Sentencia C-148 de marzo 19 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-1398

Magistrado Ponente:

Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 329 (parcial), 331 (parcial), 332 (parcial), 333 (parcial), 334, 336 (parcial), 337 (parcial), 338 (parcial), 339 340, 341, 342, 343 (parcial), 345 (parcial), 346, 347 y 353 de la Ley 5ª de 1992; los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 273 de 1996 y contra los artículos 467 y 489 del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal.

Santafé de Bogotá, D.C., marzo 19 de 1997.

EXTRACTOS: «1. Competencia.

Por dirigirse la demanda contra dos leyes de la República y un decreto con fuerza de ley, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241-4 y 5º de la Carta fundamental.

2. Artículos demandados de la Ley 5ª de 1992

Las normas demandadas de la Ley 5ª de 1992 fueron las siguientes: artículos 329 (parcial), 331 (parcial), 332 (parcial), 333, 334, 336 (parcial), 337 (parcial), 338 (parcial), 339, 340, 341, 342, 343 (parcial), 345 (parcial), 346, 347 y 353.

2.1. Normas cuya demandada fue rechazada. Por auto de fecha 5 de agosto de 1996, fue rechazada la demanda presentada contra los artículos 343 y 337; el primero por haber sido derogado por el artículo 3º de la Ley 273 de 1996, y el último por cosa juzgada en la Sentencia C-245 del 1996. Así mismo, por auto del 30 de agosto de 1996, fueron rechazadas las demandas contra los artículos 341 y 342 de la Ley 5ª de 1992 por existir pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca de su exequibilidad en las Sentencias C-222 y C-385 de 1996, respectivamente. También fue rechazada la demanda contra el artículo 334 de la Ley 5ª por haber sido declarado exequible en la Sentencia C-386 y C-563 de 1996. En consecuencia, respecto de dichos artículos, la Corte no emitirá ningún pronunciamiento.

2.2. Cosa juzga constitucional. En relación con los artículos 331, 333, 336, 338, 339, 340 y 345, esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 243 de la Constitución Política, según el cual, “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, y teniendo en cuenta que los preceptos citados ya fueron objeto de control constitucional, se estará a lo resuelto en la Sentencia C-563 de 1996.

Además, con respecto al artículo 346 ha de agregarse que esta Corporación, en la Sentencia C-222 de 1996, declaró inexequibles las siguientes expresiones “si la comisión decidiere aceptar la cesación de procedimiento, archivará el asunto. Si aceptare la acusación...”; y “sobre esa admisión de la acusación”. Además, la Corte, en la misma sentencia, consideró exequibles los demás apartes del artículo al señalar que “el título de este artículo y el resto de su contenido, la Corte los considera exequibles. En consecuencia, la Corte Constitucional se estará a lo resuelto en la Sentencia C-222 de 1996, respecto de la totalidad del artículo 346 de la Ley 5ª de 1992.

En cuanto al artículo 332, éste fue derogado por el artículo 183 de la Ley 270 de 1996, “estatutaria de la administración de justicia”, declarado a su vez exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037 de 1996, razón por la cual esta corporación se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por carencia actual de objeto.

3. Artículos demandados de la Ley 273 de 1996 y del Decreto 2700 de 1991

El actor demandó los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 273 de 1996, y 467 (parcial) y 489 del Decreto 2700 de 1991.

Por auto del 30 de agosto de 1996 fue rechazada la demanda contra el artículo 5º de la Ley 273, por no existir cargos en su contra. El artículo 4º de la misma ley modificó el inciso primero del artículo 347 de la Ley 5ª de 1992, por lo cual se entiende integrado al mismo y su análisis se hará dentro de ese contexto.

4. Normas demandadas sobre las cuales habrá de pronunciarse esta Corporación

El anterior análisis permite deducir que a la Corte le corresponde en esta oportunidad pronunciarse únicamente sobre la constitucionalidad de los artículos 329 (parcialmente), 347 y 353 de la Ley 5ª de 1992; de los artículos 1º, 2º, 3º de la Ley 273 de 1996, y de los artículos 467 (parcialmente) y 489 del Decreto 2700 de 1991.

4.1. Cargos formulados contra el artículo 329 y contra el inciso tercero del artículo 347 de la Ley 5ª de 1992. El actor considera que la expresión “o por delitos comunes” contenida en el artículo 329 demandado, y la totalidad del inciso tercero del 347, violan la Constitución Política en sus artículos 175 y 325, porque en su parecer, la facultad acusadora de la Cámara y la instructiva y juzgadora del Senado se limitan al juicio de indignidad por mala conducta y a los delitos cometidos por los altos funcionarios en el ejercicio de sus funciones, y no a los delitos comunes en que pueden incurrir dichos funcionarios, de los cuales, a su juicio, debe conocer exclusivamente la Corte Suprema de Justicia.

Sobre el particular debe resaltarse, que de conformidad con el artículo 175-2-3 de la C.P., y tratándose de funcionarios que gozan de fuero especial, el Congreso adelanta dos tipos de actuaciones judiciales. La primera tiene lugar cuando se trata de acusación por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, o a indignidad por mala conducta, caso en el cual, de conformidad con el artículo 175-2 “el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena”. La segunda cuando se trata de acusación por delitos comunes, ante lo cual, tal como lo dispone el artículo 175-3, “el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema de Justicia”.

Obsérvese, que es la propia Constitución la que otorga competencia al Congreso de la República para conocer de aquellas denuncias que, por delitos comunes, se formulen ante la Cámara —Comisión de investigación y acusación— contra funcionarios que gozan de fuero especial. Obviamente que, por disposiciones del propio ordenamiento, su competencia se limita a instruir y acusar o no acusar; el juzgamiento es competencia exclusiva de la H. Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el propio artículo 175 de la Constitución Política, por lo que la acusación que profiera el Senado de la República, cuando se trata de delitos comunes, se constituyen en el marco jurídico para desarrollar la etapa del juicio penal.

En relación con el tema, esta Corporación, en diferentes pronunciamientos (sentencias C-222/96, C-245/96, C-385/96, C-386/96 y C-563/96), ha avalado la competencia que le asiste a la Cámara de Representantes y al Senado de la República para conocer de las denuncias, que por delitos comunes, se formulen contra funcionarios que gozan de fuero especial. En uno de los mencionados pronunciamientos afirmó:

“La jurisprudencia de la Corte ha distinguido dos tipos de procesos, a partir de los preceptos de la Constitución que regulan en forma diferenciada los casos de acusación por delitos comunes (art. 175, num. 3º), de los que aluden a delitos cometidos en ejercicio de funciones o a indignidad por mala conducta. Tratándose de los primeros la función del Senado se limita “a declarar si hay lugar o no a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposiciones de la Corte Suprema”, con lo cual dicha actuación constituye una condición o requisito de procedibilidad del proceso penal que debe adelantarse ante ésta. Y cuando se dan los segundos, de un lado, se determina la responsabilidad política del imputado, en el sentido de que el Senado puede imponer, únicamente, si fuere el caso, mediante sentencia la destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos, y de otro lado, al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena”. (Sent. C-385/96, Magistrado Ponente, doctor Antonio Barrera Carbonell).

En este orden de ideas, resulta claro que la actuación adelantada por la comisión de investigación y acusación de la Cámara, por la comisión de la instrucción del Senado y por las plenarias de las dos corporaciones, incluye la de investigar las denuncias que por delitos comunes se formulen contra altos funcionarios del Estado que gozan de fuero especial, ocurridos durante el desempeño del cargo y aunque aquellos hubieren cesado en el ejercicio del mismo.

Así entonces, la expresión “y por delitos comunes” contenida en el artículo 329, y el inciso tercero del artículo 347 que prescribe “si la acusación se refiere a delitos comunes, se citará al acusado y se le pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia, junto con el expediente” de la Ley 5ª de 1992, serán declaradas exequibles.

En relación con los incisos segundo y cuarto del artículo 347 de la Ley 5ª de 1992, el actor no formuló cargo alguno en contra de su constitucionalidad, razón por la cual esta corporación se declara inhibida para emitir pronunciamiento del fondo.

4.2. Inexequibilidad parcial del inciso primero del artículo 347 de la Ley 5º de 1992. Como ya se anotó al inciso primero del artículo 347 de la Ley 5ª de 1992, fue modificado por el artículo 4º de la Ley 273 de 1996. Así entonces, el tenor literal del inciso primero del artículo 347 es el siguiente:

“Iniciación del juicio. Admitida la acusación o revocada por vía de apelación la cesación de procedimiento proferida por la comisión de instrucción, se inicia el juzgamiento”.

Respecto del tenor literal del inciso primero del artículo 347 de la Ley 5ª de 1992, y a pesar de que el actor no formuló de manera específica cargo en su contra, la Corte encuentra que parte de su contenido es contrario al artículo 175 de la Carta Fundamental.

En efecto, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-222 de 1996, declaró inexequibles las expresiones contenidas en el artículo 346 de la Ley 5ª de 1992, que facultaban a la comisión de instrucción del Senado para archivar el expediente en caso de que decidiera aceptar el proyecto de cesación de procedimiento presentado por el “senador instructor”. En esa oportunidad, la Corte sostuvo que dicha facultad, por disposición constitucional (art. 175 C.P.) es privada del Senado en pleno, y por ende no puede ser delegada por la ley a una de sus comisiones. En la misma oportunidad, y a pesar de haberse declarado inhibida para emitir pronunciamiento de fondo por haber sido derogada la norma, la Corte Constitucional adujo que la preceptiva contenida en el artículo 343 que daba competencia a la comisión de investigación y acusación de la Cámara para que, en caso de aprobada la preclusión de la investigación archivara el expediente, era también inexequible, porque la ley no podía delegar en una de sus comisiones, una facultad que la Constitución le confirió a la plenaria de la Cámara de Representantes.

La Corte sostuvo en dicha Sentencia:

“En efecto, la norma impugnada, artículo 343 de la Ley 5ª de 1992, señalaba como una de las funciones de la denominada comisión de acusación e investigación de la Cámara de Representantes, la de precluir la investigación y archivar el expediente, en aquellos casos en que esa célula acogiera el proyecto de resolución calificatoria que en ese sentido presentara el representante investigador, sin que en dicha decisión participara el pleno de la corporación, tal como lo ordena la Constitución, lo que acarreaba una flagrante violación del numeral 4º del artículo 178 de la Carta, pues el legislador, equivocadamente y excediendo sus facultades, trasladaba a la mencionada comisión una función que el constituyente atribuyó de manera expresa y especial a la corporación en pleno, decisión que por su origen y categoría no puede ser modificada ni revocada por el Congreso.

“Al analizar el artículo 3º de la Ley 273 de 1996, a través del cual se modificó el precepto impugnado, se constata que la intención del legislador fue la de armonizar las normas que rigen este tipo de procedimientos con los mandatos constitucionales; por eso, de manera expresa y específica la nueva norma asigna al pleno de la Cámara de Representantes, la función de tomar las decisiones a que haya lugar.

“...

“En los apartes subrayados, al igual que en el artículo 343 de la Ley 5ª de 1992, vuelve el legislador a desconocer la voluntad del constituyente, específicamente la consagrada en el artículo 175 de la Carta, al delegar en una célula del Senado una facultad atribuida al pleno de esa corporación, pues así como le corresponde al Senado considerar y decidir sobre la procedencia de la acusación formulada por la Cámara, también le corresponde decidir, en pleno, si la rechaza y ordena la cesación de procedimiento; una y otra son funciones que le asigna la Constitución Política al Senado en pleno, negándole la posibilidad de delegarlas (sentencia C-222/96, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).

Por estas razones, debe la Corte declarar inexequible la expresión “o revocada por vía de apelación la cesación de procedimiento proferida por la comisión de instrucción”, contenida en el inciso primero del artículo 347 de la Ley 5ª de 1992, modificado, como ya se dijo, por el artículo 4º de la Ley 273 de 1996. Esto porque la comisión de instrucción del Senado no tiene facultad, a partir de la Sentencia C-222 de 1996, para decidir la viabilidad o no de acusación, pues dicha potestad le pertenece al Senado en pleno. De esta forma, no habiendo decisión por parte de la Comisión, pierde sentido el recurso de apelación que consagra el inciso primero del artículo 347 (modificado) y, por tanto, resulta contrario a la Constitución (art. 175), de conformidad con el criterio expuesto por esta corporación en la sentencia antes citada.

4.3. Cargos formulados contra el artículo 353 de la Ley 5ª de 1992, los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 273 de 1996, y los artículos 467 y 489 del Decreto 2700 de 1991. Para el demandante las normas citadas violan preceptos constitucionales, pues a su juicio, la Cámara de Representantes no puede desempeñar el papel de juez-fiscal en los procesos contra las altas dignidades. Afirma que, “si se llegare a aceptar tamaño error de derecho procesal constitucional, se permitiría que esta corporación instruyese la causa en relación con la cual recibió la denuncia o queja del Fiscal General de la Nación o de los particulares (art. 178, num. 4º, C.N.) y que ella en sede jurisdiccional (fase de mera acusación ante el Senado) sería competente para proferir resolución de preclusión en el juicio político, o sea, el juicio de indignidad por mala conducta”. Insiste en que la competencia de la Cámara de Representantes es la de realizar el presupuesto de procedibilidad de formular la acusación ante el Senado con base en los elementos de juicio que arrojen la denuncia o la queja, y no instruir el proceso, pues dicha función corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

Sobre el particular cabe anotar que la jurisprudencia reiterada de esta corporación, contenida en las providencias E-004/95, C-222/96, C-245/96, C-385/96, C-386 y C-563/96 ha sido enfática en sostener que la atribución conferida a la Cámara de Representantes y al Senado de la República por los artículos 116, 174-3, 4º, 5º, 175 y 178 del estatuto superior, los artículos 329 y ss., de la Ley 5ª de 1992 y la Ley 273 de 1996, es de carácter eminentemente jurisdiccional, en tratándose de denuncias y quejas formuladas contra funcionarios que gozan de fuero especial, por delitos comunes o cometidos en ejercicio de sus funciones y a indignidad por mala conducta. Así mismo, la Corte ha reconocido que en ejercicio de dicha función jurisdiccional, la Cámara de Representantes tiene la facultad de investigar los hechos que dieron origen a la denuncia o a la queja, con el fin de decidir acerca de la preclusión de la investigación o la formulación de la acusación ante el Senado.

En efecto, en relación con la función jurisdiccional, la Corte ha sostenido lo siguiente:

“Así, el artículo 116 de la Carta Política le atribuye al Congreso ‘determinadas funciones judiciales’; dichas funciones, de conformidad con los artículos 174, 175 y 178 de la Carta, le corresponde asumirlas cuando se trata de aquellos altos funcionarios del Estado a los cuales el constituyente les otorgó un fuero constitucional especial. Quiere decir lo anterior, que el ejercicio de la función judicial que la Carta Política consagró para el poder legislativo es restringido, y en consecuencia que sólo es aplicable respecto de funcionarios del Estado que gocen de un fuero constitucional especial, constituyéndose dicha condición en otro de los elementos esenciales para el normal funcionamiento de aquellos estados cuyo esquema de organización se basa en el equilibrio en el ejercicio del poder público”. (Sentencia C-222/96, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).

Refiriéndose a la facultad instructiva, esta corporación sostuvo:

“Además de la función de legislar que normal y ordinariamente le corresponde al Congreso, la Constitución lo ha habilitado para ejercer “determinadas funciones judiciales” (art. 116, inc. 2º). Estas funciones las cumple el Congreso cuando acomete la investigación y juzgamiento, por causas constitucionales, del Presidente de la República o quien haga sus veces, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la judicatura y el Fiscal General de la Nación, y aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos, con arreglo a las previsiones de los arts. 174, 175, 178-3-4-5, 235, numeral 2º, 327 a 366 de la Ley 5ª de 1992, 178, 179, 180, 181, 182, y 183 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia”. (Sent. C-385/96, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell) (resultado fuera del original).

Respecto de los hechos presuntamente delictivos cometidos por funcionarios con fuero especial y ocurridos en el ejercicio del cargo, ha de aclararse que el Congreso cumple una función jurisdiccional de tipo penal, correlativa a las etapas de investigación y calificación de los procesos penales que se surten ante los jueces comunes. Entre otras razones, porque los efectos de las decisiones que finalmente adopte el Congreso, al igual que las adoptadas por los fiscales, dan lugar, o bien al juzgamiento del sindicato ante la H. Corte Suprema de Justicia, con lo cual, como ya se anotó, la acusación se convierte en el marco jurídico para desarrollar la etapa del juicio penal, o bien a la preclusión de la investigación, caso en el cual, se le pone fin a la actuación judicial, procediendo el archivo del expediente, con lo cual la decisión produce efectos de cosa juzgada (art. 343 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 3º de la Ley 273 de 1996).

La función instructiva penal que cumple el Congreso de la República encuentra soporte jurídico en los numerales 4º y 5º del artículo 178 superior, que refiriéndose a las atribuciones especiales de la Cámara de Representantes, señala:

“4. Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si prestan mérito, fundar en ellas acusación ante el Senado.

“5. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que le competen, y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere conveniente”.

Así mismo, el numeral 2º del artículo 341 de la Ley 5ª de 1992, declarado exequible por esta corporación en la Sentencia C-222 de 1996 refiriéndose a la acusación o preclusión de la investigación, dispone que “los requisitos sustanciales y formales de estas dos formas de calificación, serán los exigidos por el Código de Procedimiento Penal”; y el artículo 333 del mismo ordenamiento, igualmente declarado exequible en la Sentencia C-563 de 1996, dispone en su inciso final que el representante investigador “en las investigaciones de delitos comunes tendrá las mismas atribuciones, facultades y deberes que los agentes de la Fiscalía General de la Nación”.

Como si no fuera suficiente, la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de la justicia, refiriéndose al ejercicio de la función jurisdiccional del Congreso de la República, dispuso:

“ART. 179.—De la comisión de investigación y acusación. La comisión de investigación y acusación, forma parte de la Cámara de Representantes, desempeña funciones judiciales de investigación y acusación en los juicios especiales que tramita dicha Cámara, y conoce del régimen disciplinario contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación”.

“ART. 180.—Funciones. La comisión de investigación y acusación ejercerá las siguientes funciones:

“...

“6. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las actividades que le competen, y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere conveniente. La iniciación de la investigación también procederá de oficio.

“ART. 182.—Investigación previa. Si sugiere alguna duda sobre la procedencia de la apertura de la investigación, se ordenará abrir a diligencias previas por el término máximo de seis (6) meses, con el objeto de establecer si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal.

“PAR.—Una vez vencido el término anterior el representante investigador, dictará auto inhibitorio o de apertura de investigación. El auto inhibitorio será discutido y aprobado por la comisión de acusación en pleno y hará tránsito a cosa juzgada. A partir de la vigencia de la presente ley, el mismo efecto tendrán los autos inhibitorios que se dicten respecto de los funcionarios con fuero constitucional de juzgamiento.

“ART. 183.—Apertura de la investigación. El representante investigador, ordenará y practicará las pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos, las circunstancias en que ocurrieron y descubrir a los autores o partícipes que hubieren infringido la ley.

“El término para la realización de la investigación no podrá exceder en dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su iniciación. No obstante, cuando se trataré de los delitos conexos o sean dos o más los procesados el término será de treinta (30) meses”. (Las normas transcritas fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037/96, M.P. doctor Vladimiro Naranjo Mesa, por medio de la cual se adelantó el control de constitucionalidad de la Ley 270 de 1996).

Ha de concluirse entonces, que la Constitución Política y la ley sí le atribuyen a la Cámara de Representantes (comisión de investigación y acusación), funciones de investigación e instrucción en los procesos que adelanten contra los funcionarios que gozan de fuero especial, razón por la cual, los cargos esgrimidos por el actor contra las normas a las que se hizo referencia en el numeral 4.2 de estas consideraciones, desconocen la normatividad constitucional y legal citada, y, además, la abundante jurisprudencia que sobre la materia ha producido esta corporación.

Por esta razón, el artículo 353 de la Ley 5ª de 1992, los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 273 de 1996, la expresión demandada del artículo 467 y el artículo 489 del Decreto 2700 de 1991, serán declarados exequibles.

Finalmente, y en relación con el cargo según el cual, los artículos demandados no deben hacer parte de la ley orgánica que adopta el reglamento del Congreso, porque no tratan asuntos relacionados con la actividad legislativa, debe esta corporación reiterar lo dicho en la Sentencia C-025 de 1993, según la cual “la ley que establezca el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, en su carácter de normativa orgánica, necesariamente debe tomar en consideración el conjunto de funciones que cumple el Congreso, y cuyo ejercicio periódico debe sujetarse a unas reglas y procedimientos uniformes que son precisamente los que se contienen en aquellas. La actividad de la rama legislativa del poder público comprende, en los términos de la Constitución, una función constituyente, legislativa en sentido estricto, de control político, judicial, electoral, administrativa, de control público y de protocolo” (resaltado fuera del texto original)

Así entonces, contrario a lo sostenido por el demandante, el conjunto normativo que regula los procesos judiciales adelantados ante el Congreso, en manera alguna excede el ámbito específico de lo que debe ser materia propia de la ley orgánica del Congreso, pues como lo dejó claro la sentencia antes citada, esta ley debe comprender el conjunto de funciones que la propia Constitución le ha asignado a esa corporación, una de las cuales es, precisamente, la judicial.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Respecto de los artículos 331, 333, 336, 338, 339, 340 y 345 de la Ley 5ª de 1992, ESTARSE a lo resuelto en la Sentencia C-563 de 1996.

2. En cuanto al artículo 332 de la Ley 5ª de 1996, declararse inhibida por carencia actual de objeto.

3. Declarar EXEQUIBLE la expresión “o por delitos comunes” contenida en el artículo 329 de la Ley 5ª de 1992.

4. Con respecto al artículo 346, estarse a lo resuelto en la Sentencia C-222 de 1996.

5. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “o revocada por vía de apelación la cesación de procedimiento proferida por la comisión de instrucción”, contenida en el inciso primero del artículo 347 de la Ley 5ª de 1992, el cual fue modificado por el artículo 4º de la Ley 273 de 1996, que también es INEXEQUIBLE.

6. Declarar EXEQUIBLES, el inciso tercero (3º) del artículo 347 y el artículo 353 de la Ley 5ª de 1992.

7. INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo contra los incisos segundo (2º) y cuarto (4º) del artículo 347 de la Ley 5ª de 1992, por ausencia de cargos.

8. Declarar EXEQUIBLES las expresiones “investigadores para un asunto determinado” e “investigador” del artículo 1º de la Ley 273 de 1996.

9. Declarar EXEQUIBLES los artículos 2º, y 3º de la Ley 273 de 1996.

10. Declarar EXEQUIBLES, la expresión “que en tal caso actúa como fiscal” del artículo 467 y el artículo 489 del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

Antonio Barrera Carbonell, Presidente—Jorge Arango Mejía—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Hernando Herrera Vergara—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria general.

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