Sentencia C-140 de abril 15 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL PRESIDENTE

DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD O CONVENIENCIA

EXTRACTOS: «La función legislativa que corresponde ejercer al Congreso de la República, en forma permanente, puede ser objeto de traslado temporal —hasta por 6 meses— al Presidente de la República en virtud de la concesión de facultades extraordinarias, las cuales se encuentran reguladas en el artículo 150-10 de la Constitución, en los siguientes términos:

“ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...).

10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el gobierno y su aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara.

El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el gobierno en uso de facultades extraordinarias.

Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo (creación de servicios administrativos y técnicos de las cámaras), ni para decretar impuestos”.

Las materias o asuntos que debe regular el gobierno por medio de decretos con fuerza de ley deben ser precisas, esto es, delimitadas, puntuales y específicas, y estar expresa y taxativamente consignadas en la ley de habilitación legislativa.

La necesidad o la conveniencia de conferir facultades extraordinarias al Presidente de la República es un asunto que compete determinar exclusivamente al Congreso, pues sólo a él corresponde decidir si la solicitud que en ese sentido le presenta el gobierno está plenamente justificada y, por tanto, es indispensable y oportuno aceptarla. De ahí que en este proceso juegue un papel importante el gobierno porque de la argumentación que éste presente dependerá, en buena medida, la determinación que el legislador ordinario adopte. Sin embargo, ello no significa que la Corte no pueda conocer de demandas de inconstitucionalidad por este aspecto, pues es obvio que en los casos en que sea evidente que tales circunstancias no se presentaron o que el Congreso obró por fuera de los límites exigidos por la Carta, esta corporación deberá retirar del ordenamiento positivo las disposiciones inconstitucionalmente expedidas.

Es que para efectos de juzgar la necesidad o la conveniencia de conferir facultades extraordinarias al Presidente, el Congreso cuenta con una apreciable margen de discrecionalidad para valorar esos aspectos lo cual, como lo ha señalado esta corporación, no significa arbitrariedad. En efecto, ha dicho la Corte:

“Es obvio que el gobierno al solicitar las facultades debe, en el respectivo proyecto de ley, justificar suficientemente las razones que determinan su petición y que al Congreso dentro de la libertad política y la facultad discrecional de que es titular como conformador de la norma jurídica le corresponde sopesar y valorar dicha necesidad y conveniencia, más aún, cuando delega transitoriamente atribuciones que le son propias. Por lo tanto, debe presumirse que si otorgó las facultades es porque halló méritos suficientes para ello, a menos que se demuestre de manera manifiesta y ostensible que aquél obró caprichosamente, a su arbitrio y sin fundamento real alguno. No le es dable, a quien hace uso de la acción pública de inconstitucionalidad utilizar un metro para medir el grado y ámbito de la justificación de las facultades, pues como se dijo antes, existe un margen apreciable de discrecionalidad, que no de arbitrariedad, en cuanto a dicha justificación tanto en el gobierno como en el Congreso(1).

(1) Sent. C-119/96 M.P. Antonio Barrera Carbonell.”».

(...)

COMISIONADO NACIONAL DE LA POLICÍA

SE DECLARA INEXEQUIBLE LA SUPRESIÓN DE ESTE CARGO

EXTRACTOS: «El texto de la disposición que se impugna es el que aparece a continuación:

(...).

“DECRETO 1670 DE 1997

(Junio 27)

“Por el cual se suprime la oficina del Comisionado Nacional de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional”.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 30 de la Ley 344 de 1996, consultada la opinión de la comisión de racionalización del gasto y de las finanzas públicas y previa asesoría del honorable Congreso de la República,

DECRETA:

Capítulo I

Supresión de dependencias

ART. 1º—Supresión de dependencias. Suprímese, a partir de la publicación del presente decreto, la oficina del Comisionado nacional y el cargo de Comisionado nacional para la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional, creado mediante Ley 62 de 1993.

PAR.—Proceso de transición. Dentro de los diez días

siguientes a la vigencia del presente decreto, la Dirección General de la Policía establecerá los mecanismos para que, a más tardar el 1º de septiembre de 1997, las obligaciones, los procesos en curso y los archivos a cargo de la oficina del comisionado, sean traspasados a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y a la Policía Nacional, según las competencias legales correspondientes.

ART. 2º—Traspaso de bienes. Concluida la supresión de la oficina del Comisionado nacional para la Policía, el Ministerio de Defensa adelantará las acciones pertinentes para que los bienes, derechos y archivos pasen a la Policía Nacional.

ART. 3º—Atribuciones de los funcionarios de la planta actual. De conformidad con lo dispuesto en el artículo primero, los funcionarios de la actual planta de personal, continuarán ejerciendo las funciones a ellos asignadas, hasta tanto se supriman los cargos.

Capítulo II

Disposiciones laborales

ART. 4º—Supresión de empleos. Dentro del término establecido en el artículo primero, se suprimirán los empleos de la planta de personal de la oficina del Comisionado nacional para la Policía.

ART. 5º—Indemnizaciones. Los empleados públicos de carrera a quienes se les suprima el cargo como consecuencia de la supresión dispuesta en el presente decreto, tendrán derecho a la indemnización consagrada en la Ley 27 de 1992, su Decreto Reglamentario 1223 de 1993 y las normas que los modifiquen o sustituyan.

Capítulo III

Disposiciones varias

ART. 6º—Obligaciones especiales de los empleados de manejo y confianza y los responsables de los archivos. Los empleados que desempeñen empleos o cargos de manejo y confianza y los responsables de los archivos de la oficina del Comisionado nacional para la Policía, deberán rendir las correspondientes cuentas fiscales e inventarios, a efectuar la entrega de los bienes y archivos a su cargo, conforme a las normas y procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contaduría General de la Nación y el archivo general de la Nación, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades.

ART. 7º—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en especial los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley 62 de 1993 y el Decreto 1588 de 1994.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., 27 a de junio de 1997.”

(...).

3. Cargos contra el Decreto 1670 de 1997.

Los cargos que formula el demandante contra este ordenamiento se pueden sintetizar así: — El Presidente de la República carecía de facultades para expedir el decreto acusado pues éstas ya se habían agotado al expedirse el primer decreto en el que se suprimen otras entidades. — No se podía suprimir la oficina del Comisionado nacional para la Policía, pues ésta no ejerce funciones paralelas a las de la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, ni ninguna otra entidad estatal y tampoco cumple ineficientemente sus funciones. — No existían facultades para suprimir entidades autónomas como lo es la oficina del comisionado. — Las facultades no permitían la supresión de cargos ni el pago de indemnizaciones.

3.1. En ejercicio de las facultades conferidas el gobierno sólo podía expedir tres decretos.

Dice el actor que el gobierno según el artículo 30 de la Ley 344 de 1996, tan sólo tenía facultades para expedir tres decretos, uno para suprimir, otro para fusionar y otro para separar la Unidad de Impuestos Nacionales de la de Aduanas. No comparte la Corte el punto de vista del demandante pues siendo varias las actividades que debía ejercer el gobierno y en relación con distintas entidades, bien podía por razones de técnica legislativa dictar un decreto para cada uno de los órganos o entidades que fuera a suprimir o fusionar, sin infringir con ello la Constitución. Lo que no puede hacer el gobierno una vez dictado el decreto respectivo en relación con una determinada entidad, es volver nuevamente sobre el mismo asunto, ya sea para modificar el decreto o derogarlo con fundamento en las mismas atribuciones conferidas, por carecer de competencia para ello debido a que las facultades ya han sido utilizadas.

El argumento del impugnante es válido solamente en los casos en que sea una sola la materia o asunto que deba tratar el legislador extraordinario, mas no cuando éstas son varias y en relación con distintas dependencias. En el caso objeto de demanda, por ejemplo, se expidieron veintisiete decretos suprimiendo y fusionando entidades o dependencias del orden nacional, cuya constitucionalidad deberá ser analizada individualmente; entonces unir todos estos decretos en uno solo o en tres, como lo pretende el demandante, sería desconocer las técnicas que rigen la expedición de decretos y dificultar su manejo.

Si bien esta corporación ha sostenido que las facultades extraordinarias sólo pueden ser ejercidas una sola vez “de modo que al expedirse el correspondiente decreto-ley se agota su cometido”(11), también ha hecho la salvedad cuando las facultades se refieren a varias materias, ya que en este caso “su desarrollo puede hacerse a través de un número plural de decretos, siempre que las materias ya reguladas no sean objeto de nueva regulación, como quiera que, conforme a lo dicho las facultades se agotan en la misma medida y en el mismo momento de su utilización”(12). Lo que se prohíbe entonces, es el ejercicio sucesivo de las atribuciones conferidas.

(11) Sent. C-510/92 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(12) Ibídem.

Nada impedía al gobierno dictar un ordenamiento exclusivo para suprimir una de las dependencias a que elude la disposición acusada, cual es la oficina del Comisionado nacional de la Policía Nacional, como en efecto lo hizo en el Decreto 1670 del 27 de junio de 1997, materia de acusación. No hay por tanto infracción constitucional por este aspecto.

3.2. El Comisionado nacional para la Policía no desarrolla funciones paralelas a las de ningún otro organismo estatal, ni cumple en forma ineficiente sus tareas.

Manifiesta el actor que el despacho del Comisionado para la Policía Nacional no podía suprimirse por cuanto no ejerce funciones asignadas a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, ni a ningún otro organismo del Estado. Tampoco cumple ineficientemente las funciones que le fueron asignadas.

Dada la crisis que afrontaba la Policía Nacional debido, entre otros factores, a la pérdida de confianza a la institución por parte de la ciudadanía, en razón de los múltiples ilícitos en los que participaban sus miembros, la debilidad en la formación ética de los oficiales, suboficiales y agentes, la insuficiencia y falta de dinámica en el control vertical, el mal ejemplo de niveles superiores sobre los inferiores, la carencia de mando en los subalternos para ejercer éste y controlar en forma directa al personal en servicio, la fractura entre la preparación académica y la realidad del servicio, las fallas de mando y conducción, etc., se propusieron distintas soluciones, entre ellas, la creación de un Comisionado nacional para la Policía, funcionario que se encargaría básicamente de ejercer funciones de veeduría ciudadana, vigilancia del régimen disciplinario y operacional de la institución y que serviría de puente entre la sociedad civil y la entidad.

Este propósito quedó consolidado en la Ley 62 de 1993 en cuyo artículo 21 se crea el cargo de Comisionado nacional para la Policía, con el fin de ejercer “la vigilancia del régimen disciplinario y operacional y tramitar las quejas de la ciudadanía, sin perjuicio de la vigilancia que les corresponde a los organismos de control, como también las funciones de veeduría ciudadana.

Y en el artículo 24 se describen las funciones que le compete cumplir, así:

“1. Analizar el universo de quejas que la ciudadanía formule en tome al funcionamiento de la policía y proponer políticas y procedimientos para darles un curso apropiado.

2. Recibir y tramitar las quejas de la ciudadanía y de las autoridades políticas en relación con el servicio de la Policía.

3. Ser la máxima instancia de la vigilancia y control disciplinario internos.

4. Ordenar y supervisar las investigaciones penales contra miembros de la Policía Nacional por hechos cometidos en actos o con ocasión del servicio, con el fin de asegurar una pronta y cumplida justicia.

5. Vigilar la conducta de los miembros de la institución, realizando los controles necesarios, para que se hagan rectificaciones, se cambien comportamientos y se mejoren conductas, todo en orden a garantizar el rendimiento, la ética, la disciplina y la eficacia, ejerciendo las atribuciones disciplinarias de acuerdo con la competencia que le fija el reglamento.

6. Velar por que las actividades operativas se desarrollen dentro del marco de la legalidad, de conformidad con los planes establecidos, procurando resultados eficaces en la prestación de servicios a la comunidad, y verificando el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes, los decretos, los reglamentos, resoluciones, directivas, disposiciones, órdenes y normas para el correcto funcionamiento de las unidades de policía a nivel nacional.

7. Presentar un informe anual al Congreso.

8. Evaluar y hacer diagnósticos sobre los problemas de la institución y adoptar medidas urgentes y eficaces para su solución.

9. Las demás funciones inherentes al cargo y por los procedimientos que determine el gobierno”.

En el Decreto 2203 de 1993, se le asigna a la Dirección General de la Policía Nacional la función de coordinar con el Comisionado nacional para la Policía todo lo relacionado con la vigilancia y control de las actuaciones del personal de la institución, así como la aplicación de las medidas correctivas por la violación de las normas constitucionales, legales y reglamentarias.

Y en el Decreto 2584 de 1993 que modifica el reglamento de disciplina de la policía, se señalan en el artículo 90, las funciones del Comisionado en materia disciplinaria, a saber:

“1. Vigilar la conducta de los miembros de la institución realizando los controles necesarios y ejerciendo las atribuciones disciplinarias previstas en el presente reglamento.

2. Analizar el universo de quejas que la ciudadanía formule en tome al funcionamiento de la policía y proponer políticas y procedimientos para darle un curso apropiado. En cumplimiento de esta función el Comisionado nacional podrá requerir a los miembros de la policía con atribuciones disciplinarias, toda la información sobre la materia y éstos tendrán la obligación de suministrarla en el menor tiempo posible, salvo aquella que por expreso mandato de la ley tenga el carácter de reservada, en cuyo caso ésta sólo podrá ser levantada con autorización del Ministro de Defensa.

3. Recibir y tramitar ante la autoridad policial competente las quejas de la ciudadanía y de las autoridades políticas con relación al servicio de policía, ejerciendo el control sobre los resultados de la gestión realizada.

4. Ser la máxima instancia de la vigilancia y control disciplinario internos, velando porque las faltas atribuidas a los miembros de la Policía Nacional sean investigadas dentro de los términos legales previstos y se apliquen oportunamente los correctivos establecidos en este reglamento.

5. Vigilar el cumplimiento de las formalidades establecidas en los reglamentos de policía respecto de los diferentes procedimientos que rigen la actividad policial, verificando que la conducta de los miembros de la institución se ajuste a los mismos.

6. Verificar que las actividades operativas se cumplan dentro del marco de la legalidad, de conformidad con los planes establecidos, procurando resultados eficaces en la prestación de servicios a la comunidad y verificando el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes, los decretos, reglamentos, resoluciones, directivas, disposiciones, órdenes y normas para el correcto funcionamiento de las unidades de policía a nivel nacional.

7. Las demás funciones inherentes al cargo que le adscriban la ley y los reglamentos sobre la materia”.

En el Decreto 1588 de 1994 se señala la estructura y se describen las funciones de cada una de las unidades que conforman la oficina del Comisionado para la Policía Nacional, a saber: unidad de quejas y denuncias, unidad de control interno, secretaría general, dirección nacional de control y vigilancia, y dirección nacional de evaluación y prevención, las cuales no vale la pena transcribir por ser en su gran mayoría reiterativas de las antes citadas.

Finalmente, la Ley 180 de 1995 establece en los artículos 3º y 4º que la inspección general de la policía deberá atender las solicitudes que le haga el Comisionado y será el órgano de comunicación entre éste y la Policía Nacional.

Ahora bien: en el caso objeto de demanda advierte la Corte que al tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 344 de 1996, el Presidente de la República estaba autorizado para suprimir dependencias, órganos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que encajaran dentro de una o varias de las condiciones allí señaladas, esto es, que el ente que se fuera a suprimir desarrollara las mismas funciones o tratara las mismas materias que correspondan a otra dependencia del Estado, o cumpliera en forma ineficiente sus funciones, todo ello con el fin de racionalizar y reducir el gasto público.

En las actas de las sesiones celebradas por el comité para la reforma de la administración pública nacional, órgano asesor del gobierno para el ejercicio de las facultades que le fueron concedidas en el artículo 30 de la Ley 344 de 1996, se lee en el acta Nº 7 del 12 de junio de 1997 (folio 902 exp.), que en reunión efectuada con miembros de la comisión de racionalización del gasto se analizó la propuesta de suprimir la oficina del Comisionado de la Policía Nacional, después de considerar que la situación crítica por la que atravesaba la Policía Nacional había sido modificada, “por intervención de la propia policía y no del Comisionado, con acciones de moralización, transparencia y transformación cultural”.

Las razones que se expusieron para adoptar tal determinación fueron éstas: “El Comisionado cumple funciones paralelas a las de la Procuraduría General de la Nación y otros organismos de control pero sin implicaciones disciplinarias, lo que lo hace inoperante; además la inspección general de la policía instituida mediante la Ley 180 de 1995, cuenta con dependencias que ejercen controles efectivos en las áreas operacional, disciplinaria y administrativa. A través de la dirección general de participación comunitaria se han puesto en marcha programas efectivos de acercamiento a la comunidad y mediante el plan de transformación cultural y mejoramiento interno, la institución policial adelanta programas que inciden en las formas de pensar, sentir y actuar de sus integrantes. Lo anterior respalda la propuesta presentada por la Policía Nacional. La participación de la sociedad civil en la vigilancia del ejercicio de las funciones de la Policía Nacional, se ejercerá a través del veedor, empleo que para tal efecto se creará mediante las facultades ordinarias del gobierno”.

De otra parte, en el acta Nº 10 del citado comité, se lee que en la reunión celebrada con la asistencia de los senadores designados por la Comisión Segunda para asesorar al gobierno en el uso de las facultades conferidas, se estudiaron varias propuestas, dentro de ellas la supresión del Comisionado de la Policía. Son estos los apartes que se refieren a este tema.

“El Congreso, en numerosos debates sobre este asunto, ha considerado siempre importante mantener la figura del Comisionado, por constituir un puente entre la ciudadanía y la Policía Nacional, como veedor público al interior de esa institución.

Consideraron que no es suficiente que la policía cuente con un inspector general, ni su existencia indica que exista duplicidad de funciones. La razón de la existencia del Comisionado radica en que se requiere una instancia que represente a la sociedad civil. Si no ha cumplido de manera eficiente con sus funciones se debe a otros problemas, entre ellos la inadecuada selección del funcionario responsable.

Manifestaron que su supresión no sólo constituye un grave error histórico, sino que también incide desfavorablemente sobre el proceso de reorganización de la Policía Nacional que se viene impulsando en los últimos años y puede tener, inclusive, repercusiones internacionales muy desfavorables para Colombia en lo que se relaciona con la evaluación de los derechos humanos en el país”. (Fl. 929 expediente).

El ejercicio de las facultades extraordinarias por parte del Presidente de la República está limitado a los estrictos y precisos términos señalados en la ley de habilitación legislativa, en este caso al artículo 30 de la Ley 344 de 1996 que, como ya se anotó, lo autorizaban para suprimir dependencias, órganos o entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que desarrollaran las mismas funciones, o trataran las mismas materias asignadas a otras entidades o cumplieran en forma ineficiente sus tareas. De acuerdo con los estudios realizados y las propuestas presentadas se llegó a la conclusión que la oficina del Comisionado nacional de la Policía ejercía funciones paralelas a las de la Procuraduría General de la Nación y otros órganos de control que no se señalaron expresamente.

Al efectuar un análisis de las funciones que compete cumplir al Comisionado de la Policía se observa que a pesar de desempeñar éste labores de vigilancia y control disciplinario, las cuales también compete ejercer a la Procuraduría General de la Nación, ello no significa que exista duplicidad de funciones entre esos dos organismos, pues como es sabido el control disciplinario es de dos clases, uno de carácter externo a cargo de la Procuraduría General de la Nación y otro de carácter interno que corresponde a la misma entidad a la que presta sus servicios el empleado. Estos controles no son incompatibles ni se excluyen entre sí. Sin embargo, no puede olvidarse que la competencia de la Procuraduría es prevalente o preferente, es decir, que priva sobre las demás, lo que le permite desplazar en cualquier momento al funcionario del orden interno que esté adelantando la investigación para asumir ella el trámite del proceso disciplinario respectivo.

Al respecto resulta ilustrativa la sentencia C-229 de 1995(13) apartes pertinentes se transcriben en seguida:

(13) M.P. Alejandro Martínez Caballero.

“El control disciplinario tiene dos grandes ámbitos de aplicación. Por un lado encontramos una potestad sancionadora de la administración de carácter interno, por medio de la cual el nominador o el superior jerárquico investiga la conducta administrativa de su subordinado y, en caso de que sea procedente, adopta y hace efectiva la sanción disciplinaria correspondiente. Esta potestad interna, que deriva de la organización jerarquizada de la administración, se traduce, según lo señalado por esta corporación en anterior decisión, en “una sanción correctiva y disciplinaria para reprimir las acciones u omisiones antijurídicas y se constituye en un complemento de la potestad de mando, pues contribuye a asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas”. (...)

Al lado de esa potestad disciplinaria interna de la administración, la Constitución consagra un control disciplinario externo, conocido tradicionalmente como la potestad de supervigilancia disciplinaria y que está atribuido a la Procuraduría General de la Nación. En efecto, el artículo 118 de la Carta señala que al Ministerio Público, del cual forma parte la Procuraduría, corresponde “la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. “Y el artículo 277 ordinal 6 de la Carta precisa los alcances de esa potestad disciplinaria externa, cuando señala que es función del Procurador General, por sí o por medio de sus delegados y agentes, “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.

Esta potestad externa del Procurador es entonces, como lo señala la norma constitucional, prevalente, por lo cual el Ministerio Público puede desplazar dentro de un proceso disciplinario que se adelanta contra determinado funcionario al nominador o jefe superior del mismo”.

Así las cosas, aunque algunas de las labores asignadas al Comisionado de la Policía Nacional se relacionan con la vigilancia y control disciplinario, que también ejerce la Procuraduría General de la Nación por mandato constitucional, estas funciones no se excluyen entre sí y, por tanto, no puede afirmarse que entre esos dos organismos existe duplicidad de funciones.

Tampoco encuentra la Corte que la oficina del Comisionado ejerza funciones paralelas a las que compete a otros organismos de control, como sería la Contraloría General de la República por cuanto a aquélla no se le han atribuido funciones técnicas relacionadas con la vigilancia de la gestión fiscal del Estado, que constitucionalmente competen a esta última.

Que en la Policía Nacional se hayan modificado algunos comportamientos de su personal y exista una oficina de participación comunitaria, no es razón suficiente para tomar la determinación de suprimir el Comisionado nacional, porque de acuerdo con las facultades, se insiste, sólo podían suprimirse las dependencias que cumplieran las mismas funciones, trataran las mismas materias o cumplieran ineficientemente sus labores.

En cuanto a la ineficiencia de las funciones por parte del Comisionado es un asunto que no aparece dentro de los antecedentes, lo que significa que este motivo no fue factor determinante para la supresión contemplada en el decreto demandado, pues si así fuese es deber del gobierno justificar tal circunstancia, dejando constancia expresa de los estudios o conceptos en los que se demuestre ese hecho y, en este caso, no existen. Además, considera la Corte que asuntos de esa índole deben aparecer consignados en la motivación de los decretos respectivos, de manera que se puedan conocer las razones que tuvo el gobierno para tomar la decisión respectiva.

En este orden de ideas, la Corte considera que le asiste razón al demandante en este punto y, en consecuencia, procederá a declarar inexequible el decreto acusado por exceder el límite material señalado en la ley de facultades (L. 344/96, art. 30), pues las funciones que en materia disciplinaria cumple la oficina del Comisionado nacional de Policía pueden coexistir con las asignadas a la Procuraduría General de la Nación y, por tanto, no es posible sostener que entre esas dos entidades existe duplicidad de funciones.

Además, es evidente que la oficina del Comisionado nacional no sólo cumple funciones de carácter disciplinario sino también labores preventivas al sugerir políticas y programas destinados al manejo transparente, eficiente y oportuno de las tareas que corresponde cumplir a la policía y a cada uno de sus miembros, sirve de órgano de comunicación entre la sociedad civil y la institución, colabora eficazmente con la ciudadanía en el trámite de las quejas y reclamos propugnando la solución oportuna, propone políticas destinadas a fortalecer la policía, prevenir la comisión de faltas, modificar el comportamiento de sus miembros en las relaciones con la ciudadanía, etc.

Dado que el decreto acusado será declarado inexequible por infringir el artículo 150-10 de la Constitución, la Corte no se pronunciará sobre los demás cargos formulados contra él, pues de todas maneras dicha normatividad será retirada del ordenamiento positivo.

En razón de lo anotado, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

(...).

3. Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 1670 del 27 de junio de 1997, “Por el cual se suprime la oficina del Comisionado nacional de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional”. La presente decisión rige a partir del día siguiente al de la notificación.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-140 de abril 15 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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