Sentencia C-135 de marzo 19 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente R.E-096

Revisión Constitucional del Decreto Legislativo 224 del 31 de enero de 1997, “por el cual se modifica parcialmente el Decreto 81 de 1997”.

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Santafé de Bogotá, D.C., 19 de marzo 1997.

EXTRACTOS: «2. Inconstitucionalidad por consecuencia. Mediante Sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997 (M.P. Drs. Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz), esta Corte declaró inexequible el Decreto 080 del 13 de enero de 1997 declaratorio del estado de emergencia económica y social.

Como el decreto legislativo materia de examen en este proceso fue dictado en desarrollo del que se menciona, se configura un caso de inconstitucionalidad por consecuencia, al que ya se había referido la Corte en circunstancias similares, provocadas por la declaración de inexequibilidad del decreto que ponía en vigencia un estado de conmoción interior.

En el fallo C-488 del 2 de noviembre de 1995, se expresó al respecto:

“Se trata de una inconstitucionalidad por consecuencia, es decir, del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitió al jefe del Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución.

Cuando tal situación se presenta, la Corte Constitucional no puede entrar en el análisis de forma y fondo de cada uno de los decretos legislativos expedidos, pues todos carecen de causa jurídica y son inconstitucionales por ello, independientemente de que las normas que consagran, consideradas en sí mismas, pudieran o no avenirse a la Constitución.

En el fondo ocurre que, declarada la inexequibilidad del decreto básico, el Presidente de la República queda despojado de toda atribución legislativa derivada del estado de excepción y por ende, ha perdido la competencia para dictar normas con fuerza de ley.

Desde luego, la declaración de inconstitucionalidad que en los expresados términos tiene lugar, no repercute en determinación alguna de la Corte sobre la materialidad de cada uno de los decretos legislativos que se hubieren proferido, ya que aquélla proviene de la pérdida de sustento jurídico de la atribución presidencial legislativa, mas no de la oposición objetiva entre las normas adoptadas y la Constitución Política”.

Estas mismas razones obran para el caso que se estudia y, por lo tanto, manteniendo su jurisprudencia, la Corte habrá de declararlo inexequible.

No obstante, se estima necesario precisar que, a juicio de la corporación, la pérdida de vigencia de los decretos dictados al amparo de un estado excepcional, cuando el decreto que lo declara es encontrado inexequible, se produce inmediatamente comience a surtir efectos jurídicos la sentencia recaída sobre dicho decreto inicial, y ello acontece cuando tal fallo se notifica.

En otros términos, en la aludida hipótesis —que es la del caso presente—, los decretos dictados en desarrollo del que ha declarado el estado de excepción, si éste es inexequible, pierden fundamento jurídico como consecuencia de la declaración judicial relativa al decreto básico, luego, una vez notificada la primera sentencia, todas las medidas dictadas son inexequibles, como resultado de esa inconstitucionalidad, pero debe aclararse que, como el artículo 241 de la Constitución expresamente le atribuye competencia a la Corte para decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de todos los decretos legislativos expedidos al amparo de los artículos 212, 213 y 215 ibídem, es necesario que la Corte haga pronunciamiento formal sobre la inexequibilidad de cada decreto, producida a raíz del fallo principal.

Los efectos de cada sentencia mediante la cual se declare la inexequibilidad de los decretos legislativos dictados con apoyo en el estado de emergencia se producen, entonces, a partir de la notificación del fallo que haya declarado inexequible el decreto declaratorio del estado excepcional, en este caso el distinguido con el número 080 de 1997 (Sent. C-122, marzo 12/97).

Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en Sala Plena, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declárase INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 224 del 31 de enero de 1997, “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 81 de 1997”.

2. Esta providencia surte efectos a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia C-122, que declaró inexequible el Decreto 080 de 1997, declaratorio del estado de emergencia económica.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

Antonio Barrera Carbonell, Presidente. Jorge Arango Mejía, magistrado—Eduardo Cifuentes Muñoz, magistrado—Carlos Gaviria Díaz, magistrado—Hernando Herrera Vergara, magistrado—José Gregorio Hernández Galindo, magistrado—Alejandro Martínez Caballero, magistrado—Fabio Morón Díaz, magistrado—Vladimiro Naranjo Mesa, magistrado—Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

SALVAMENTO DE VOTO

Como lo expresé durante la sesión de Sala Plena, no comparto el criterio acogido por la Corte para definir la fecha a partir de la cual dejan de producir efectos jurídicos los decretos legislativos expedidos por el Presidente de la República con base en el Decreto 080 de 1997, mediante el cual se asumió el poder excepcional previsto en el artículo 215 de la Carta y que fue declarado inexequible por razones de fondo según Sentencia C-122 del 12 de marzo del presente año.

Pese a haber compartido lo que aprobó la Corte desde el 2 de noviembre de 1995, cuando, en similares circunstancias, debió pronunciarse sobre la inexequibilidad de los decretos de un estado de conmoción interior declarado inexequible, he reflexionado en la tesis expuesta por el H. Magistrado Carlos Gaviria Díaz y he terminado por persuadirme de que tiene razón, al menos en que los fallos relativos a los decretos dictados con base en el decreto declaratorio del estado excepcional, hallado inexequible por la Corte, deben ser inhibitorios por carencia de objeto.

Sigo considerando, claro está, que la inconstitucionalidad de los decretos posteriores no se produce porque sean intrínsecamente contrarios a la Constitución, ya que la Corte, en la señalada hipótesis, no ha tenido ni tiene oportunidad de efectuar el análisis material de cada uno de ellos, sino por cuanto, según se dijo desde la Sentencia C-488 del 2 de noviembre de 1995, de la cual tuve el honor de ser ponente, “todos (los decretos legislativos) carecen de causa jurídica y son inconstitucionales por ello, independientemente de que las normas que consagran, consideradas en sí mismas, pudieran o no avenirse a la Constitución”.

Así, pues, como lo ha sostenido la Corte, sin que sea menester entrar en la verificación de los aspectos formales y materiales de cada decreto, debe por fuerza concluirse en su inconstitucionalidad, como consecuencia del fallo inicial.

Pero surgen dos interrogantes:

1. ¿Debe la Corte declarar inexequible cada decreto?

2. ¿En ese caso, a partir de cuándo desaparece del sistema jurídico la medida declarada inexequible?

A la primera de tales preguntas, creo yo, ha debido responderse negativamente pues a nadie se oculta que las medidas adoptadas al amparo del estado de emergencia perdieron toda base jurídica desde el momento en que se declaró la inexequibilidad del decreto principal, es decir, desde ese instante cayeron en la inconstitucionalidad. Aunque todavía tal decisión no se ha notificado por edicto en los términos del artículo 16 del Decreto 2067 de 1991, su adopción es un hecho notorio que nadie ignora en el país y, por si fuera poco, el Presidente de la República se notificó del fallo por conducta concluyente cuando en Cartagena, el día 13 de marzo, formuló irrespetuosas críticas a la providencia y anunció públicamente su propuesta de reformar la Constitución para quitar a la Corte la facultad que dio base al pronunciamiento que no gustó al ejecutivo.

La sentencia sobre cada decreto legislativo debe ser, pues, inhibitoria por cuanto carece de objeto toda decisión de fondo. Al momento de proferir tales fallos, las medidas correspondientes se encuentran fuera del ordenamiento jurídico y no están ni pueden estar produciendo efectos.

La segunda inquietud carece de importancia si la respuesta a la primera es negativa, pues en ese supuesto se aplica lo que acabo de exponer respecto de todos los decretos legislativos. Pero adquiere gran importancia, especialmente desde el punto de vista práctico, en el evento de haberse aceptado, como lo acepta la mayoría, que es indispensable una declaración judicial expresa y de mérito a propósito de cada decreto.

En tal hipótesis (que, reitero, no comparto), lo consecuente no es atar los efectos de cada sentencia de inexequibilidad a la fecha de notificación de la primera, como lo ha hecho la Corte, sino decir, como se hizo en el caso de la conmoción interior, que cada fallo principia a producir sus efectos desde el día de su respectiva notificación, y ello por razones de seguridad jurídica.

Aunque para algunos magistrados lo resuelto ahora es un avance, muy respetuosamente digo que me parece, por el contrario, un retroceso, ya que, por una parte, se ha incurrido en la inconsecuencia procesal de unir la iniciación de los efectos jurídicos de la sentencia con la cual culmina un determinado proceso al momento de notificación de una sentencia diferente, y, de otro lado, por paradoja —al menos en los decretos que han sido objeto de fallo en esta fecha—, la fórmula acogida en noviembre de 1995 habría permitido la más pronta efectividad de cada sentencia, transmitiendo a los destinatarios de las pertinentes normas una mayor certeza.

Con lo decidido, en cambio, sin adoptar la tesis de la inhibición, que resultaba mucho más lógica y consecuente, se buscó cambiar el derrotero que indicaba el más inmediato antecedente, pero generando una gran confusión en lo que toca con los efectos de las distintas providencias de la Corte.

Ello resulta todavía más preocupante si se tiene en cuenta que la extensión —a mi juicio artificial e innecesaria— de los efectos de unas medidas, que ya todos sabemos desde el 12 de marzo que son inconstitucionales, ha afectado enorme e injustificadamente, por un formalismo extremo, los bolsillos de muchos contribuyentes que han sido y seguirán siendo obligados a pagar unos tributos cuyo fundamento jurídico, según ha declarado la Corte, era contrario a la Constitución Política.

La notificación formal, en mi criterio, no es indispensable, para que se produzcan los efectos de los fallos, cuando los interesados saben lo que ha dispuesto el juez. No otra cosa ha acontecido en este evento, en que el gobierno y todos los gremios y sectores económicos han hecho declaraciones públicas explícitas y la prensa ha comentado con lujo de despliegue sobre lo decidido y, más todavía, cuando el ejecutivo, la Junta Directiva del Banco de la República y otras agencias estatales han adoptado medidas sobre la base cierta, conocida e indudable de la declaración de inconstitucionalidad de la emergencia económica.

En mi concepto, no tiene mayor efectividad para la divulgación de la sentencia el edicto fijado en la Secretaría General de la Corte que la amplísima difusión que todos los medios de comunicación y el propio Presidente de la República —adoptando este último actitudes concluyentes en cuya virtud ha quedado plenamente notificado— han hecho sobre el sentido de la misma.

Tal sentido —que consiste en la inconstitucionalidad del decreto declaratorio de la emergencia económica— es precisamente el punto de referencia indispensable para deducir, de manera inmediata, que todos los decretos dictados en su desarrollo son también inconstitucionales.

Me pregunto lo que, a juicio de la Corte, ocurrirá cuando, ya notificado formalmente y con toda solemnidad el fallo C-122 del 12 de marzo, relativo al Decreto 080 de 1997, y sin haber resuelto todavía la corporación sobre los decretos cuyo examen constitucional sigue en turno, deba ella definir a partir de cuándo dejan de tener efecto y obligatoriedad. ¿Las medidas correspondientes, después de tal notificación y aunque todavía no hay fallo de mérito específico sobre cada una de ellas, quedan privadas de sus efectos desde antes de las respectivas sentencias? ¿O, por el contrario, siguen produciendo efectos? ¿Los fallos que declaren inexequibles esos decretos después de la notificación de la primera sentencia, surtirán efecto retroactivo al 12 de marzo? ¿Qué aplicabilidad tienen las medidas en el interregno? ¿Habría lugar a devoluciones de impuestos por lo pagado en ese lapso?

¿En qué queda la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el artículo 228 de la Carta Política y la allí dispuesta prevalencia del derecho sustancial?

¿Está bien que los gobernados soporten —además de las medidas tributarias de la emergencia, supérstites pese a la caída de la norma que les daba sustento— las nuevas disposiciones, dictadas por las autoridades económicas y fundadas, precisamente, en la declaración de inexequibilidad de los preceptos excepcionales?

Estimo, finalmente, que una ocasión como esta, en que la incompatibilidad entre la Constitución y normas jurídicas de inferior jerarquía (los decretos “sobrevivientes” de emergencia) es manifiesta e indudable, como que la declaró esta Corte, es la más propicia para hacer valer el artículo 4º de la Constitución, que dice: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».

José Gregorio Hernández Galindo 

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto, me aparto de la decisión mayoritaria por las razones que he tenido la oportunidad de exponer en ocasiones anteriores frente a la declaración de inexequibilidad de los decretos legislativos expedidos con fundamento en el estado de conmoción interior, las cuales resultan aplicables a los decretos legislativos dictados por el Presidente de la República en desarrollo de la emergencia económica y social contenida en el Decreto 080 de 1997, también declarada inexequible por esta corporación en Sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997.

Además, quiero dejar constancia de que comparto plenamente los argumentos expuestos por el magistrado José Gregorio Hernández Galindo en el salvamento de voto a la presente sentencia, a los cuales me adhiero y que vienen a constituirse en razones adicionales a las ya expresadas en los documentos antes citados.

Carlos Gaviria Díaz.

Aclaración del voto, en relación con la Sentencia C-027 de enero 29 de 1996, por medio de la cual se declaró exequible, el Decreto 1900 del 2 de noviembre de 1995, “por el cual se declara el estado de conmoción interior”.

“Con todo respeto, expreso las siguientes razones, que aclaran mi voto afirmativo al adoptarse la sentencia de la referencia.

“Primera. Al salvar el voto en la Sentencia C-466 de octubre 18 de 1995, que declaró inexequible el Decreto 1370 del 16 de agosto de 1995, por el cual se había declarado el estado de conmoción interior, expresé:

“Séptima. El Presidente de la República, como responsable del orden público, es el único facultado para decidir si las circunstancias permiten decretar el estado de conmoción interior por “grave perturbación del orden público”.

“La Corte Constitucional, en la Sentencia del 7 de mayo de 1992, estableció la doctrina de que sus facultades le permiten hacer el examen de fondo del decreto que declara el estado de conmoción interior, para concluir si existe o no la “grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional”.

“Esas facultades, sin embargo, deben ejercerse con prudencia, para que no conduzcan a dos resultados incompatibles con la Constitución: el primero, privar al Presidente de la República de las facultades que el artículo 213 le confiere, y que le permiten cumplir el deber de “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”; el segundo, el convertir a la Corte Constitucional en responsable del restablecimiento del orden público, responsabilidad que la Constitución no le ha impuesto.

“Por lo anterior, como lo sostuve en el debate que culminó con la adopción de la Sentencia C-466 de 1995, solamente en casos extremos de mal uso del artículo 213 de la Constitución, puede la Corte Constitucional declarar que no existe la grave perturbación. Fue eso lo que aconteció cuando la Corte, por medio de la Sentencia C-300 de julio 1º de 1994, declaró inexequible el Decreto 874 del 1º de mayo de 1994.

“Ahora se ha incurrido en la insensatez de sostener que para que exista la “grave perturbación” faltan unos centenares o millares de asesinatos. Que tampoco bastan los millares de secuestros y de extorsiones, ni la continua destrucción de oleoductos y los ataques a los poblados inermes.

“Si la jurisprudencia de la Corte sobre el examen material del decreto que declara la conmoción interior, conduce a estas interpretaciones absurdas, habrá que revisarla. De lo contrario persistirá el riesgo de que la Corte, en el futuro, usurpe nuevamente la competencia que la Constitución asignó al Presidente de la República en relación con el orden público”.

“Como se ve, propuse, como ya lo había hecho en el debate que culminó con la adopción de la sentencia de inexequibilidad, el cambio de la jurisprudencia de la Corte.

“Segunda. Desde el día de ese salvamento de voto, he seguido reflexionando sobre este asunto y he llegado a la conclusión de que la Corte Constitucional carece de facultades para hacer el examen de fondo de la declaración del estado de conmoción interior, por estos motivos:

“Si se lee el artículo 213, se encuentra que no determina que el Estado de conmoción interior se declare por medio de un decreto. En efecto:

“En el inciso primero se dice que “el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior”; en el segundo, “que mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades...”; en el cuarto se establece la reunión del Congreso, dentro de los tres días siguientes “a la declaratoria (sic) o prórroga del estado de conmoción”, y lo relativo al informe “sobre las razones que determinaron la declaración”.

“Como se ve, en los cuatro incisos no se menciona la palabra decreto. Por el contrario, en el inciso tercero se establece que “los decretos legislativos que dicte el gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto se declare restablecido el orden público”. (negrilla fuera del texto). ¿A qué decretos se refiere este inciso? A los contemplados en el artículo 214, a los que se dictan después de la declaración de la conmoción interior. ¿Por qué? Porque solamente estos decretos pueden referirse a “materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria (sic) del estado de excepción”; y solamente estos decretos podrían, abusivamente, suspender los derechos humanos y las libertades fundamentales.

“Por lo anterior, el numeral 6º del artículo 214 dispone que “El gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente a su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad”. Esas facultades son las que adquiere el gobierno en virtud de la declaración del estado de conmoción interior (inciso segundo del artículo 213).

“Téngase en cuenta que el numeral 7º del artículo 241 asigna a la Corte Constitucional la función de “Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución”. No se le atribuye el control sobre la declaración de los estados de excepción.

“Téngase en cuenta que la declaración no es más que eso: una declaración, que no va mas allá, y que, por lo mismo, no puede afectar ningún derecho fundamental. Dicho en términos sencillos, es apenas una puerta que se abre. Una vez abierta la puerta el gobierno puede trasponer el umbral y dictar decretos legislativos, o no hacerlo, según las circunstancias. Esos decretos legislativos sí pueden vulnerar los derechos fundamentales, o no tener relación directa y específica con la situación que determinó la declaración del estado de excepción. Por esto, están sujetos al control de la Corte Constitucional.

“Obsérvese, en este mismo orden de ideas que el numeral 5º del artículo 214 establece la responsabilidad del presidente y de sus ministros “cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior”; y establece, a renglón seguido, la responsabilidad por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores. Es claro que si la declaración de conmoción o de guerra exterior, se hiciera por medio de un decreto legislativo, esta norma se referiría solamente a tales decretos y no a la declaración en sí.

“De todo lo cual se concluye que la declaración del estado de conmoción interior, lo mismo que la del estado de guerra exterior, no requiere decreto alguno: es solamente una declaración con la firma del presidente y de todos sus ministros. Tal declaración no está sujeta al control judicial de la Corte Constitucional, pero sí al control político que ejerce el Congreso de la República, como se verá.

“Tercera. El control político del Congreso de la República sobre la declaración del estado de conmoción interior.

“Según el inciso primero del artículo 114, “Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración”.

“En ejercicio de ese control político el Congreso analiza la declaración o la prórroga del estado de conmoción. Por ello, dispone el inciso cuarto del artículo 213 de la Constitución:

“Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria (sic) o prórroga del estado de conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración”. Ese informe permite al Congreso, eventualmente, establecer la responsabilidad a que se refiere el numeral 5º del artículo 214 de la Constitución.

“Ya se ve por qué el examen de la Corte Constitucional sobre la declaración del estado de conmoción interior, no previsto por la Constitución y extraño a este proceso, podría originar conflictos. Porque ¿qué acontecería si la Corte Constitucional dijera que es ajustada a la Constitución la declaración del estado de conmoción interior, y el Congreso determinara, de conformidad con el numeral 5º del artículo 214, en concordancia con el inciso cuarto del 213, que no se habían dado las causas o las circunstancias correspondientes? ¿Y qué sucedería en caso contrario, cuando la Corte determinara que es inexequible la declaración y el Congreso dijera que sí estaban dadas las circunstancias para hacerla?

“Además, ¿qué sentido tiene el control político del Congreso cuando ya se ha hecho el control judicial por la Corte? ¿Cuál prevalece?

“Cuarta. El numeral 4º del artículo 189 de la Constitución impone al Presidente de la República la obligación de “Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”.

“El control judicial de la declaración de Conmoción Interior por la Corte Constitucional, hace que esta última comparta en la práctica la obligación que la Constitución impone solamente al Presidente de la República.

Por eso, si el Congreso, en cualquier momento, quisiera, en ejercicio del control político, analizar cómo ha cumplido el presidente la obligación que le impone el numeral 4º del artículo 189, él podría eludir su responsabilidad con el argumento de que la Corte Constitucional, al determinar la inexequibilidad de la declaración del estado de conmoción Interior le ha impedido cumplirla.

Quinta. Por todo lo expuesto, digo ahora, sin vacilaciones ni reservas, que la Corte Constitucional acertará si en el futuro modifica su jurisprudencia y decide que la declaración del estado de conmoción interior no es un decreto legislativo y que, por lo mismo, no está sujeta al control de la misma Corte, sino del Congreso, en ejercicio del control político que a éste compete.

“En estos términos rectifico la posición que asumí al votarse la Sentencia C-300 de julio 1º de 1994, que declaró inexequible el Decreto 874 del 1º de mayo de 1994, que había declarado el estado de conmoción interior.

“Sexta. Aclaro este voto así, porque creo, como es ostensible, que justificándose ahora la declaración, como se justificó la del 16 de agosto de 1995, la Corte no ha debido entrar en el análisis de fondo de la misma. Y ni siquiera en su análisis formal, pues no le está atribuida esa competencia. Y tal análisis correspondería al Congreso, en ejercicio del control político”.

En los términos anteriores, aclaro mi voto en la sentencia de la referencia.

Bogotá, marzo 12 de 1997.

Aclaración de voto a la sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997

Ref.: Expediente R.E. 087

Revisión constitucional del Decreto 80 del 22 de enero de 1997, “por el cual se declara el estado de emergencia económica y social”.

Para evitar cualquiera ambigüedad nacida de la circunstancia de suscribir el salvamento de voto a la Sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997, en compañía de dos distinguidos colegas que han sustentado la tesis de que la Corte es incompetente para ejercer el control de constitucionalidad, por el aspecto material, de los decretos declaratorios de los estados de excepción, reitero explícitamente que sigo convencido de que la renuncia al ejercicio de ese control, implica un significativo marchitamiento del Estado de derecho. Sólo que, en el caso específico, y por las razones que quedan consignadas en el salvamento, creo que concurrían las circunstancias exigidas por el artículo 215 de la Constitución.

Fecha ut supra,

Carlos Gaviria, magistrado

Aclaración de voto

Ref.: Expediente R.E. 087

Decreto 80 del 13 de enero de 1997, “por el cual se declara el estado de emergencia económica y social”.

En anteriores oportunidades el suscrito ha formulado aclaración de voto en relación con sentencias dictadas por la Corte Constitucional en ejercicio del control constitucional de los decretos declaratorios de los estados de excepción de que tratan los artículos 212, 213 y 215 de la Carta Política, en armonía con el artículo 241 numeral 7º ibídem, en las cuales la Corporación ha sostenido que los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para los fines mencionados, son revisables por su contenido material y formal desde el punto de vista jurídico, para los efectos del examen de constitucionalidad de los mismos.

La anterior aclaración obedece a que inicialmente el suscrito magistrado, con ocasión de la revisión de constitucionalidad del Decreto 874 del 1º de mayo de 1994, “por el cual se declara el estado de conmoción interior”, en asocio con los magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, considero que la Corte Constitucional carecía de competencia para conocer del fondo sobre las razones que llevan al Gobierno Nacional a declarar un estado de excepción, así como el que lo levanta, por los motivos expresados en dichos eventos, y por tratarse en estos casos de decretos que tienen una categoría especial, dictados en ejercicio de atribuciones que le da la Constitución Política al Presidente de la República y al Gobierno Nacional.

Empero, como la jurisprudencia de la Corte Constitucional adoptada por la Sala Plena de la Corporación en decisión mayoritaria, ha resuelto lo contrario en pronunciamientos reiterados, en acatamiento a los mismos, los cuales no solamente constituyen doctrina constitucional y frente al respeto por el principio a la cosa juzgada constitucional, me permito de la misma manera, hacer dicha aclaración en esta oportunidad en relación con la sentencia de la referencia.

Aparte de lo anterior, debo señalar igualmente, que dentro del estudio material realizado por la Corte, comparto íntegramente los planteamientos esgrimidos por la Corporación, tanto en su parte motiva como en la resolutiva, con respecto a la providencia por medio de la cual se decretó la inexequibilidad del Decreto 80 del 13 de enero de 1997 “por el cual se declara el estado de emergencia económica y social”.

Fecha ut supra, 

Hernando Herrera Vergara, magistrado. 

Aclaración de voto

Sentencia C-122/97 

Ref.: Expediente R.E. 087

Revisión constitucional del Decreto 80 de enero 22 de 1997 “por el cual se declara el estado de emergencia económica y social”.

Aparte del salvamento de voto a la sentencia de la referencia que suscribo conjuntamente con los H.H. Magistrados doctores Jorge Arango Mejía y Carlos Gaviria Díaz, comedidamente la adicionó con esta aclaración, para explicar la siguiente cuestión, a mi juicio muy importante.

Como una demostración de acatamiento a la jurisprudencia vigente en la Corte, en relación con el estudio de los decretos de declaración de los estados de excepción, quienes nos apartamos de ella, incluido el ponente doctor Jorge Arango Mejía, aceptamos no considerar en el debate de Sala Plena sobre la ponencia tal punto sobre la competencia, para analizar sin esta reserva todos los aspectos formales y materiales del decreto sobre la declaración de emergencia económica.

Sin embargo, ello no quiso ni quiere decir que, en lo que a mí corresponde, haya rectificado el concepto que sobre el tema expuse en el salvamento de voto sobre la Sentencia C-466 de octubre 18 de 1995, a cuyos términos me permito para ratificarlo, con mayor razón cuando la sentencia de ahora es una prueba significativa más, por si alguna faltara, de que la interpretación de la Corte no encaja dentro del auténtico pensamiento del constituyente, quien jamás pudo concebir asignarle poderes tan absolutos y generadores de graves conflictos de competencia a la Corte Constitucional, para colocarla por encima del Congreso de la República y del gobierno, con desconocimiento de sus atribuciones constitucionales privativas, hasta tal punto que se crea así una especie de autoridad suprainstitucional.

Por el contrario, la Corte, con necesidad de recurrir a valoraciones y decisiones que pertenecen a la órbita de competencia del gobierno, y del Congreso, bien puede cumplir estricta, plena e independientemente el control constitucional integral sobre los aspectos formales y materiales de los decretos legislativos, que se expidan mediante la declaratoria motivada de los estados de excepción, y entonces sí podrá la Corte calificar la conexidad directa y específica entre ellos y los motivos aducidos por el gobierno en el decreto para adoptar tal medida extraordinaria. Así se lo manda la Carta Política cuando le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos del artículo 241. Agrega tal norma que la Corte “con el fin cumplirá las siguientes funciones: 7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución”. Y, en relación con el artículo 215 dice expresamente, lo que constituye otro avance de la Carta de 1991 sobre el ordenamiento constitucional de 1886, fuera de las demás garantías especiales del artículo 214 que “estos decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, ...deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia”.

Ciertamente, la Corte es órgano cúpula en materia de interpretación constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, pero en los estrictos y precisos términos que ella señala, lo cual es una función esencial y eminentemente jurídica, que la debe preservar de hacer juicios técnicos en materia de economía e ingeniería y finanzas, ajenos a su propia naturaleza institucional. La falta de un lúcido y razonable “autocontrol”, y el abuso de las funciones propias, pueden generar, como lo anunciamos en el citado salvamento de 1995, reacciones que no son deseables ni benefician el desarrollo de las instituciones constitucionales.

Tal situación desequilibra, además, ese delicado y complejo mecanismo de frenos y contrapesos que constituye la separación de poderes, columna vertebral del régimen liberal y democrático, propio del estado social de derecho.

Es, sin duda, una exageración sin fundamento y sin conocimiento de causa, la que pretende que la interpretación que hemos acogido, y que durante tanto tiempo consagró la H. Corte Suprema de Justicia cuando ejerció el control constitucional, disminuye o debilita la autoridad de la Corte. Creemos, por el contrario, que ella se conserva incólume, así como la preciosa función de jurisdicción constitucional que le corresponde legítima y plenamente, según los términos y condiciones que reiteramos en esta aclaración.

Fecha ut supra,

Fabio Morón Díaz.

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