Sentencia C-148 de abril 22 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Demanda D-1885

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Gaviria Díaz

Actor: Marcel Arnovil Rosero Sotelo

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 373 del Código Penal (D.L. 100/80).

Temas:

— Circunstancias genéricas de atenuación de la pena.

— Efectos de la pérdida de poder adquisitivo del dinero en materia de dosimetría penal.

— Principio de proporcionalidad.

— Principio de igualdad.

Santafé de Bogotá, D.C., veintidós de abril de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Vladimiro Naranjo Mesa y por los magistrados, Carmenza Isaza de Gómez, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.

(...).

II. Norma acusada

El texto del artículo que se demanda parcialmente es el siguiente:

“DECRETO 100 DE 1980

“Por el cual se expide el nuevo Código Penal”.

(...).

TÍTULO XIV

Delitos contra el patrimonio económico

CAPÍTULO IX

Disposiciones comunes a los artículos anteriores

ART. 373.—Circunstancias genéricas de atenuación punitiva. Las penas señaladas en los capítulos anteriores, se disminuirán de una tercera parte a la mitad, cuando el hecho se cometa sobre cosa cuyo valor sea inferior a diez mil pesos, siempre que el agente no tenga antecedentes penales y que no haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación económica”. (Se subraya lo demandado).

(...)”.

VI. Consideraciones de la Corte

A. Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, de conformidad con lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 241 de la Constitución.

B. El cargo formulado

El demandante considera que debido a la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, la suma de diez mil pesos que consagra la norma impugnada como presupuesto para conceder el atenuante, en la actualidad no representa una lesión efectiva del patrimonio económico. Por tanto, al interpretar de forma restringida la disposición y sólo conceder el beneficio en esa eventualidad, contraría la intención del legislador de actualizar la suma de dinero y aplicar la norma en el futuro, por lo que el artículo está condenado al desuso.

Por tal razón, dice el actor, las consecuencias para los delincuentes menores son injustas, pues a sus faltas, a diferencia de las de los grandes criminales, no se les aplicaría atenuante alguno, violando los principios de igualdad, razonabilidad, proporcionalidad y orden justo. Además, en las actuales circunstancias, la existencia de la norma y su inaplicabilidad conducen a imponer penas excesivas y desproporcionadas en relación con la ofensa cometida.

La Corte deberá determinar entonces, si la disposición acusada viola la Constitución o si, por el contrario, se ajusta a sus preceptos.

C. La cuantía

Como lo ha reiterado esta corporación, el legislador tiene competencia exclusiva “para establecer, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, regímenes estructurados a partir de criterios diferenciales en el tratamiento penal de las conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicamente protegidos, basados por ejemplo, en la existencia objetivos de distintas categorías delictivas que presentan variaciones importantes en cuanto a la gravedad que comporta su comisión, en la trascendencia de los bienes jurídicos que se buscan proteger mediante su incriminación y en otros criterios de política criminal”(1).

En ejercicio de esta potestad el órgano legislativo debe tener en cuenta los límites que impone la Constitución y propender a que las normas que expide sean medios efectivos para el cumplimiento de los fines del Estado: “el estado social de derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar de primer orden, sustrae del amplio margen de libertad legislativa para la configuración del ordenamiento penal, la facultad de fijar cualquier pena con independencia de la gravedad del hecho punible y su incidencia sobre los bienes jurídicos tutelados. El constituyente erigió los derechos fundamentales en límites sustantivos del poder punitivo del Estado, racionalizando su ejercicio. Sólo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento”(2).

En otra oportunidad y complementando esta tesis dijo la Corte que “...mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales (...) bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar causar en el conglomerado”(3).

En el caso que aquí se debate, el legislador decidió castigar de manera menos gravosa las conductas que vulneren el patrimonio económico, cuando éste resulte afectado en cuantía inferior a diez mil pesos, sin que con ello se contraríe derecho fundamental alguno, ni se haya incurrido en excesos.

En lo atinente a la dosimetría penal cabe recordar que éste “es un asunto librado a la definición legal, pero corresponde a la Corte velar para que en el uso de la discrecionalidad legislativa se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad”(4).

La norma objeto de examen no vulnera derechos fundamentales y, por el contrario, se adecua al ordenamiento constitucional al establecer penas mayores para sancionar las conductas que lesionen de manera más gravosa el bien jurídico protegido y tratar con benevolencia aquellas que revisten menor gravedad. “Sólo la protección de bienes jurídicos realmente amenazados justifica la restricción de otros derechos y libertades cuya protección igualmente ordena la Constitución. Por otra parte, la aplicación de la pena consagrada en la ley debe hacerse de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad es, por lo tanto, necesariamente individual y el castigo impuesto debe guardar simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al que se imputa(5).

En lo que respecta al principio de igualdad, la Corte observa que en el presente caso se mantiene incólume, pues tal principio “no supone ni exige la previsión ni la aplicación de normas exactamente iguales a todas las personas, sino la ausencia de discriminaciones en cuya virtud se dé un trato preferente o peyorativo a ciertos individuos sin causa razonable o injustificada”(6). La norma bajo examen no contiene, ni de ella se deduce, un tratamiento diferente para cierto tipo de personas en circunstancias iguales. Es que la atenuación de la pena con ciertas condiciones por sí sola no constituye una transgresión del principio a la igualdad.

De otra parte, hay que recordar que en dos ocasiones anteriores(7) fueron demandadas otras normas del mismo estatuto —Código Penal— que hoy se acusa parcialmente, cuyas disposiciones son similares a las hoy demandadas. Corresponden a circunstancias de agravación cuando el hecho punible se comete sobre cosa cuyo valor sea superior a cien mil pesos. La corporación decidió declararlas exequibles, con la salvedad de que la expresión “cien mil pesos”, —acusada en esas ocasiones por las mismas razones de la presente demanda— debe entenderse en términos del poder adquisitivo del peso en 1981, año en que entró a regir el Código Penal.

Así las cosas, la Corte considera pertinente reiterar la doctrina contenida en esos fallos y aplicarla analógicamente al presente caso: primero, en cuanto a algunas de sus argumentaciones, y segundo, respecto al alcance de las disposiciones demandadas que comprenden valores en moneda, cuya aplicación puede presentar dificultades.

Por tanto, resulta adecuado transcribir los apartes pertinentes de la sentencia C-070 de 1996, que fueron reproducidos en la C-118(8) del mismo año:

“La norma analizada no vulnera el principio de responsabilidad subjetiva. El artículo demandado debe ser interpretado conforme a los principios que consagra el Código Penal, uno de los cuales es el de la responsabilidad subjetiva que exige, como elemento esencial del hecho punible, la concurrencia de la culpa (art. 2º).

(...).

La calidad y la cantidad de la sanción no son asuntos librados exclusivamente a la voluntad democrática. La Constitución impone claros límites materiales al legislador (C.P., arts. 11 y 12). Del principio de igualdad, se derivan los principios de razonabilidad y proporcionalidad que justifican la diversidad de trato pero atendiendo a las circunstancias concretas del caso (C.P., art. 13), juicio que exige evaluar la relación existente entre los fines perseguidos y los medios utilizados para alcanzarlos.

(...).

La mera comparación entre las penas señaladas por el legislador para unos delitos y las dispuestas para la sanción de otros, por sí sola, no basta para fundar la supuesta infracción de la Constitución por el desconocimiento del principio de proporcionalidad (C-213/94). Para concluir en la inconstitucionalidad de una pena por exceso, el tratamiento punitivo de unos y otros delitos debe ser tan manifiestamente desigual e irrazonable que, además de la clara desproporción que arroja la comparación entre las normas penales, se vulneren los límites constitucionales que enmarcan el ejercicio de la política criminal.

(...).

El fenómeno de desactualización de las cuantías en pesos, adoptadas como parámetro para regular la agravación de las penas, ha venido siendo contrarrestado, y sus efectos distorsionadores corregidos por el legislador mediante el establecimiento de cuantías fijadas en salarios mínimos, ajustando automáticamente el valor de los bienes en la economía. La demora en la actualización de las normas penales no puede tener como efecto la restricción de otros bienes jurídicos como la libertad.

(...).

El principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución impide a la Corte excluir del ordenamiento una norma cuando existe por lo menos una interpretación de la misma que se concilia con el texto constitucional. Este principio maximiza la eficacia de la actuación estatal y consagra una presunción en favor de la legalidad democrática. El costo social e institucional de declarar la inexequibilidad de una norma jurídica infraconstitucional debe ser evitado en la medida en que mediante una adecuada interpretación de la misma se respeten los postulados de la Constitución.

El principio in dubio pro libertate también favorece esta solución. Carece de justificación válida la restricción de la libertad del reo como consecuencia exclusiva de un fenómeno monetario.

Podría aducirse que, en razón del principio de legalidad de la pena, al juez constitucional también le estaría vedado autorizar la interpretación de la norma en el sentido de actualizar el valor de la cuantía establecida en 1980 para efectos de la agravación punitiva. Sin embargo, el principio de interpretación constitucional que impone buscar la mayor efectividad de las normas constitucionales lleva a proferir la conservación condicionada de la disposición legal en lugar de declarar su inconstitucionalidad por la omisión del legislador en actualizarla.

Lo anterior supone la aplicación analógica al caso que se presenta ante la Corte del artículo 19 de la Ley 190 de 1995 que acoge el índice de “salarios mínimos legales mensuales” como factor de determinación de la cuantía para agravar la pena en el delito de peculado por apropiación. No debiendo quedar expósitos los derechos patrimoniales de la víctima mediante la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 372-1 del Código Penal, y siendo procedente la analogía in bonam partem en materia penal con el fin de actualizar la cifra de cien mil pesos acogida como criterio para imponer la agravación de la pena, la Corte procederá a declarar la constitucionalidad de la referida disposición siempre y cuando la expresión “cien mil pesos” se entienda en términos del poder adquisitivo del peso en el año 1981, fecha en que entró a regir el Código Penal”.

La analogía deberá hacerse entonces, de tal manera que, siguiendo el criterio del legislador, la norma pueda ser aplicada hacia el futuro: así, si cien mil pesos equivalían a 18.83 salarios mínimos legales mensuales de la época (1981), la suma de diez mil pesos de entonces, equivaldría a 1.88 salarios mínimos de hoy. Estableciendo esta correspondencia, se trae a valor presente la cantidad contemplada por la norma, y se cumple con la intención del legislador, al conceder el atenuante para quien cometa un delito contra el patrimonio de otro cuyo valor no sea superior a 1.88 salarios mínimos legales.

D. El daño ocasionado a la víctima

En ejercicio de la misma potestad que le confiere la Constitución, el legislador fija otras condiciones en la norma demandada, para acceder al atenuante de la pena en este tipo de conductas. No solamente el valor del bien objeto de la falta debe ser inferior a diez mil pesos (teniendo en cuenta las consideraciones de la presente sentencia) sino que el infractor, para tener derecho al beneficio allí contemplado, debe carecer de antecedentes penales y no haber ocasionado grave daño a la víctima atendida su situación económica.

Sólo si se cumplen estos tres requisitos, se da el presupuesto de la norma, es decir, el atenuante de la pena. Tales requisitos también se encuentran ajustados a la Carta pues caben en el ámbito de la autonomía del legislador para fijar las penas y las condiciones en las que un infractor se vería cobijado por un trato benévolo por parte del Estado.

Sobre las condiciones adicionales para la concesión de la atenuante, la Corte encuentra, en primer término, que es razonable no conceder el beneficio de atenuación a una persona que ya haya incurrido en una conducta punible anterior, pues la norma pretende desestimular la reincidencia de conductas criminales. Tampoco se establece un trato discriminatorio injustificado, pues claramente se señala que quien cometa este tipo de conductas, por primera vez, tiene derecho a recibir un trato favorabIe.

En segundo término, el legislador estimó que solamente podrá acceder a la atenuante, quien no haya causado daño grave a la víctima teniendo en cuenta su situación económica. Esta condición no es discordante con la Constitución, y apela a lo razonable: quien, a más de vulnerar el patrimonio económico de una persona, lo hace causándole un daño a quien se encuentra en una situación económica precaria, no merece un trato favorable.

Por estas razones, la Corte considera que la norma demandada se ajusta a la Constitución y no fue con los principios de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad; y que, siempre que se interprete conforme a lo dispuesto en la presente sentencia, se podrá aplicar sin que en ello incida la pérdida del valor adquisitivo de la moneda colombiana.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,

RESUELVE:

1. Declarar exequible el artículo 373 del Decreto-Ley 100 de 1980 (Código Penal), en los apartes acusados, siempre y cuando la expresión “diez mil pesos” se entienda en términos de valor constante del año 1981, como equivalente a 1.88 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

Vladimiro Naranjo Mesa, Presidente.

Carmenza Isaza de Gómez—Antonio Barrera Carbonell–Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Hernando Herrera Vergara—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz. 

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria general.

(1) Sentencias C-565 de 1993 Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara, y C-070 de 1996, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

(2) Sentencias C-070 de 1996 y C-118 de 1996, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

(3) Sentencia C-013 de 1997 Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo.

(4) Sentencias C-070 y C-118 de 1996, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

(5) Sentencia C-591 de 1993. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

(6) Sentencia C-038 de 1998. Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo.

(7) Sentencias C-070 y C-118 de 1996, ya citadas.

(8) Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

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