•Sentencia C-153 de marzo 10 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-2156

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

Actor: Camilo Vargas Jácome

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 145 (parcial), 164 (parcial), 168 (parcial), 169 (parcial), 176, 178, 179, 181 y 188 (parcial) del Decreto-Ley 960 de 1970, “por el cual se expide el estatuto del notariado”.

Santafé de Bogotá, D.C., marzo diez de mil novecientos noventa y nueve.

Aprobada por acta Nº 17

(...).

Texto de las normas demandadas

DECRETO NÚMERO 960 DE 1970

(Junio 20)

“Por el cual se expide el estatuto del notariado”.

El Presidente de la República,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 8ª de 1969, y atendido el concepto de la comisión asesora en ella prevenida,

DECRETA:

(...).

ART. 145.—Los notarios pueden ser de carrera o de servicio; y desempeñar el cargo en propiedad, en interinidad o por encargo.

(...).

ART. 164.—La carrera notarial y los concursos serán administrados por el Consejo Superior de la Administración de Justicia, integrado entonces, por el Ministro de Justicia, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el tribunal disciplinario, el Procurador General de la Nación y dos notarios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes personales, elegidos para períodos de dos años por los notarios del país, en la forma que determine el reglamento. Para el primer período la designación se hará por los demás miembros del Consejo.

En el consejo tendrá voz, entonces el Superintendente de Notariado y Registro.

(...).

ART. 168.—Los concursos se celebrarán para ingreso al servicio y para ingreso a la carrera y el ascenso dentro de ella.

ART. 169.—Los concursos para ingreso al servicio y para ascenso dentro de la carrera tienen por objeto la selección de candidatos para cargos no desempeñados en propiedad por notarios pertenecientes a ella.

(...).

ART. 176.—Para ser admitido en la carrera notarial se exigen los siguientes requisitos de modo concurrente:

1. Estar ejerciendo el cargo en propiedad.

2. Haber ejercido cargo de notario o de registrador, en propiedad, o en interinidad, pero con el lleno de los requisitos legales, por tiempo no inferior a cuatro años.

3. Haber aprobado el concurso de ingreso a la carrera.

ART. 178.—El pertenecer a la carrera notarial implica:

1. Derecho a permanecer en la misma notaría dentro de las condiciones del presente estatuto.

2. Derecho a participar en concursos de ascenso.

3. Preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político-administrativa, otra notaría de la misma categoría que se encuentre vacante.

4. Prelación en los programas de bienestar social general y en los de becas y cursos de capacitación y adiestramiento.

La permanencia en la carrera está subordinada a la continuidad en el servicio, salvo el caso de licencia.

ART. 179.—El ingreso a la carrera se hará en el grado correspondiente a la categoría del círculo notarial en que está clasificada la notaría que se ejerza en propiedad al momento de la admisión y en la correspondiente sección territorial.

ART. 181.—Los notarios pueden ser reelegidos indefinidamente; los de carrera serán confirmados a la expiración de cada período. Unos y otros deberán retirarse cuando se encuentren en situación de retiro forzoso.

ART. 188.—Los notarios tienen derecho a separarse del ejercicio de sus cargos mediante licencias hasta por noventa días continuos o discontinuos en cada año calendario, y a obtener licencia por enfermedad o incapacidad física temporal hasta por ciento ochenta días, en cada caso. Los notarios de carrera, además, tendrán derecho a licencia hasta por dos años, pero sólo para proseguir cursos de especialización o actividades de docencia o investigación o asesoría científica al Estado, previo concepto favorable del Consejo Superior de la Administración de Justicia.

(Se subraya lo demandado).

(...).

II. Fundamentos

Competencia

1. En los términos del artículo 241-5 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda.

Cosa juzgada constitucional

2. Mediante la sentencia C-741 de 1998 la Corte Constitucional se pronunció sobre los apartes demandados de los artículos 145 y 164 del Decreto 960 de 1970. En primer lugar, la precitada decisión declaró exequible el artículo 145 del Decreto 960 de 1970, salvo la expresión “ser de carrera o de servicio, y”, que se declaró inexequible, en el entendido de que la interinidad y el encargo son mecanismos válidos para asegurar la continuidad del servicio notarial en circunstancias excepcionales, pero que no pueden ser utilizados para desconocer el mandato constitucional según el cual el servicio notarial debe ser prestado por notarios en propiedad nombrados por concurso (C.P., art. 131). La misma sentencia declaró exequible el artículo 164 del Decreto 960 de 1970, con excepción de la expresión “de la administración de justicia”, contenida en la denominación “Consejo Superior de la Administración de Justicia”, de la expresión “entonces”, del primer inciso del artículo, y de la expresión “y el tribunal disciplinario”, las cuales se declararon inexequibles. En consecuencia, el presente fallo se remite a las decisiones que han sido mencionadas.

La cuestión bajo revisión

3. En criterio del demandante, las normas demandadas vulneran la Constitución en la medida en que (1) hacen extensiva la carrera administrativa a unos particulares que, aunque cumplen funciones públicas, no son funcionarios públicos y, por consiguiente, no pueden estar sometidos al mencionado régimen; (2) establecen un sistema de carrera en cuya virtud los notarios pueden ejercer su cargo a perpetuidad, lo que vulnera el principio de igualdad; (3) establecen, como requisito para ingresar al sistema de carrera notarial, la condición de estar ejerciendo el cargo de notario en propiedad y, en consecuencia, consagran un concurso cerrado que atenta contra el principio de igualdad.

La Corte deberá estudiar, por separado, cada uno de los cargos expuestos en la demanda.

Fundamento constitucional de la carrera notarial

4. En distintas oportunidades la Corte se ha pronunciado sobre la viabilidad constitucional de la carrera notarial. A este respecto la corporación ha señalado que el servicio notarial es una función pública que puede ser ampliamente regulada por el legislador (C.P., art. 131). En este sentido, resulta posible que la precitada función sea ejercida, bien por funcionarios públicos ora, —en virtud de la llamada descentralización por colaboración—, por particulares. Igualmente, la Corte ha indicado que en nada afecta los mandatos constitucionales el régimen legal que confiere a los notarios un status sui generis, según el cual al tiempo que les impone ciertos deberes y obligaciones propias de los servidores públicos, les reconoce un altísimo grado de autonomía empresarial.

Ahora bien, de manera explícita, esta Corte ha indicado que es la propia Constitución la que impone la carrera notarial, pues no otra cosa puede deducirse de la norma constitucional que establece que todo aquel que ejerza la función fedante debe acceder a su cargo mediante un concurso público de méritos(1). En este sentido, no cabe duda alguna de que la carrera notarial encuentra pleno respaldo constitucional, pues dicho régimen no hace otra cosa que reglamentar el acceso, permanencia, ascenso y retiro de una función pública de naturaleza eminentemente técnica, la cual, según la Constitución, sólo puede ser ejercida, en propiedad, por personas que han superado un concurso público.

(1) Sentencia SU-250 de 1998. (M.P. Alejandro Martínez Caballero); sentencia C-741 de 1998. (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

En este sentido, en reciente decisión dijo la Corte:

“10. Conforme a lo anterior, no tiene ningún sustento el cargo del actor según el cual, las normas acusadas, al crear la carrera notarial, desconocen la naturaleza privada de los notarios ya que, como se vio, la Carta confirió a la ley la posibilidad de regular de manera diversa la prestación del servicio notarial, ya sea por particulares, ya sea directamente por el Estado por intermedio de notarios que tengan la calidad de servidores públicos. Pero es más, la previsión legal de la carrrera notarial, lejos de vulnerar la Constitución, es un desarrollo de la misma, y en especial de la finalidad que tuvo el constituyente al incorporar a la Carta, el mandato según el cual “el nombramiento en propiedad de los notarios se hará mediante concurso. (C.P., art. 131)”. En efecto, la exigencia constitucional del concurso tiene la pretensión de mejorar el servicio notarial y garantizar la idoneidad de quienes accedieran a esa función, así como evitar ciertos manejos no muy claros en el nombramiento de los notarios, con lo cual también se quería proteger los derechos de los notarios y asegurar el respeto del principio de igualdad en el acceso a la función pública (C.P., art. 40). Esto es muy claro en el debate en la comisión IV de la asamblea constituyente que trató el tema, pues en ella los delegatarios coincidieron en que se debía mantener la anterior regulación constitucional, pero que sin embargo era necesario establecer ciertos ajustes que habían obstaculizado el adecuado desarrollo de la función notarial. La novedad más importante fue entonces la constitucionalización de la obligación del concurso, a fin de hacer verdaderamente imperativa su realización para el nombramiento de notarios en propiedad, con lo cual, en el fondo, los delegatarios pretendían la constitucionalización de la carrera notarial(2).

(2) Sentencia C-741 de 1998. (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

Los precedentes que han sido referidos constituyen doctrina constitucional vigente y, en consecuencia, resultan suficientes para que, en la presente oportunidad, se declaren infundados los cargos de la demanda según los cuales las disposiciones cuestionadas son inconstitucionales por establecer la llamada carrera notarial. Como fue estudiado, el mencionado régimen no sólo no vulnera la Constitución, sino que es derivación directa de dicho texto.

La estabilidad en el ejercicio del cargo de notario de carrera

5. Considera el actor que las disposiciones legales que consagran el derecho de los notarios de carrera a la estabilidad en sus cargos, vulneran el principio de igualdad.

En reciente decisión, esta corporación se pronunció exactamente sobre el tema debatido en el presente proceso. En efecto, en la sentencia C-741 de 1998, la Corte consideró que el derecho a la estabilidad en el cargo de notario es propio de la carrera notarial pues, en criterio de la corporación, “es natural que se confiera el derecho a la estabilidad a quien obtenga el mejor puntaje en un verdadero concurso de méritos, pues la persona, en un proceso abierto, riguroso y objetivo, ha demostrado ser el más idóneo para el ejercicio de la función”. Sin embargo, la corporación señaló: “(f)inalmente, como es obvio, el derecho a la estabilidad no es absoluto. Así, la persona debe mostrar un rendimiento satisfactorio y respetar el régimen disciplinario para continuar en el ejercicio de la función, pues la propia Carta precisa que, entre otras causales admisibles, la calificación no satisfactoria implica el retiro de la persona de la función pública (C.P., art. 125)”(3).

(3) Sentencia C-741 de 1998. (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

La doctrina constitucional mencionada es suficiente para declarar infundado el cargo del actor pues, a juicio de la Corte, el derecho a permanecer en el cargo de notario, una vez se ha ingresado a éste mediante un concurso ajustado a los parámetros legales y constitucionales, es consustancial al régimen de carrera y no vulnera norma constitucional alguna.

Estudio del requisito consistente en estar ejerciendo el cargo de notario en propiedad (notario de servicio) o haber ejercido el de notario interino durante 4 años, para poder poder ingresar a la carrera notarial

6. Según el artículo 176 demandado, para ser admitido en la carrera notarial se exigen, entre otros, el requisito de ser o haber sido notario de servicio o en interinidad pero, en este último caso, con el lleno de los requisitos legales y por un tiempo mínimo de cuatro años. El actor considera que esta disposición vulnera el principio de igualdad en la medida en que establece un concurso cerrado que limita la igualdad de oportunidades para competir en un concurso de ingreso a la carrera notarial(4).

(4) En la sentencia C-741 de 1998 se lee: “El artículo 145 del Decreto 960 de 1970 también distingue entre los notarios de servicio y los notarios de carrera. Conforme a la regulación legal, ambos ejercen el cargo en propiedad, por lo cual obligatoriamente deben ser nombrados por concurso. Sin embargo, los primeros no pertenecen a la carrera y son nombrados por un período determinado, que el estatuto establece en cinco años; por ende, su estabilidad sólo cubre el período para el cual fueron nombrados. Por su parte, los segundos no sólo han concursado para acceder al servicio y ser nombrados en propiedad sino que, además, han también concursado satisfactoriamente para ingresar a la carrera notarial; por ello gozan de una mayor estabilidad pues, como lo señala el artículo 177, tienen derecho a permanecer en el cargo, siempre y cuando desarrollen satisfactoriamente sus funciones. Por consiguiente, la estabilidad en el cargo de los notarios de servicio y de carrera no es la misma ya que, como lo indica otra de las normas acusadas, ésta puede extenderse hasta el retiro forzoso, dentro de las condiciones de la carrera, para quienes pertenezcan a ella, mientras que para los notarios de servicio cubre únicamente el término del respectivo período. Esa diferencia de trato es cuestionada por el actor, quien considera que ésta infringe la igualdad pues consagra un privilegio para los notarios de carrera. Entra pues esta corporación a examinar esa acusación. La Corte encontró fundado el cargo del actor y declaró inexequible la categoría de los notarios de servicio.

7. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-741 de 1998, declaró inexequible la categoría de los notarios de servicio. Adicionalmente, según reiterada doctrina constitucional(5), la figura de la interinidad sólo puede aplicarse por el tiempo estrictamente necesario para que se convoque a un concurso de méritos a fin de proveer el cargo en propiedad. A este respecto ha indicado la jurisprudencia:

(5) Sentencia SU-250 de 1998. (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-741 de 1998. (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

“(E)n reiteradas oportunidades esta corporación(6) ha manifestado que la carrera para el ejercicio de funciones públicas se fundamenta en tres principios interrelacionados: de un lado, la búsqueda de la eficiencia y eficacia en la función, por lo cual la administración debe seleccionar a la persona exclusivamente por su mérito y capacidad profesional (C.P., art. 125). De otro lado, la protección de la igualdad de oportunidades, pues todos los ciudadanos tienen igual derecho a acceder al desempeño de cargos y funciones públicas (C.P., arts. 13 y 40). Finalmente, la protección de los derechos subjetivos de quien pertenece a la carrera (C.P., arts. 53 y 125), tales como el principio de estabilidad en el empleo el sistema para el retiro de la carrera y los beneficios propios de la condición de escalafonado, pues las personas vinculadas a la carrera son titulares de unos derechos adquiridos, que deben ser protegidos y respetados por el Estado. Ahora bien es claro que la regulación impugnada afecta estos principio”(7).

(7) Sentencia C-741 de 1998. (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

A juicio de la Corte, la existencia de los notarios de servicio y la posibilidad de que un notario interino ejerza su cargo por períodos prolongados de tiempo vulnera el principio de igualdad en el acceso a la función pública, compromete el significado constitucional del sistema de carrera y, en particular, de un verdadero concurso de méritos y, finalmente, desconoce la estabilidad propia de dichos sistemas. En conclusión, para la Corte:

“(L)a diferenciación entre notarios de servicio y notarios de carrera es inconstitucional, pues la Carta establece que sólo pueden ejercer en propiedad el cargo personas que hayan ingresado a la carrera notarial, gracias al concurso de méritos respectivo, el cual, como ya se señaló, debe ser no sólo abierto sino cumplir los requisitos de objetividad anteriormente mencionados. Esta corporación procederá entonces a retirar del ordenamiento aquellos apartes de las normas acusadas que consagran o presuponen la existencia de notarios de servicio, y que por ende limitan el carácter obligatoriamente abierto de los concursos para acceder a la carrera notarial”(8).

(8) Sentencia C-741 de 1998. (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

8. La disposición demandada tiene dos presupuestos básicos: en primer lugar la existencia de los llamados notarios de servicio y, en segundo término, la posibilidad de que los notarios en interinidad ejerzan su cargo por un período de cuatro años. No obstante, como ha sido estudiado, los dos supuestos mencionados han sido considerados inconstitucionales y, por consiguiente, la parte pertinente de la norma cuestionada deberá ser retirada del ordenamiento jurídico.

9. No obstante lo anterior, resulta fundamental en este punto de la argumentación recordar que la Corte Constitucional ha sido enfática en indicar que para ingresar a un cargo de carrera administrativa, notarial o judicial, se exige la superación de un concurso público y abierto, que respete los parámetros constitucionales destinados a garantizar la plena igualdad de oportunidades. En efecto, en reiteradas oportunidades esta corporación ha señalado que no cualquier concurso satisface las condiciones que exige la Constitución para la implementación adecuada de un verdadero régimen de carrera. Si los concursos no tuvieran que respetar parámetros básicos de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad, resultaría en extremo sencillo diseñar un régimen perverso que, bajo la máscara del concurso, permita un altísimo grado de subjetividad en la selección del personal de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas y, sin embargo, tendrían pleno derecho a la estabilidad en sus respectivos cargos.

Por esta razón, la Corte ha indicado que viola el derecho a la igualdad de oportunidades para el ingreso a los cargos públicos (C.P., arts. 13 y 40), el concurso que no se someta a los criterios de objetividad que exige la Constitución. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado:

“Los requisitos que se exijan para concursal pueden estar constituidos por títulos académicos, certificados de estudio, experiencia profesional o docente, trabajos, antecedentes, publicaciones, etc. A su turno, las pruebas que lo integren pueden consistir en evaluaciones orales o escritas de las aptitudes o capacidades de los participantes, como exámenes, entrevistas, confrontaciones, exposiciones orales y públicas, simulacros, etc. No obstante, la finalidad de los requisitos y pruebas debe orientarse a descubrir la formación académica o técnica para desempeñar la función respectiva, con el fin de evaluar las destrezas y la capacidad crítica y constructiva de los aspirantes, en los cargos que así lo requieran. Cada una de las exigencias debe responder a una necesidad específica en atención al cargo que se busca proveer y las puntuaciones y ponderaciones que se prevén deben basarse en criterios objetivos, públicos y confrontables y responder a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Así, por ejemplo, sería absolutamente desproporcionado que dentro del concurso para proveer un cargo de naturaleza eminentemente técnica, se otorgue a la entrevista personal un puntaje superior al que se confiere al examen de conocimientos y aptitudes para desempeñar la respectiva función. En este caso, se estarían extraviando los principios que orientan el sistema de carrera para dar origen a un nombramiento de libre designación.

(...).

En suma, una verdadera carrera —administrativa o judicial— y un auténtico concurso de méritos, deben articularse en torno a los valores, principios y derechos que inspiran el estatuto constitucional de la función pública. En este sentido, puede afirmarse que todo concurso debe someterse, cuando menos, a las siguientes directrices: (1) la convocación debe ser pública y ampliamente difundida; (2) las reglas de concurso —denominación de los cargos a proveer, requisitos para participar, pruebas o evaluaciones, términos y lugares de realización y entrega de requisitos, documentos exigidos, criterios de ponderación, puntajes, etc.— deben ser claras y expresas y la administración deberá someterse a ellas estrictamente (cfr. T-256/95 (M.P. Antonio Barrera Carbonell)); (3) las condiciones generales exigidas para participar deben ser proporcionadas —necesarias, útiles y estrictamente proporcionales— a la finalidad perseguida por el concurso; (4) las pruebas a las que han de someterse los competidores deben ser, además de razonables y proporcionadas, congruentes con la misma finalidad; (5) los factores de evaluación deben responder fundamentalmente de manera prioritaria a criterios técnicos, objetivos y públicos, que puedan ser controlados y que desplacen la posibilidad de imponer discriminaciones o privilegios para que todos los aspirantes puedan, realmente, competir en igualdad de condiciones; (6) debe existir una estricta relación de proporcionalidad en la ponderación de los distintos factores a evaluar, de manera tal que prevalezcan los criterios objetivos, a fin de que no ocurra, por ejemplo, que tenga un mayor valor ponderado la prueba que evalúe la condición objetivamente menos necesaria para el ejercicio del cargo”(9).

(9) Sentencia T-315 de 1998. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En el mismo sentido pueden consultarse, entre otras, la sentencia C-741 de 1998. (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

En consecuencia, cuando la Constitución establece la obligación de diseñar un concurso para acceder al cargo de notario en propiedad (C.P., art. 131), está ordenando que se diseñe un proceso de selección sometido a los cánones mencionados, esto es, un proceso público, abierto, riguroso y objetivo, de manera tal que los candidatos tengan la oportunidad de demostrar, en igualdad de condiciones, cuál de ellos es el más idóneo para el ejercicio del cargo.

Los argumentos que han sido expuestos son suficientes para concluir que la realización de un concurso cerrado para poder acceder al cargo de notario en propiedad constituye un requisito desproporcionado que tiende más al establecimiento de un privilegio que a la definición de una condición necesaria para asegurar el adecuado ejercicio de la función fedante. Por tal razón, los apartes correspondientes del artículo 176 serán declarados inexequibles.

10. Los artículos 178-4 y 179 demandados, parten del presupuesto de la existencia de notarios —en interinidad o de servicio— que pueden ejercer el cargo en propiedad o por prolongados períodos, sin pertenecer a la carrera, esto es, sin haber ingresado a la función fedante mediante un concurso público de méritos. En efecto, el numeral 4º del artículo 178 establece que los notarios que pertenezcan a la carrera notarial tendrán prelación en los programas de bienestar social general y en los de becas y cursos de capacitación y adiestramiento. Del contexto de la disposición citada, puede entenderse que la prelación opera, entre otros, frente a los notarios de servicio. A su turno, según lo dispuesto en el artículo 179, el ingreso a la carrera se hará teniendo en cuenta algunos factores propios de la notaría que se ejerza en propiedad al momento de la admisión. Como fue expuesto en los fundamentos anteriores de esta providencia, la figura de los notarios de servicio, que pueden ejercer en propiedad la función fedante sin haber sido sometidos a un concurso público de méritos, es inconstitucional. En consecuencia, la Corte debe declarar la inexequibilidad del artículo 179 citado, pues resulta claro que al momento de ingresar a la carrera no es constitucionalmente posible que el candidato ganador se encuentre ejerciendo, en propiedad, el cargo de notario. Adicionalmente, la corporación habrá de declarar la exequibilidad condicionada del numeral 4º del artículo 178, en el sentido de que se entienda que la mencionada disposición no se refiere a los notarios de servicio.

11. Los artículos 168 y 169, parcialmente demandados, se refieren a la celebración de concursos para ingreso al servicio y para ingreso y ascenso dentro de la carrera notarial. La demanda, sin embargo, sólo se orientó contra la parte de las disposiciones citadas que se refiere a la carrera y no contra la que menciona a quienes aspiran a ser notarios de servicio. No obstante, como ha sido expuesto con detalle en los fundamentos anteriores de esta providencia, la figura de los notarios de servicio fue declarada inexequible, lo que, en consecuencia, torna evidentemente inconstitucional la parte de las mencionadas disposiciones que regula el concurso para el ingreso a esta especial forma de vinculación. Ahora bien, dado que los precitados apartes no fueron demandados, se pregunta la Corte si, en estos casos, en defensa del principio constitucional de la seguridad jurídica, procede realizar la unidad normativa.

En principio, la unidad normativa sólo se realiza en aquellos casos en los cuales después de considerar que la disposición acusada es inconstitucional, la Corte concluye que la decisión de inexequibilidad sería inocua si no incluyera otras normas que, pese a no haber sido demandadas, tienen el mismo contenido normativo que el que tiene el precepto que deberá ser excluido del ordenamiento. Lo anterior ocurre, normalmente, en una sola decisión o sentencia.

No obstante, existen algunas hipótesis en las que procede la unidad normativa por razones diferentes o, incluso, en decisiones distintas. Se trata, por ejemplo, de casos en los cuales se necesita integrar la correspondiente proposición jurídica para no producir una decisión inhibitoria o, de aquellas oportunidades en las cuales “la Corte debe estudiar una proposición normativa que fue acusada por un ciudadano, pero frente a la cual resulta materialmente imposible pronunciarse sobre su exequibilidad o inexequibilidad sin analizar globalmente los elementos esenciales del conjunto normativo del cual ella forma parte”(10). Según la corporación, “en estos eventos, y con el fin de evitar un pronunciamiento inhibitorio, es válido que la Corte proceda a integrar la unidad normativa, siempre y cuando ello sea estrictamente necesario para examinar en debida forma las acusaciones formuladas en la demanda”(11). Por último, se trata de aquellos casos en los cuales no se integró, en su momento, la correspondiente unidad normativa, pero en una nueva demanda la Corte encuentra la necesidad de hacerlo para mantener la doctrina constitucional vigente y, especialmente, la eficacia del fallo anterior.

(10) Sentencia C-320 de 1997. (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(11) Sentencia C-320 de 1997. (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

En el presente caso nos encontramos frente a una circunstancia en la cual, apartes no demandados de las normas parcialmente cuestionadas, regulan la figura de los llamados notarios de servicio que, según la doctrina constitucional vigente, es inconstitucional. Adicionalmente, tal y como ha sido expuesto, la Corte habrá de aplicar, en esta decisión, la mencionada doctrina constitucional para declarar inexequibles algunas normas que regulan la misma figura. De otra parte, la comprensión integral de la disposición parcialmente demandada, sólo es posible si se analizan cada uno de los elementos normativos que la integran, uno de los cuales es la existencia de los notarios de servicio.

En suma, se trata en esta oportunidad de un caso en el cual (1) aparece, a simple vista, la inexequibilidad de una parte no demandada de una disposición demandada; (2) que tiene idéntico contenido normativo al de otra disposición que ya ha sido declarada inexequible por la Corte; (3) que cuenta con el mismo supuesto ontológico que el de una norma actualmente demandada y que, a raíz del mencionado supuesto, será declarada inconstitucional; (4) que, indudablemente, ha podido ser declarada inexequible en sentencias anteriores, en aplicación de la figura de la unidad normativa; (5) y, que debe ser estudiada para comprender, cabalmente, la parte del artículo que ha sido efectivamente cuestionada en la demanda. En estas circunstancias, no hay ninguna duda sobre la procedencia de la unidad normativa, no sólo por obvias razones de seguridad jurídica, sino por que se trata de mantener la integridad de la Constitución.

En consecuencia, la corporación procederá a realizar la correspondiente unidad normativa de las expresiones para ingreso al servicio de los artículos 168 y 169 parcialmente demandados, con la expresión de servicio, contenida en el artículo 145 demandado —que fue declarada inconstitucional por la sentencia C-741 de 1998— y con lo dispuesto en los artículos 176 numerales 1º y 2º y, 179, que serán declarados inexequibles en el presente fallo, precisamente por presuponer la existencia de los notarios de servicio.

12. Por los mismos argumentos expuestos en el fundamento jurídico 11 anterior, la Corte procederá a realizar la correspondiente unidad normativa entre la expresión “de la administración de justicia”, contenida en la denominación “Consejo Superior de la Administración de Justicia” del artículo 188 parcialmente demandado y la misma expresión del artículo 164 actualmente demandado, sobre la cual recae decisión previa de inexequibilidad.

13. Resta señalar que dada la estructura de la demanda y la multiplicidad, complejidad y diversidad de las disposiciones legales cuestionadas, la Corte debió limitarse, en general, al estudio de los cargos formulados por el actor. Sólo extendió el análisis cuando encontró que, según la doctrina constitucional vigente, algunos de los apartes de las normas, total o parcialmente demandadas, eran evidentemente inconstitucionales, por cargos adicionales a los formulados en la demanda. Por tal razón, la cosa juzgada constitucional estará limitada a los cargos de la demanda.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE, únicamente en relación con el cargo formulado por el actor, los apartes estudiados de los artículos 168 y 169 del Decreto-Ley 960 de 1970, con excepción de las expresiones para ingreso al servicio consagradas en las mencionadas disposiciones, que se declaran INEXEQUIBLES.

2. Declarar EXEQUIBLE, únicamente en relación con el cargo formulado por el actor, el artículo 176 del Decreto-Ley 960 de 1970, salvo lo dispuesto en los incisos uno (1) y dos (2) que se declaran INEXEQUIBLES.

3. Declarar EXEQUIBLE, únicamente en relación con el cargo formulado por el actor, el artículo 178 del Decreto-Ley 960 de 1970, con excepción del numeral 4º que se declara EXEQUIBLE CONDICIONADO a que no se refiera a la figura de los notarios de servicio.

4. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 179 del Decreto-Ley 960 de 1970.

5. Declarar EXEQUIBLE, únicamente en relación con el cargo formulado por el actor, el artículo 181 del Decreto-Ley 960 de 1970 con excepción de las expresiones “pueden ser reelegidos indefinidamente; los” y “serán confirmados a la expiración de cada período. Unos y otros”, que se declaran INEXEQUIBLES.

6. Declarar EXEQUIBLE el artículo 188 del Decreto-Ley 960 de 1970, con excepción de la expresión “de la administración de justicia” que se declara INEXEQUIBLE.

7. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-741 de 1998 respecto a los apartes demandados de los artículos 145 y 164 del Decreto-Ley 960 de 1970.

Notifíquese, cópiese, comuníquese al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

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