Sentencia C-149 de febrero 22 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-149 de 2005 

Ref.: Expediente D-5348

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Actor: Sebastián Felipe A-Barlobanto

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 793 de 2002 “por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen reglas que gobiernan la extinción de dominio”.

Bogotá, D.C., veintidós de febrero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, tomado del Diario Oficial Nº 45.046, del veintisiete (27) de diciembre de 2002.

“Ley 793 de 2002

Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio.

ART. 15.—De las nulidades. Cualquiera nulidad que aleguen las partes, será considerada en la resolución de procedencia o improcedencia, o en la sentencia de primera o segunda instancia. No habrá ninguna nulidad de previo pronunciamiento”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

Primera. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de acusaciones contra una disposición contenida en una ley.

Segunda. Lo que se debate.

2.1. Se debe examinar si al establecer el legislador un término para resolver las nulidades propuestas dentro del proceso de extinción de dominio se desconoce el derecho fundamental al debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial. Por cuanto, se prohíbe a los funcionarios judiciales pronunciarse inmediatamente sobre las nulidades alegadas por las partes o advertidas oficiosamente.

2.2. Para el actor, la norma demandada limita la oportunidad procesal que tienen los fiscales o jueces para pronunciarse positiva o negativamente sobre las nulidades invocadas. A su vez, considera inadmisible que se continúe con la actuación adelantada después de alegado o advertido un vicio.

2.3. El interviniente del Ministerio del Interior y de Justicia, se opuso a la prosperidad de la acción, pues en su concepto, la demanda no reúne las exigencias elementales que permitan controvertir la constitucionalidad de la norma. Por el contrario, para el señor Procurador General de la Nación debe la Corte declarar la inexequibilidad de la disposición acusada, debido a que para garantizar el debido proceso, se debe obrar con la máxima economía y eficacia, decretando las nulidades procesales en que se incurra en el menor tiempo posible.

Planteado así el presente asunto, se examinará si el legislador incurrió o no, en la vulneración de los derechos fundamentales que se consideran infringidos.

Tercera. Antecedentes legislativos de la Ley 793 de 2002.

La Ley 793 de 2002 está orientada a superar muchas de las dificultades advertidas en la aplicación de la Ley 333 de 1996, pues dadas las deficiencias existentes, el legislador se vio obligado a introducir sustanciales modificaciones al régimen legal anterior.

Antes de la expedición de esta ley, en el marco de la conmoción interior el gobierno expidió el Decreto Legislativo 1975 de 2002, con el fin de reformar el régimen de extinción de dominio y hacerlo más eficaz, “para dar un golpe a los grupos criminales que se expanden y consolidan gracias a los capitales que obtienen con sus delitos” (1) .

En consecuencia, las medidas adoptadas en este decreto estaban encaminadas a resolver los vacíos de interpretación, a hacer más claros y ágiles los términos y el procedimiento para la extinción de dominio, y a mejorar la administración de los bienes incautados.

Dada la vigencia temporal del mencionado decreto, el gobierno propuso mediante proyecto de ley su adopción de manera permanente, pero con algunas modificaciones, fue así como se creó la Ley 793 de diciembre 27 de 2002, “por medio de la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio”.

En su trámite se consideraron entre otras, las observaciones hechas por la Corte Constitucional, al Decreto Legislativo 1975 de septiembre 3 de 2002, mediante Sentencia C-1007 de noviembre dieciocho (18) de 2002.

No obstante lo anterior, como se anotó en la Sentencia C-740 de 2003, la Corte está habilitada para estudiar el contenido de la Ley 793 de 2002, aun cuando sobre ellos exista un pronunciamiento de constitucionalidad previo, pues a pesar de la aparente identidad de algunas normas, tales textos hacen parte de un cuerpo normativo proferido frente a un contexto diferente y con una finalidad diversa. Sobre este aspecto, la Sentencia C-1007 de 2002 dijo:

“La valoración que debe realizarse al controlar normas proferidas en un estado de excepción difiere de la que se realiza cuando se efectúa un control ordinario dado que el marco de acción en cuanto a límite de derechos de uno y otro legislador no es el mismo. En efecto, durante un tiempo de normalidad los límites materiales internos e internacionales a la capacidad normativa del legislador son más estrictos que durante un estado de excepción, y por ende los juicios de constitucionalidad que se realicen sobre las normas con fuerza de ley no pueden ser iguales.

Lo anterior no implica que determinadas consideraciones doctrinales, sentadas en fallos anteriores, puedan ser tomadas en consideración para la presente decisión”.

En consecuencia, pese a que el contenido del artículo 15 del Decreto Legislativo 1975 de 2002, declarado exequible en la Sentencia C-1007 del mismo año, fue reproducido también en el artículo 15 de la Ley 793 de 2002 acusado, puede esta Corte pronunciarse sobre dicho precepto.

Cuarto. La nulidad que se advierte en el proceso de extinción de dominio puede resolverse en el momento establecido por el legislador, pues se trata de proteger los principios de celeridad, concentración y economía procesal.

Como primera medida, debe advertir esta Sala que una de las características de la acción de extinción de dominio es su autónoma(sic) e independencia de cualquier otro tipo de proceso.

Precisamente, para la Corte (2) el legislador está legitimado para desarrollar la acción de extinción de dominio en todo aquello que no fue previsto por el constituyente. De allí que pueda definir tal autonomía en el sentido de independencia, concepto desarrollado en el artículo 4º (3) de la Ley 793 de 2002, para significar que sus presupuestos, la asignación de competencias, y los procedimientos son diferentes de otras acciones, tanto de la acción penal —entendida como el ejercicio de ius puniendi— como de otras formas de extinción de dominio.

Por tanto, al ser la acción de extinción de dominio una acción pública, jurisdiccional, autónoma, establecida por el constituyente para su regulación, el legislador al expedir las normas de procedimiento conforme a las cuales se adelanta la acción de extinción de dominio, tiene potestad para regular las etapas del proceso, los recursos y lo atinente a las nulidades.

Pues bien, en términos generales, sobre el tema de la nulidad, puede decirse que es un mecanismo procedimental que busca la invalidez de una actuación procesal, cuando esta no puede ser objeto de corrección o convalidación.

Consiste en la invalidez de los actos procesales realizados con violación de los requisitos que la ley ha instituido para los mismos. A través de ellas se controla cualquier tipo de irregularidad en la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso.

La doctrina (4) ha clasificado las nulidades en sustanciales y procedimentales, considerando las primeras como actos y declaraciones de voluntad en cuanto estos carezcan de algunos de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo. En ellas está contenido el concepto de la validez del acto o contrato en sí mismo considerado. Las segundas por su parte, atañen a irregularidades en un proceso judicial, en donde se analiza si el procedimiento encaminado a hacer efectivo un derecho está o no viciado.

Las providencias del juez como actos jurídicos pueden ser impugnadas mediante la proposición de nulidades. Estas se configuran en la existencia de vicios de procedimiento que por decisión del legislador vulneran de manera grave el debido proceso, son entonces establecidas por la ley o deducidas de la Constitución como una expresión de la garantía al debido proceso a que se encuentran sometidas las actuaciones judiciales.

Dentro de este contexto, en el caso de la acción de extinción de dominio, el legislador consagró tres causales de nulidad, a saber: la falta de competencia, la falta de notificación y la negativa injustificada a decretar una prueba conducente o a practicar una prueba oportunamente decretada. Sin embargo, la Corte al estudiar estas causales (L. 793/2002, art. 16), señaló (5) que eran exequibles pero bajo el entendido que también configura causal de nulidad cualquier violación a las reglas del debido proceso consagradas en el artículo 29 de la Constitución.

En este orden de ideas, el artículo que ahora se acusa como inconstitucional, establece la oportunidad que tiene el juez o fiscal para pronunciarse sobre este tipo de nulidades al expresar que, cualquier nulidad que aleguen las partes será considerada en la resolución de procedencia o improcedencia o en la sentencia respectiva, señalando finalmente que ninguna nulidad tendrá previo pronunciamiento.

Como se ve, el artículo demandado no limita en ningún momento la oportunidad que tienen los sujetos procesales para invocar una nulidad, simplemente señala que el juez o fiscal va a considerarlas en determinado momento, es decir, en la resolución de procedencia o improcedencia o en la sentencia de primera o segunda instancia.

El señalamiento de términos precisos para resolver la nulidad obedece a la necesidad de que el proceso se tramite con celeridad y eficacia con el fin de asegurar una pronta justicia. También es coherente con el principio de concentración, de modo que no se pretende coartar o limitar el derecho de defensa de las partes, sino que simplemente, por la naturaleza de la acción de extinción de dominio, y la garantía de los derechos patrimoniales de la persona, las nulidades que se aleguen o se adviertan van a ser decididas en un solo momento.

En otras palabras, la norma no desconoce el debido proceso o el acceso a la administración de justicia, ya que el interesado cuenta con la posibilidad de invocar las nulidades que estime conducentes, pues finalmente habrá una decisión judicial sobre las mismas.

Para la Corte, “el nuevo escenario procesal planteado por la Ley 793 de 2002 les impone a las partes y a los terceros acudir al proceso y hacer valer sus derechos haciendo uso de las herramientas conferidas por la misma ley, solo que la solución a todas sus solicitudes, bien sea que estén orientadas a desvirtuar la validez de la relación procesal, o a plantear cuestiones accesorias, o a oponerse a la pretensión estatal, solo se conocerá en los momentos indicados por la ley. De esta manera, el fiscal, al valorar la actuación cumplida a lo largo del proceso y al decidir si procede o no la extinción de dominio, y el juez, al proferir el fallo, deberán resolver también las cuestiones accesorias que hayan sido planteadas a lo largo del litigio y que, por mandato de la ley, no ameritan pronunciamiento previo” (6) .

Por consiguiente, es competencia del legislador señalar el trámite de los distintos procedimientos en razón a su naturaleza y regular lo relativo a la norma sustancial concreta aplicable en cada caso, siendo esto consecuente con la autonomía e independencia de la que goza el proceso de extinción de dominio, pues de todas maneras las nulidades que se observen dentro del mismo pueden plantearse, solo que su solución no ameritan un pronunciamiento previo, sino que serán decididas en la resolución de procedencia o improcedencia o en el fallo respectivo.

La resolución de procedencia o improcedencia de la acción de extinción de dominio, dictada por el fiscal, es fruto de una evaluación y un cúmulo de pruebas que han sido practicadas durante la fase inicial y la investigación. En todo este tiempo, además de proteger el debido proceso, y el derecho de defensa de quienes intervienen en este asunto, las partes han contado con las oportunidades procesales necesarias, para intervenir dentro de la acción, oponerse a las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes y ejercer el derecho de contradicción, de conformidad con la Constitución.

De esta manera, al señalar el legislador que cualquier nulidad que se pretenda alegar durante la fase inicial y la investigación de la acción de extinción de dominio, será resuelta en la resolución de procedencia o improcedencia, no desconoce ningún derecho fundamental, menos aún el acceso a la administración de justicia, en los términos de los artículos 228 y 229 de la Constitución, por cuanto en esta etapa del proceso no se restringe a las partes su derecho de advertir la existencia de alguna nulidad, sino que, en razón a los principios de celeridad, concentración y economía procesal, se establecen unos términos precisos para su consideración.

La norma pretende no entorpecer el procedimiento adelantado, por eso y con el fin de seguir el debido proceso, los asuntos que podría decirse se incorporan al mismo, se resuelven en determinados momentos.

Además, en el evento en que se decrete la improcedencia de la acción de extinción de dominio, en nada afectaría no haber considerado las nulidades alegadas en el momento de su presentación, pues precisamente, se está concluyendo una etapa instructiva, de investigación necesaria dentro del trámite del proceso de extinción de dominio, en donde previamente, las partes han contado con una serie de garantías procesales.

Por el contrario, si se declara la procedencia de la acción de extinción de dominio, resolver sobre las nulidades advertidas o alegadas en este momento, significa que el fiscal está ejerciendo una labor de concentración del proceso, pues después de hacer una serie de investigaciones y valorar lo que ha tenido a su alcance, considerará las nulidades advertidas dentro del mismo y se pronunciará sobre ellas.

La decisión que en este momento toma el fiscal no es la definitiva pues aún no se ha vinculado al juez de conocimiento y puede ser impugnada (7) .

Posteriormente y antes de la sentencia las partes pueden controvertir la decisión del fiscal, aquí es el juez el que interviene en la actuación cumpliendo con la finalidad señalada por el constituyente de respetar las garantías procesales. Por tanto, en este momento le asiste al juez el deber de resolver las nulidades que se adviertan, sin que esto desconozca el debido proceso o el acceso a la administración de justicia.

Ha de advertirse que las nulidades de pleno derecho respecto de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso a que se refiere el último inciso del artículo 29 de la Carta Política serán consideradas y resueltas oficiosamente en las mismas oportunidades señaladas en el artículo 15 de la Ley 793 de 2002, que ahora se analiza por la Corte.

Conforme a los razonamientos anteriores, se impone entonces como conclusión necesaria que la oportunidad procesal consagrada por el legislador para considerar cualquier nulidad que se alegue dentro del proceso de extinción de dominio, no constituye una vulneración de los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución.

En consecuencia, se declarará exequible el artículo 15 de la Ley 793 de 2002.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 15 de la Ley 793 de 2002 “Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen reglas que gobiernan la extinción de dominio”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

Magistrados: Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra—Humberto Sierra Porto—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández.

Martha V. Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) Gaceta del Congreso Nº 620 de 19 de diciembre de 2002, pág. 2.

(2) Ver Sentencia C-740 de agosto 28 de 2003.

(3) Mediante Sentencia C-740 de 2003, se declararon exequibles las expresiones “Esta acción es distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen”, contenidas en el inciso primero del artículo 4º de la Ley 793 de 2002.

(4) Morales Molina Hernando, “Curso de derecho procesal civil”, parte general. pág. 442.

(5) Sentencia C-740 de 2003.

(6) Ibídem.

(7) Ibídem. Artículo 13 numeral 8º de la Ley 793 de 2002 declarado exequible en el entendido que la resolución de procedencia puede ser impugnada por el afectado.

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