Sentencia C-1444 de octubre 25 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN

NO PUEDE SER LIMITADO ARBITRARIAMENTE Y POR SIMPLES SOSPECHAS

EXTRACTOS: «En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos de la referencia demandaron la inexequibilidad del numeral 3º del artículo 206 del Decreto 1355 de 1970, Código Nacional de Policía.

(...).

A continuación, se transcribe el texto de la disposición demandada. Se subraya la expresión que se acusa.

“CAPÍTULO VI

De las contravenciones que permiten imponer la presentación periódica ante el comando

ART. 206.—Compete a los comandantes de estación y de subestación imponer la presentación periódica ante el comando de policía:

1. Al que reincida en riña o pelea.

2. Al que sea amonestado en privado o reprendido en audiencia pública o cuando se considere conveniente.

3. Al que de ordinario deambula por las calles en actitud de sospechosa inquisición de bienes o personas”.

(...).

Se recuerda lo que dice el precepto acusado: “artículo 206. Compete a los comandantes de estación y de subestación imponer la presentación periódica ante el comando de policía: (...) 3. Al que de ordinario deambula por las calles en actitud de sospechosa inquisición de bienes o personas”.

En otras palabras, la norma transcrita, tomando algunas definiciones del Diccionario de la Lengua Española (vigésima primera edición), dice que si una persona “camina sin dirección determinada” y, en actitud sospechosa, “indaga, averigua o examina cuidadosamente una cosa”, puede dar lugar a la imposición de la medida correctiva, que consiste en presentaciones periódicas ante el comando de policía.

No se requieren profundos análisis para concluir que la conducta descrita es vaga e imprecisa, y que, como consecuencia de ello, deja un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad policiva, ante la falta de elementos objetivos, para imponer o no una medida correctiva. Además, si se tiene en cuenta que la conducta objeto de sanción, se origina, como la propia norma lo dice, en la mera sospecha, es decir, sin que siquiera se exija la producción de actos externos que justifiquen la imposición de la sanción, la disposición abre la puerta a la arbitrariedad.

Por ello, se comparte lo estimado por los demandantes y el señor Procurador en el sentido de que el precepto, al señalar como elemento a tener en cuenta, la simple sospecha, rompe el principio de la presunción de inocencia. Principio establecido en el artículo 29 de la Constitución, que debe ser respetado, aun cuando se trate de contravenciones, como ocurre en este caso, que llevan consigo la imposición de un castigo o sanción.

Por otra parte, la norma acusada también viola el debido proceso, en el siguiente sentido: el artículo 222 del mismo Código Nacional de Policía señala que el funcionario que haya impuesto la medida correctiva, a su juicio, “en cualquier tiempo puede hacerla cesar”. Es decir, la medida correctiva no tiene límite en el tiempo. Este punto fue objeto de examen de constitucionalidad, al analizar los artículos 205 y 204, parcial, del mismo Código Nacional de Policía (sents. C-087 y C-110 de 2000, respectivamente). La Corte señaló que tal situación viola el debido proceso, por las siguientes razones:

“(...) al analizar la medida correctiva, tal como está concebida, se observa que no tiene un límite en el tiempo durante el cual se dé la prohibición del ingreso al sitio público o abierto al público. Sobre este aspecto, el decreto dice en el artículo 222 del Decreto 1355 de 1970, que es la autoridad de policía, la que haya impuesto la medida correctiva, quien podrá hacerla cesar en cualquier tiempo “si a su juicio tal determinación no perjudica el orden público”. Como se ve, la medida correctiva resulta indefinida, pues, deja al arbitrio de la autoridad, la fijación del período en que se aplica. Hay que señalar que una disposición que establezca esta clase de situaciones viola la Constitución, pues en el artículo 28 de la Carta están proscritas las medidas de seguridad imprescriptibles, es decir, que no es posible que una persona permanezca indefinidamente sometida a una limitación de sus derechos” (sent. C-087/2000, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra).

Lo dicho en esta sentencia se aplica al caso presente, con un componente adicional, que como esta medida es proferida por el propio comandante (a diferencia de lo que ocurría en los casos mencionados, que era el alcalde o inspector, D. 522/71), el artículo 229 del mismo código, dice, expresamente, que contra la imposición de la medida “no habrá ningún recurso”. Lo que significa, ni más ni menos, que dentro de su propio criterio, el comandante decide si impone la medida correctiva, y al imponerla, el afectado no puede ejercer ningún recurso. De esta manera se viola el debido proceso.

En cuanto a la vulneración del derecho de locomoción, la propia norma constitucional establece que sólo corresponde a la ley establecer sus límites. El artículo 24 de la Constitución dice: “todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”. Sin embargo, tal como la jurisprudencia de esta corporación lo ha dicho, los límites que establezca la ley no pueden desconocer el núcleo del derecho: sentencia SU-257 de 1997, y deben estar acordes con las necesidades y la finalidad buscada, es decir, ser proporcionados y razonables: sentencia T-483 de 1999. Principios que, inclusive, en los casos de la limitación del derecho de circulación en estados de excepción, continúa vigente. Dijo la Corte:

“El derecho a la libre circulación y residencia puede ser restringido por el legislador pues, conforme a la Carta, éste opera “con las limitaciones que establezca la ley” en consecuencia, bien puede el legislador de excepción afectarlos, por graves motivos de orden público, como sería el caso de guerra exterior. En el caso bajo estudio, se autoriza al gobierno para establecer restricciones a la libre circulación y residencia de las personas, en cualquier área del territorio nacional, cuando el estado de guerra exterior así lo aconseje y con la única finalidad de proteger la vida de los habitantes y facilitar las operaciones propias de dicho período excepcional. Cumple así la autoridad el deber que tiene de proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes, tal como lo ordena el artículo 2º de la Carta” (C-179/99, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).

En la norma acusada, si se observa detenidamente lo que dice, se le está delegando una competencia del legislador al comandante de estación o subestación de policía. Pues, él es quien impone el límite del derecho fundamental de circulación, si, según su criterio, y dada la vaguedad de la norma, como se ha dicho, la persona que está circulando por una calle, lo hace en forma sospechosa y debe ser objeto de una sanción. En este sentido resulta la vulneración del derecho a la libre circulación.

En conclusión, si bien la Corte no desconoce la función constitucional de la Policía Nacional, establecida en el artículo 218 de la Carta, al señalar que su fin primordial “es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, estos fines no pueden implicar el desconocimiento de los derechos ciudadanos, ni la imposición arbitraria de medidas correctivas, como las que se prohijan en el precepto demandado, ni siquiera con el argumento de que el interés general prevalece sobre el particular, artículo 1º de la Constitución, porque la propia Carta garantiza el respeto de los derechos individuales. Lo que busca la Constitución es la armonía de los intereses y no su desconocimiento.

No sobra señalar que en la citada sentencia C-087 de 2000, la Corte observó el problema que presenta el Código Nacional de Policía, Decreto 1355 de 1970, en la aplicación de algunas de sus disposiciones y la incompatibilidad con algunas normas de la Constitución de 1991. Allí se señaló sobre la importancia de que el Congreso legisle sobre el asunto. Dijo la Corte:

“Por otra parte, se observa por la Corte que aun si se considerara que las disposiciones acusadas son normas incompletas, ellas no pueden complementarse con ordenanzas, acuerdos, u otra clase de disposiciones administrativas locales, pues normas como el precepto objeto de análisis en esta providencia, por hacer parte del Código Nacional de Policía, Decreto-Ley 1335 de 1970, sólo pueden ser expedidas mediante normas también de alcance nacional, es decir, expedidas por el Congreso de la República. Para tal efecto, sería conveniente que el Congreso legislara sobre el punto, de tal manera que la normatividad por expedir alcance los fines legítimos que requiere la protección de terceros, pero sin menoscabo de los derechos fundamentales que, como el de la libertad personal, sólo pueden ser objeto de regulación por el legislador con respeto absoluto a los principios consagrados por la Carta Política” (sent. C-087 citada).

La Corte ahora, como en aquella oportunidad, considera que el Congreso está en el deber constitucional de expedir un Código Nacional de Policía acorde con los fines establecidos en la Constitución.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el numeral 3º, del artículo 206 del Decreto 1355 de 1970, “por el cual se dictan normas sobre policía”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-1444 de octubre 25 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).

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