Sentencia C-151 de marzo 19 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-1417

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 7º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994. “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.

Actor: Heberto Calderón Rengifo.

Magistrado Ponente:

Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

EXTRACTOS: «De conformidad con lo expuesto, corresponde entonces analizar si la norma acusada es desarrollo de los preceptos constitucionales que regulan el ejercicio de cargos públicos por colombianos que tienen doble nacionalidad, o si por el contrario, su contenido excede la competencia otorgada por los artículos 40-7 y 293 de la Carta Política.

El texto de la norma acusada es del siguiente tenor:

“ART. 95.—Inhabilidades. No podrá ser elegido ni designado alcalde quien:

(...).

7. Tenga doble nacionalidad, con excepción a los colombianos por nacimiento.

Sobre el particular debe anotarse que la Constitución del 91 consagró a los municipios (art. 311) “como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado”, otorgándole autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señala la Constitución y la ley. Ello está encaminado a obtener el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de su territorio. Estas prerrogativas, significaron nuevas facultades y especiales obligaciones que deben cumplirse por intermedio de las autoridades municipales, y que se manifiestan, de manera principal, en el manejo del orden y las finanzas públicas, la prestación de los servicios públicos, la construcción de obras y en general, todas aquellas relacionadas con el desarrollo social y económico del municipio.

Así entonces, la gestión adelantada por los alcaldes como representantes del municipio colombiano, comprometen de manera importante los destinos políticos del país y, ello se constituye en razón suficiente para que el legislador, buscando proteger los altos intereses estatales, entre otros, la soberanía de nuestro país, en especial en las zonas de frontera, haya impedido el acceso al desempeño del cargo de alcalde a los nacionales colombianos por adopción que tengan doble nacionalidad (C.P., arts. 40-7 y 293); descartando así, que la primera autoridad municipal pueda verse envuelta en conflictos de carácter supranacional.

Además, como ya se anotó, por mandato constitucional el legislador puede válidamente regular efectos disímiles entre las dos clases de colombianos y así mismo, siguiendo los criterios del artículo 293 de la Constitución, establecer las inhabilidades para el ejercicio del cargo de alcalde, en razón de la discrecionalidad que el constituyente le otorgó en esta materia”.

El artículo 293 de la carta señala expresamente:

“Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fechas de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de funciones”.

Es claro que, en lo que respecta a las entidades territoriales, la Carta faculta a la ley para determinar las inhabilidades, incompatibilidades y, en general, todos los aspectos relacionados con el ejercicio de funciones públicas por parte de aquellos ciudadanos que sean elegidos por voto popular; obviamente, dicha labor debe cumplirse, tal como lo prescribe la propia norma, “sin perjuicio de lo establecido en la Constitución”. Es decir, la reglamentación debe adelantarse de conformidad con las demás disposiciones constitucionales que regulen la materia, en este caso, en armonía con los artículos 40-7, 96, 100 y aquellos que se relacionan con el ejercicio de cargos públicos que, como se anotó, permiten al legislador establecer distinciones en cuanto a la doble nacionalidad, es decir, en atención al hecho de que el nacional lo fuera por nacimiento o por adopción.

En el caso que se examina, razones de Estado fundadas en la necesidad de garantizar plenamente el compromiso, la imparcialidad e independencia de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones con la salvaguarda de los intereses nacionales, llevaron al legislador a excluir a los colombianos por adopción que tengan doble nacionalidad, del ejercicio del cargo de alcalde. Obsérvese que el artículo 86 de la Ley 136 de 1994, al establecer las calidades para ser elegido alcalde dispone que “se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido a ser residente en el respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época”. Con lo cual puede afirmarse, que la norma no excluye del grupo de aspirantes a los nacionales por adopción, por lo que debe entenderse que la causal de inhabilidad demandada se aplica sólo en aquellos casos en que el nacional por adopción tenga doble nacionalidad.

Cabe puntualizar que en materia de inhabilidad, esta corporación ha reconocido la amplia facultad reglamentaria que le asiste al legislador, por mandato expreso de la Constitución».

(...).

_______________________________