Sentencia C-144 de febrero 7 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA

DESISTIMIENTO Y CONCILIACIÓN EN EL PROCESO PENAL

EXTRACTOS: «A continuación, se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 39080 del 27 de noviembre de 1989:

“DECRETO 2737 DE 1989

Por el cual se expide el Código del Menor

(…).

ART. 271.—Cuando el sujeto pasivo del delito de inasistencia alimentaria sea un menor, la investigación se iniciará de oficio y será desistible por una sola vez. Será competente para conocer de este delito el juez municipal de la residencia del titular del derecho”.

(...).

Consideraciones y fundamentos

1. Vigencia de la norma demandada.

La disposición acusada pertenece al Decreto 2737 de 1989. Modificó parcialmente el artículo 267 del Decreto 100 de 1989 (C.P.) que establecía la querella como mecanismo de iniciación del proceso penal por inasistencia alimentaria; luego fue modificada por el artículo 33 del Decreto 2700 de 1991 (CPP), en el sentido en que éste restableció el requisito de la querella para este tipo de procesos, y así se mantuvo en el artículo 2º de la Ley 81 de 1993 (1) , que modificó el Código de Procedimiento Penal... No habiendo sido modificada posteriormente ni declarada inexequible por esta Corte, la norma se encuentra vigente.

(1) Estas dos disposiciones fueron objeto de examen por la Corte Constitucional, y en las sentencias C-459 de 1995 y C-113 de 1996 —pronunciamientos a los que más adelante se hará referencia— las declaró exequibles.

2. Inasistencia alimentaria a un menor de edad.

La Constitución Política y el Código del Menor tienen un amplio catálogo de normas que pretenden garantizar la adecuada protección y desarrollo de los menores de edad. El artículo 44 de la Carta enuncia los derechos fundamentales de los niños, y entre ellos a la integridad física, a la salud y la seguridad social, a una alimentación equilibrada, a tener una familia y no ser separados de ella, al cuidado y el amor, la educación, la cultura y la recreación, a la protección contra toda forma de abandono, y a los demás derechos que enuncien los convenios internacionales ratificados por Colombia sobre la materia; por ejemplo, el artículo 3º de la Convención sobre los derechos del niño dice: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. El artículo 45 enuncia escuetamente que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral, relevante para el caso en cuanto hace a los menores de 18 años (2) . En consonancia con estas disposiciones, el Código del Menor (art. 3º) enuncia el derecho que tiene todo menor a “la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social”.

(2) El artículo 28 del Código del Menor dice: “Se entiende por menor a quien no haya cumplido los dieciocho (18) años”.

En concordancia con estas normas, el artículo 133 del mismo estatuto “entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción del menor”.

El artículo 136 del Código del Menor prevé que “en caso de incumplimiento de la obligación alimentaria para con un menor, cualquiera de sus padres, sus parientes, el guardador o la persona que lo tenga bajo su cuidado, podrán provocar la conciliación ante el defensor de familia, los jueces competentes, el comisario de familia, o el inspector de los corregimientos de la residencia del menor, o éstos de oficio. En la conciliación se determinará la cuantía de la obligación alimentaria, el lugar y forma de su cumplimiento, la persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos salariales, sus garantías y demás aspectos que se estimen necesarios. El acta de conciliación y el auto que la apruebe, prestarán mérito ejecutivo mediante el trámite del proceso ejecutivo de mínima cuantía ante los jueces de familia o municipales, conforme a la competencia señalada en la ley”. Adicionalmente, la ley prevé la posibilidad de iniciar un proceso penal en contra del quien incumple una obligación alimentaria, y la conducta se castiga con arresto y multa (C.P., art. 263) (3) ; específicamente cuando el sujeto pasivo del delito de inasistencia alimentaria es un menor, el artículo 271 del Decreto 2737 de 1989, demandado en esta ocasión, señala que la investigación se debe iniciar de oficio y es desistible por una sola vez.

(3) Declarado exequible por la Corte en la sentencia C-237 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

3. Querella y oficiosidad en procesos de alimentos donde el sujeto pasivo es un menor de edad.

Respecto a la iniciación del proceso penal de inasistencia alimentaria, la Corte estudió la exigencia impuesta por el artículo 33 del Decreto 2700 de 1991 y reiterada en el artículo 27 de la Ley 81 de 1993, y concluyó que “la querella como condición de procesabilidad de los delitos que se cometan contra menores, frustra el principio de prevalencia de sus derechos y la garantía en la que reposa” (4) , ya que “la comisión de un hecho punible que tenga como víctima a un menor, no puede ser un asunto que sólo concierna a la familia y que la ley pueda permitir no traspase el umbral de lo puramente privado, incluso hasta consagrar su virtual impunidad. La sociedad y el Estado deben acudir sin tardanza y con vigor a ofrecer su defensa al agraviado. Establecer, en estos casos, la querella es impedir que la sociedad y el Estado puedan cumplir con su obligación constitucional, irrevocable e incondicional, de defender al niño” (5).

(4) Sentencia C-459 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(5) Sentencia C-459 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Por lo tanto, declaró la exequibilidad de esas disposiciones, pero en el entendido de que no debía exigirse tal requisito cuando el sujeto pasivo del delito fuere un menor de edad. El demandante considera que es un contrasentido impedir que estos delitos lleguen a conocimiento del juez por querella elevada por los representantes legales del menor víctima (que fue lo que, según él se hizo en la sentencia 459/95), y permitirles extinguir la acción penal, pasando por alto la protección efectiva de los derechos de los menores. Al respecto, es claro que el sentido de los fallos C-459 de 1995 y C-113 de 1996 no es prohibir la querella de parte sino eliminarla como requisito de procedibilidad, de tal manera que cualquiera pueda acudir al juez competente para exigir la protección de los derechos del menor, y en vez de limitar las posibilidades de su defensa y la procura de sus necesidades, se hagan responsabilidad de toda la sociedad y no solamente de su familia o el personal al cuidado de quien esté.

4. Desistimiento en los procesos de alimentos.

Una vez iniciada la investigación, la norma acusada permite el desistimiento por una sola vez. El demandante se queja de que los jueces han interpretado erróneamente las mencionadas sentencias de la Corte y esta disposición: han tenido en cuenta la oficiosidad para iniciar el proceso, pero para terminarlo anticipadamente se le ha dado el tratamiento de delito querellable, haciendo uso de la oportunidad de desistimiento que confiere la norma acusada, o con la celebración de audiencias de conciliación; no se tienen pues en cuenta los intereses y necesidades de los menores y, por tanto ninguno de estos dos procedimientos debería permitirse.

Las normas contempladas en el Decreto 2737 de 1989 deben ser interpretadas de acuerdo con la Constitución, y teniendo en cuenta que su finalidad es la protección del menor (Convención sobre los derechos del niño, art. 3º; D.2737/89, art. 22); en consecuencia, debe estudiarse cuál de las opciones posibles —la que pretende el actor o la establecida por la norma— cumple en mayor medida con esta exigencia.

4.1. Eliminación del desistimiento.

El actor considera que debe eliminarse la posibilidad de desistimiento que trae el artículo demandado; en el contexto del proceso que se estudia, esta figura cumple una doble función: por una parte, es una advertencia a quien falta a su obligación alimentaria ya que, una vez el representante del menor desiste, y con ello extingue la acción penal iniciada en contra del infractor (C.P., art. 77), tiene una oportunidad para reparar su comportamiento delictivo, y asumir las responsabilidades que tiene para con el menor. Obviamente esta medida busca la efectividad del cumplimiento de la obligación alimentaria, pues el imputado o procesado es consciente de que existe una investigación o un proceso en su contra (existe el riesgo de terminar en la cárcel) pero aún conserva su libertad para trabajar y así satisfacer las necesidades del menor a quien debe alimentos: de ninguna manera es útil al menor desprotegido, que aquella persona responsable de ver por sus necesidades se encuentre privada de la libertad y por eso, más se guardan sus intereses si se da libertad a aquél, aunque sea temporalmente y con la amenaza inminente de un proceso penal, para que cumpla lo que le corresponde.

En el evento de continuar o reincidir en el incumplimiento, nuevamente es posible acudir a la justicia; como ya se ha reiterado, en sus fallos la Corte pretendió aumentar la posibilidad de iniciación de acciones penales en defensa de los menores; encontró que la querella como requisito de procedibilidad la limitaba desproporcionadamente, y por tanto, removió la barrera que existía y recordó el deber de todos los miembros de la comunidad de concurrir a la protección de los derechos de aquéllos. Esto, con fundamento en el artículo 44 de la Carta, que establece que, respecto a los derechos de los niños, “cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”. En consecuencia, no son necesariamente los padres o representantes del menor quienes pueden hacerlo, sino cualquier persona que se percate del abandono de las necesidades del niño, y esta vez el caso se llevará adelante hasta sus últimas consecuencias —cárcel, multa, antecedentes penales— porque, como lo dice la norma, ese desistimiento sólo es posible por una vez.

4.2. La conciliación en los procesos de alimentos.

Indirectamente, la norma demandada permite la celebración de audiencias de conciliación en estos casos ya que, en consonancia con el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, la solicitud o la fijación de fecha para realizarlas sólo procede en los delitos que admiten desistimiento y en los previstos en el artículo 39 del mismo código (homicidio culposo y lesiones personales culposas). Al dejar intacto el artículo demandado, se da a los padres o quienes tengan a su cargo el cuidado del menor, la posibilidad de pactar en buenos términos, y en presencia del funcionario judicial, un acuerdo para el cumplimiento de la obligación alimentaria: “Garantizado el cumplimiento del acuerdo, se proferirá resolución inhibitoria, de preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento” (CPP, art. 38, inc. 2º). Así se termina el proceso con un arreglo, y con la voluntad de quien antes incumplía, de llevar a cabo sus deberes como le corresponde. En caso de no ser fiel a los compromisos adquiridos en ese documento, “se continuará inmediatamente el trámite que corresponda” (CPP, art. 38, inc. 3º). Con esa posibilidad, una vez más se da a quien debe velar por el bienestar del menor, la oportunidad de cumplir sus obligaciones, y se garantizan de mejor manera los intereses del indefenso porque, de nuevo, se deja a aquél en libertad para que pueda trabajar y procurarle a éste lo que necesita. Luego, si se presenta incumplimiento, el procesado deberá afrontar las consecuencias.

Estas dos maneras de terminar el proceso se ajustan a la Constitución, y a su concepción del individuo libre y responsable. Estimulan el acuerdo serio entre sujetos que por alguna razón mantienen una relación conflictiva, e intentan evitar las decisiones impuestas por terceros que, con la investidura del poder punitivo del Estado, refuerzan la imposibilidad de comunicación entre las personas, y pueden llegar a tomar medidas que se alejan del real bienestar de los menores. No quiere decir esto que la intervención del juez nunca sea bienvenida, pues es claro que hay casos en los que las personas rehúsan conciliar, y anteponen sus intereses o sus rencores a las necesidades de los menores; en tal caso, resulta adecuado que este tercero intervenga, pero debería ser la excepción, y su ausencia la regla.

Lo que el demandante realmente pretende es que los jueces, al aplicar las normas sobre la materia, actúen en procura del bienestar del menor, y ello no se consigue con el pronunciamiento de la Corte acerca de la inexequibilidad del desistimiento o de la conciliación. La guía obligada de los jueces de conocimiento de los procesos que involucren los intereses de los menores es, no sólo la Constitución (arts. 44, 45) y los tratados internacionales ratificados por Colombia que sean relevantes; debe tener en cuenta además los artículos pertinentes del Código del Menor, y en especial el número 18: “Las normas del presente código son de orden público y, por lo mismo, los principios en ellas consagrados son de carácter irrenunciable y se aplicarán de preferencia a disposiciones contenidas en otras leyes” y el 22, que ordena interpretar las normas sobre la materia teniendo en cuenta que su finalidad es la protección del menor. Tales son los parámetros de conducta para los funcionarios que conozcan de abusos o descuido en la obligación alimentaria de quienes tienen ese deber respecto a los menores.

En este caso, y teniendo en cuenta ese marco para evaluar la disposición acusada, no encuentra la Corte razón para eliminar la posibilidad única de desistimiento, pues constituye una medida que, bien aplicada, sirve a los mejores intereses del menor. Adicionalmente, el logro de la terminación anticipada de procesos penales con arreglos equitativos y convenientes para las partes (tras el desistimiento o la conciliación, en los delitos que la permiten), estimula la búsqueda de acuerdos entre las personas, y descongestiona los despachos judiciales; de esa manera el aparato judicial funciona de manera más eficiente, y se actúa en consonancia con los principios de eficiencia y economía, y la búsqueda el orden justo.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “y será desistible por una sola vez”, del artículo 271 del Decreto 2737 de 1989, Código del Menor.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-144 de febrero 7 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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