Sentencia C-1443 de octubre 25 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR DERECHO A PENSIÓN

RESPETO A LA OPCIÓN DEL TRABAJADOR DE COTIZAR POR 5 AÑOS MÁS

EXTRACTOS: «En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano de la referencia demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 62, subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1967, numeral 14, parcial, del Código Sustantivo del Trabajo.

(...).

A continuación, se transcribe el texto de la disposición demandada. Se subraya la expresión que se acusa.

“ART. 62.—Subrogado por el artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965. Terminación del contrato por justa causa. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo:

Por parte del patrono:

1. (...).

14. El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa”.

2. Lo que se debate.

El demandante considera que la expresión demandada, al permitir al empleador dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa, cuando al trabajador se le haya reconocido la pensión de jubilación, estando al servicio de la empresa, viola los artículos constitucionales que garantizan la protección al trabajo, en condiciones dignas y justas (arts. 25 y 53), al buen nombre y al principio de la buena fe, porque, si se observan las demás causales de terminación unilateral por parte del empleador, éstas corresponden a la comisión de actos delictuosos, violentos o inmorales, realizados por el trabajador (C.P., arts. 21 y 84). También, el principio de igualdad (C.P., art. 13) resulta vulnerado, pues, algunos trabajadores acceden a una jubilación temprana, con edades de 40 o 45 años, es decir, cuando están en la plenitud de la vida laboral, mientras que otros acceden al derecho en edades superiores a los 60 años.

El interviniente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social defendió la constitucionalidad del precepto acusado, al considerar que no hay la vulneración señalada por el actor, si existe la certeza de que no habrá solución de continuidad entre la terminación del contrato de trabajo y el pago de la pensión. De esta forma, se da la oportunidad a otras personas de acceder a los cargos que deja la persona pensionada, lo que resulta importante en países que como el nuestro, el desempleo alcanza niveles cercanos al 21% de la población activa.

El señor Procurador, por su parte, estima que el precepto es exequible, pero bajo la condición de que al trabajador, el empleador le dé, previamente, la oportunidad de decidir si desea seguir trabajando y cotizando durante más tiempo, con el fin de elevar el monto de su pensión, antes de acudir a la causal acusada. Según esto, la norma acusada fue modificada por la Ley 100 de 1993, artículo 33, parágrafo 3º.

3. El precepto demandado y la jurisprudencia.

El núcleo del precepto demandado consiste en determinar si el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo, por justa causa, cuando al trabajador se le ha reconocido la pensión de jubilación, estando al servicio de la empresa. Para la decisión a adoptar, resulta pertinente referirse, brevemente, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sobre esta causal, y a lo dispuesto en el artículo 33, parágrafo 3º de la Ley 100 de 1993.

Este tema, aun antes de expedida la Ley 100 de 1993, ha sido objeto de numerosos pronunciamientos de la jurisprudencia, en especial, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues, de la interpretación del mismo, nace para el trabajador el derecho a percibir o no la indemnización que se produce cuando la causa de la terminación laboral es sin justa causa.

En efecto, antes de la Ley 100, la Sala Laboral de la Corte había establecido que el empleador sólo puede dar por terminado el contrato de trabajo, por esta justa causa, cuando, estando el trabajador al servicio de la empresa, se le ha reconocido la pensión de jubilación o de vejez o la invalidez, según el caso, y, por lo tanto, se tiene la seguridad de que su mesada pensional podrá percibirla desde el día siguiente de su desvinculación”. (CSJ, Cas. Laboral, sent. abr. 15/80, rad. 7034).

Al avanzar en el tema, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 1º de abril de 1987, analizó las diferencias entre la indemnización y el reconocimiento de la pensión. Dijo que una cosa es el derecho a la indemnización por despido injusto, y otra, el reconocimiento de la pensión de jubilación voluntaria. Por ello, y en atención a que una es una prestación social, y la otra, es el resarcimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato, es posible concluir que el reconocimiento de la pensión no es, por sí mismo, justa causa de despido.

Al entrar en vigencia de la Ley 100 de 1993, el tema volvió a ponerse sobre el tapete, en razón de que existen opiniones encontradas en el sentido de si la causal demandada fue modificada o derogada por el parágrafo 3º del artículo 33 de la citada ley. El parágrafo 3º dice:

“No obstante el requisito establecido en el numeral dos (2º) de este artículo, cuando el trabajador lo estime conveniente, podrá seguir trabajando y cotizando durante 5 años más, ya sea para aumentar el monto de la pensión o para completar los requisitos si fuere el caso”.

El asunto fue dirimido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en decisión mayoritaria del 8 de octubre de 1999, en la que señaló que el trabajador, aunque haya reunido los requisitos legales, tiene derecho a ser consultado sobre si quiere hacer uso de la prerrogativa consagrada en el parágrafo 3º del artículo 33 citado. (M.P. Dr. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 11.832)

Después de la breve reseña de la jurisprudencia sobre el tema, la Corte entra al examen constitucional pertinente.

4. Derecho del trabajador a ser previamente consultado. Artículo 25 de la Constitución.

Lo primero que hay que decir es que la Sala comparte la interpretación expresada por la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que la causal demandada no puede ser impuesta por el empleador sin haber consultado previamente al trabajador, para que éste, en forma libre, sin ninguna clase de presiones, adopte la decisión que más convenga a sus intereses. Si el empleador omite esta consulta previa, el despido pasa a convertirse de justa causa a injusta, con las consecuencias económicas que ello acarrea: el derecho del trabajador a la indemnización correspondiente.

Esta es la interpretación constitucional para entender el precepto acusado, porque, de lo contrario, se desconocería al trabajador el derecho de intervenir en un asunto que, sin duda, incorpora los principios de la dignidad de la persona, en su dimensión, también, de trabajador, como es el de decidir el momento en que se producirá su desvinculación laboral, si ésta ocurre por el transcurso del tiempo, acompañado del debido cumplimiento de sus deberes laborales.

Por ello, la causal demandada no puede convertirse en una patente de corso otorgada por el legislador al empleador, para decidir, por sí y ante sí, cuándo terminar la relación laboral. El trabajador tiene una opción que constitucional y legalmente debe ser tenida en cuenta, como es la de decidir mejorar las condiciones económicas de su pensión, por un lapso de tiempo determinado, tal como lo prevé el artículo 33 de la Ley 100. En este sentido, se da cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución sobre las condiciones dignas y justas del trabajador, de que trata el artículo 25 de la Carta.

En cuanto al cargo de violación del derecho a la igualdad señalado por el actor, al explicar que si el empleador aplica la causal acusada, se crea una desigualdad entre trabajadores que pueden acceder a la pensión a edades entre los 40 y 45 años, y otros, en edades de 60 años, la Corte no lo examinará, pues, dada la generalidad de los argumentos, no es posible determinar si se da tal violación. Correspondería, eventualmente, frente al caso concreto, de jubilación a edad temprana, examinar si la diferencia establecida en la ley obedece a razones objetivas y justificables.

Tampoco prospera el cargo expuesto por el actor de que al incluir la causal de la pensión de jubilación dentro de las demás causales, se vulnera el buen nombre del trabajador, porque su desvinculación no obedece a conductas delictuosas o inmorales. Al respecto, hay que decir que la inclusión de esta causal no hace referencia a tal clase de conductas sino a si el empleador puede dar o no término a la relación laboral, en forma unilateral. Por ello, se encuentra también entre las de terminación unilateral, la pensión de invalidez, que no es objeto de examen en este proceso.

Al hacer, pues, la presente interpretación constitucional, y condicionar la exequibilidad de la causal, de la forma expuesta, es decir, respetando la decisión del trabajador, los demás cargos generales esgrimidos por el demandante quedan resueltos. Además, así se equilibran tanto los derechos individuales del trabajador, porque puede continuar trabajando durante un período determinado, y los generales de las personas que tienen derecho a acceder a los cargos que deja vacante la persona que recibe su pensión de jubilación.

En consecuencia, la declaración de exequibilidad de la expresión demandada queda condicionada a que el empleador, cuando el trabajador haya cumplido los requisitos para obtener su pensión, no puede dar por terminado el contrato de trabajo, en forma unilateral, por justa causa, si previamente al reconocimiento de la pensión de jubilación, omitió consultar al trabajador si deseaba hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 33, parágrafo 3º, de la Ley 100 de 1993.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión demandada del numeral 14 del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, bajo la condición señalada en esta sentencia. Es decir, que el empleador cuando el trabajador haya cumplido los requisitos para obtener su pensión, no puede dar por terminado el contrato de trabajo, en forma unilateral, por justa causa, si previamente al reconocimiento de la pensión de jubilación, omitió consultar al trabajador si deseaba hacer uso de la facultad prevista en el artículo 33, parágrafo 3º, de la Ley 100 de 1993. Bajo cualquier otra interpretación, se declara INEXEQUIBLE.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-1443 de octubre 25 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).

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