Sentencia C-134 de marzo 1º de 2017

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Referencia: expediente D-11536

Magistrado ponente:

Dr. Alberto Rojas Ríos

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 1306 de 2009, Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados.

Demandante: Lorena Andrea Boada Gómez y Jorge Orlando Urbano Martínez

Bogotá, D.C., marzo primero de dos mil dieciséis(sic) (2017)

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe la norma demandada y se subrayan los apartes acusados:

LEY 1306 DE 2009

Diario Oficial 47.371 de 5 de junio de 2009

“Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados”.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

“ART. 38.—Rehabilitación del inhabilitado. El juez decretará la rehabilitación del inhabilitado a solicitud de este o de su consejero, previas las evaluaciones técnicas sobre su comportamiento. Entre dos (2) solicitudes de rehabilitación deberán transcurrir cuando menos seis (6) meses.

El fallido tendrá derecho a obtener su rehabilitación cuando haya satisfecho a los deudores que se hicieron presentes en el concurso”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues el enunciado demandado forma parte de la Ley 1306 de 2009.

2. Cuestión previa. Aptitud de la demanda

Los accionantes han demandado las expresiones “El fallido tendrá derecho a obtener su rehabilitación cuando haya satisfecho a los deudores que se hicieron presentes en el concurso”, contenidas en el inciso segundo del artículo 38 de la ley 1306 de 2009, por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados.

Los demandantes sostienen que el inciso cuestionado es violatorio del principio de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Constitución Política, por condicionar el derecho a la rehabilitación (que es un derecho personal) a la satisfacción previa de los créditos de los acreedores. De este modo, afirman los demandantes, la norma impugnada pretende que una persona clínicamente hábil, pero inmersa en un estado de insolvencia, tenga que satisfacer previamente las obligaciones patrimoniales que le asisten dentro de un proceso concursal, para que pueda ser rehabilitado.

En opinión de los demandantes, esta exigencia es inconstitucional y violatoria de la dignidad humana, pues hace depender una condición personal y un derecho fundamental, de la satisfacción previa de una prestación económica.

El Ministerio Público y la mayoría los intervinientes coincidieron en solicitar la declaratoria de inexequibilidad del inciso demandado, considerando al igual que el accionante, que el mismo es violatorio el principio de dignidad humana y del Estado social de derecho, por condicionar el ejercicio de derechos personales como la autonomía, a una condición únicamente patrimonial. Además señalaron que el condicionamiento es también inconstitucional, en tanto que permite el sometimiento de una persona clínicamente hábil, al poder y la decisión de otro (el tutor), a pesar de la recuperación de sus capacidades mentales.

Requisitos de la demanda de inconstitucionalidad y de los argumentos que sustentan la solicitud

El Decreto 2067 de 1991 Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional, establece en el artículo 2 los requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad. Allí se prevé que dichos documentos deben ser presentados por escrito, en duplicado y que deben contener el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales; la identificación de las normas constitucionales que se consideran violadas; las razones o los argumentos de la violación o concepto de la violación; la indicación del trámite que debió seguirse, en caso que se aleguen vicios de forma; y la afirmación de la competencia de la Cote Constitucional.

Dentro de esa comprensión y a los efectos de un mejor despliegue de la acción y de la calidad de los fallos, la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-1052 de 2001 comenzó a exigir que las razones de la violación señaladas por el actor en su demanda fueran claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, so pena de proferir un fallo inhibitorio, pues “de emitir la Corte un pronunciamiento de fondo con base en una demanda que no contiene una razonable exposición de los motivos por los cuales se estima la violación, se estaría dando a la acción de inconstitucionalidad una vocación oficiosa que es contraria a su naturaleza”(20).

En desarrollo de esto se dijo posteriormente en la Sentencia C-330 de 2016 (entre otros muchos fallos), citando la Sentencia C-1052 de 2001, que las razones de inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada.”(21)

El presente caso satisface plenamente los requerimientos argumentales de admisibilidad necesarios para proferir un fallo de fondo, en atención a las siguientes razones: en primer lugar porque tanto la admisión y el debate de los intervinientes se ha desarrollado alrededor de un único punto bien definido: la eventual violación del artículo 1 de la Constitución Política; porque ni el Ministerio Público ni los intervinientes solicitaron la emisión de fallo inhibitorio por ineptitud de la demanda; y porque los requisitos de claridad, certeza, suficiencia, pertinencia y especificidad han sido plenamente satisfechos, como se desprende de la conducta procesal de los participantes en este proceso.

3. Segunda cuestión previa. Solicitud de inhibición por derogatoria del enunciado demandado

3.1. La interviniente Superintendencia de Sociedades le solicitó a la Corte Constitucional que profiera fallo inhibitorio, pues en su opinión, el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009 demandado, fue derogado tácitamente por la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, que establece un sistema para la rehabilitación financiera y económica del deudor persona natural no comerciante.

Como fundamento de su solicitud señaló que la Ley 1564 de 2012 estableció un régimen que permite la rehabilitación automática del deudor persona natural no comerciante, en vez de uno que previese su inhabilitación, señalando la existencia de algunas reglas especiales del Código General del Proceso, que permiten la actuación directa de la persona puesta en insolvencia para disponer de sus intereses, lo que evidenciaría la derogación del régimen de inhabilitación establecido en la Ley 1306 de 2009.

3.2. La Corte Constitucional ha dicho que la derogación es “el procedimiento a través del cual se deja sin vigencia una disposición normativa”(22). El artículo 71 de la Ley 57 de 1887 establece su régimen de la siguiente manera:

“ART. 71.—Clases de derogación. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. 

Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.  

La derogación de una ley puede ser total o parcial.” 

Y respecto de la derogatoria tácita dispuso:

“ART. 72.—Alcance de la derogación tácita. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.” 

La Corte Constitucional se ha referido a las distintas modalidades de derogatoria. Así respecto de la derogatoria expresa ha dicho que ocurre “cuando la nueva ley dice explícitamente que deroga la antigua, de tal suerte que no es necesaria ninguna interpretación, ‘pues simplemente se excluye del ordenamiento uno o varios preceptos legales, desde el momento en que así lo señale el legislador’(23)(24).

La derogación tácita ocurre “cuando la nueva ley regula un determinado hecho o fenómeno de manera diferente a la ley anterior, sin señalar expresamente qué disposiciones quedan sin efectos, lo que implica que sólo pierden vigencia aquellas que sean incompatibles con la nueva regulación. En este evento es ‘necesaria la interpretación de ambas leyes, para establecer qué ley rige la materia, o si la derogación es total o parcial’.(25) (26)

Finalmente se tiene la derogación orgánica que ocurre cuando la nueva ley “regula íntegramente la materia a la que la anterior disposición se refería”, precisando la Corte, que no se requiere de manera necesaria que haya incompatibilidad entre la nueva ley y la ley o leyes anteriores, pues “puede tener características de la derogación expresa y tácita, en el sentido en que el legislador puede expresamente señalar que una regulación queda sin efectos o que le corresponda al intérprete deducirla, después de un análisis sistemático de la nueva normativa”(27).

3.3. Alrededor de la derogatoria tácita y de la eventual emisión de fallo inhibitorio como consecuencia de ella, la Corte ha precisado que para que proceda dicho fallo, debe existir certeza acerca de la pérdida de vigencia de la norma derogada, como se afirmó en la Sentencia C-419 de 2002 al señalar que “Cuando la derogatoria de una disposición es expresa, no cabe duda en cuanto a que si se interpone una demanda en contra de la norma derogada, la Corte debe inhibirse, salvo que la disposición continúe proyectando sus efectos en el tiempo. Cuando, por el contrario, la vigencia de una disposición es dudosa, pues existe incertidumbre acerca de su derogatoria tácita, la Corte no puede inhibirse por esta razón pues la disposición podría estar produciendo efectos”(28).

3.4. La Ley 1306 de 2009, Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados, es una ley especial dispuesta en 120 artículos, cuyo objeto es la protección de las personas en condición de discapacidad mental o inhabilitadas, en el objetivo de obtener su rehabilitación y bienestar, como lo dispuso el artículo 1 de esa ley:

“ART. 1º—Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad. 

La protección de la persona con discapacidad mental y de sus derechos fundamentales será la directriz de interpretación y aplicación de estas normas. El ejercicio de las guardas y consejerías y de los sistemas de administración patrimonial tendrá como objetivo principal la rehabilitación y el bienestar del afectado.” 

La Ley 1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, es un extenso estatuto que derogó el Código de Procedimiento Civil, dispuesto en 626 artículos, el último de los cuales contiene la cláusula de derogación, donde se dispone la derogatoria expresa de los artículos 40 a 45 y 108 de la Ley 1306 de 2009.

En opinión de la Superintendencia interviniente, los artículos 531 a 576 de la Ley 1524 de 2012, Código General del Proceso, disponen un régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, que “previó un escenario de rehabilitación automática del deudor que se acoge a él, sin necesidad de someter al deudor a la tutela de un administrador, curador o guardador”, señalando como argumento el contenido de algunos debates surtidos durante el trámite del proyecto de ley en el Congreso, que daría lugar al Código, así como la existencia de algunas normas de ese Código que permiten actuaciones autónomas de quien se encuentre dentro del régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante.

3.5. La Sala considera que ciertamente los artículos 531 a 576 de la Ley 1524 de 2012, Código General del Proceso, disponen un régimen normativo en los casos de insolvencia de la persona natural no comerciante, contenido en el Título IV de la Sección Tercera, procesos de liquidación. Sin embargo de la existencia de esas normas no se deriva el establecimiento de un régimen automático de rehabilitación del fallido, como lo sugiere la interviniente.

Lo primero que hay que señalar es que el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009, demando, corresponde a un contexto normativo específico, dispuesto en la sección segunda del capítulo II de esa ley, titulado personas con discapacidad mental, que va de los artículos 32 a 39, donde se diferencia entre la discapacidad mental absoluta y la discapacidad mental relativa y se prevén tres tipos de inhabilitaciones: la inhabilitación general, la inhabilitación accesoria y la inhabilitación provisional, estableciendo un régimen judicial de competencias, causales y procedimientos para cada una de ellas. Dentro de esta perspectiva, la instalación de “un escenario de rehabilitación automática” resulta excluido, en tanto que (i) los artículos 531 a 576 de la Ley 1564 de 2012 no refieren la existencia de dicho régimen y (ii) los artículos 32 a 39 de la Ley 1306 de 2009 constituyen una unidad normativa especial, que no fue modificada por el Código General el Proceso hasta el punto de afirmar la derogatoria de algunos de sus enunciados.

En subsidio de la tesis de la derogatoria tácita, la Superintendencia de Sociedades señala como argumento, la existencia de los artículos 539, 550, 553, 556, 557 y 560 del Código General del Proceso, que prevén posibilidades de actuación de la persona que ha sido inhabilitada. Este hecho no implica la derogatoria del inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009, como lo sugiere el interviniente, sino su concurrencia con el artículo 34 de la Ley 1306 de 2009, que precisa el alcance de la inhabilitación señalando que esta se limita “a los negocios que, por su cuantía o complejidad, hagan necesario que la persona con discapacidad mental relativa realice con la asistencia de un consejero”, lo que se integra con las normas especiales del Código General del Proceso, sin derogar nada.

3.6. En conclusión considera la Sala, que en el presente caso no se configura el fenómeno de la derogatoria, ni hay lugar a fallo inhibitorio, (i) porque los artículos 32 a 39 de la Ley 1306 de 2009 establecen un régimen especial de inhabilitación para la discapacidad mental relativa, que no fue derogado expresamente por el artículo 626 del Código General del Proceso, como sí lo hizo con otras normas de esa ley; (ii) porque la Ley 1306 de 2009 contiene un régimen especial, que prevé la existencia de tres clases de inhabilidades relativas, cada una de ellas con causales, reglas de competencia y procedimiento, que no fue modificado por el Código General del Proceso; (iii) y porque no existe certeza acerca de la derogatoria tácita acerca de esa forma de rehabilitación, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Dentro de esta compresión, la Corte procede al examen de fondo del segmento acusado bajo el cargo de violar el artículo 1 de la Constitución.

4. Planteamiento del caso, formulación del problema jurídico y programa del fallo

4.1. Planteamiento del caso

Este caso está relacionado con la demanda de inconstitucionalidad que formularon los ciudadanos Lorena Andrea Boada Gómez y Jorge Orlando Urbano Martínez, en contra del inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009, Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados, que establece que “El fallido tendrá derecho a obtener su rehabilitación cuando haya satisfecho a los deudores que se hicieron presentes en el concurso.”

En opinión de los demandantes, el segmento impugnado viola el principio de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Constitución Política, por condicionar el derecho a la rehabilitación, que es un derecho personal, a la satisfacción previa de los créditos de los acreedores, que son derechos simplemente patrimoniales. De este modo, afirman los demandantes, la norma impugnada pretende que una persona clínicamente hábil, pero inmersa en un estado de insolvencia, tenga que satisfacer previamente las obligaciones patrimoniales que le asisten dentro de un proceso concursal, para que pueda ser rehabilitado.

Cinco de los intervinientes (el Ministerio de Justicia y el Derecho, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Libre, la Universidad de Cartagena y la Universidad Externado de Colombia) le han solicitado a la Corte la declaratoria de inexequibilidad del inciso demandado, señalando entre otros, los siguientes argumentos:

La Ley 1306 de 2009 fue establecida para asegurar la protección de las personas que padecen de discapacidad mental relativa, quienes han sido objeto de inhabilitaciones relativas o provisionales. En sentido contrario, condicionamientos como el demandado lo que hacen es sancionar a esas personas e impedirles su reincorporación en el tráfico social y jurídico.

Condicionar la obtención del ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas inmersas en procesos de liquidación patrimonial y en los de pago por cesión de bienes, a la satisfacción de los intereses económicos de terceros, implica la violación de la dignidad humana, pues impide el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación.

El inciso demandado viola normas constitucionales y convencionales que protegen y reconocen a las personas en condición de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional, afectando el principio de dignidad, en la medida que se hace depender su rehabilitación de una condición económica, que les impide además, trabajar o conseguiros los medios para solventar sus deudas.

El Ministerio Público por su parte considera que el inciso demandado es inconstitucional, porque hace depender la rehabilitación del fallido de factores simplemente patrimoniales, en la medida en que bien puede suceder que dicha persona haya sido declarada clínicamente apta para conducir su autonomía personal y patrimonial, pero que no pueda ejercer sus derechos fundamentales hasta que pague las deudas que eventualmente tenga, siendo que para ello existen mecanismos jurídicos distintos a los de impedir la rehabilitación.

4.2. Problema jurídico

La Sala considera que el problema jurídico que debe resolver la Corte Constitucional es el siguiente: ¿Es violatorio del artículo 1 de la Constitución y muy especialmente del principio de dignidad humana y del Estado social de derecho, condicionar la rehabilitación del incapaz relativo, que ha sido inhabilitado por entrar en cesación de pagos de sus obligaciones o estado de insolvencia, al hecho de satisfacer previamente los créditos de los acreedores dentro del concurso?

4.3. Programa del fallo

Atendiendo a la postura de la mayoría de los intervinientes, así como a la consolidada jurisprudencia constitucional relacionada la condición de discapacidad, el programa metodológico del fallo desarrollará los siguientes temas y asuntos: (i) En primer lugar la Corte hace el análisis del segmento normativo demandado, en el contexto de la Ley 1306 de 2009, Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados; (ii) en segundo término se examina la regla de protección de la personas en condición de discapacidad prevista en la Constitución Política y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual dará paso (iii) al examen del principio y derecho fundamental de dignidad y del Estado social de derecho en relación con las personas declaradas incapaces, para finalmente, (iv) evaluar la constitucionalidad del inciso demandado, considerando de modo especial, las consecuencias que su mantenimiento implica para las personas afectadas y el sistema jurídico. Finalmente (v) se consigna la síntesis del fallo, presentando el balance de los argumentos que conducen a la declaratoria de inexequibilidad del sintagma demandado.

5. El enunciado demandado. Impropiedades de técnica legislativa y contenidos

5.1. Los accionantes demandaron el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009 Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados, que específicamente dispone:

“ART. 38.—Rehabilitación del inhabilitado. El Juez decretará la rehabilitación del inhabilitado a solicitud de este o de su consejero, previas las evaluaciones técnicas sobre su comportamiento. Entre dos (2) solicitudes de rehabilitación deberán transcurrir cuando menos seis (6) meses.  

El fallido tendrá derecho a obtener su rehabilitación cuando haya satisfecho a los deudores que se hicieron presentes en el concurso”. 

El artículo dispone que el juez decretará la rehabilitación del inhabilitado tomando como fundamento peritajes técnicos que prueben que ha sido superada la causa de la incapacidad relativa. Sin embargo en el caso de quienes han sido declarados inhábiles dentro de un proceso de insolvencia, se requiere además, que el afectado haya “satisfecho a los acreedores que se hicieron presentes en el concurso”, con lo cual en opinión de los demandantes, se ha erigido una barrera inconstitucional de carácter objetivo y patrimonial, que impide la rehabilitación del afectado.

Como fue señalado por la mayoría de los intervinientes, el enunciado demandado está mal construido y tiene problemas de técnica legislativa, en el sentido que el mismo se refiere a los “deudores”, y no a los acreedores del inhabilitado, y que técnicamente no se habla hoy de concurso, sino de la situación del particular no comerciante en régimen de insolvencia.

5.2. La Ley 1306 de 2009 es un cuerpo normativo dispuesto en 120 artículos divididos en nueve capítulos, cuyo objeto central es “la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad”, conforme lo señala el artículo 1 de dicho estatuto.

En sentido estructural, la ley fue dispuesta en nueve capítulos, siendo destinado el primero de ellos a las consideraciones generales, entre los artículos 1 al 13. El capítulo II desarrolla el tema de la discapacidad mental entre los artículos 12 y 47, a lo largo de cuatro secciones relacionadas con la discapacidad mental absoluta, la discapacidad mental relativa, el procedimiento para la declaratoria de inhabilidad, y la publicidad de la condición de inhabilitados. El capítulo III es muy corto, va de los artículos 48 a 51 y fue destinado a los actuaciones jurídicas de los interdictos y los inhabilitados, dando paso luego al capítulo IV, el más extenso, que comprende los artículos 52 a 102 y desarrolla los temas de los guardadores, consejeros y administradores, la designación de los guardadores; el régimen de incapacidades y excusas de los mismos; las diligencias que resultan necesarias para proceder al ejercicio de la guarda; el régimen de representación y administración de los bienes y la remuneración de la gestión de los guardadores, los consejeros y los administradores.

El capítulo II se titula personas con discapacidad mental y diferencia entre la discapacidad mental absoluta y la discapacidad mental relativa. El artículo 17 define la primera, señalando que “Se consideran con discapacidad mental absoluta quienes sufren una afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental”, y precisa que la calificación de dicha discapacidad se hará siguiendo los parámetros científicos adoptados por el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación, bajo una nomenclatura internacionalmente aceptada.

5.3. El enunciado demandado se encuentra dentro de la sección segunda, titulada Discapacidad mental relativa, cuya regulación comprende los artículos 32 a 39, que prevén la existencia de tres variedades: la inhabilitación general, la inhabilitación accesoria y la inhabilitación provisional.

El artículo 32 contiene el enunciado general de inhabilitación señalando que “Las personas que padezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y que, como consecuencia de ello, puedan poner en serio riesgo su patrimonio, podrán ser inhabilitadas para celebrar algunos negocios jurídicos” a petición de parte o del mismo afectado, siendo competente para ello el juez de familia.

Acto seguido el artículo 33 establece la “inhabilitación accesoria” y allí se prevé que “en los procesos de liquidación patrimonial y en los de pago por cesión de bienes de personas naturales, podrá decretarse como medida accesoria la inhabilitación del fallido, a solicitud del representante del patrimonio, de los acreedores u oficiosamente por el Juez” (resaltado fuera de texto), precisando que el Juez ante quien se adelante el proceso concursal contra el fallido, será el competente para decretar la inhabilitación accesoria y no el juez de familia, que es el juez natural tratándose de personas en condición de discapacidad.

El artículo 34 precisa que la inhabilitación se limitará a los negocios que, por su cuantía o complejidad, hagan necesario que la persona con discapacidad mental relativa realice con la asistencia de un consejero, pudiendo ejecutar todos los demás actos jurídicos relacionados, como lo precisa el artículo 35 de la ley al señalar, que “el inhabilitado conservará su libertad personal y se mirará como capaz para todos los actos jurídicos distintos de aquellos sobre los cuales recae la inhabilidad”.

En tercer lugar se tiene la inhabilitación provisional, prevista en el artículo 36, que es competencia del juez de familia, en virtud de la cual los actos de enajenación patrimonial cuyo valor supere los quince salarios mínimos legales mensuales, deba ser autorizado por un consejero.

5.4. Presentada la clasificación de las inhabilitaciones, el artículo 38 dispone la rehabilitación del inhabilitado, la que deberá ser decretada por el juez con fundamento en evaluaciones técnicas sobre su comportamiento, exigiendo que la persona no comerciante en régimen de insolvencia, satisfaga previamente las deudas contraídas con sus acreedores.

6. La protección de las personas en condición de discapacidad prevista en el derecho nacional y el convencional

En lo que se refiere a la protección de las personas en condición de discapacidad, la jurisprudencia de la Corte Constitucional tradicionalmente ha hecho dos cosas. En primer lugar ha fijado el escenario normativo de dicha protección y en segundo término, ha identificado los enfoques epistemológicos que han guiado la interpretación y la aplicación de las normas sobre discapacidad.

6.1. El escenario normativo local de las personas en condición de discapacidad

Alrededor de este tema, la jurisprudencia ha diferenciado entre el derecho nacional y el derecho convencional.

En el nivel del derecho local se cuenta con tres planos: el constitucional, el legal y el jurisprudencial, encaminados todos ellos al establecimiento de un sistema de protección dispuesto alrededor de las personas en condición de discapacidad, los que tienen como punto de partida el principio de dignidad.

El artículo 13 de la Carta Política establece el principio de igualdad, señalando especificarme en el inciso tercero, que “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o malos tratos que contra ellas se cometan”.

El artículo 47 por su parte, dispone que “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes prestará la atención especializada que requieran”, lo que se aviene con lo establecido en el artículo 54 de la Carta Política, que dispone que “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes los requieran”.

Finalmente se tiene el artículo 68, relacionado con el derecho a la educación, que en el inciso final establece que “La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”.

Dentro de esta perspectiva, la jurisprudencia constitucional ha focalizado su trabajo alrededor de tres finalidades(29): (i) procurar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas en condición de discapacidad frente a los demás miembros de la sociedad; (ii) adelantar las políticas pertinentes a lograr su rehabilitación social de acuerdo con sus condiciones y (iii) otorgar un trato especial a las personas en condición de discapacidad, que permita la eliminación de las condiciones de discriminación o marginación.

6.2. El derecho convencional de las personas en condición de discapacidad

En su intervención la Universidad Santo Tomás solicitó la declaratoria de inexequibilidad del enunciado demandado, por ser contrario a la Constitución y a las obligaciones contraídas por el Estado colombiano, con la suscripción de convenciones internacionales que establecen obligaciones de respeto y protección de los derechos de personas en condición de discapacidad. Entre esos documentos, que son vinculantes para Colombia, destacan:

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y que cuenta con la Ley 1346 de 2009, aprobatoria de tratado público, y que sirvió de fundamento a la Ley 1306 de 2009.

La Convención Interamericana Para La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra Las Personas Con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en ciudad de Guatemala el 6 de julio de 1999, e incorporada al derecho interno mediante la Ley 762 de 2002, declarada exequible mediante Sentencia C-401 de 2003.

Adicionalmente se tiene un conjunto de documentos de Derecho Internacional, relacionados con los derechos de las personas en condición de discapacidad, que precisan los deberes que tienen los Estados y la comunidad para con ellos. Entre esos documentos destacan los siguientes: La Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la ONU del 9 de diciembre de 1975; la Declaración de los Derechos de las Personas con Retardo Mental, de 1971; el Decenio de la Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1982; el Programa de Acción Mundial parta las Personas con Discapacidad; los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención en Salud Mental, de 1991; la Declaración de Caracas de 2001 y la Observación General No. 5 de 1994, sobre personas con discapacidad, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.

7. El principio y derecho fundamental de dignidad

La Constitución de 1886 se refería a la dignidad, pero no la concebía como un derecho o como un principio jurídico, sino que la relacionaba con el ejercicio de algunos cargos públicos. De este modo señalaba en el artículo 97 que la “indignidad por mala conducta” era una de las causales para adelantar juicios ante el Senado, disponiendo además en el artículo 155, que los Magistrados de los Tribunales Superiores serían responsables ante la Corte Suprema de Justicia “por las faltas que comprometan la dignidad de su puesto”. Desde allí hizo carrera hablar de “la dignidad del cargo”, en vez hablar de la dignidad de la persona que ocupa cualquier cargo, desempeña cualquier trabajo o desarrolla cualquier oficio.

El principio jurídico y derecho fundamental de dignidad fue establecido en el artículo 1 de la Constitución de 1991, que señala que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria y que está “fundada en el respeto de la dignidad humana”, y desde allí se ha desarrollado en el plano legislativo y jurisprudencial.

En el plano legislativo la dignidad ha sido incluida dentro del catálogo de principios que informan distintas leyes y códigos, mientras que el plano jurisprudencial ha permitido caracterizar la dignidad como un principio jurídico, un valor constitucional y un derecho fundamental, precisando además su contenido e identificando las principales líneas jurisprudenciales articuladas alrededor de ella.

7.1. La dignidad en el plano del derecho legal

El derecho legislativo presenta diversos escenarios de despliegue del principio de dignidad, en el que opera (i) como fundamento de otros derechos y (ii) como el derecho fundamental que tienen las personas, a un cierto trato, al trato digno.

El derecho penal ha incluido la dignidad como principio rector de la legislación penal y de sus normas de procedimiento. En este sentido el artículo 1 de la Ley 599 de 2000, que contiene el Código Penal establece perentoriamente:

ART. 1º—Dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento la dignidad humana”. 

Y en la misma dimensión el artículo 1 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal dispone alrededor del trato digno:

ART. 1º—Dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana”. 

El Código de la Infancia y la Adolescencia, contenido en la Ley 1098 de 2006 establece en el artículo 1 el mandato de prevalencia de la dignidad en los niños y las niñas, señalando que

ART. 1º—Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.” 

La ley de víctimas, contenida en la Ley 1448 de 2011, coloca a la dignidad como fundamento de los derechos a la justicia la verdad y reparación, a la vez que la incluye como el elemento central del trato que debe serle dado a las víctimas. Específicamente el artículo 4 señala lo siguiente:

ART. 4º—Dignidad. El fundamento axiológico de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, es el respeto a la integridad y a la honra de las víctimas. Las víctimas serán tratadas con consideración y respeto, participarán en las decisiones que las afecten, para lo cual contarán con información, asesoría y acompañamiento necesario y obtendrán la tutela efectiva de sus derechos en virtud del mandato constitucional, deber positivo y principio de la dignidad.” 

Igual puede decirse de la Ley 1437 de 2011, que contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, que en el numeral 5 del artículo 5 prevé como derecho de las personas ante las autoridades el de “Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana”, mientras que en el numeral 5 del artículo 7 establece como deber de las autoridades en la atención al público, “Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente”.

La única regresión se encuentra en la Ley 1564 de 2012 que contiene el Código General del Proceso, que al estilo de la Constitución de 1886, refirió la dignidad a los cargos públicos y no a las personas, señalando en el numeral 3 del artículo 42, que es deber del juez, “Prevenir, remediar, sancionar o denunciar por los medios que este Código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia”.

Finalmente y para el caso que ocupa la atención de la Sala, se tiene la inclusión el principio de dignidad en el artículo 2 de la Ley 1309 de 2006, donde se señala:

“ART. 3º—Principios. En la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad mental se tomarán en cuenta los siguientes principios: 

a) El respeto de su dignidad, su autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia; (…)” 

Como conclusión de lo anterior se tiene que el derecho legal reconoce plenamente la vigencia y la importancia del principio de la dignidad, la que es incluida dentro de los principios rectores de los principales estatutos legales, bajo dos contenidos fundamentales: (i) como fundamento de los demás derechos, y (ii) como regla del trato digno que debe ser dado a todas las personas, especialmente a aquellas que son sujetos de especial protección constitucional como ocurre con los menores de edad, las víctimas y las personas en condición de discapacidad.

7.2. La dignidad en la Constitución y en las líneas de protección dispuestas por la Corte Constitucional

La dignidad es el principio fundamental de la Constitución Política de 1991, fue establecido en el artículo 1 del texto constitucional y se desarrolla en numerosos enunciados.

De este modo el artículo 25 de la Carta, que contiene el derecho fundamental al trabajo, dispone expresamente que “Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

El artículo 42 que convoca a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, determina en el inciso segundo, que “La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

En la dimensión de los derechos sociales, el artículo 42 de la Constitución prevé que “Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna”, mientras que el artículo 53, relacionado con el derecho al trabajo, señala en el inciso final, que “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.

En el plano de los derechos culturales se tiene el artículo 68, cuyas materias son el servicio público de educación, la comunidad educativa y la enseñanza, que dispone en el inciso tercero, que “La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente”, mientras que en el artículo 70 relaciona el principio de dignidad con el derecho a la cultura, al establecer en el inciso segundo, que “La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país”.

Finalmente se tiene el artículo 95 de la Constitución, que fue destinado a los deberes y obligaciones constitucionales, indicándose allí, que “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla”.

7.3. La dignidad en la protección de la Corte Constitucional

La Sentencia T-881 de 2002 es determinante para la consideración del principio y derecho fundamental de dignidad, siendo el fallo siempre reiterado(30), por dos razones fundamentales:

i. En primer lugar, porque es el precedente obligado en materia de dignidad, hasta el punto de ser la referencia común sobre dignidad en Colombia. Se usa aquí la expresión precedente en el sentido enunciado en la Sentencia T-292 de 2006, seguido ampliamente en fallos posteriores, que lo entiende como “aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que habrá de resolver que por su pertinencia para la solución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”(31).

ii. En segundo término, porque contiene la jurisprudencia en vigor en materia de dignidad, en el sentido de enunciar las seis líneas jurisprudenciales vigentes alrededor de este principio y derecho fundamental, que son la referencia obligada de la totalidad de los fallos en Colombia. Se usa aquí la expresión jurisprudencia en vigor en el sentido enunciado en el Auto 153 de 2015, “(...) en el entendido de que las decisiones anteriores han dejado tras de sí un sustrato de interpretación judicial que permite inferir criterios mínimos de alguna manera reiterados por la Corte en cuanto al alcance de las normas constitucionales aplicables en lo relativo a la solución de controversias planteadas en los mismos términos (...)”(32).

En el caso contenido en la Sentencia T-881 de 2002, fueron acumulados dos expedientes, el primero relacionado con la falta de pago del servicio de energía eléctrica por parte del Inpec - Cárcel del Distrito Judicial de Cartagena a Electrocosta S.A.; y el segundo también con la falta de pago del mismo servicio por el municipio de Arenal a Electribol. En ambos casos las empresas de energía suspendieron el servicio público a los usuarios, degradando las condiciones de vida de varias personas, entre ellas, los reclusos de la Cárcel del Distrito Judicial de Cartagena, y del otro, poniendo en peligro la vida de los pacientes y enfermos del hospital de Arenales, y de los miembros de la Fuerza Pública allí destacada, quienes quedaron en condiciones de indefensión por el riesgo de padecer ataques de grupos armados.

En ambos casos, las empresas de energía en lugar de efectuar los cobros jurídicos del caso, ordenaron y dispusieron el corte del servicio de energía eléctrica, degradando la vida de las personas, quienes fueron usadas como instrumento de presión para obtener el pago de los dineros que el Inpec y el municipio de Arenales le adeudaban a las Empresas de energía.

Al resolver la Corte dijo, que “los ámbitos de protección de la dignidad humana, deberán apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural, sino como contenidos concretos, en relación con las circunstancia en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente”(33), afirmando desde allí, que “Para la Sala la nueva dimensión social de la dignidad humana, normativamente determinada, se constituye en razón suficiente para reconocer su condición de derecho fundamental autónomo, en consonancia con la interpretación armónica de la Constitución”(34) (subrayados fuera de texto)

De este modo la Corte amparó los derechos de los usuarios, entre ellos el de dignidad, previniendo a Electrocosta para que no usara a las personas como mecanismo de presión para obtener pagos en dinero. Específicamente dijo:

“Séptimo. Prevenir a Electrocosta, para que se abstenga en adelante de realizar cualquier tipo de conductas dirigidas al racionamiento, suspensión o corte en el servicio de suministro de energía al Hospital, al Acueducto y a los establecimientos de seguridad terrestre (bienes constitucionalmente protegidos), del municipio del Arenal (Bolívar), sin importar que las mismas tengan o no su origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los mencionados establecimientos o del municipio del Arenal.”  

La Corporación censuró expresamente la conducta de usar o instrumentalizar a las personas, en los siguientes términos:

“Esta protección especial torna constitucionalmente injustificada la conducta de las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, que alegando ejercicio de atribuciones legales proceden a efectuar como simples medidas de presión para el pago de sumas adeudadas, racionamientos o suspensiones indefinidas del servicio, en establecimientos penitenciarios, o indiscriminadamente en establecimientos de salud o establecimientos relacionados con la seguridad ciudadana.”(35) 

7.4. Las líneas jurisprudenciales alrededor del principio y derecho fundamental de dignidad

Además de resolver el caso y de amparar los derechos de los accionantes y demás personas afectadas, el Sentencia T-881 de 2002 identificó los contenidos del principio de dignidad y las seis líneas jurisprudenciales dispuestas por la Corte alrededor de este derecho(36), las que fueron presentadas en dos grupos, articulados desde el punto desde el punto de vista de la función del derecho de dignidad (i) y desde el punto de vista del objeto de protección de la dignidad (ii).

7.4.1. La dignidad desde la función del enunciado normativo sobre dignidad

Desde este punto de vista, la Corte dispuso tres líneas jurisprudenciales, ampliamente acogidas hasta hoy:

La dignidad como valor, entendido al modo de principio fundante del ordenamiento constitucional. En esta perspectiva, la dignidad es presentada como la base axiológica o de fundamentación de todos los demás derechos. Desde allí, se irradia la protección de la honra, el buen nombre, la integridad personal, el mínimo vital, etc.

La dignidad como principio constitucional, como deber positivo del Estado, como mandato de optimización. En esta dimensión, la Dignidad “se constituye como un mandato constitucional, un deber positivo, o un principio de acción, según el cual todas las autoridades del Estado sin excepción, deben, en la medida de sus posibilidades jurídicas y materiales, realizar todas las conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y legales, con el propósito de lograr las condiciones para el desarrollo efectivo de los ámbitos de protección de la dignidad humana identificados por la Sala: autonomía individual, condiciones materiales de existencia, e integridad física y moral”(37). Así, se ha ordenado el trato digno de todo servidor público a las personas; los límites de las autoridades en el ejercicio de la fuerza, especialmente en situaciones de conflicto; los deberes de respeto por la integridad y dignidad de los reclusos y sus visitantes, así como deberes de abstención respecto del cuerpo de otros seres humanos.

La dignidad como derecho fundamental autónomo, que la Corte ha traducido en las protecciones concretas a la igualdad en el trato y el trato digno, a la identidad sexual, a la totalidad de los derechos de los niños por su condición, así como a los casos de derechos de la tercera edad, especialmente la pensión.

7.4.2. La dignidad desde el objeto de protección

Desde este punto de vista, la Corte ha desarrollado tres líneas jurisprudenciales:

La dignidad como ejercicio de la autonomía personal, patente en el diseño del propio plan de vida, que la Corte ha entendido como “vivir como quiera” y que tradujo en protecciones concretas, como la despenalización del consumo de sustancias sicoactivas, la decisión sobre las preferencias sexuales que se quieran, el derecho a morir dignamente, el derecho a escoger profesión u oficio, la vida, pero no simplemente como vida biológica, sino como vida digna, etc.

La dignidad como condiciones materiales de existencia, que la Corte entiende como “vivir bien”, línea esta que ha permitido indicar niveles de bienestar en las cárceles, la protección por tutela de los derechos a la salud y la integridad personal, la preservación del mínimo vital, la protección a las peticiones de reconocimiento de pensión de jubilación y otras similares.

La dignidad como intangibilidad de la integridad física y moral, que la Corte entiende como “vivir sin humillaciones”, que ha permitido impedir penas irredimibles sobre los inimputables, así como castigos infamantes a menores de edad, limitar la servidumbre en las relaciones laborales y proteger a las personas de la tercera edad o a las minorías sexuales.

7.5. La regla que prohíbe el uso o instrumentalización de las personas y la fundamentación el principio de dignidad

Alrededor de la fundamentación de la dignidad han sido dispuestos diversos discursos y modelos. En este sentido Torralba describe clasificaciones que hablan de la dignidad del antrophos, dignidad del homo, dignidad del uomo, dignidad como fin en sí mismo, dignidad como autodominio, y dignidad como orden y relación entre otras ofertas. Igualmente en el plano de los sentidos de la dignidad, se habla de la dignidad ontológica, la dignidad ética y la dignidad teológica(38).

Dentro de la misma línea descriptiva Anzoátegui Roig, quien enumera algunos de los distintos modos de entender la dignidad. Así se tiene su dimensión social, que la asocia con algo externo a la persona, que el sujeto tiene en función de su posición social; o la dignidad como atributo del individuo, derivado de su propia naturaleza, que puede identificarse con un don divino o derivarse de su posición central en el cosmos, o de su naturaleza racional. Igualmente la dignidad se ha entendido como una virtud, como un mérito adquirido, como un oficio o cargo, como una cualidad intrínseca o se la ha vinculado a la posesión de derechos. Dentro de esta misma línea se ha diferenciado entre dignidad ontológica (la que tiene que ver con el valor de la persona en tanto que persona) y dignidad fenomenológica (la persona es más o menos digna en función de lo que hace o deja de hacer)(39).

7.5.1. La Corte Constitucional desde el comienzo de su jurisprudencia se preguntó por el fundamento y los contenidos de la dignidad, afirmando que el principio y derecho fundamental de dignidad es superior a todos los demás, hasta el punto de ser el fundamento de todos los derechos, derivando su contenido de la segunda formulación del imperativo categórico kantiano que señala: “El imperativo práctico será así pues el siguiente: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre a la vez como un fin, nunca meramente como medio” (cursiva dentro del texto)(40), todo ello en la idea concreta de impedir la instrumentalización o el uso de un ser humano por el Estado, por otro sujeto, o por una corporación, considerando a los seres humanos como sujetos y no como objetos para otro. De este modo se afirmó y aceptó desde el comienzo, que “la dignidad humana es el valor supremo del Estado social de derecho”(41).

Este modelo de fundamentación se ha mantenido en los 25 años de jurisprudencia y se usa tanto en el control abstracto, como en el control concreto de constitucionalidad.

7.5.2. En el plano del control abstracto deben ser reseñados los siguientes fallos:

La Sentencia C-542 de 1993 es el punto de partida de fundamentación del principio de dignidad desde el imperativo kantiano, del que se derivó la regla que prohíbe la instrumentalización de las personas por parte del estado o de otras personas. En dicho fallo la Corte declaró la inexequibilidad de los artículos 18, 19, 20, 21 y 24 de la Ley 40 de 1993, Por la cual se adopta el estatuto nacional contra el secuestro y se dictan otras disposiciones, que establecían restricciones sobre el derecho de propiedad en los casos de secuestro, en nombre del interés general. La Corte encontró que esas medidas violaban el principio de dignidad, al instrumentalizar y usar a los hombres en nombre de la realización del interés general. Específicamente dijo la Corte:

“3. Se invoca, para prohibir el pago del rescate, el argumento de la primacía del interés general. Pero es menester tener presente que, por su dignidad, el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar fines generales, a menos que él voluntaria y libremente lo admita. Por tanto, el principio de la primacía del interés general, aceptable en relación con derechos inferiores, como el de la propiedad, no es válido frente a la razón que autoriza al ser humano para salvar su vida y su libertad, inherentes a su dignidad.”(42) 

El fundamento del principio de dignidad fue presentado de la siguiente manera, que se volvería punto de partida de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre dignidad(43):

“Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué es la dignidad humana? 

Según Kant, "...el hombre, y en general todo ser racional, existe como un fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado al mismo tiempo como fin." Y partiendo del supuesto de que el hombre es un fin en sí mismo, enuncia este imperativo categórico: "Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo, y nunca solamente como un medio."("Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres", y otros escritos, Ed. Porrúa S.A., México 1990, pág. 44). 

En relación con la teoría de Kant sobre la persona, afirma Recasens Siches: 

"En este sentido dice que los seres racionales se llaman personas en tanto que constituyen un fin en sí mismo, es decir, algo que no debe ser empleado como mero medio, algo que, por consiguiente, encierra albedrío. La persona es un ser enteramente diverso de las cosas, diverso por su rango y dignidad. Personalidad es "libertad e independencia del mecanismo de toda la naturaleza". Conviene, pues, subrayar que en Kant el concepto de persona surge a la luz de una idea ética. Esto es, la persona se define no atendiendo sólo a la especial dimensión de su ser (v.gr., la racionalidad, la indivisibilidad, la identidad, etc.), sino descubriendo en ella la proyección de otro mundo distinto al de la realidad, subrayando que persona es aquel ente que tiene un fin propio qué cumplir por propia determinación, aquel que tiene su fin en sí mismo, y que cabalmente por eso posee DIGNIDAD, a diferencia de todos los demás, de las cosas, que tienen su fin fuera de sí, que sirven como mero medio a fines ajenos y que, por tanto, tienen PRECIO. Y ello es así, porque la persona es el sujeto de la ley moral autónoma, que es lo único que no tiene un valor solamente relativo, o sea un precio, sino que tiene un valor en sí misma y constituye así un autofín...". 

El hombre, en síntesis, tiene dignidad porque es un fin en sí mismo y no puede ser considerado un medio en relación con fines ajenos a él.”(44) (Resaltado dentro del texto)

Un segundo referente jurisprudencial es el contenido la Sentencia C-355 de 2006, que estableció el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de malformación del feto, riesgo para la vida o la salud de la mujer, violación o inseminación artificial no consentida. Mediante sentencia de exequibilidad condicionada, la Corte señaló expresamente que la mujer es un fin en sí misma, y que no puede ser instrumentalizada ni forzada a la reproducción por parte del Estado. Específicamente dijo:

“Respecto de la mujer, el ámbito de protección de su dignidad humana incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que se incluye la autonomía reproductiva, al igual que la garantía de su intangibilidad moral, que tendría manifestaciones concretas en la prohibición de asignarle roles de género estigmatizantes, o infringirle sufrimientos morales deliberados. (…) 

En tal medida, el legislador al adoptar normas de carácter penal, no puede desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno y por tanto debe tratarla como tal, en lugar de considerarla y convertirla en un simple instrumento de reproducción de la especia humana, o de imponerle en ciertos casos, contra su voluntad, servir de herramienta efectivamente útil para procrear.”(45)

Dentro de esta misma línea de argumentación está la Sentencia C-292 de 2008, por medio de la cual la Corte expulsó del sistema normativo el artículo 821 del Estatuto Tributario, que le impedía a los extranjeros la salida del país, hasta tanto pagaran sus impuestos. La parte accionante había señalado, entre otros argumentos, que la medida violaba el principio de dignidad, “porque permite tomar a esas personas como objetos para el cumplimiento de un fin, esto es, como simples garantías del cumplimiento de una deuda patrimonial”. La Corte Constitucional acogió los planteamientos del demandante, señalando como argumento de la declaratoria de inexequibilidad:

“En tercer lugar, porque la medida es desproporcional, en tanto que frente a la libertad de circulación reconocida en la Constitución y en los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, privilegia una obligación puramente patrimonial, que si bien es importante para los fines del Estado por la importancia de la fiscalidad, no es suficiente para sacrificar esa garantía fundamental e invertir la regla de separación entre las libertades públicas y la responsabilidad por deudas. Si bien no se atenta contra la buena fe de los contribuyentes extranjeros (C.P., art. 83), en la medida que la norma parte de un supuesto válido —como es que por naturaleza los extranjeros tienen ubicado su patrimonio en otro territorio donde el Estado no tiene jurisdicción para su persecución—, si se encuentra por esta Corte que el legislador interfiere desproporcionadamente en la libertad de las personas, al utilizarla como mecanismo de presión para forzar el pago de una obligación dineraria.”(46) (Resaltado fuera de texto)

La misma prohibición se contuvo en la Sentencia C-143 de 2015, oportunidad en que la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del inciso final del artículo 178 del Código Penal, que prevé el delito de tortura, mismo que en su tipificación proscribe la instrumentalización de las personas con el objeto de obtener información o una confesión. En dicha sentencia se reiteró que “Esta consagración se basa en la teoría iusfilosófica de origen kantiano según la cual toda persona tiene un valor inherente a su propia condición humana que es su dignidad, la cual la hace ser no un medio, un instrumento para la consecución de diversos fines, sino un fin en sí mismo”(47)

La Corte Constitucional censuró expresamente la instrumentalización de las personas por ser violatoria de la autónoma y la dignidad, señalando que

“la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la tortura es un delito que atenta contra la dignidad humana para obtener resultados variados como información, castigos o coacciones; usando métodos que producen grave dolor, sufrimientos o aflicción en las víctimas, sometiendo su voluntad a la del torturador. No obstante lo anterior, también ha expresado, que los dolores o sufrimientos que son consecuencia de sanciones legítimas o inherentes a éstas quedan excluidos del concepto de tortura.”(48) 

7.5.3. En el plano del control concreto de constitucionalidad, la Corte también ha afirmado la regla que proscribe el uso y la instrumentalización de las personas por parte de otro sujeto o del Estado, así como la consideración del ser humano como fin en sí mismo, como fundamento del principio de dignidad.

La Sentencia T-499 de 1992 es la referencia común al momento de reconstruir el curso histórico el derecho a la dignidad en Colombia y en ella se establece como su fundamento, el derecho de las personas a ser consideradas como un fin en sí mismo y no como un medio para otros. Específicamente dijo la Corte al amparar los derechos de una persona que padecía afecciones en la columna vertebral, a la que le había sido negado el acceso al sistema de salud:

“El hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse (CP art. 16). Las autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como "vida plena". La integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización individual y social. Una administración burocratizada, insensible a las necesidades de los ciudadanos, o de sus mismos empleados, no se compadece con los fines esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica al individuo y traiciona los valores fundantes del Estado social de derecho (CP art. 1).”(49) (Resaltado dentro del texto)

La Sentencia T-211 de 1995 recoge expresamente la regla que prohíbe la instrumentalización de las personas y el fundamento kantiano de la dignidad dispuesto en la Sentencia C-542 de 1993, en relación con el caso de una estudiante de décimo grado, que fue expulsada de un colegio en Antioquia, por estar con seis meses de embarazo. Allí la Corte amparó el derecho fundamental a la dignidad de la menor a la que el rector de la institución llegó a ofrecerle dinero para preservar el “buen nombre” del Colegio. La Corporación, además de recoger el fundamento del derecho a la dignidad, dijo en lo relacionado con la violación de las normas fundamentales:

“Como tampoco se justifica que se permita a un estudiante vivir en unión libre mientras por otro lado se imponga una "pena medicinal" (expresión del Rector) a XXXXX por estar embarazada. 

Si, además, a la menor se le ofrece plata para que cambie de colegio, se le insinúa que asista los sábados pero como "particular", se dice que por el embarazo se la podría entender "como una mujer dedicada a la prostitución", se le da un trato discriminatorio para "cortar el mal", habrá que concluir que se le está afectando su dignidad.”(50) 

Esto mismo sucedería en otros fallos de control concreto que recogerían la misma regla y la misma fundamentación, como puede ser verificado en la Sentencia T-812 de 2008, relacionada con el caso de un trabajador con limitaciones, que fue desvinculado arbitrariamente del trabajo, respecto de la cual la Corte amparó sus derechos y ordenó el reintegro(51); o en la Sentencia T-611 de 2013, en la que no solo se reiteró que la dignidad humana implica reconocer a la persona como un fin en sí mismo, sino que se puso de relieve su dimensión hermenéutica al señalar que esta exige “un trato especial para el individuo, de tal forma que la persona se constituye en un fin para el Estado que vincula y legitima a todos los poderes públicos, en especial al juez, que en su función hermenéutica debe convertir este principio en un parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, este principio impone una carga de acción positiva frente a los derechos, más aún en relación con la vida, como desarrollo esencial de los valores, derechos y libertades individuales”(52).

Como balance de todo lo anterior se tiene que la línea jurisprudencial que reconoce el principio y derecho fundamental de dignidad en relación con el objeto de protección, tiene como contenido esencial, el derecho que se tiene a no ser instrumentalizado ni usado por el Estado, por una Corporación o por cualquier otro sujeto, teniendo como fundamento la consideración de que los seres humanos somos fines en sí mismos y no medios o instrumentos para la realización de los intereses, las conveniencias o los fines de otros. Desde esta perspectiva se entra a resolver el problema jurídico planteado en esta sentencia.

8. Solución del caso concreto. La inconstitucionalidad del enunciado que somete la rehabilitación del inhabilitado al pago de deudas

8.1. La Sala entra a resolver la demanda que interpusieron unos ciudadanos en contra del inciso final del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009 de acuerdo con el cual, “El fallido tendrá derecho a obtener su rehabilitación cuando haya satisfecho a los deudores que se hicieron presentes en el concurso”.

De acuerdo con los demandantes, el segmento cuestionado es violatorio del principio de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Constitución Política, por condicionar el derecho a la rehabilitación (que es un derecho personal) a la satisfacción previa de los créditos de los acreedores. En este sentido afirmaron los demandantes, el texto impugnado pretende que una persona clínicamente hábil, pero inmersa en un estado de insolvencia, tenga que satisfacer previamente las obligaciones patrimoniales que le asisten dentro de un proceso concursal, para que pueda ser rehabilitado.

8.2. La Ley 1306 de 2009, Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados, es una ley especial dispuesta en 120 artículos, que tuvo entre otros fundamentos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

De acuerdo con el título asignado, esa ley contiene normas destinadas a la protección de las personas con discapacidad mental. Dentro de la misma línea, el artículo 1 reitera que la ley tiene por objeto la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad”, señalando además en el inciso segundo, que la directriz de interpretación y aplicación de esas normas, está en “La protección de la persona con discapacidad mental y de sus derechos fundamentales”.

El artículo 3º de la Ley 1306 de 2009 enumera los principios para la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad mental, disponiendo en el inciso final, que Estos principios tienen fuerza vinculante prevaleciendo sobre las demás normas contenidas en esta ley”. La ley prevé como principio fundamental:

“a) El respeto de su dignidad, su autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia;” 

8.3. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, ratificada por Colombia, reitera que la protección es el objeto de esa normatividad y que la dignidad es el principio central de la misma:

ART. 1º—Propósito. El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.” 

Adicionalmente incluye en el artículo 3 a la dignidad como el principio central al señalar que “Los principios de la presente Convención serán: a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; (…)”.

8.4. El Capítulo II de la Ley 1306 de 2009 se titula Personas con discapacidad mental, y diferencia entre la discapacidad mental absoluta y la discapacidad mental relativa, definiendo la primera al señalar que “Se consideran con discapacidad mental absoluta quienes sufren una afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental”.

El inciso demandado se encuentra dentro de la sección segunda, titulada Discapacidad mental relativa, la que puede dar lugar a tres tipos de inhabilitación: la general, la accesoria y la provisional. La inhabilitación accesoria se aplica a personas incursas en procesos de liquidación patrimonial y en los de pago por cesión de bienes de personas naturales, siendo competente para decretarla, el juez del proceso concursal.

El artículo 38 parcialmente demandado, dispone la rehabilitación del inhabilitado, la que deberá ser decretada por el juez con fundamento en evaluaciones médicas sobre su comportamiento, exigiendo además que la persona no comerciante en régimen de insolvencia, satisfaga previamente las deudas contraídas con sus acreedores. En este sentido y como lo señalan los demandantes y la mayoría de los intervinientes, se tiene la situación de una persona a la que, pese a haber recuperado su sanidad clínica de conformidad con los dictámenes médicos, se le niega la rehabilitación por asuntos económicos relacionados con la falta de pago de sus deudas.

8.5. La Sala considera que la condición impuesta por el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009 es contraria al principio de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Constitución Política, en tanto que utiliza la figura médico-jurídica de la rehabilitación, como un instrumento de cobro de deudas económicas, olvidando que para tales efectos, el sistema jurídico ha establecido una panoplia de acciones procesales dispuestas en el Código General del Proceso y en otros estatutos.

Dentro de esta comprensión, la persona que aspira a la rehabilitación, sometida a una inhabilitación transitoria, no es tomada en su dimensión integral, sino que se lo considera básicamente como el deudor de unos créditos, olvidando que el objeto constitucional y legal de las normas sobre personas en condición de discapacidad, está constituido por la protección, la rehabilitación y el trato digno debido a esas personas, hasta el punto de sacrificar la recuperación clínica, en nombre de la satisfacción de un crédito económico.

De esta manera, la persona inhabilitada es instrumentalizada por el propio sistema jurídico, en el sentido de volverla un mecanismo adecuado para el cobro de deudas, contrariando el principio legal y convencional que obliga observar “El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas”, conforme a los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la propia Ley 1306 de 2009.

Concluye por lo mismo la Sala, que la condición impuesta por el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009 es contraria a la Constitución, por violar el principio de dignidad, en tanto que el mecanismo de rehabilitación del incapaz relativo es usado como un instrumento de cobro jurídico de los derechos del acreedor, de modo tal, que poco valen el dictamen y la sanidad clínica de la persona frente a la acreencia, con el sacrificio de la vida funcional del inhabilitado. En este sentido la norma es inconstitucional por ser violatoria del artículo 1 de la Constitución y debe ser retirada del sistema.

9. Síntesis del fallo

La Corte Constitucional examinó la demanda que formularan los ciudadanos Lorena Andrea Boada Gómez contra del inciso final del artículo 30 de la Ley 1306 de 2009, de acuerdo con el cual la persona declarada inhábil relativa “tendrá derecho a obtener su rehabilitación cuando haya satisfecho a los deudores que se hicieron presentes en el concurso”. En opinión de los demandantes el segmento demandado es inconstitucional, en la medida que somete la rehabilitación de quien ha sido declarado inhábil relativo, a la previa satisfacción de sus deudas, aún en los casos en que los dictámenes médicos hayan acreditado la sanidad mental de la persona.

En la estructuración del problema jurídico la Corte Constitucional se preguntó si resultaba violatorio del del principio de dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Constitución, el hecho de condicionar la rehabilitación del incapaz relativo, a la satisfacción previa de los créditos de los acreedores dentro del concurso. Para resolver el asunto la Sala efectuó el examen del segmento demandado, analizando las reglas de protección de las personas en condición de discapacidad previstas en la Constitución Política y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, procediendo luego al examen del principio y derecho fundamental de la dignidad humana en el caso concreto.

Respecto de la Ley 1306 de 2009, la Corporación recordó que el objeto de esa ley es la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad”, precisando además que la directriz de interpretación y aplicación de sus normas, está en “La protección de la persona con discapacidad mental y de sus derechos fundamentales”.

Efectuado lo anterior la Corte Constitucional se ocupó del principio y derecho fundamental de la dignidad, refiriendo tanto el desarrollo de las líneas jurisprudenciales identificadas en la Sentencia T-881 de 2002, como el fundamento de dicho principio, bajo cuyo desarrollo fue establecida la regla que prohíbe el uso o la instrumentalización del ser humano por parte de otro de otro sujeto, de una corporación o el propio Estado, precisando que todas las personas somos un fin en sí mismas y que no podemos ser sometidos a ser medios o instrumentos para los fines de otros.

Desde los anteriores presupuestos se procedió al examen del segmento demandado, en aplicación de la regla que prohíbe la instrumentalización de los seres humanos, encontrando la Sala en el caso concreto, que el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009 contraría el principio de la dignidad humana establecido en el artículo 1 de la Constitución Política, en tanto que utiliza la figura médico – jurídica de la rehabilitación, como un instrumento de cobro de deudas económicas, olvidando además, que el sistema jurídico ha establecido diversas acciones procesales destinadas a la efectividad de las deudas, sin que resulte necesario mantener la condición de inhabilidad de quien clínicamente ha superado la situación de discapacidad.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato expreso de la Constitución

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 1306 de 2009.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese el expediente».

20 Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, consideración jurídica 3.4.2.

21 Sentencia C-330 de 2016 M.P. María Victoria Calle Corea, consideración jurídica No. 3.2., refiriendo los contenidos de la Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

22 Sentencia C-412 de 2015 M.P. Alberto Rojas Ríos, consideración jurídica 2.1.

23 Sentencia C-159 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

24 Sentencia C-811 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo, consideración jurídica 2.1.3.1. citando las sentencias C-159 de 2004, C-823 de 2006, C-898 de 2009, C-775 de 2010 y C-901 de 2011.

25 Cfr. Sentencias C-159 de 2004, C-775 de 2010.

26 Sentencia C-811 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo, consideración jurídica 2.1.3.2. citando las sentencias C-159 de 2004, C-823 de 2006 y C-775 de 2010.

27 Sentencia C-811 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo, consideración jurídica 2.1.3.3, citando Sentencia C-775 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

28 Sentencia C-419 de 2002 M.P. Margo Gerardo Monroy Cabra, consideración jurídica 3.

29 Sentencia C-458 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, párrafo 31, citando la Sentencia C-804 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa

30 Este es el fallo de referencia en la casi totalidad de decisiones en las que esté comprometido el principio de dignidad. De hecho se viene utilizando en fallos de unificación recientes, como puede ser referenciado en la Sentencia SU-696 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

31 Sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, consideración jurídica No. 25

32 Auto 153 de 2015 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, usando como intertexto el Auto 131 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil

33 Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, párrafo 29

34 Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, párrafo 29

35 Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, párrafo 37

36 Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

37 Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, consideración jurídica No. 24.

38 Torralba, Francesc. ¿Qué es la dignidad humana? Herder, Barcelona, 2006

39 Anzoátegui Roig, Francisco. Derechos fundamentales y dignidad humana. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho Universidad Carlos III de Madrid, Número 10, Madrid, 2011

40 Kant, Inmanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ariel, Barcelona, 1999, página 189.

41 Sentencia C-414 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.

42 Sentencia C-542 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía. Sección IV, Conclusiones

43 La referencia al fundamento y la cita textual se pasaje se encuentra en numerosos fallos de la Corte en los que la variable de la decisión ha sido el principio de dignidad. Dentro de esta línea pueden ser referenciadas entre otras, las siguientes sentencias: T-211 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-322 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T- 618 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-744 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-812 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-611 de 2013 M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre muchas otras

44 Sentencia C-542 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía, consideración tercera

45 Sentencia C-355 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas, consideración jurídica No. 8.1.

46 Sentencia C-292 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo, consideración jurídica No. 4.2.4.3.

47 Sentencia C-143 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideración jurídica No. 3

48 Sentencia C-143 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideración jurídica No. 4.3

49 Sentencia T-499 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, consideración jurídica No. 1

50 Sentencia T-211 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero

51 Sentencia T-812 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño

52 Sentencia T-611 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, consideración tercera, usando como intertexto la Sentencia T-645 de noviembre 26 de 1996, M. P. Alejandro Martínez Caballero.