Sentencia C-1408 de octubre 19 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

VEHÍCULOS ESTACIONADOS EN ZONAS PROHIBIDAS

TRASLADO A PATIOS OFICIALES Y DEVOLUCIÓN

EXTRACTOS: «I. Texto de la norma acusada. A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso:

“DECRETO-LEY 1809 DE 1990

(Agosto 6)

Por el cual se introducen reformas al Código Nacional de Tránsito Terrestre (D.L. 1344, ago. 4/70).

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 53 del 30 de octubre de 1989,

DECRETA:

ART. 1º—Introdúcense las siguientes reformas al Código Nacional de Tránsito Terrestre (D.L. 1344, ago. 4/70):

(...).

186. El artículo 231 del Decreto-Ley 1344 de 1970, quedará así:

ART. 231.—La autoridad de tránsito podrá retirar con grúa o cualquier otro medio idóneo, los vehículos que se encuentren estacionados en zonas prohibidas o abandonados en la vía pública o zonas de uso público. Los vehículos serán conducidos a patios oficiales o parqueaderos autorizados y los costos correrán a cargo del conductor o propietario del vehículo, además de la sanción pertinente”.

(...).

Ahora bien, estima esta corporación que la norma impugnada no viola ningún precepto constitucional. En efecto, el artículo 231 del Código Nacional de Tránsito ha de entenderse simplemente como un desarrollo del poder de policía, cuyo fin primordial consiste en garantizar el orden público y la efectividad de los derechos y deberes de los integrantes de la colectividad (C.P., art. 2º), tarea que debe cumplirse conforme a los principios que rigen la función administrativa (art. 209 ibídem).

En desarrollo de las atribuciones que comporta el poder de policía resulta natural, y diríase que inherente a su función, que al aplicar las normas que lo estructuran se establezcan límites o restricciones a las libertades, desde luego sin llegar a anularlas o a hacerlas nugatorias. Ese poder —por supuesto— debe ser ejercido dentro de los precisos marcos de la Constitución y la ley.

La medida contemplada en la norma bajo estudio tiende a proteger, de manera específica, el espacio público y su destinación al uso común, y además propende a que en su cotidiana utilización prevalezca siempre el interés general sobre el particular (C.P., art. 82).

El ejercicio de los derechos implica deberes y cargas, como lo preceptúa el artículo 95 de la Constitución, y puesto que no se trata de prerrogativas absolutas, se encuentra sujeto a la acción y vigilancia de las autoridades en los términos de la ley.

Por otra parte, la referida disposición legal también pretende garantizar la libertad de locomoción (C.P., art. 24), así como la vida y la integridad de las personas que transitan por las vías públicas o las zonas de uso común.

Además, debe tenerse en cuenta que el retiro por parte de las autoridades de tránsito de los vehículos que se encuentran estacionados en zonas prohibidas, o abandonados en la vía pública o en zonas de uso público, no es en forma alguna una medida que tenga que ser adoptada por los jueces de la República, toda vez que, como ya se indicó, se trata de un acto de carácter preventivo respecto de una situación que requiere una acción inmediata por parte de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de todos y por el normal desenvolvimiento de las actividades en el área territorial de su jurisdicción.

De otro lado, como bien lo señalaron tanto el Ministerio Público como los intervinientes en el presente proceso, la medida en comento no puede asimilarse a la figura de la extinción de dominio ni al decomiso definitivo de bienes, pues únicamente se trata de la aprehensión de un vehículo de manera temporal y con el único objetivo de permitir la libre circulación de personas. Debe recordarse además, dentro del criterio expuesto, que la propiedad no es un derecho absoluto (C.P., art. 58) y que su uso no debe afectar los derechos ajenos ni el bien común.

Esta Corte no considera que la disposición objeto de juicio desconozca los preceptos del artículo 28 constitucional, ya que dicha norma se refiere a medidas que pueden afectar la libertad personal, y que, en cuanto tales, deben ser adoptadas solamente por las autoridades judiciales competentes. En el presente evento, no está de por medio ese derecho fundamental, sino que se trata de una decisión de aplicación inmediata que comporta una medida preventiva y correctiva respecto del uso indebido de la propiedad, con el fin de permitir la circulación de personas y cosas (actos a los que se refiere el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo y respecto de los cuales, dada su naturaleza, no se aplican las reglas de dicho estatuto). Así pues, como se trata de una medida de carácter policivo que supone una acción inmediata, y puesto que no se está disponiendo de la libertad de la persona ni se está afectando la inviolabilidad de su domicilio, resulta viable que tal facultad haya sido atribuida a autoridades administrativas.

Además, el artículo demandado no prevé el supuesto jurídico descrito por el actor, según el cual las autoridades de tránsito definen la situación jurídica del bien retenido. Dicha disposición sólo se refiere al deber de ellas, consistente en retirar los vehículos de los lugares antes indicados y a su conducción a los patios oficiales o estacionamientos autorizados. Esa norma también establece que los costos deben correr a cargo del conductor o propietario del vehículo, aparte de la sanción correspondiente por haber infringido las normas de tránsito.

Las indicadas previsiones son razonables, pues todas ellas resultan ser idóneas para proteger los valores y derechos constitucionales que pueden resultar afectados por el indebido uso del espacio público y por el abuso de la propiedad privada.

En este orden de ideas, por no encontrarse ningún vicio de inconstitucionalidad, se declarará la exequibilidad de la disposición acusada.

Ahora bien, la Corte condicionará la exequibilidad en varios sentidos:

— Como bien lo dice el Procurador General, no se puede inferir de la norma enjuiciada ni corresponde al alcance que aquí se ha definido en relación con ella que las autoridades de tránsito puedan retener los vehículos trasladados, condicionando su devolución al pago de la multa impuesta o de los costos causados por transporte y parqueo. Otros mecanismos de cobro existen en el ordenamiento. Y —como queda dicho— no se puede dar a la medida el alcance de un decomiso. Para que las autoridades tuvieran el derecho de retención se requeriría norma expresa, toda vez que ellas solamente pueden hacer lo que les está expresamente permitido (C.P., arts. 6º y 122).

— Los costos ocasionados por el traslado del vehículo y por la utilización del estacionamiento o parqueadero no pueden ser fijados ni cobrados arbitrariamente por las autoridades de tránsito y menos todavía por los particulares que presten el servicio de grúa o que faciliten las instalaciones del lugar en que habrá de permanecer el vehículo hasta su reclamo por el propietario. Dichos costos son únicamente los que normalmente se cobran en el mercado por esos servicios. De lo contrario se vulnera el principio constitucional de la igualdad (C.P., art. 13) puesto que a situaciones idénticas (el uso de grúa o parqueadero en estos casos, por comparación con los eventos en que cualquier persona los utiliza) se estaría dando un trato diferente y, además, se asaltaría la buena fe de las personas (C.P., art. 83) y se produciría un enriquecimiento injustificado de quien presta los servicios o de la autoridad que efectúa el cobro, a costa del usuario.

— Las autoridades de tránsito se hacen responsables, pecuniaria y disciplinariamente, por los eventuales daños que se causen a los vehículos trasladados.

Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Únicamente en los términos y bajo las condiciones previstas en esta providencia, declarar EXEQUIBLE el artículo 231 del Código Nacional de Tránsito, tal como fue modificado por el artículo 1º, numeral 186, del Decreto 1809 de 1990.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(Sentencia C-1408 de octubre 19 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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