Sentencia C-15 de enero 20 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-015 de 2004

Ref.: Expediente D-4694

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 21, parcial, de la Ley 789 de 2002, “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo”.

Demandante: Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Bogotá, D.C., veinte de enero de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el artículo demandado en el presente proceso, según su publicación en el Diario Oficial 45.046 del 27 de diciembre de 2002, y se resalta lo demandado:

“LEY 789 DE 2002

(Diciembre 27)

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo.

(...) ART. 21.—Régimen de transparencia. Las cajas de compensación familiar se abstendrán de realizar las siguientes actividades o conductas, siendo procedente la imposición de sanciones personales a los directores o administradores que violen la presente disposición a más de las sanciones institucionales conforme lo previsto en la presente ley:

(...) PAR. 6º—Los directores y subdirectores de las cajas de compensación familiar, no podrán ser elegidos a ninguna corporación ni cargo de elección popular, hasta un año después de haber hecho dejación del cargo en la respectiva caja”.

(...).

VII. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra normas de rango legal, como las que se acusan en el presente proceso.

2. Problemas jurídicos a resolver.

La demanda bajo estudio plantea a la Corte tres problemas jurídicos, a saber:

2.1. Si al establecer una inhabilidad para quienes ocupen el cargo de director o subdirector de cajas de compensación familiar, la norma acusada está restringiendo sus derechos políticos.

2.2. Si el establecimiento de una causal de inhabilidad para acceder al cargo de congresista o Presidente de la República, que no haya sido prevista expresamente en la Carta Política, es contrario a los artículos 179 y 197 de la Constitución.

2.3. Si la inhabilidad en cuestión resulta discriminatoria porque sólo cobija a los directores y subdirectores de las cajas, mientras que otros directivos del sector privado no tendrían la misma prohibición.

Por existir varios pronunciamientos previos de esta misma corporación respecto de cada uno de los problemas jurídicos planteados por el demandante, la Corte dará una breve respuesta a cada uno de ellos, a continuación.

Previamente, precisa la Corte que la norma acusada consagra una inhabilidad para ser elegido. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, las inhabilidades son “aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público y, en ciertos casos, impiden que la persona que ya viene vinculada al servicio público continúe en él; y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos”(2). Las inhabilidades también han sido definidas por la Corte como “inelegibilidades”, es decir, como “hechos o circunstancias antecedentes, predicables de quien aspira a un empleo que, si se configuran en su caso en los términos de la respectiva norma, lo excluyen previamente y le impiden ser elegido o nombrado”(3). En esa medida, las inhabilidades se distinguen de las incompatibilidades, por cuanto estas últimas implican “una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado”(4). Si bien las inhabilidades y las incompatibilidades son especies de un mismo género, es decir, son ambas tipos distintos de prohibiciones, se trata de dos categorías que no son equiparables. La diferencia entre una y otra, a pesar de compartir dicho propósito común, fue expuesta con claridad en la Sentencia C-564 de 1997(5): “... con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad. // Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia y moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o cargos”.

Según la norma acusada, quienes ejerzan el cargo de director o subdirector de una caja de compensación familiar no podrán ser elegidos a ninguna corporación ni cargo de elección popular durante el término de un año a partir del momento en que se hayan retirado de tal posición. Para la Sala, a la luz de las definiciones jurisprudenciales citadas, se trata de una inhabilidad creada por el legislador, puesto que consagra un impedimento que restringe el acceso de ciertos altos dirigentes de entidades privadas —los directores o subdirectores de cajas de compensación familiar— a algunos cargos públicos —los de elección popular—, durante un período de tiempo determinado. Es, pues, en tanto norma que consagra una inhabilidad que se habrá de efectuar el examen de constitucionalidad de la disposición acusada.

4. El régimen de inhabilidades de los servidores públicos y el ejercicio de los derechos políticos.

Afirma el demandante, en primer lugar, que la norma acusada desconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P., art. 40-1). En esa medida, se pregunta la Corte si la fijación de una determinada inhabilidad por el legislador resulta contraria al goce efectivo de los derechos políticos que consagró el Constituyente. Este interrogante ya ha sido resuelto por la jurisprudencia constitucional; así, en la Sentencia C-952 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte afirmó inequívocamente que los regímenes de inhabilidades están llamados a garantizar las condiciones básicas para asegurar la integridad del proceso electoral y la imparcialidad y moralidad pública en el ejercicio de un cargo:

“La expedición de un régimen de inhabilidades se convierte en un mecanismo determinante para asegurar ciertas cualidades y condiciones en los aspirantes a ejercer un cargo o función públicos en forma acorde con los intereses que se pretenden alcanzar con ese desempeño. Entre esas cualidades se encuentran la idoneidad, moralidad y probidad de las personas para cumplir con determinadas responsabilidades. Por lo tanto, el propósito moralizador del Estado que persigue alcanzar un régimen de inhabilidades y cuyo sustento radica en la misma Carta Política, según se ha analizado en numerosa jurisprudencia esta corporación, logra hacerse efectivo, precisamente, a través del desempeño de la funciones públicas en esos términos de idoneidad, moralidad y probidad, pues de esta manera se asegura el cumplimiento del interés general para el cual dicho cargo o función fueron establecidos, por encima del interés particular que dicha persona pueda tener en ese ejercicio”.

Lo que es más, en la misma oportunidad la Corte avaló expresamente la constitucionalidad de los regímenes de inhabilidades en tanto limitaciones razonables y proporcionadas del derecho a participar en los asuntos públicos:

“La Carta Política de 1991 establece en el artículo 40 el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Dentro de las varias manifestaciones que adopta este derecho se encuentra la posibilidad de elegir y ser elegido (num. 1º) así como de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (num. 7º), salvo para aquellos colombianos que, por nacimiento o por adopción, tengan doble nacionalidad, en los casos y de la forma que lo establezca la respectiva reglamentación legal. // El derecho político en mención ha sido reconocido como fundamental y de aplicación inmediata en el texto constitucional (C.P., arts. 40 y 85), dado el desarrollo que permite alcanzar, no sólo en el patrimonio jurídico-político de los ciudadanos, sino también en la estructura filosófico-política del Estado, al hacer efectivo el principio constitucional de la participación ciudadana (C.P., art. 1º). No obstante, es posible someterlo a limitaciones(6) en aras de la defensa y garantía del interés general, como sucede para efectos del señalamiento de las condiciones de ingreso al ejercicio de un cargo o función públicos”.

Desde esta perspectiva, este cargo formulado por el actor no está llamado a prosperar. Las inhabilidades, per se, no son inconstitucionales. Cada una debe ser analizada respecto de su configuración y efectos en cada caso, lo cual pasa a hacerse.

5. La fijación legal de inhabilidades para acceder a cargos públicos.

Considera el demandante que al cubrir a quienes aspiren a acceder al cargo de congresista o de Presidente de la República, la inhabilidad establecida en la norma acusada viola lo dispuesto en los artículos 179 y 197 superiores, que fijan el régimen de inhabilidades aplicables a dichos cargos en forma cerrada, sin admitir una regulación legislativa adicional que establezca nuevas causales de inhabilidad.

Sobre el particular, basta citar pronunciamientos previos de esta misma corporación en los cuales se reconoció que el legislador tiene competencia para complementar el régimen constitucional de inhabilidades aplicable a los servidores públicos, siempre que al hacerlo no contraríe disposiciones expresas de la Carta, no modifique el alcance y los límites de las inhabilidades fijados directamente por el constituyente, ni incurra en regulaciones irrazonables o desproporcionadas frente a la finalidad que se persigue. Así, por ejemplo, en la Sentencia C-952 de 2001(7), la Corte afirmó que “la fijación de esas condiciones positivas o negativas (inhabilidades e incompatibilidades) que habrán de regir el acceso a un determinado cargo o función públicos, constituye materia de la competencia del legislador de conformidad con los artículos 123 y 150-23, siempre y cuando no exista una determinación constitucional específica sobre el particular (...). De manera que, la definición de los hechos configuradores de las causales de inhabilidad como de su duración en el tiempo, son competencia del legislador y objeto de una competencia discrecional amplia pero subordinada a los valores, principios y derechos constitucionalmente reconocidos. Lo que indica que el resultado del ejercicio de la misma no puede ser irrazonable ni desproporcionado frente a la finalidad que se persigue(8), y mucho menos desconocer otros derechos fundamentales estrechamente relacionados, como ocurre con el derecho a la igualdad, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio (C.P., arts. 13, 25 y 26)”(9). En el mismo sentido, en la Sentencia C-540 de 2001(10) la Corte afirmó: “es importante señalar que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos está previsto en la Constitución y la ley”; y en la misma oportunidad, precisó que “el legislador no puede modificar los límites fijados directamente por el constituyente”. Finalmente, en la Sentencia C-483 de 1998, la Corte expresó que “el constituyente no ha entrado a definir en el propio texto de la Constitución Política todas las incompatibilidades e inhabilidades aplicables a los distintos cargos públicos. Buena parte de ellas son del exclusivo resorte del legislador, por disposición expresa de la misma Constitución o por cláusula general de competencia”.

No obstante, la regla general de competencia legislativa para fijar el régimen de inhabilidades de los distintos cargos públicos encuentra una excepción en lo tocante a los cargos de congresista o Presidente de la República, puesto que tal y como ha reconocido en anteriores oportunidades esta corporación, los artículos pertinentes de la Constitución establecen un sistema cerrado y no facultan expresamente al legislador para agregar nuevas inhabilidades a la enumeración efectuada por el constituyente (arts. 179(11) y 197, C.P.). Por eso, la jurisprudencia de la Corte ha concluido que “el legislador no puede modificar los límites fijados directamente por el constituyente en cuanto existen varias razones que impiden a la ley ampliar este régimen, entre las cuales se destacan las siguientes: 1ª) La Constitución establece un sistema cerrado de inhabilidades e incompatibilidades por tratarse de restricciones al derecho fundamental de elegir y ser elegido (C.P., art. 40); 2ª) La sujeción de la ley al principio de la supremacía de la Constitución Política, lo cual impide que el legislador consagre regulaciones que estén en contravía de la Carta o modifiquen los preceptos en ella dispuestos (C.P., art. 4º); 3ª) Los límites de los derechos fundamentales tienen que ser de interpretación restrictiva; 4ª) Cuando la propia Constitución establece un límite a un derecho fundamental y se reserva tal prerrogativa, cierra la posibilidad para que la ley, en su ámbito de competencia, pueda ser más restrictiva en esa materia” (énfasis fuera del texto)(12). En igual sentido, en la Sentencia C-209 de 2000 se afirmó: “Cabe destacar que en materia de inhabilidades e incompatibilidades, la propia Carta Política se ha encargado de señalar las que le son aplicables a los congresistas(arts. 179, 180 y 181) y algunas que se predican de la generalidad de los servidores públicos (C.P. arts. 127 y 128)”.

Por lo tanto, en la medida en que la norma acusada en esta oportunidad se aplique a los directores o subdirectores de cajas de compensación familiar que aspiren ser elegidos como congresista o Presidente de la República, constituirá una ampliación inconstitucional del catálogo cerrado de inhabilidades trazado por el constituyente en relación con estos cargos públicos. Ahora bien, a este respecto la Corte analiza el punto planteado por el señor Procurador General de la Nación en su concepto sobre la norma que se revisa, en el sentido de que la inhabilidad que en ella se consagra es idéntica a la que establece el artículo 179-3 de la Carta Política(13), y por lo mismo debe ser objeto de una declaratoria de constitucionalidad condicionada a que se entienda que el término de duración de la inhabilidad respecto de quienes aspiren a ser congresistas debe ser de seis meses, y no de un año —pues de lo contrario la norma, al no diferenciar entre sus diversos destinatarios, estaría modificando uno de los límites temporales fijados directamente por el constituyente en materia de inhabilidades—. En ese sentido, la interpretación condicionada de la norma acusada, tal y como la propone el Procurador, llevaría a concluir que en relación con quienes aspiren a ocupar una curul en el Congreso, la norma acusada es una simple reproducción legal de lo que dispuso directamente el constituyente sobre las inhabilidades para acceder a dicho cargo de elección popular.

La Corte acogerá con matices el concepto del Procurador General de la Nación sobre este punto. En efecto, la norma acusada establece una inhabilidad para los directores y subdirectores, es decir, los representantes legales, según el régimen de cada caja, de entidades que administran una prestación social financiada con recursos parafiscales atípicos, como son las cajas de compensación familiar, según extensa jurisprudencia de esta corporación cuyos alcances generales y en cada caso no es necesario analizar en esta oportunidad. La Corte ha concluido que los recursos del subsidio familiar que administran las cajas de compensación tienen naturaleza parafiscal(14) —incluso a pesar de que, por su configuración y estructura, el subsidio familiar no encuadra en términos estrictos bajo la definición legal de recurso parafiscal contenida en las normas orgánicas(15), tal y como se explicó en la Sentencia C-1173 de 2001: “... por la forma como fueron concebidos por el legislador los recursos que manejan las cajas de compensación deben considerarse rentas parafiscales, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte... (...). No obstante, habría que precisar que estas contribuciones son rentas parafiscales atípicas si se repara en el elemento de la destinación sectorial, toda vez que han sido impuestas directamente por el legislador en cabeza de determinado grupo socio-económico —los empleadores—, pero con el objeto de beneficiar a los trabajadores. Al respecto debe anotarse que para la jurisprudencia constitucional el concepto de grupo socio-económico supera la noción de sector, y debe entenderse en un sentido amplio, en tanto y en cuanto el beneficio que reporta la contribución no sólo es susceptible de cobijar a quienes directa o exclusivamente la han pagado, sino que también puede extenderse a quienes en razón de los vínculos jurídicos, económicos o sociales que los ligan para con el respectivo grupo pueden válidamente hacer uso y aprovechar los bienes y servicios suministrados por las entidades responsables de la administración y ejecución de tales contribuciones”(16).

Reitera la Corte que los recursos del subsidio familiar no son contribuciones parafiscales típicas puesto que no reúnen, en sentido estricto, el requisito del origen y destinación sectoriales, lo cual no obsta para que sean una especie de parafiscalidad, como lo ha señalado la Corte. En este caso, no es necesario analizar las implicaciones generales y diversas de la especificidad del régimen legal del subsidio familiar ni de que las cajas sean personas jurídicas privadas que administran una prestación social, sino que es tan solo preciso determinar si la inhabilidad prevista en el artículo 179-3 de la Constitución comprende a los representantes legales de las cajas. Habida cuenta de que la Corte ha sostenido que los recursos del subsidio familiar participan de varias características de la parafiscalidad y son exenciones parafiscales atípicas y, además, en consideración a que la función de la inhabilidad establecida en dicha norma también es aplicable a la administración de los recursos del subsidio por su magnitud, por su función social y por su impacto inmediato y directo en los beneficiarios, la Corte concluye que los alcances de dicha inhabilidad cobijan a los representantes legales de las cajas.

Observa la Corte que la inhabilidad que consagra la norma acusada coincide, para estos efectos, con la que dispuso expresamente el constituyente en el artículo 179-3 superior, con una diferencia, a saber: el término de duración que fijó el legislador, que supera en seis meses el que estableció el constituyente. Dado que, como se vio, no puede el legislador modificar los límites expresamente fijados en la Carta Política en materia de inhabilidades para ser congresista, habrá de declararse la constitucionalidad condicionada de la norma bajo revisión en lo que atañe a los directores y subdirectores de cajas de compensación familiar que, siendo representantes legales, aspiren a ocupar el cargo de congresista, en el sentido de que el término que en ella se establece durará seis (6) meses, y no un (1) año.

En lo tocante a los directores y subdirectores de cajas de compensación que aspiren al cargo de Presidente de la República, por su parte, la norma es inconstitucional, puesto que el artículo 197 no consagra una disposición similar respecto de quienes hayan sido representantes legales de entidades que administren cualquier clase de recursos parafiscales. Que el régimen de inhabilidades para ser elegido Presidente de la República sea cerrado es de suma trascendencia en una democracia pluralista y participativa porque impide que el legislador establezca nuevas prohibiciones que excluyan a ciertas personas o grupos de la posibilidad de competir en determinada campaña presidencial, si la prohibición es temporal, o para siempre, si la prohibición se basa en una condición inmutable.

6. Carácter razonable de la inhabilidad establecida por la norma acusada.

Por último, afirma el demandante que la inhabilidad que consagra la norma bajo examen es irrazonable, por cuanto cobija indiscriminadamente a todos los cargos públicos, por lo cual no guarda relación específica con cada uno de los cargos de elección popular a los cuales pueden aspirar los directores o subdirectores de cajas de compensación familiar. Así mismo, considera que la norma viola el principio de igualdad, puesto que introduce una diferencia injustificada entre las personas que ocupen cargos directivos en cajas de compensación familiar y los demás directivos del sector privado.

El cargo bajo estudio también habrá de ser desestimado, a la luz del criterio constitucional de razonabilidad que debe informar la fijación legal de inhabilidades e incompatibilidades(17). En efecto, no por el hecho de que el legislador haya considerado que una determinada inhabilidad es predicable de varios cargos de elección popular, puede afirmarse que esta no guarde una relación razonable con los mismos. Como se señaló anteriormente, la jurisprudencia constitucional ha resaltado las importantes finalidades que cumplen los regímenes de inhabilidades a saber, la preservación de la integridad del proceso electoral, el equilibrio en la contienda política y la igualdad de oportunidades entre los competidores en una elección, los cuales por su trascendencia constituyen fines no solo legítimos sino imperiosos; para el caso que se estudia, estas finalidades resultan satisfechas en forma directa por la inhabilidad consagrada en la norma acusada, ya que esta —como bien lo señalan los intervinientes— busca evitar que quienes disponen de poder decisorio sobre cierto tipo de recursos —los correspondientes al subsidio familiar, que son administrados por las cajas de compensación familiar— puedan hacer uso de él afectando el equilibrio en la contienda electoral en la medida en que la disposición de dichos recursos los puede llegar a ubicar en una posición de ventaja frente a sus competidores: la consagración de la inhabilidad constituye, así, un medio idóneo y efectivamente conducente al fin que se busca con su creación. Desde este punto de vista, es indiferente que la inhabilidad comprenda varios cargos de elección a la vez, sin enunciarlos específicamente, puesto que su razón de ser —que es la misma que tuvo en mente el constituyente al redactar el artículo 179-3 superior— no es el cargo al cual se aspira ser elegido, sino el poder de disposición de recursos y de asignación de beneficios que tienen los directores y subdirectores de las cajas para administrar el subsidio familiar.

Adicionalmente, el principio de igualdad permite que el legislador distinga entre personas situadas de maneras diferentes a partir de criterios objetivos. En este caso, los directores y subdirectores de las cajas, es decir, todos los que pertenecen a la categoría de altos directivos con poder decisorio sobre la orientación de la ejecución de recursos del subsidio familiar están cobijados por la inhabilidad. La especificidad de dicho subsidio, y las características particulares del régimen de subsidio familiar, son suficientes para concluir que la Constitución no ordena asimilarlos, para estos efectos, a directivos del sector privado. Por lo tanto, no son siquiera comparables los grupos que el actor pretende equiparar a los directores y subdirectores de las cajas de compensación familiar, por lo cual el cargo por violación del artículo 13 superior habrá de ser desestimado.

Las anteriores razones bastan para resolver negativamente el tercer problema jurídico formulado en la demanda.

Ahora bien, no escapa a la atención de la Corte que, si bien la inhabilidad bajo estudio cumple con el requisito de razonabilidad impuesto por la Constitución Política, su formulación en la norma demandada, al no precisar el ámbito territorial dentro del cual se habrá de aplicar, resulta demasiado vaga y rompe la relación de idoneidad y efectiva conducencia entre el fin buscado y el medio para lograrlo en lugares donde el directivo de la caja no tiene ninguna influencia. Así, las inhabilidades, como las que se consagran en la norma acusada, solo son razonables en la medida en que se apliquen a situaciones que tengan lugar dentro del mismo ámbito territorial en el cual habrá de llevarse a cabo la respectiva elección, puesto que es ese el criterio que adoptó el propio constituyente(18) en aras de promover la integridad del proceso electoral, el equilibrio en la contienda política y la igualdad de oportunidades entre los candidatos. Así, por ejemplo, no sería razonable impedir que quien administra una caja de compensación familiar en un determinado ámbito territorial pueda acceder a cargos de elección popular en una entidad territorial distinta a aquella en la cual opera, puesto que su poder de afectar el equilibrio en la contienda política mediante la disposición de los recursos parafiscales del subsidio familiar no se extiende hasta un territorio distinto a aquel cobijado por su órbita limitada de competencia. Este factor de razonabilidad previsto en la Carta Política y que es el fundamento de la exequibilidad misma de la inhabilidad creada, no fue tomado en cuenta a plenitud, en especial respecto de sus aspectos territoriales, por el legislador al diseñar la norma que se acusa, puesto que no distingue entre circunscripciones electorales ni delimita el ámbito territorial de la inhabilidad. Por lo tanto, la constitucionalidad de la norma habrá de condicionarse a que se entienda que la inhabilidad que en ella se establece únicamente se refiere a situaciones donde el ámbito de actuación del director o subdirector tenga lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. Solo esa coincidencia hace razonable la inhabilidad.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el parágrafo 6º del artículo 21 de la Ley 789 de 2002, en el entendido de que la inhabilidad que en ella se establece (i) no se aplica a quienes aspiren al cargo de Presidente de la República, (ii) se aplica para quienes aspiren al cargo de congresista por el término de seis (6) meses, y (iii) se aplica cuando el ámbito de actuación del director o subdirector tenga lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(2) Sentencia C-558 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(3) Sentencia 483 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández.

(4) Sentencia C-181 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.

(5) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(6) Vid. Sentencias C-558 de 1994 y C-509 del mismo año.

(7) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(8) Vid. Sentencias C-194 de 1995 y C-617 y C-618 de 1997.

(9) Vid. Sentencia C-509 de 1997.

(10) M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(11) La única excepción es lo dispuesto en el penúltimo inciso del artículo 179, en virtud del cual “la ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contempladas en estas disposiciones”.

(12) Sentencia C-540 de 2001. Si bien en esta sentencia la atención de la Corte se centró sobre una norma que consagraba una incompatibilidad, la doctrina constitucional que se ha transcrito es igualmente aplicable al régimen de inhabilidades, expresamente mencionado en el aparte citado.

(13) “ART. 179.—No podrán ser congresistas: (...) 3. Quienes ... hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”.

(14) Para un recuento ilustrativo de la jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza parafiscal de los recursos del subsidio familiar, véase la Sentencia C-655 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(15) El artículo 29 del estatuto orgánico de presupuesto, Decreto 111 de 1996, define las contribuciones parafiscales así: “Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y que se utilizan para beneficio del propio sector (...)”.

(16) Sentencia C-711 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(17) Según se precisó en la Sentencia C-952 de 2001, el análisis de la constitucionalidad de las inhabilidades legales debe aplicar ante todo criterios de razonabilidad, es decir, de adecuación entre la finalidad que se pretende conseguir con la inhabilidad en cuestión, y el alcance de la misma en tanto medio para conseguir tal objetivo, y no pueden restringir en forma injustificada los derechos fundamentales de las personas afectadas: “... la regulación que al adoptarse aparezca irrazonable o desproporcionada al propósito perseguido con la misma resulta inconstitucional, al igual que la que conlleva una restricción injustificada de los derechos fundamentales de las personas que pretenden convertirse en alcaldes”. En relación con la intensidad del examen de razonabilidad que debe aplicarse a las normas en comento, puede consultarse lo expuesto en la aclaración de voto del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa a la Sentencia C-952 de 2001 en cuestión.

(18) El penúltimo inciso del artículo 179 de la Constitución dispone en lo relevante: “Las inhabilidades previstas en los numerales 2º, 3º, 5º y 6º se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección (...)”.

Magistrados: Clara Inés Vargas Hernández, Presidenta—Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra—Eduardo Montealegre Lynett—Álvaro Tafur Galvis.

Iván Humberto Escrucería Mayolo, Secretario General (e).

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