Sentencia C-13 de enero 17 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-013 de 2002 

Ref.: Expediente D-3132

Magistrada Ponente:

Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez

Actor: José Rory Romero S.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 84, inciso segundo y 99 (parciales) de la Ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Único).

Bogotá, D.C., enero diecisiete de dos mil uno.

EXTRACTOS: «II: Normas demandadas

A continuación, se transcribe el texto de las disposiciones demandadas parcialmente, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 41.946 del 31 de julio de 1995, para lo cual se destacan las expresiones acusadas:

“LEY 200 DE 1995

(Julio 28)

Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único (...).

ART. 84.—Providencias que se notifican. Sólo se notificarán las siguientes providencias. El auto de cargos, el que niega la práctica de pruebas, el que niega el recurso de apelación y los fallos.

Los autos que niegan la solicitud de ser oído en exposición espontánea o la expedición de copias, solamente se comunicarán al interesado utilizando un medio apto para ello.

ART. 99.—Reposición. El recurso de reposición procederá contra los autos de sustanciación, contra el que niega la recepción de la versión voluntaria y contra los fallos de única instancia.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte es competente para conocer de la presente demanda.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Corte en esta oportunidad, dilucidar si a la luz del principio del debido proceso y del derecho de defensa consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, puede subsistir la facultad del funcionario investigador para recibir o no exposición espontánea del investigado y como consecuencia de ello, disposiciones como las contenidas en los artículos 84 y 99 de la Ley 200 de 1995 impugnados en este proceso, que prevén la posibilidad de que se profiera auto negando la solicitud de ser oído en exposición espontánea, en cuanto disponen su comunicación al interesado y la procedencia del recurso de reposición contra dicha providencia.

3. La oportunidad de ser oído en exposición espontánea y de contradicción probatoria existe tanto en la indagación preliminar, como en la investigación y en la etapa de juzgamiento. Cosa juzgada constitucional.

El proceso disciplinario tiene por objeto garantizar una estricta vigilancia en el cumplimiento de los deberes especiales que se imponen a los servidores públicos (C.P., arts. 2º, 121 y 123) y su consecuente responsabilidad (C.P., art. 6º), así como preservar el ejercicio de la función pública conforme con los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad (C.P., art. 209). Pero ello no significa, que el rigor y la sanción ejemplar que se espera para el funcionario responsable, puedan restringir las garantías de las que debe gozar cualquier investigado, en particular, la oportunidad de ser oído y de presentar pruebas y contradecir las allegadas en su contra.

Como en todo proceso, las actuaciones que se adelanten en una investigación disciplinaria deben enmarcarse dentro de los principios que integran el derecho fundamental al debido proceso, de manera, que las normas que lo integran, no pueden desconocer los principios de publicidad, contradicción, defensa, legalidad e imparcialidad. La Corte ha señalado unos requisitos mínimos que deben observar los funcionarios que gozan de potestad disciplinaria, para que el debido proceso sea efectivo, según los cuales, todo investigado tiene derecho a: “La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción; la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones(1)”.

(1) Sentencia T-301/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-433/98 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

En el caso concreto, como bien lo observan el interviniente y el Procurador General, esta corporación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de los derechos de la persona investigada disciplinariamente y en particular, respecto de la posibilidad de ser escuchado en versión voluntaria.

En efecto, en relación con la recepción de exposición espontánea del investigado, la Corte se pronunció en Sentencia C-430 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), con ocasión del examen del artículo 147 de la Ley 200 de 1995 (CDU), que dispone:

ART. 147.—Oportunidad para rendir exposición. Quien tenga conocimiento de la existencia de una investigación disciplinaria en su contra y antes de que se le formulen cargos, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba la exposición espontánea; aquél la recibirá cuando considere que existen dudas sobre la autoría de la falta que se investiga. En caso contrario negará la solicitud con auto de trámite. (Lo resaltado fue declarado inexequible).

Habida cuenta que la redacción de la norma podría dar lugar a que se creyera que esa exposición no era posible antes de abrirse formalmente la investigación, la Corte aclaró en el mencionado fallo, que dicha versión también procedía en la etapa de indagación preliminar y en este sentido condicionó la exequibilidad del resto de la disposición. Sobre el particular, indicó:

“ ... considera que dentro de dicha indagación es posible que el inculpado pueda solicitar que se le reciba su exposición espontánea, porque al igual que la indagatoria en los procesos penales ella es un acto de defensa, en cuanto tiene como finalidad fijar con claridad la posición de quien es señalado como presunto infractor de una norma penal, contravencional disciplinaria sobre su presunta culpabilidad, en el sentido de que puede admitir su responsabilidad, con o sin condicionamientos, o no aceptarla y, en tal virtud, reiterar su presunción de inocencia. Ambas posiciones, indudablemente tienen repercusiones en el adelantamiento y en el resultado de la actuación disciplinaria”.

Sin embargo, la Corte en la misma oportunidad, no encontró razonable ni proporcionada, la restricción prevista en la citada norma, en cuanto deja a la voluntad del funcionario investigador recibir o no la exposición espontánea que solicita el investigado —pues sólo se preveía en el evento de que existieran dudas sobre la autoría de la falta— por desconocimiento de su derecho de defensa y por esta razón, declaró inexequibles las frases que autorizaban la negativa a dicha solicitud, mediante auto de trámite. Como consecuencia de lo anterior, se precisó siempre que el interesado así lo solicite, deberá ser oído en versión espontánea, tanto durante la indagación preliminar como en la investigación.

De otra parte, en Sentencia C-892 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), esta corporación se pronunció parcialmente sobre el artículo 84 y la totalidad del artículo 99 de la Ley 200 de 1995 (CDU), normas demandadas en este proceso. En dicho fallo, fue declarada inexequible la expresión “Sólo” del artículo 84, en razón de que privaba al interesado de la notificación de providencias diferentes a las enunciadas en dicho artículo, con lo cual se “cercena —afirmó la Corte— en forma grave el principio de la publicidad de los actos procesales que se dicten en el proceso disciplinario, con afectación consecuencial del derecho a impugnarlos”.

De igual modo, en el citado fallo, fue declarado exequible el artículo 99 de la Ley 200 de 1995, demandado en esa ocasión por establecer de manera taxativa, las providencias contra las cuales procede el recurso de reposición, excluyendo otras, lo cual se consideraba violatorio de los principios de contradicción y defensa. A juicio de la Corte, era del caso reiterar la jurisprudencia referente a la libertad de configuración del legislador en materia de recursos procesales. Al respecto, la Corte señaló:

“... de conformidad con la doctrina constitucional citada, no se presenta vicio de constitucionalidad, respecto de los artículos 99 y 102 del Código Disciplinario Único, por omisión relativa, ya que como se vio, corresponde al legislador en el ejercicio de sus funciones, establecer los actos procesales que son objeto de impugnación, los términos para imponerlos, la notificación y la ejecución de las providencias; así mismo, es competencia del legislador la determinación de si un recurso debe ser sustentado o no”.

En este orden, es claro que existe cosa juzgada constitucional respecto del artículo 99 del CDU y parcial respecto del artículo 84, por lo que en el primer caso, se dispondrá estarse a lo resuelto en la Sentencia C-892 de 1999.

Ahora bien, en relación con la expresión “la solicitud de ser oído en exposición espontánea”, contenida en el inciso segundo del artículo 84 del CDU, la Sala encuentra que existe cosa juzgada material, de una parte, en cuanto se ha señalado por la Corte (Sent. C-430/97), que siempre que el investigado en un proceso disciplinario lo solicite, deberá ser oído en exposición espontánea, tanto durante la indagación preliminar como en la investigación; de otra, respecto de la exequibilidad del establecimiento del recurso de reposición contra el auto que niega la recepción de esa exposición (Sent. C-892/99).

A primera vista, las dos decisiones parecen contradictorias, pues podría pensarse, que si la Corte ha señalado que la recepción de la exposición espontánea del interesado en un proceso disciplinario no es discrecional del funcionario investigador, mal podría mantenerse en el ordenamiento una disposición que prevea la posibilidad de una negativa a esa solicitud, al establecerse un recurso contra ésta (CDU, art. 99). Sin embargo, ha de precisarse, que el hecho de que como consecuencia de la decisión de la Corte, no sea discrecional del funcionario el recibir o no tal versión, no quiere decir que no pueda darse una situación en la que el investigador niegue esta solicitud y en tal evento, procedería el recurso de reposición contra el respectivo auto, conforme lo prevé el artículo 99 declarado exequible.

Consecuentemente, por las mismas razones, deberá ser declarada exequible la previsión contenida en el inciso segundo del artículo 84 de la Ley 200 de 1995, respecto de la comunicación del auto que niega la solicitud de ser oído en versión espontánea, más, si se tiene en cuenta que sin dicha comunicación, el interesado no se entendería del auto, para efecto de su impugnación.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTÉSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-892 de 1999, mediante la cual se declaró exequible entre otras disposiciones, el artículo 99 de la Ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Único).

2. Declárase EXEQUIBLE por las consideraciones expuestas en esta sentencia, la expresión “la solicitud de ser oído en exposición espontánea o” contenida en el artículo 84 de la Ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Único).

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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