Sentencia C-152 de marzo 5 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO C-152 DE 2002

Ref.: Expediente D-3685

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Actor: Óscar Iván Palacio Tamayo

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 5º y 6º de la Ley 447 de 1998, “por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones”.

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación, se transcribe el texto de las disposiciones demandadas.

“LEY NÚMERO 447 DE 1998

“Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones.

ART. 5º—Beneficios. Serán llamados a recibir los rendimientos del causante, los ascendientes o padres adoptivos según se registre en el formulario de incorporación.

En segundo orden, previa justificación de haber excluido a los ascendientes o padres adoptivos de primer orden, se otorgará el beneficio a la persona que el causante haya designado en el momento de la incorporación al servicio militar obligatorio, de conformidad con el régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993.

PAR. 1º—Establécese como requisito para la persona que vaya a ser beneficiario de la pensión que al momento de serle reconocida tenga como edad mínima cincuenta (50) años. De no tener esta edad, el acto administrativo del reconocimiento se suspenderá hasta el cumplimiento de esta condición suspensiva, sin que se inicie la prescripción de que trata el artículo 6º de esta ley.

PAR. 2º—La sustitución pensional de manera exclusiva, sólo podrá concederse entre un ascendiente o entre los padres adoptantes. No podrá desplazarse a otros parientes.

ART. 6º—Prescripción. Los derechos aquí consagrados prescriben en tres (3) años, contados a partir de la ejecutoria del hecho o acto administrativo”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1.Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra disposiciones contenidas en leyes, como las objeto de esta acción.

2. Lo que se debate.

2.1. El actor considera que los artículos 5º y 6º de la Ley 447 de 1998 violan los principios constitucionales consagrados en los artículos 5º, 13, 16, 42, 43, 44, 48 y 243 de la Constitución, así:

El artículo 5º, porque excluye del derecho a recibir la pensión de que trata la ley, a la familia que ha podido conformar el joven que, prestando el servicio militar obligatorio, fallece en combate o por causa de él. Este artículo establece que los llamados a recibir el beneficio sean sólo los ascendientes o padres adoptivos, en primer lugar, y en segundo lugar, previa justificación de las razones para excluir a éstos, la persona que el causante haya designado en el momento de la incorporación. Es decir, la disposición desconoce a la familia que el joven soldado ha podido conformar, y ésta queda excluida de los beneficios que consagró la Ley 447 de 1998. Se violan, entonces, en su concepto, los derechos constitucionales al libre desarrollo de la personalidad, los derechos de la familia y los de los niños.

El artículo 6º, al señalar que los derechos consagrados en esta ley prescriben en 3 años, contados desde la ejecutoria del hecho o acto administrativo, en opinión demandante, viola los artículos constitucionales mencionados y el 243 de la Carta, pues la Corte Constitucional ha dicho que una vez causadas las pensiones, éstas no prescriben, las que prescriben son las mesadas dejadas de reclamar.

2.2. La interviniente del Ministerio de Defensa se opuso a la demanda pues, cuando un soldado es incorporado a prestar el servicio militar obligatorio, el Estado lo hace bajo el convencimiento de que ninguna de las exenciones para prestarlo incurren en él. Y una de tales exenciones consiste, precisamente, en no tener cónyuge o una unión marital de hecho o descendientes. O si, después de incorporado, el soldado conforma una familia, debe informar y será inmediatamente desacuartelado. El ocultamiento de información tiene implicaciones penales y disciplinarias para el responsable. En cuanto a la naturaleza del beneficio, la interviniente señala que éste no corresponde a una prestación social, a pesar de ser mal llamada como “pensión”. Se trata de una indemnización diferida en el tiempo, a favor de un grupo vulnerable, como son las personas de la tercera edad. Por lo que resulta válido constitucionalmente establecer la prescripción contenida en el artículo 6º acusado.

Además, pone de presente, los problemas de orden presupuestal que significaría extender el beneficio a personas distintas a las señaladas en el artículo 5º demandado.

2.3. Para la procuraduría, la naturaleza del beneficio sí corresponde a una prestación social, y las disposiciones acusadas deben declararse exequibles, pero con la condición de que se interprete “que los beneficiarios de la pensión vitalicia sometida a examen, no son en el orden en que allí se dice, sino de conformidad con los beneficiarios establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993”. Y que el término de prescripción del artículo 6º, corresponde a las mesadas no reclamadas, pero no al derecho al reconocimiento, dado que el transcurso del tiempo no se puede constituir en causal para desconocer los derechos de los niños.

2.4. Así las cosas, se examinará si las normas demandadas violan los derechos de la familia y de los menores, derechos reconocidos y garantizados en los artículos 5º, 42 y 44 de la Constitución.

3. Los derechos de la familia de origen del soldado o policía que fallece en combate o por causa del mismo y los derechos de la familia que éste ha podido constituir, examinados según las garantías y derechos establecidos en los artículos 5º, 42 y 44 de la Constitución.

3.1. Se recuerda que la Ley 447 de 1998 estableció una pensión y unos beneficios, en primer lugar, a favor de los ascendientes o padres adoptivos, y en segundo lugar, a favor de la persona que al momento de la incorporación designe el causante, previa justificación de la exclusión de los primeros, o sea, de los ascendientes o padres adoptivos. Estos beneficios consisten en el derecho a percibir por parte del beneficiario una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio mínimo mensual vigente (art. 1º); unas mesadas adicionales semestrales (art. 3º); y los servicios médicos asistenciales en los términos establecidos en la Ley 100 de 1993, sistema general de salud (art. 4º). Los mencionados beneficios a favor de la familia de origen de quien fallece prestando servicio militar obligatorio o con ocasión del mismo son, para en la mayoría de las familias, de vital importancia para la supervivencia de sus integrantes.

Sin embargo, de estos beneficios, la ley sólo tuvo en cuenta a la familia de origen del conscripto y omitió a la familia que éste pudo constituir antes o cuando estaba prestando el servicio militar obligatorio, incluidos los hijos que pudieren existir al momento de su fallecimiento.

3.2. Entonces, la Corte se pregunta si ¿podía el legislador, con base en la denominada cláusula general de competencia, excluir de estos beneficios a los hijos que el joven conscripto hubiera podido tener, o a su cónyuge o compañera permanente?

La respuesta es no, en razón de que la libertad de configuración de que goza el legislador para expedir las leyes está limitada por la propia Constitución.

Esto quiere decir que el legislador, al expedir una ley, no puede violar los principios y fundamentos consagrados en la carta, so pretexto de la mencionada libertad configurativa. Este concepto: la libertad de configuración del legislador, por su propia naturaleza, ha sido materia obligada de análisis y pronunciamientos de la mayoría de las demandas de inconstitucionalidad decididas por la Corte y, por ello, se ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre el tema, jurisprudencia que ahora simplemente debe reiterarse, en el sentido de que la libertad de configuración está limitada por la propia Carta.

3.3. ¿Qué sucede en el caso concreto?

En el caso concreto, el legislador, para expedir esta Ley 447 de 1998, estaba limitado por los principios, garantías y derechos que la familia y los niños tienen reconocidos en la Constitución. En efecto: según la Carta, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y puso en cabeza del Estado y de la sociedad la responsabilidad de garantizar su protección integral, tal como lo señala el artículo 42 de la Carta. Así mismo, dentro de los principios fundamentales de la Constitución (título I) se expresa que el Estado “ampara a la familia como institución básica de la sociedad” (art. 5º). Y el artículo 44 de la Carta consagra los derechos fundamentales de los niños y dispone, expresamente, que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Estas obligaciones que surgen para el Estado y la sociedad, en la protección integral de la familia, son de clara estirpe constitucional, de tal manera que su protección puede ser reclamada directamente, cuando fuere el caso, conforme a la ley.

En pronunciamientos de constitucionalidad, esta corporación ha señalado que, “surgen para el Estado precisos cometidos de preservación y protección que se orientan a garantizar la existencia y el desarrollo de esta institución como básica de la sociedad” (Sent. C-660/2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis). En la sentencia C-1109 de 2000, se repite el deber del Estado en la conservación de la unidad familiar, lo mismo que en las sentencias C-559 de 1997 y C-289 de 2000, entre otras.

3.4. Todas estas referencias constitucionales y jurisprudenciales sobre el sentido constitucional de la obligación del Estado en la protección de la familia están encaminadas a concluir que si el Congreso, en su labor legislativa, excluye de derechos a los miembros de la familia que ha podido conformar el conscripto que fallece en combate o con ocasión del mismo, está violando directamente a la Constitución, en los artículos 5º, 42 y 44. Y, como esto es lo que sucedió con los beneficios establecidos en esta ley, la constitucionalidad del artículo 5º deberá condicionarse, para que no se dé esta violación.

3.5. Es por ello, que no puede aceptarse el argumento de la interviniente del Ministerio de Defensa, en el sentido de que no hay lugar a estos beneficios para los hijos del conscripto o para la familia que ha podido constituir, puesto que ocultar su existencia le acarrea sanciones penales y disciplinarias, porque son causantes de la exención de la prestación del servicio militar obligatorio.

Para la Corte, no obstante que existe para el conscripto el deber de suministrar esta clase de información, las consecuencias del incumplimiento del mismo no pueden recaer en los miembros de su familia, al punto de negárseles el reconocimiento de los beneficios de la ley, porque, a pesar de la omisión, la Constitución le garantiza a la familia el derecho a acceder a los beneficios. En otras palabras, las posibles responsabilidades disciplinarias o penales en cabeza del obligado a suministrar información sobre su situación familiar, no son suficientes para excluir a los hijos o cónyuge o compañera permanente de los derechos que les pertenecen, y que están garantizados por los artículos 5º, 42 y 44 de la Carta. Asunto que se torna especialmente claro, en lo que tiene que ver con los derechos de los niños, pues recuérdese que estos prevalecen sobre los de los demás, razón por la cual, los hijos de quien presta el servicio militar obligatorio, no pueden ser objeto de desconocimiento de su derecho como descendientes suyos, si se produce el fallecimiento durante el cumplimiento de ese deber para con el Estado colombiano.

Por otra parte, también puede suceder que el conscripto, al momento de su fallecimiento, no estuviera enterado de la existencia de algún descendiente, o del que esté por nacer, es decir, que no hubo omisión de su parte del deber de informar. Sin embargo, al aplicar el artículo 5º acusado, tal como está establecido, este descendiente, del que no tenía conocimiento el conscripto, tampoco sería sujeto de los beneficios.

Lo mismo sucede en cuanto a los derechos de la cónyuge o compañera permanente de quien fallece en combate o con ocasión del mismo, y está prestando el servicio militar obligatorio. El Estado no puede desconocerle que le asisten derechos que puede reclamar en la forma prevista en la Ley 100 de 1993, ley a la que hace referencia la propia Ley 447 de 1998.

3.6. En conclusión: con el fin de que los hijos que ha podido tener el conscripto no queden desprotegidos en el evento de la muerte en combate o con ocasión del mismo de quien prestaba servicio militar obligatorio, en la parte resolutiva de esta providencia, se condicionará la exequibilidad del artículo 5º así:

a) En cuanto a los derechos de los hijos, la Corte declarará la exequibilidad del artículo 5º, inciso 1º, bajo la condición de que si el fallecido durante la prestación del servicio obligatorio tiene hijos, que tengan derecho a los beneficios establecidos en la Ley 447 de 1998, estos son los primeros llamados a recibir tales beneficios, de conformidad con el Decreto 1211 de 1990.

Para la Corte es clara esta referencia al Decreto 1211 de 1990, porque, como se trata de la prestación del servicio militar obligatorio, a este decreto se debe remitir, aun para el caso de quienes lo prestan en la Policía Nacional, prestación permitida por el artículo 1º de la Ley 447 de 1998 citada;

b) En cuanto a los derechos de la cónyuge o compañera permanente, se declarará exequible el inciso segundo del mismo artículo 5º, que dice: “en segundo orden, previa justificación de haber excluido a los ascendientes o padres adoptivos de primer orden, se otorgará el beneficio a la persona que el causante haya designado en el momento de la incorporación al servicio militar obligatorio, de conformidad con el régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993”, bajo el entendido de que no podrá excluirse a la cónyuge o compañera permanente que tendrá derecho a la pensión en los términos que la Ley 100 de 1993.

En cuanto a los parágrafos 1º y 2º del mismo artículo 5º, la Corte se inhibirá de decidir porque no hay cargos concretos contra estas disposiciones.

4. Prescripción de las mesadas pensionales y prescripción del derecho.

4.1. La Sala comparte el concepto del señor procurador en cuanto a que la pensión consagrada en la Ley 447 de 1998, corresponde a una pensión y no a una indemnización diferida.

La importancia de esta diferencia: pensión o indemnización, radica en que si corresponde a una indemnización, el legislador es competente para establecer un término de prescripción, como el que consignó en el artículo 6º de la Ley 447 demandado, en tres años, y, después de este término, el derecho se pierde. Pero si corresponde a una pensión, las que prescriben son las mesadas dejadas de reclamar en el término previsto por el legislador (en este caso 3 años), pero no el derecho en sí mismo.

Para la interviniente del Ministerio de Defensa, se trata de una indemnización diferida en el tiempo y no de una pensión, en razón de que para hablar de pensión debió existir una relación laboral, lo que no ocurre en estos casos, pues, la relación que existió entre las fuerzas militares o de policía con el conscripto fue en el cumplimiento de un deber constitucional.

Al respecto, hay que mencionar nuevamente que los beneficios a los que se hace referencia en el artículo demandado, para efectos de la prescripción, son de dos clases: económicos y médicos asistenciales, y consisten en “una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (1 1/2) mínimo mensuales y vigentes”, artículo 1º; las mesadas adicionales del artículo 3º; y, los servicios médicos asistenciales del artículo 4º.

Sobre los beneficios económicos, para la Corte no hay duda, se repite, que corresponden a una pensión, no sólo porque los artículos 1º, 3º, 5º, parágrafo 2º, de la misma Ley 447 de 1998 así la denominan (en especial, el par. 1º del art. 1º, despeja cualquier duda sobre el criterio del legislador en este sentido al señalar que: “Suprímese la indemnización por muerte, que actualmente se causa, de conformidad al estatuto militar, cuando se apliquen estos casos de pensiones”), sino porque su naturaleza es esa, puesto que el término pensión tiene un significado más amplio que el originado simplemente por una relación laboral, como ocurre en este caso, por expresa calificación legal.

Además, resulta perfectamente válido y suficientemente garantizado por la Constitución, que el legislador establezca en favor de la familia de quien fallece en combate o con ocasión del mismo, una pensión como la consagrada en esta ley, pues, este fallecimiento ocurre con ocasión del cumplimiento de un importante deber constitucional del ciudadano, como es el de atender el llamado a la prestación del servicio militar obligatorio. La circunstancia de que no se origine en una relación laboral no cambia en nada su naturaleza de pensión, y, como tal, se somete a las reglas de la misma, en cuanto a que, por efectos de la prescripción, se pierden las mesadas dejadas de reclamar, pero no se pierde el derecho al reconocimiento de la misma.

4.2. En consecuencia, la prescripción contenida en el artículo 6º de la Ley 447 de 1998 es exequible, entendida en el sentido de que es una pensión, y en tal virtud, se somete a la regla general de ellas, a saber: se pierden las mesadas dejadas de reclamar en el término de prescripción, pero el derecho no desaparece en el plazo señalado.

Ahora bien, debe quedar claro que, el hecho de reclamar esta pensión no significa que los afectados con el fallecimiento del soldado o policía que, prestando servicio militar obligatorio o con ocasión del mismo, fallece en combate, no puedan iniciar las acciones legales correspondientes, encaminadas a reclamar los perjuicios, en otro proceso.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Sólo por los cargos estudiados, declarar EXEQUIBLE el artículo 5º de la Ley 447 de 1998, “Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones”, BAJO LA CONDICIÓN de que si el fallecido durante la prestación del servicio militar obligatorio tiene hijos que tengan derecho conforme al Decreto 1211 de 1990, éstos son los primeros llamados a recibir los beneficios establecidos en esta ley.

2. Sólo por los cargos estudiados, declarar EXEQUIBLE el inciso segundo del mismo artículo 5º de la Ley 447 de 1998, BAJO EL ENTENDIDO de que en todo caso no podrá excluirse a la cónyuge o compañera permanente que tendrá derecho a la pensión en los términos de la Ley 100 de 1993.

3. Declararse INHIBIDA de pronunciarse de fondo, sobre los parágrafos 1º y 2º del artículo 5º de la mencionada ley, por no existir cargos concretos contra estas disposiciones.

4. Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º de la Ley 447 de 1998, BAJO EL ENTENDIDO de que corresponde a una pensión, y como tal, se sujeta a las reglas generales en cuanto a la prescripción de las mesadas cuyo cobro no se realice en tiempo.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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