Sentencia C-1510 de noviembre 8 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Magistrado ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Ref.: Expediente D-2973

Actor: Alejandro Decastro González

Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 80 y 81 de la Ley 65 de 1993.

Bogotá, D.C., ocho de noviembre de dos mil.

EXTRACTOS: «1. Texto de la norma acusada.

A continuación se transcribe, destacando lo demandado, el texto de las disposiciones objeto de proceso:

“LEY 65 DE 1993

(Agosto 19)

“Por medio de la cual se expide el código penitenciario y carcelario”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

ART. 80.—Planeación y organización del trabajo. La Dirección General del lnpec determinará los trabajos que deban organizarse en cada centro de reclusión, los cuales serán los únicos válidos para redimir la pena. Fijará los planes y trazará los programas de los trabajos por realizarse.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario procurará los medios necesarios para crear en los centros de reclusión, fuentes de trabajo, industriales, agropecuarios o artesanales, según las circunstancias y disponibilidad presupuestal.

ART. 81.—Evaluación y certificación del trabajo. Para efectos de evaluación del trabajo en cada centro de reclusión habrá una junta, bajo la responsabilidad del subdirector o del funcionario que designe el director.

El director del establecimiento certificará las jornadas de trabajo de acuerdo con los reglamentos y el sistema de control de asistencia y rendimiento de labores, que se establezca al respecto”.

V. Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión.

El trabajo como medio para alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal. Principio de igualdad.

En el presente asunto la Corte debe dilucidar si la referencia que los artículos demandados hacen al “centro de reclusión” en relación con la determinación de los trabajos que deben organizarse, así como la evaluación de los mismos en dichos lugares, incluye únicamente a los detenidos o reclusos que físicamente se encuentran en cárceles, o si, por el contrario, incluye también a las personas que están detenidas en su domicilio.

A la luz de la Constitución, el legislador goza de facultad para establecer modalidades o formas de privación de la libertad, bien a título preventivo, ya bajo condena, y le es posible, mientras no afecte los derechos fundamentales de quienes son sometidos a la medida o a la pena, prever la concesión de beneficios o tratos especiales en cuanto al lugar de reclusión, los cuales deben ser razonables y hallarse fundados en motivos que no lesionen el principio de igualdad.

Entre tales beneficios se encuentran precisamente la detención domiciliaria y la detención parcial en el lugar de trabajo.

Las personas que se acogen a las reglas correspondientes también están, desde el punto de vista jurídico, privadas de la libertad, y no puede entenderse que pierdan ese carácter por el hecho de que el lugar de la detención no sea el edificio en que funciona el establecimiento carcelario sino su domicilio o el sitio de trabajo.

Ahora bien, el legislador puede igualmente, como lo hace mediante la normatividad acusada, autorizar a la Dirección del Inpec, que tiene a su cargo la administración de los reclusorios y el cuidado del personal privado de su libertad, para determinar los trabajos o actividades que permitan la resocialización de los reclusos y el uso útil de su tiempo, especificando que tales trabajos o actividades serán válidos para redimir la pena, previa la evaluación correspondiente.

La Corte encuentra, por tanto, que la referencia al “centro de reclusión” es perfectamente natural en las normas impugnadas, si se tiene en cuenta que la regla general es que las personas privadas de la libertad se hallen recluidas en las cárceles, bajo la vigilancia y el cuidado del Inpec.

No se aprecia que por la sola circunstancia de tal mención se viole precepto constitucional alguno, en especial si se considera que nada obsta para entender incluido en el aludido concepto el propio domicilio o el lugar de trabajo.

La Corte comparte en ese punto el concepto del Procurador General de la Nación en el sentido de que dichas expresiones, dentro de una hermenéutica acorde con la igualdad y relacionada con el objetivo mismo de la norma, comprenden también el domicilio o lugar de trabajo para quienes haya operado la detención domiciliaria o la detención parcial, pues de otra forma se estaría dando un trato desigual a hipótesis que son en realidad las mismas.

La función de rehabilitación a la que se refiere el Ministerio Público se predica en todos los casos de privación de la libertad, por tanto, ninguna justificación razonable se encuentra para que las normas que permitan el trabajo al detenido puedan ser entendidas de manera restringida.

Por otra parte, si bien es cierto que la detención domiciliaria o cualquiera otra que no se cumpla en un sitio tradicional de reclusión, puede ser considerada en principio como un cierto beneficio, también lo es que se concede por razones expresamente consagradas en la ley, y en casos en que lo permitan y aconsejen las particulares circunstancias del sindicado, también de conformidad con lo dispuesto por la ley. De manera que ninguna desproporción o preferencia injustificada puede existir si el trabajo en que ocupan su tiempo las personas que se encuentran detenidas, cualquiera sea el sitio de reclusión, es tomado en cuenta para efectos de la planeación, organización, evaluación y certificación del trabajo, pues cabe insistir en que el trabajo, derecho-deber de rango constitucional constituye una de las principales herramientas para alcanzar el reconocimiento a la dignidad del ser humano y, en el caso de personas sancionadas penalmente, la readaptación social.

Además, es importante aclarar que, aun cuando la detención es concepto que no puede asimilarse al de condena, debe tenerse en consideración que el tiempo durante el cual una persona se encuentra detenida se suma para efecto del cómputo de la condena. Por tanto, sí goza de relevancia el hecho de que la norma pueda ser entendida en el sentido más restrictivo posible, sin que se encuentre razón válida para ello desde el punto de vista constitucional (art. 13) y, en tal virtud, la Corte habrá de declarar la constitucionalidad condicionada de las expresiones acusadas siempre que se extiendan a todas las personas detenidas, sin importar cuál sitio les haya sido asignado por las autoridades para que purguen su pena, o permanezcan detenidas preventivamente. Y, desde luego, sin que sea dable discriminar entre el trabajo material y el intelectual.

Como nota al margen, puesto que de la existencia de otra norma legal no puede depender la constitucionalidad de las que son objeto de juicio, cabe destacar que la anterior interpretación se ajusta al contexto en el que se encuentran las disposiciones acusadas, pues el artículo 20 de esa misma ley, establece que los centros de reclusión pueden ser “cárceles, penitenciarías, cárceles y penitenciarías especiales, reclusiones de mujeres, cárceles para miembros de la fuerza pública, colonias, casa-cárceles, establecimientos de rehabilitación y demás centros de reclusión que se creen en el sistema carcelario y penitenciario”.

En tal virtud, la Corte declarará la exequibilidad de las palabras acusadas sólo en la medida en que éstas sean entendidas en el sentido que antes se indicó.

Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar la EXEQUIBILIDAD de las expresiones “centro de reclusión”, contenidas en los artículos 80 y 81 de la Ley 65 de 1993, bajo el entendido de que ellas comprenden también los casos de detención domiciliaria o de detención parcial en el lugar de trabajo y sin que se pueda discriminar entre el trabajo material y el intelectual.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

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