Sentencia C-152 de marzo 24 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

NOMBRE DE LAS PERSONAS

ORDEN DE LOS APELLIDOS

EXTRACTOS: «El siguiente es el texto de la norma acusada como inconstitucional. Se subraya la parte demandada.

“LEY 54 DE 1989

(Octubre 31)

Por medio de la cual se reforma el artículo 53 del Decreto 1260 de 1970.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ARTÍCULO 1º—El artículo 53 del Decreto 1260 de 1970, quedará así:

ART. 53.—En el registro de nacimiento se inscribirán como apellidos del inscrito, el primero del padre, seguido del primero de la madre, si fuere hijo legítimo o extramatrimonial reconocido o con paternidad judicialmente declarada; en caso contrario, se le asignarán los apellidos de la madre.

PAR.—Las personas que al entrar en vigencia esta ley estén inscritas con un sólo apellido podrán adicionar su nombre con un segundo apellido, en la oportunidad y mediante el procedimiento señalado en el artículo 6º, inciso 1º, del Decreto 999 de 1988”.

¿Es discriminatorio el orden de los apellidos establecido por la Ley 54 de 1989?

Para responder esta pregunta, bastan algunas reflexiones:

a) Naturaleza jurídica del nombre.

El apellido forma parte del nombre de la persona, según el artículo 3º del Decreto 1260 de 1970: “Toda persona tiene derecho a su individualidad, y por consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos, y en su caso, el seudónimo”.

Sobre la naturaleza del nombre, han existido diversas teorías. La jurisprudencia francesa lo ha considerado un bien, sobre el cual su titular ejerce una especie de derecho de propiedad. Colin y Capitant consideran que es “la señal distintiva de la filiación”, porque generalmente se determina por ésta. Prevalece la opinión que ve en el nombre un atributo de la personalidad y, ademas, una institución de policía, destinado a identificar a quien lo lleva. Al respecto dice Josserand:

Verdadera naturaleza del apellido.

Llegamos así a la naturaleza jurídica del apellido, que es el signo distintivo y revelador de la personalidad; es uno de sus elementos constitutivos, con el domicilio, el estado civil, la capacidad; es un bien innato, como el derecho a la vida, al honor; y al mismo tiempo es una institución de policía, en tanto que es un procedimiento de identificación destinado a evitar la confusión de personalidades: y esto es tan cierto que ha podido obligarse a un comerciante a no usar de su apellido sino bajo ciertas modalidades destinadas a prevenir el fraude, el abuso y la competencia desleal, y que el seudónimo está en provecho de quien lo ha adoptado, derechos adquiridos que pueden oponerse aun al verdadero apellido de otro autor o de otro artista” (Derecho Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1952, tomo I, volumen I, pág. 203).

El nombre, pues, no sólo es un atributo de la personalidad, sino un “procedimiento de identificación”.

b) Finalidad del nombre.

Si el nombre, es decir, el nombre de pila y el apellido, “es el signo distintivo y revelador de la personalidad”, y es a la vez un “procedimiento de identificación”, interesa a la sociedad la existencia de un orden en la manera de fijarlo. Dicho en otras palabras: como todos los hechos y actos relativos al estado civil están regidos por normas de orden público, inderogables y forzosas, no podría dejarse la determinación del nombre, librada al capricho de los particulares.

En consecuencia, el nombre es un elemento del estado civil, regulado por la ley, por mandato expreso del último inciso del artículo 42 de la Constitución: “La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”.

En resumen: la manera como se determine el nombre, obedece a una finalidad social y su regulación corresponde a la ley.

c) El orden de los apellidos en la inscripción del nacimiento.

Si en la inscripción del nacimiento, se inscriben dos apellidos, uno de ellos debe ser el primero, y el otro el segundo. La ley ha determinado un orden, es decir, ha reglamentado el nombre, elemento del estado civil.

¿Podría dejarse esta materia al arbitrio de los particulares, para que ellos, y no la ley, establecieran el orden? Evidentemente, la ley podría establecerlo así. Pero ello crearía el desorden y haría difícil la identificación de las personas: en una familia habría, por ejemplo, hermanos carnales que llevarían primero el apellido paterno, y otros el materno.

Pero, por el hecho de definir los padres, a veces en medio de disputas, el orden de los apellidos, ¿se avanzaría en el camino de la igualdad? Evidentemente no, y ello por una razón elemental: el orden de los apellidos del hijo, nada significa en relación con sus derechos, ni con los de los padres.

Es claro, en consecuencia, que el orden de los apellidos en la inscripción en el registro de nacimiento, nada tiene que ver con la igualdad de derechos y obligaciones. Tiene que existir un orden, y la ley lo ha determinado.

5. Conclusiones.

De lo dicho surgen estas conclusiones:

1. Según la Constitución, “la ley determinará lo relativo al estado civil de las personas”.

2. El nombre es uno de los elementos del estado civil, y, por lo mismo, la ley lo puede reglamentar.

3. Según la ley, en el registro civil de nacimientos, se deben inscribir dos apellidos.

4. El orden de tales apellidos, nada tiene que ver con los derechos del inscrito, ni de sus padres.

5. El artículo 53 del Decreto 1260 de 1970, modificado por el artículo 1º de la Ley 54 de 1989, en nada pugna con la Constitución. Así lo dirá la Corte.

6. Decisión.

Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase EXEQUIBLE el artículo 53 del Decreto 1260 de 1970, tal como fue modificado por el artículo 1º de la Ley 54 de 1989.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-152 de marzo 24 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto nos apartamos del criterio mayoritario, y de la consiguiente decisión, en el proceso de la referencia, por las razones que enseguida consignamos.

1. La circunstancia de que la ley (en sentido material) disponga que al inscribirse un hijo “legítimo o extramatrimonial reconocido o con paternidad judicialmente declarada” se registre en primer lugar el apellido del padre, no es inocua sino marcadamente significativa: es el trasunto de una milenaria tradición patriarcal que relega a la mujer a un plano secundario, porque la prevalencia del hombre se asume como un hecho indiscutido.

Es un precipitado de la concepción del “pater familias” como figura central y preponderante de la célula social, con potestades absolutas sobre la mujer y los descendientes. Todo ello, como mero corolario de una visión del mundo que le atribuye al varón inclusive precedencia ontológica sobre la mujer.

2. Argüir que la ley se ha limitado a recoger un uso social muy extendido, en el espacio y en el tiempo, equivale a soslayar el problema, pues de lo que se trata es de saber qué razones avalan la existencia de tal uso y si ellas están en armonía con los propósitos consignados en la norma suprema del ordenamiento. V.gr.: si contradicen o no el principio positivizado de que “las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes” (énfasis fuera del texto).

3. Dar por supuesto que ningún detrimento sufre la mujer por el hecho de que el apellido del marido preceda al suyo al inscribir a los hijos en el registro de nacimiento, es corroborar como un hecho natural la prevalencia del varón. Es, justamente, el peligro de tradiciones tan decantadas: que generan la creencia de que si así ha sido siempre, no hay motivo para que sea de otro modo. Es la inercia de los productos culturales que sacralizan iniquidades y ciegan a la vez para que se perciban como tales.

Es corriente que en los hogares colombianos, por ejemplo, se prefiera, al nacimiento de una niña, el advenimiento del varón que ha de perpetuar el apellido familiar. Y es ese el comienzo de una cadena sin fin de predilecciones y correlativas discriminaciones, justificadas, desde luego, por hechos anodinos en apariencia como el que en el fallo del que disentimos no parece siquiera digno de consideración.

4. Aducir en defensa de la norma cuestionada el hecho de que la Constitución ha deferido al legislador la regulación de todos los aspectos relativos al estado civil de las personas, es ignorar (como a menudo se ignora) que cuando una facultad como ésas se atribuye al legislador, va de suyo que debe ejercerla sin desmedro de los principios que, a modo de ineludibles pautas, el propio constituyente ha consagrado.

En el caso sub judice, no hay duda de que no se ha dado carta en blanco al legislador para que disponga lo que a bien tenga, con total desentendimiento de un principio como el de la igualdad, informante de toda la Carta del 91 y, particularmente, de las relaciones familiares que, bajo esta perspectiva, sufrieron un vuelco radical con respecto a la Constitución anterior.

Es claro, para quienes suscribimos este salvamento, que la norma acusada padece de inconstitucionalidad sobreviniente.

5. Quizás no resulte impertinente recordar a quienes ven en la familia patriarcal un “hecho natural” incuestionable, que las investigaciones antropológicas de Bachofen, Morgan, Mac Lennan y Engels (quien se fundamenta en los dos últimos) han llevado a conclusiones precisamente opuestas, en el sentido de que parece plausible la hipótesis de una organización matriarcal en la familia primitiva. A esa misma conclusión apuntan trabajos más recientes como los de Margaret Mead y Malinowski.

Se señala este hecho, no con el ánimo de afirmar la prevalencia axiológica de una forma organizativa sobre otra, sino para subrayar su posibilidad fáctica.

6. Finalmente, el argumento esgrimido en beneficio de la constitucionalidad de la norma atacada, en el sentido de que con ella se pretende implantar cierto orden en la identificación de los miembros de una familia, es igualmente inane, puesto que dicha uniformidad se lograría también si se diera prelación al apellido de la madre o, lo que parece más sensato, si el orden de los apellidos se estableciera por acuerdo mutuo del hombre y la mujer, lo que sí resultaría armónico con la igualdad de derechos que la Carta del 91 predica de ambos.

Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—Alejandro Martínez Caballero. 

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