Sentencia C-015 de enero 23 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES

SE APLICA A QUIENES NO SON COMERCIANTES

EXTRACTOS: «Texto de la norma demandada:

DECRETO 100 DE 1980 

DECRETA:

“ART. 362.—Alzamiento de bienes. El que no siendo comerciante alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor, incurrirá en prisión de seis meses a tres años y multa de un mil a cien mil pesos”.

(Se subraya la parte demandada).

(...).

El problema planteado.

2. Se trata de determinar si el hecho de que el artículo 362 del Código Penal establezca que el delito de alzamiento de bienes se aplica únicamente a los no comerciantes constituye una violación al derecho de igualdad consagrado en la Constitución, dado que esa conducta puede ser realizada tanto por comerciantes como por no comerciantes.

Trayectoria de la represión penal del alzamiento de bienes.

3. Con el objeto de proteger los derechos de los acreedores, tradicionalmente se ha sancionado penalmente la conducta de los deudores dirigida a simular una situación de insolvencia. Entre los actos reprobados se encuentra el del alzamiento de bienes, consistente en retirar cualquier objeto de la masa de bienes, con intención fraudulenta.

3.1. Hasta la expedición de la Ley 222 de 1995, el ocultamiento de los bienes propios con el fin de defraudar a los acreedores era objeto de una pena más severa cuando lo llevaba a cabo una persona que tenía la calidad de comerciante.

(...).

3.3. Al dictarse el Código de Comercio de 1971 se decidió que, en atención a que su objetivo era abarcar todo lo relacionado con la actividad de los comerciantes, lo más apropiado era incluir dentro del mismo los delitos específicos de la actividad mercantil. De esta manera, en el título II del libro sexto se consagraron los denominados delitos de la “quiebra”, dentro de los cuales se encontraba el de alzamiento de bienes.

En concordancia con lo anterior, en el Código Penal de 1980, la figura del alzamiento de bienes se circunscribió a los no comerciantes.

Interesa resaltar que las sanciones por causa del delito que es objeto de la demanda continuaron siendo más rigurosas para los comerciantes. En efecto, al tiempo que el Código de Comercio de 1971 y el Código Penal de 1980 elevaron las penas mínimas imponibles por causa del alzamiento de bienes, conservaron la diferencia entre las sanciones aplicables a los comerciantes y a los no comerciantes. Adicionalmente, en la tipificación contenida en el Código de Comercio se dispuso que la conducta del alzamiento de bienes se predicaba incluso cuando el comerciante la perpetraba dentro de los dos años anteriores a la declaratoria de quiebra. Al respecto es importante citar las dos normas.

El artículo 1993 del Código de Comercio describía el delito y sus sanciones de la siguiente manera:

“ART. 1993.—Estará sujeto a la pena de tres a seis años de prisión el comerciante declarado en quiebra que dentro de los dos años anteriores a tal declaración o después de ella, haya realizado uno cualquiera de los siguientes hechos:

• Distraer, disimular u ocultar total o parcialmente sus propios bienes;

• Simular o suponer enajenaciones, gastos, deudas o pérdidas, y

• Desistir de una pretensión patrimonial cierta, renunciarla o transigir sobre ella, sin justa causa y en perjuicio de sus acreedores”.

Por su parte, el texto del artículo 362 del Código Penal demandado es el siguiente:

ART. 362.—Alzamiento de bienes. El que no siendo comerciante alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor, incurrirá en prisión de seis meses a tres años y multa de quinientos a diez mil pesos”.

(...).

Dentro de la perspectiva histórica que aquí se ha esbozado, la Ley 222 de 1995 constituye el paso final del proceso de sustitución gradual de la figura de la quiebra por mecanismos menos drásticos, como el de los procedimientos concursales. En efecto, esta ley procedió a eliminar definitivamente el instituto jurídico de la quiebra, al determinar en su artículo 242 la derogación del título II del libro sexto del Código de Comercio. Además, la ley sustituyó toda la normatividad concordataria establecida por el Decreto 350 de 1989.

En la exposición de motivos del proyecto que se convertiría en la Ley 222 de 1995, se justificó la necesidad de introducir modificaciones al Código de Comercio con base en las exigencias que surgían de las nuevas normas de la Constitución Política y en la necesidad de adaptar la legislación comercial a las condiciones del comercio internacional.

Con respecto a la Constitución se enfatizó que, en su artículo 333, se establecía que la empresa era la base del desarrollo y que cumplía una función social. Esta norma serviría de justificación a los mecanismos legales dirigidos a lograr su conservación y recuperación(1). Dado que el procedimiento de la quiebra había sido objeto frecuente de críticas, a partir de la percepción de que sus normas eran inoperantes, se propuso y decidió la eliminación de la figura de la quiebra, la que fue sustituida por un trámite de liquidación que habría de garantizar el pago adecuado de las deudas.

(1) Gaceta del Congreso Nº 381, del 4 de noviembre de 1993, p. 45 ss.

Análisis de la disparidad sobreviniente en la sanción penal del alzamiento de bienes.

5. La derogación de las normas penales relativas a la quiebra de los comerciantes, aparejó, en su caso, la eliminación de la represión penal del alzamiento de bienes, el cual quedó circunscrito a los no comerciantes. El análisis anterior demuestra que la disparidad de trato sobreviniente —entre personas no comerciantes y comerciantes—, desde el punto de vista penal, aparentemente carece de justificación objetiva y razonable. No obstante, la constitucionalidad de la norma examinada sólo puede definirse luego de resolver algunos interrogantes adicionales que la Corte necesariamente debe formularse a este respecto.

Se pregunta la Corte si la correlativa configuración penal del alzamiento de bienes en relación con la actividad comercial, tenía o tiene el carácter de condición material de la punibilidad de la misma figura en tratándose de las personas no comerciantes y de sus actuaciones civiles. Si se deja de lado el problema de la igualdad, no cabe duda de que el comportamiento fraudulento del no comerciante es reprochable en sí mismo con independencia de que una acción semejante pueda realizarse en el ámbito del comercio y carecer de castigo penal.

De otro lado, es importante precisar si el legislador está obligado a trasladar al campo comercial, los tipos penales cuyo sujeto es el no comerciante cuando quiera que la conducta reprochable sea semejante. El margen de un tratamiento penal diferenciado, debe analizarse caso por caso. No sería admisible, por estar huérfano de toda razonabilidad y proporcionalidad, que el delito de homicidio, por ejemplo, se limitará a los no comerciantes. La protección penal de ciertos bienes y valores debe ser permanente y absoluta y, en este caso, la tutela penal de orden legal corresponde a la obligación positiva constitucional de amparar la vida y los derechos fundamentales de las personas. En cambio, otros bienes pueden ser susceptibles de una protección penal relativa, ya sea porque son propios de determinado ámbito no universal de relaciones o porque su protección eficaz puede buscarse a través de otros medios jurídicos legítimos diferentes de la misma legislación penal, motivo este que puede justificar inclusive la adopción de políticas criminales enderezadas a “despenalizar” ciertas conductas.

La protección legal del patrimonio y de la buena fe, no es ajena a la Constitución, pero de ésta no se infiere que siempre deba tener la impronta del derecho penal. Por consiguiente, la libertad de configuración normativa expresamente reservada al legislador en materia penal, en cuya virtud crea y elimina tipos penales, puede tener más alcance respecto de los bienes susceptibles de tutela penal relativa. Concretamente, el supuesto del delito denominado “alzamiento de bienes”, como modalidad de conducta fraudulenta y lesiva del patrimonio, no reclama constitucionalmente de manera invariable un tratamiento propio de derecho penal y, por consiguiente, la decisión sobre este extremo se defiere al legislador histórico y a su específica política criminal. En este caso, a diferencia de los eventos en los que la protección penal articula una de las obligaciones básicas e ineludibles del Estado de defender el contenido esencial de un derecho fundamental, la eliminación de la tutela penal per se no vulnera la Constitución Política.

Justamente, razones de política criminal, asociadas a la ineficacia del régimen penal de la quiebra, llevaron al legislador a suprimir del catálogo de los delitos, algunos que tenían al comerciante como sujeto activo. Esto explica que la figura penal análoga del alzamiento de bienes, aplicable en el campo comercial, fuese abolida. Dado que el bien protegido aquí sólo es objeto de tutela penal relativa, en principio no se puede censurar la despenalización que se ha verificado por obra del órgano facultado para crear y eliminar tipos penales. A lo anterior se agrega que la norma que contenía el tipo especial, independientemente de las vicisitudes históricas ya comentadas, constituía una proposición normativa autónoma y, como tal, podía ser derogada sin necesidad de repetir el mismo acto con aquellas otras con las que tuviera un nexo histórico o sistemático.

En ciertas hipótesis puede sostenerse que la función legislativa conformadora del ordenamiento o la misma encaminada a la exclusión de las normas que lo integran, que se traduzca en graves vacíos o incongruencias, puede violar la Constitución, desde luego siempre que la incongruencia o el vacío tengan esa virtualidad. Ya se mencionó que el alzamiento de bienes, así el delito se predique únicamente de los no comerciantes, no deriva su reprochabilidad de que la misma conducta se sancione respecto de los comerciantes. De ahí que si el fraude entre estos últimos se va perseguir a través de otros instrumentos legales de naturaleza no criminal, porque así lo exige la política punitiva establecida por el legislador, ello necesariamente comporta la necesidad de obrar de la misma manera respecto de las personas ordinarias, menos todavía si no existen motivos válidos para pensar que la tutela penal de la actividad civil se haya tomado innecesaria e ineficaz.

En principio, la tutela penal de la actividad comercial es relativa y, por lo tanto, el Estado puede calibrar y fijar su extensión. En este sentido, puede la ley crear tipos penales especiales que sólo despliegan sus efectos en el campo mercantil, o también integrar en esta legislación con las matizaciones necesarias los tipos penales de la actividad civil. La mayor o menor protección penal de la actividad comercial, no tiene por qué obrar en desmedro de la protección penal de la actividad civil, así ambas en últimas respondan a la decisión del legislador, más aun cuando la reprochabilidad material de la conducta es independiente de las vicisitudes de la legislación comercial.

Así se observe una gradual unificación de la legislación civil y de la comercial, la cual es más evidente en determinadas materias, todavía subsiste la dualidad y en aspectos tan relevantes como en el de las obligaciones y los contratos. Esta circunstancia, no escapa a la Corte pues es indicativa de que la realidad subyacente a la legislación civil y a la comercial no es siempre semejante y, en todo caso, la apreciación de los cambios y de sus correspondientes traducciones normativas es asunto que le compete a la ley. No se trata de dos campos simétricos en los que la exclusión de una figura en uno de ellos automáticamente deba acarrear la eliminación de la misma en el otro. Desde la Constitución no se percibe la necesidad absoluta de que el fraude tenga la misma connotación penal en las dos legislaciones. Esta es una materia que incumbe al legislador y en relación con la cual goza de un margen apreciable de libertad configurativa en atención al valor relativo que en esta situación reviste la represión penal, la cual bien puede ser sustituida por otro tipo de garantías y acciones.

De ordinario la igualdad no se viola cuando se dan situaciones distintas, como ocurre en este caso. La actividad comercial, por lo menos parcialmente, se desenvuelve por ahora en un entorno normativo y fáctico particular, que no puede integralmente homologarse al de las personas ordinarias. La dualidad normativa es un factor que permite justificar la disparidad sobreviniente en términos de objetividad y razonabilidad.

Dentro de cada uno de los dos campos —con miras a su unificación o a su diferenciación— el legislador, por regla general, puede producir adiciones o derogaciones que no necesariamente deben comunicarse al otro. El anterior efecto de comunicación automática de las mutaciones normativas verificadas en uno de los dos campos, tiene todavía menos asidero en materia penal, reservada expresamente a la ley. La despenalización de la figura penal aplicable a los comerciantes, la hizo el legislador y como consecuencia, por la vía de la ley, se eliminó el correspondiente tipo. De producirse la despenalización del delito de alzamiento de bienes, ello se haría por la vía de una sentencia de la Corte Constitucional, con flagrante violación de la reserva de ley, y sin que medie el juicio sobre la no necesidad de la tutela penal en el campo civil, extremo sobre el cual la Corte carece por completo de elementos de juicio y que no puede deducir de la simple despenalización ya producida en el campo comercial que, por el momento, fáctica y legalmente se mantiene todavía diferenciado de aquél. De otra parte, si la inexequibilidad se limitara a la expresión demandada, la Corte estaría judicialmente extendiendo el tipo penal a un conjunto de personas que la ley valida y previamente ha colocado por fuera de su ámbito.

No existiendo una vulneración sobreviniente al principio de igualdad, se sigue como consecuencia necesaria que la norma examinada no entraña un privilegio para los comerciantes. La interpretación actual de la norma lleva a concluir que la frase demandada indica que la conducta tipificada se escinde en su tratamiento penal y admite, en relación con los comerciantes, un régimen legal diferente, en atención a las características propias de la actividad comercial, las que todavía se conservan en virtud de un sistema legal especial establecido para responder adecuadamente a las necesidades objetivas de dicho quehacer y no al propósito de consagrar una serie de privilegios de orden estamental,

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “no siendo comerciante” del artículo 362 del Decreto 100 de 1980 —Código Penal—.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-015 de enero 23 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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