa, no incluye a todos los intervinientes dentro del proceso penal como beneficiarios del mandato de protección de derechos fundamentales que contiene, sino sólo a unos, con lo cual el legislador incurre en omisión discriminatoria. En su sentir, la norma acusada ha debido referirse no solamente a los sujetos procesales, sino también a todos los intervinientes en el proceso, categoría más amplia dentro de la cual quedarían cobijados, por ejemplo, las víctimas no constituidas en parte civil, los testigos, los auxiliares de la justicia, etc. Por ello la norma desconoce no sólo el derecho a la igualdad, sino también el principio de dignidad y las disposiciones superiores que garantizan la primacía de los derechos fundamentales y ordenan a las autoridades proteger tales derechos.

El análisis del cargo anterior, impone la Corte estudiar si dentro del proceso penal intervienen otro tipo de personas distintas de los sujetos procesales; y si la respuesta fuera afirmativa, verificar si es posible considerar que, por no haber sido mencionadas tales personas por la disposición acusada, puede colegirse que sus derechos fundamentales, en especial los de dignidad e igualdad, están siendo desprotegidos por el legislador de manera que tal desprotección implique un desconocimiento de las normas fundamentales que la actora estima vulneradas. Pasa la Corte a hacer el estudio respectivo.

Los sujetos procesales y los intervinientes dentro del proceso penal.

3. El Título Tercero del Código de Procedimiento Penal —L. 600/2000—, regula “Los sujetos procesales". Sin definir tal concepto, se refiere en capítulos diferentes a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio Público, que será ejercido por el Procurador General de la Nación por sí o por medio de sus delegados y agentes, al sindicado, que es el mismo imputado (1) cuando ha sido vinculado al proceso mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente, al defensor, a la parte civil, al tercero incidental, y al tercero civilmente responsable. Nótese que el nuevo estatuto procedimental penal no considera al juez como un sujeto procesal, y que el imputado sólo lo llega a ser cuando ha sido vinculado mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente.

(1) De conformidad con lo prescrito en el artículo 126 del Código de Procedimiento Penal, se denomina imputado a quien se atribuya autoría o participación en la conducta punible, el cual adquiere la calidad de sindicado, y por lo tanto de sujeto procesal, desde su vinculación mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente.

De manera general la doctrina ha estimado que los sujetos procesales son las personas que intervienen regularmente dentro del trámite del proceso, representando o bien al Estado, o bien a los diferentes intereses particulares comprometidos en la definición del mismo. Su actuación es regular y más o menos permanente en dicho proceso y no específica en actos individualizados del trámite. Dentro de ellos cabe distinguir, en el nuevo modelo acusatorio, a la Fiscalía General de la Nación, de un lado, representando el interés público en la represión del delito; y de otro, a las “partes" quienes serían los demás sujetos procesales antes enumerados (2) . La intervención de algunas de las partes es obligatoria, y la de otras es facultativa.

(2) Muchas críticas formula la doctrina a la calificación de “partes" que se les da al sindicado, al defensor, al agente del Ministerio Público, a la parte civil, al tercero incidental y al tercero civilmente responsable, pues tal noción hace referencia a intereses contrapuestos y es más propia del procedimiento civil. No obstante, tanto el Código Penal anterior, como el que acaba de entrar en vigencia, la utilizan de manera general en varias de sus disposiciones, para referirse a aquellas personas que intervienen regularmente dentro del trámite y tienen en el proceso derechos y obligaciones. Dentro de la categoría de “partes”, la doctrina no incluye a la Fiscalía General de la Nación, a la cual considera simplemente sujeto procesal.

La exclusión del juez como sujeto procesal busca, sin duda, reforzar el carácter acusatorio del procedimiento penal, introducido en nuestro sistema jurídico a partir de la Constitución Política de 1991. Se enfatiza así que el juez es un tercero imparcial frente a la acusación formulada por el fiscal. En efecto, el sistema acusatorio en lo penal supone separar las funciones de acusación y juzgamiento, radicando en el ministerio fiscal la primera de ellas, y reservando para el juez la posición de tercero independiente; por ello ahora la representación del interés estatal en la represión del delito y la carga de la prueba, se dejan en manos de la Fiscalía General de la Nación y se libera al juez de la ciertas funciones oficiosas, propias del modelo inquisitivo.

Así pues, en el Nuevo Código Penal de 2000 el juez no es sujeto procesal. Sin embargo nadie dudaría afirmar que él sí interviene dentro del proceso. Igual cosa sucede con el meramente imputado, que, como se dijo, no adquiere tal categoría sino hasta su vinculación formal mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente. Lo cual evidencia que por fuera de la categoría de los sujetos procesales, existen otros intervinientes dentro de tal trámite.

La doctrina ha distinguido también las nociones de sujeto procesal y sujeto de actos procesales. Esta última categoría corresponde a aquellas personas que no intervienen permanentemente dentro del proceso, sino que sólo lo hacen en actos o diligencias particulares. Dentro de este concepto quedarían comprendidos los peritos, los secuestres, los testigos y el vocero, que es la persona que el sindicado puede designar, en el momento de concedérsele la palabra durante una audiencia, para que intervenga en su representación.

Conforme con lo expuesto, dentro del proceso penal cabe distinguir: i) Los sujetos procesales que, según lo define el propio Código de Procedimiento Penal, lo son la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, el sindicado, el defensor, la parte civil, el tercero incidental, y el tercero civilmente responsable. Dentro de este género, todos menos el ministerio fiscal han sido considerados por la doctrina como “partes". ii) Los sujetos de actos procesales, que son las personas que tienen una intervención esporádica, reducida a ciertos actos o diligencias procesales. iii) Otras personas que no caben dentro de las categorías anteriores pero cuya intervención es notoria dentro del trámite procesal, como podrían serlo el mismo juez o el simplemente imputado, a quienes podría llamarse genéricamente “intervinientes".

Así, la Corte constata que le asiste razón a la demandante cuando afirma que la norma que acusa sólo se refiere a la protección de los derechos fundamentales de algunos de los intervinientes dentro del proceso penal mas no de todos. En efecto, al expresar que “(La) actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de los sujetos procesales...”, no incluye en esta fórmula de protección a los sujetos de actos procesales ni a los simplemente intervinientes dentro del proceso penal. Evidentemente, al legislador se le impone proteger tal categoría de derechos en cabeza de todas las personas y no solamente de unas, por lo cual, en apariencia habría incurrido en inconstitucionalidad por omisión discriminatoria, en relación con los excluidos de la protección especial que dispensa (3) .

(3) La Corte ha entendido que se presenta inconstitucionalidad por omisión discriminatoria en aquellas normas legales que “por no comprender todo el universo de las hipótesis de hecho idénticas a la regulada, resultan ser contrarias al principio de igualdad". Sobre inconstitucionalidad por omisión discriminatoria, pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-146 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. C-555 de 1994, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-188 de 1996, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.

La protección de los derechos fundamentales de todos los intervinientes en el proceso penal. Constitucionalidad de la disposición acusada.

4. No obstante la fuerza del razonamiento anterior, el mismo parte de una interpretación aislada del artículo acusado. Otras normas del mismo Código de Procedimiento Penal, desmienten la afirmación sobre la presencia de una discriminación en la protección de los derechos fundamentales, en especial del derecho a la igualdad y a la dignidad de todos los intervinientes.

En efecto, para empezar, el título preliminar del mencionado código, que contiene las normas rectoras del proceso penal, se inicia con el artículo 1º cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 1º—Dignidad humana. Todos los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". (resalta la Corte).

La redacción de esta disposición no deja duda acerca de las intención legislativa de hacer efectivo el respeto a la dignidad de todos los intervinientes en el proceso penal. Ella, además, por su ubicación y por constituir un desarrollo específico del principio fundamental de dignidad humana consignado en el artículo segundo de la Constitución, está llamada a ser un referente interpretativo de todas y cada una de las restantes normas del estatuto procesal penal. Es evidente que de cara a los precedentes históricos, lejanos por fortuna, que toleraron métodos de procesamiento en lo penal completamente contrarios a los más obvios reclamos de la dignidad humana, el legislador quiso hacer explícita la especial relevancia del merecimiento de un trato digno que tienen todos los intervinientes en la acusación y juzgamiento de delincuentes.

Entonces, la presencia del artículo primero del código, a juicio de la Corte, excluye la desprotección de la dignidad humana de algunos intervinientes en el proceso, que la actora acusa en el artículo noveno del mismo ordenamiento.

5. A continuación del artículo 1º que se acaba de comentar, y también como una norma rectora del procedimiento penal, el artículo segundo del código expresa lo siguiente (4) :

(4) Se transcribe el texto del artículo tal y como debe leerse después de la Sentencia C-760 de 2001, que declaró inexequibles algunos de sus apartes.

"ART. 2º—Integración. En los procesos penales se aplicarán las normas que en materia de garantías se hallan consignadas en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado colombiano".

El sentido de esta norma no es otro que el de reiterar la garantía de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, la de aquellos reconocidos en los tratados y convenios internacionales, e incluso la de otros derechos de este mismo rango que no tienen o no han tenido reconocimiento expreso en el ordenamiento constitucional ni en los tratados y convenios mencionados. Esto último de acuerdo con lo prescrito por el artículo 94 superior, según el cual “(La) enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos".

Para la Corte, el artículo 2º del Código de Procedimiento Penal tampoco deja duda sobre la garantía de los derechos fundamentales de todos los intervinientes en el proceso de acusación y juzgamiento de los delitos. La redacción de la norma se refiere a esta garantía dentro de todo el trámite procesal, y por ende cobija a todos los referidos intervinientes.

5. Como si lo anterior no fuera bastante, el artículo 5º del Código de Procedimiento Penal se encarga de reiterar la garantía del derecho a la igualdad de todos los intervinientes en el proceso que regula. El siguiente es el texto de dicha disposición, que se reviste también de la connotación de norma rectora del procedimiento:

ART. 5º—Igualdad. Es deber de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. (resalta la Corte).

La presencia de este artículo refuerza la protección del derecho a la igualdad de todos los intervinientes en el trámite procesal penal, y no requiere comentario adicional por parte de la Corte.

6. Aparte de los artículos que se acaban de mencionar, que por su especial pertinencia descartan la acusación fundamental de la demanda, según la cual no todos los intervinientes en el proceso penal tendrían asegurada la garantía de sus derechos fundamentales, en especial los de igualdad y dignidad, existen otros que, también como normas rectoras, establecen una especial protección a la libertad personal y al derecho al debido proceso dentro del trámite penal. Tales son los artículos 3º, con respecto a la libertad personal, y los artículos 6º a 24 en relación con el debido proceso, normas que de manera general se refieren a toda la actuación procesal y a todos los intervinientes en ella (5) .

(5) El texto de esas disposiciones, después de la Sentencia C-760 de 2001 que declaró inexequibles algunos de sus apartes, es el siguiente:

"ART. 3º—Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni privado de su libertad, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.

La detención preventiva, en los términos regulados en este código, estará sujeta a la necesidad de asegurar la comparecencia al proceso del sindicado, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad.

ART. 6º—Legalidad. Nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente, al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de cada juicio.

La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

La ley procesal tiene efecto general e inmediato.

ART. 7º—Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal.

En las actuaciones penales toda duda debe resolverse en favor del procesado.

Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en firme tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales.

ART. 8º—Defensa. En toda actuación se garantizará el derecho de defensa, la que deberá ser integral, ininterrumpida, técnica y material.

Nadie podrá ser incomunicado.

ART. 9º—Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de los sujetos procesales y la necesidad de lograr la eficacia de la administración de justicia en los términos de este código.

ART. 10.—Acceso a la administración de justicia. El Estado garantizará a todas las personas el acceso efectivo a la administración de justicia en los términos del debido proceso.

ART. 11.—Juez natural. Nadie podrá ser juzgado sino por juez o tribunal competente.

ART. 12.—Autonomía e independencia judicial. Las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso penal serán la expresión del ejercicio de la función constitucional de administrar justicia. Los funcionarios judiciales serán independientes y autónomos.

ART. 13.—Contradicción. En desarrollo de la actuación los sujetos procesales tendrán derecho a presentar y controvertir las pruebas.

El funcionario judicial deberá motivar, incluso cuando se provea por decisión de sustanciación, las medidas que afecten derechos fundamentales de los sujetos procesales.

ART. 14.—Publicidad. Dentro del proceso penal el juicio es público. La investigación será reservada para quienes no sean sujetos procesales. Se aplicarán las excepciones previstas en este código.

ART. 15.—Celeridad y eficiencia. Toda actuación se surtirá pronta y cumplidamente sin dilaciones injustificadas. Los términos procesales son perentorios y de estricto cumplimiento.

El funcionario judicial está en la obligación de corregir los actos irregulares, respetando siempre los derechos y garantías de los sujetos procesales.

ART. 16.—Finalidad del procedimiento. En la actuación procesal los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial y buscarán su efectividad.

ART. 17.—Lealtad. Quienes intervienen en la actuación procesal están en el deber de hacerlo con absoluta lealtad y buena fe.

Deben obrar sin temeridad en el ejercicio de los derechos y deberes procesales.

ART. 18.—Doble instancia. Las sentencias y providencias interlocutorias podrán ser apeladas, salvo las excepciones que consagre la ley.

ART. 19.—Cosa juzgada. La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a una nueva actuación por la misma conducta, aunque a ésta se le dé una denominación jurídica distinta.

ART. 20.—Investigación integral. El funcionario judicial tiene la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del imputado.

ART. 21.—Restablecimiento y reparación del derecho. El funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible.

ART. 22.—Gratuidad. La actuación procesal no causará erogación alguna a quienes en ella intervienen.

ART. 23.—Remisión. En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este código son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y de otros ordenamientos procesales, siempre que no se opongan a la naturaleza del proceso penal.

ART. 24.—Prevalencia. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación.

7. De esta manera, la interpretación armónica de la disposición acusada y de las demás normas rectoras del procedimiento penal, excluye la conclusión a la que llega la actora, según la cual el legislador omitió proteger los derechos fundamentales de quienes no ostentan la categoría de sujetos procesales. Evidentemente, muchas de dichas normas garantizan de manera especial dentro del proceso penal, la efectividad de dichos derechos. En tal virtud, la Corte despacha como improcedente el cargo de violación constitucional, y por ello declarará exequible el aparte normativo acusado.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “de los sujetos procesales”, contenida en el artículo 9º de la Ley 600 de 2000.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

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