Sentencia C-1550 de noviembre 21 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia Número C-1550 de 2000.

Ref.: Expediente D-3020.

Magistrado Ponente:

Dr. Fabio Morón Díaz

Actor: Luis Carlos Sáchica Aponte

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8º (parcial) del Decreto 267 del 2000 “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”.

Bogotá, D.C., noviembre veintiuno del año dos mil.

EXTRACTOS: «II. La norma acusada

A continuación se hace la transcripción literal del texto de la norma acusada, destacándose en negrilla los apartes cuestionados, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43905 del 22 de febrero del año 2000.

“Decreto Número 267 de 2000

(Febrero 22)

Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 1º de la Ley 573 del 7 de febrero del 2000 y previo concepto del Contralor General de la República.

DECRETA:

Título I

Organización y funciones

Capítulo I

Naturaleza, misión, objetivos, funciones y autonomía

(…).

ART. 8º—Autonomía presupuestal. La Contraloría General de la República tendrá autonomía para la fijación, el manejo y la administración de su presupuesto en concordancia con la ley orgánica del presupuesto nacional.

La Contraloría General de la República cobrará una tarifa de control fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas que manejen fondos o bienes de la Nación, la cual se establecerá de la siguiente forma:

1. Se calculará el presupuesto total de la Contraloría General de las República para la vigencia fiscal que corresponda, incluyendo en él sus gastos de funcionamiento. 

2. Se tomará la sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas. 

3. El valor definido como el presupuesto total de la Contraloría General de la República, tal como se definió en el numeral 1º, se dividirá entre la sumatoria del valor de los presupuestos de las entidades y organismos vigilados, obteniendo así un factor. 

4. El factor obtenido en el numeral 3º se aplicará al valor de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada considerados individualmente. El resultado de aplicar dicho factor constituye la tarifa de control fiscal por organismo o entidad vigilada. 

La tarifa de control fiscal será fijada individualmente para cada organismo o entidad vigilada mediante resolución del Contralor General de la República y dicho valor deberá presupuestarse en forma obligatoria en el respectivo presupuesto anual.

El valor total del recaudo por este concepto no podrá superar por ningún motivo el valor total de los gastos de funcionamiento e inversión que garanticen el óptimo ejercicio de la misión encomendada a la Contraloría General de la República.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

1. La competencia

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 241 de la Constitución Nacional, la Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda por dirigirse en contra de una norma que hace parte de un decreto con fuerza de ley, expedido por el Presidente de la República en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 573 de 2000.

2. La materia de la demanda

Vistos los cargos de la demanda, en el caso que se examina, debe la Corte comenzar por establecer si la norma impugnada, expedida en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República por el Congreso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150-10 de la Constitución de 1991, contraría o no el ordenamiento superior vigente, tal como lo afirma el actor.

En efecto, puesto que se trata de una disposición que hace parte de un decreto con fuerza de ley, expedido en uso de facultades extraordinarias, previamente a la confrontación del contenido de la norma acusada con las disposiciones de la Constitución vigente, debe la Corte, en acatamiento de su propia jurisprudencia, y como presupuesto inicial de su examen, verificar si la disposición demandada corresponde o no a las precisas facultades que le atribuyó el legislador al ejecutivo.

Ello, por cuanto, como lo ha señalado (1) esta corporación:

(1) Cfr. entre otras, la sentencia C-105 de 1997 M.P. D4r. Fabio Morón Díaz.

“…si se llegare a establecer que hubo desbordamiento por parte del Presidente en el ejercicio de las facultades con base en las cuales expidió la norma acusada, se configuraría un vicio de fondo, dada la ausencia de competencia del productor de la misma, lo que implicaría su retiro del ordenamiento jurídico, en tanto ella se encuentra vigente y produciendo efectos.

Dijo esta corporación:

“La competencia, en derecho público, equivale a la capacidad en el derecho privado. Pero mientras en éste esa es la regla, en aquél constituye la excepción, pues los funcionarios sólo pueden hacer aquello para lo que estén expresamente facultados por el ordenamiento. Es ella un presupuesto esencial de validez de los actos que el funcionario cumple, como la capacidad es un requisito de validez de los actos jurídicos de derecho privado.

Asimilar ese requisito a la forma es incurrir en una confusión inadmisible, puesto que a ésa solo puede acceder el sujeto calificado (competente o capaz, según el caso) para verter en ella el contenido que de ese modo cobra significación jurídica. La falta de competencia genera, pues, un vicio que hace anulable el acto de derecho público indebidamente producido, así como la incapacidad, en el derecho privado, genera una nulidad que nada tiene que ver con la inadecuada elección de la forma que ha de corresponder al acto, conforme a su naturaleza jurídica.” (C. Const. Sent. C-545/93, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz)

En el caso sub-examine es, pues, necesario, en primer lugar, determinar si con base en las facultades extraordinarias que el legislador le atribuyó al Presidente de la República, éste podía establecer modificar las bases de presupuestación de la tarifa de control fiscal que el legislador ordinario había determinado en el artículo 4º de la Ley 106 de 1993; o si, por el contrario, al hacerlo desbordó las facultades que le habían sido conferidas.

Ahora bien, sólo en la hipótesis en que se constate que el legislador extraordinario si tenía competencia para producir la norma acusada, procederá la Corte a establecer si la tarifa de control fiscal que en el artículo 8º del Decreto 267 de 2000 se prevé, se ajusta o no al ordenamiento superior vigente.

3. Las facultades extraordinarias y su ejercicio

La preceptiva acusada hace parte del Decreto 267 del 2000 “por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”.

El referido decreto fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias que fueron otorgadas al ejecutivo, en virtud de la Ley 573 de 2000, “mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución”, cuyo artículo 1º, en lo relacionado con la Contraloría General de la República, que es la materia relevante en el caso sub-examine para efectos de diluciar la acusación, preceptuó lo siguiente:

“(…).

ART. 1º—Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que, en el término de quince (15) días contados a partir de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para:

1. Modificar la estructura de la Contraloría General de la República; determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de la Contraloría General de la República, pudiendo crear, suprimir o fusionar empleos y prever las normas que deben observarse para el efecto; dictar las normas sobre la carrera administrativa especial de que trata el ordinal 10 del artículo 268 de la Constitución Política y establecer todas las características que sean competencia de la ley, referentes a su régimen de personal.

(…)”.

· El límite temporal

La Ley 573 de 2000 fue publicada en el Diario Oficial 43885 del 7 de febrero del cursante año y el Decreto 267 aparece en el Diario Oficial 43905 del 22 de febrero de 2000, es decir, que su expedición tuvo concurrencia dentro del término de las facultades extraordinarias, por lo que, en relación con este aspecto formal, no hay lugar a ningún reparo de constitucionalidad.

· Los límites materiales

El actor considera que el Presidente de la República excedió el límite fijado por la norma habilitante, por cuanto creó un impuesto, careciendo de facultades para hacerlo, no solo porque las conferidas tan sólo le habilitaban para reformar la estructura de la Contraloría General de la República sino porque existe expresa prohibición constitucional de concederlas para esos fines, según lo estipula el artículo 150, numeral 10 de la Carta Política.

A juicio de la Corte, le asiste razón al demandante pues, examinadas cada una de las atribuciones conferidas por el legislador al Presidente de la República a través de la Ley 573 de 2000, se advierte que la habilitación legislativa no comprendió la competencia de regular normativamente aspectos de la tarifa de control fiscal, como el atinente a los factores de su presupuestación, en lo cual, el acusado artículo 8º del Decreto 267 del 2000 modifica las previstas en el artículo 4º de la Ley 106 de 1993, al adicionar los gastos de funcionamiento a fin de que la sumatoria de estos con los gastos de inversión sea la que constituya la base del cálculo del presupuesto total de la Contraloría General que es uno de los componentes para la determinación del factor con fundamento en el cual se establece la tarifa de control fiscal exigible a los organismos y entidades fiscalizadas que manejan fondos o bienes de la Nación, que en esencia, es en lo que consiste la reforma que al artículo 4º de la Ley 106 de 1996 pretendió introducir el cuestionado artículo 8º del Decreto Ley 267 de 2000.

En efecto, de ninguna de las facultades conferidas por el Congreso al Presidente de la República en relación con el ente fiscalizador puede deducirse en forma razonable que pudiese ser constitucionalmente válida tal atribución sin que, para estos efectos, sea relevante el examen de la naturaleza jurídica de la tarifa de control fiscal, pues las facultades conferidas por la Ley 573 de 2000 únicamente habilitaban al legislador extraordinario para “modificar la estructura de la Contraloría General de la República; determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos... dictar las normas sobre carrera administrativa especial y establecer todas las características que sean competencia de la ley referente a su régimen de personal.”

Es, pues, claro que la habilitación no comprendió la atribución de modificar las bases para el cálculo de la tarifa de control fiscal que fue lo que hizo en exceso el precepto demandado.

Por los motivos señalados, la Corte considera que el Gobierno Nacional se extralimitó o desbordó el límite material de las atribuciones que le fueron otorgadas por el legislador a través de la Ley 573 de 2000 en lo que hace al artículo 8º del Decreto Ley 267 de 2000, motivo por el cual dicha norma será retirada del ordenamiento jurídico.

Por otro aspecto, la corporación advierte que al ser inexequible el artículo 8º del Decreto Ley 267 de 2000, norma impugnada por el actor, por exceder su contenido el marco señalado por el Congreso de la República en la Ley 573 de 2000, no hay lugar a pronunciarse sobre los demás cargos que fundamentan la demanda, pues sea cual fuere la conclusión a que respecto de ellos se arribase, de todas maneras, se retirará del universo jurídico.

En esas condiciones, el artículo 4º de la Ley 106 de 1996 continúa estando plenamente vigente y, por ende, es la normatividad aplicable a la determinación y cálculo de la tarifa de control fiscal.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Por exceder el marco fijado por el legislador a las facultades extraordinarias otorgadas en la Ley 573 de 2000, declárase INEXEQUIBLE el artículo 8º del Decreto Ley 267 de 2000.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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