Sentencia C-1551 de noviembre 21 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN

LAS PERSONAS NATURALES NO PUEDEN TRAMITARLOS

EXTRACTOS: «El siguiente es el texto de la norma demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43836 de 30 de diciembre de 1999, con la advertencia de que se subraya lo acusado.

“LEY 550 DE 1999

(Diciembre 30)

Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.

DECRETA:

“ART. 1º—Ámbito de aplicación de la ley. La presente ley es aplicable a toda empresa que opere de manera permanente en el territorio nacional, realizada por cualquier clase de persona jurídica, nacional o extranjera, de carácter privado, público o de economía mixta, con excepción de las vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que ejerza actividad financiera y de ahorro y crédito, de las vigiladas por la Superintendencia Bancaria, de las bolsas de valores y de los intermediarios de valores inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios sujetos a la vigilancia de la Superintendencia de Valores.

Para los efectos de la presente ley, la actividad empresarial deberá corresponder a actos y operaciones previstos en los artículos 20 del Código de Comercio, 5º de la Ley 256 de 1996, 11 del estatuto orgánico del sistema financiero, y en el artículo segundo, literal b, de la Ley 527 de 1999; no tendrá que realizarse mediante establecimientos de comercio; la persona que la organice se denominará empresario, aunque no tenga el carácter de comerciante.

Esta ley se aplicará igualmente a las entidades territoriales, de acuerdo con lo dispuesto en el título V de la misma, y a las sucursales de sociedades extranjeras que desarrollen actividades permanentes en Colombia.

PAR. 1º—Las empresas desarrolladas mediante contratos o patrimonios que no tengan como efecto la personificación jurídica, no están comprendidas por la presente ley en forma separada o independiente del respectivo o respectivos empresarios.

PAR. 2º—Para los efectos de esta ley, se consideran personas jurídicas públicas o de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y demás formas de asociación con personalidad que tengan por objeto el desarrollo de actividades empresariales, en cuyo capital el aporte estatal a través de la Nación, de las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del total del capital suscrito y pagado. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación cualquier entidad del orden territorial de las reglas especiales previstas en el título V de esta ley”.

(...).

2. El problema jurídico.

A juicio del demandante la expresión “jurídicas” contenida en el artículo 1º de la Ley 550 de 1999, vulnera ostensiblemente el preámbulo y los artículos 1º, 2º, 13 y 333 de la Constitución Política, pues, limita y restringe los beneficios consagrados en el precepto legal mencionado, tendientes a promover y facilitar la reactivación empresarial y asegurar la función social de las empresas, exclusivamente a las personas jurídicas, que como empresas realicen sus actividades dentro del territorio nacional, excluyendo en forma injustificada de dichos beneficios, a las personas naturales.

3. Constitucionalidad de la norma demandada.

3.1. Para entrar la Corte a determinar si el precepto legal que se acusa, consagra una distinción injustificada y discriminatoria entre personas jurídicas y personas naturales para efectos de los beneficios encaminados a lograr la reactivación económica consagrados en la Ley 550 de 1999, debe hacer una interpretación sistemática de todas las disposiciones que regulan la actividad empresarial tanto de personas jurídicas como naturales. De tal suerte, que se impone para el análisis de constitucionalidad que ahora se plantea, analizar de manera integral el panorama normativo que rige la materia, particularmente la Ley 590 de 2000, artículos 41 y 46, éste último que adicionó el artículo 1º de la ley ahora demandada.

3.2. Esta corporación en sentencia C-1185 de 13 de septiembre de 2000, realizó unas consideraciones generales respecto de la naturaleza jurídica y de los objetivos de la Ley 550 de 1999, que en concepto de la Corte, se hace necesario citar, con el fin de establecer la finalidad de la ley acusada.

En efecto, dijo la Corte:

“A través de la referida ley, conocida como de reactivación empresarial, el legislador buscó llevar a cabo objetivos de intervención económica, de conformidad con lo previsto por los artículos 334 y 335 de la Constitución Política, y con fundamento en las facultades que le concede el numeral 21 del artículo 150 del ordenamiento superior. En la exposición de motivos al proyecto correspondiente, el Gobierno adujo cómo la difícil situación económica que ha enfrentado el país en los últimos años, ha llevado al concordato o liquidación a un sinnúmero de empresas del sector real de la economía, con la consecuente reducción en la demanda de empleo; así mismo, este cuadro produjo el deterioro de la cartera de los establecimientos de crédito, circunstancias ambas de gran impacto social y económico general, que se agravan por la crisis financiera por la que actualmente atraviesan las entidades territoriales.

Ante esta situación, se consideró que los instrumentos ordinarios del derecho concursal concebidos para afrontar estados de insolvencia o iliquidez en circunstancias de normalidad económica, resultaban ahora inapropiados para lograr la reactivación de las empresas, consideradas constitucionalmente como base del desarrollo, por lo cual la Ley 550 de 1999 busca dotar a deudores y acreedores de nuevos “incentivos y mecanismos que sean adecuados para la negociación, diseño y ejecución conjunta de programas que les permitan a las empresas privadas colombianas normalizar su actividad productiva y, al mismo tiempo, atender sus compromisos financieros”.

A esos efectos, la ley busca desjudicializar la solución de los conflictos que se han producido a raíz de las crisis empresariales referidas. Por ello, alternativamente al proceso jurisdiccional de concordato, cuya competencia por regla general se asigna a la Superintendencia de Sociedades de conformidad con la Ley 222 de 1995, se prevé un nuevo mecanismo de solución para dichas crisis empresariales, que permita evitar su liquidación, cual es el denominado “acuerdo de reestructuración”, que viene a ser un convenio entre los acreedores de la empresa y “que es una convención colectiva vinculante para el empresario y todos los acreedores”, cuando es adoptado dentro de los parámetros de la nueva ley. Así, se busca acudir a un mecanismo extrajudicial y de naturaleza contractual, que permita a la empresa salir de su situación y continuar con su importante misión productiva, considerada como de interés general.

Dentro de los mecanismos más relevantes que se prevén para hacer posible un acuerdo en circunstancias más fáciles que las que admite el sistema concordatario vigente, se incluyen el de limitar el poder de veto del deudor al acuerdo de reestructuración, y el de reducir el porcentaje de créditos requeridos para la aprobación del mismo. Así mismo, se permite la flexibilización del orden de prelación de créditos vigente en la legislación civil.

De otro lado, la nueva ley autoriza también que los acuerdos de reestructuración que ella regula sean aplicables a las entidades territoriales”.

3.3. Como se señaló, el ciudadano demandante considera que la expresión “jurídicas” contenida en el artículo 1º de la Ley 550 de 1999 es inconstitucional, pues en su concepto, las personas naturales que realicen empresa en el territorio nacional resultan injustificadamente discriminadas, por cuanto, mientras se encuentren en la misma hipótesis que las personas jurídicas, como es la realización de actividades de empresa, deben tener el mismo trato por parte de la ley y de las autoridades, en consecuencia, deben tener derecho a gozar de los mismos beneficios otorgados en el mencionado precepto legal a las personas jurídicas. Así las cosas, al excluirse de los beneficios que contempla la norma, a las personas naturales, sin justificación razonable ni objetiva, se vulnera el estatuto fundamental, particularmente los artículos 13, 333 y 334.

La Constitución consagra en el artículo 150-21, que corresponde al Congreso de la República “Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica”; por su parte, el artículo 334 ídem dispone que:

“La dirección general de la economía se encuentra a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos.

También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”.

Como se ve, corresponde al Estado a través de las leyes establecer los principios que dirigirán y organizarán la economía, con poder de regulación y de dirección y, teniendo por finalidad la protección de los intereses generales, a los cuales está llamado el Estado. Así las cosas, al órgano legislativo le corresponde crear las herramientas indispensables para que el Estado pueda, a través de las leyes de intervención, racionalizar la economía, de tal forma que se garantice una mejor calidad de vida para las personas y, en ese orden de ideas, se pueda lograr una distribución equitativa de oportunidades, lo cual se constituye en el fundamento mismo del Estado social de derecho.

En efecto, la Ley 550 de 1999, establece la intervención del Estado en la economía, con el fin de “...promover y facilitar la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones...”, y señala dentro de su ámbito de aplicación a toda empresa que opere de manera permanente en el territorio nacional, de tal suerte que, como lo afirma el ciudadano demandante, se excluyó a las personas naturales como destinatarias de los mecanismos de reestructuración de obligaciones contraídas en desarrollo de actividades empresariales.

Ahora bien, corresponde a la Corte determinar si esta exclusión, se encuentra o no ajustada a la Constitución, esto es, si resulta ostensiblemente discriminatoria e injustificada o, si por el contrario, se fundamentó en circunstancias objetivas y razonables.

Al respecto, sea lo primero indicar, como lo señala el Ministerio Público, que el legislador goza de una libertad de configuración, sobre todo en materia económica atendiendo consideraciones de conveniencia y, previa la evaluación de circunstancias económicas específicas, que lo pueden conducir a establecer un trato diferenciado entre sectores o sujetos, siempre y cuando ese trato diferenciado obedezca a circunstancias razonables y objetivas, por una parte; y por otra, sin perder de vista que, por ministerio de la Constitución, la propiedad es una función social que implica obligaciones, ello significa que el Estado es el director de la economía con el fin de racionalizarla y conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (C.P. arts. 58 y 344).

En el concepto presentado por la Superintendencia de Sociedades, se traen a colación algunas consideraciones expuestas por el superintendente de esa entidad, coincidentes en gran parte con la exposición de motivos presentada ante el Congreso de la República, en la cual se refiere al ámbito de aplicación de la Ley 550 de 1999 y, expresa:

“...si este es un mecanismo que busca la reactivación empresarial y tiene unos incentivos y reglas que tienen que ver con deudas empresariales, la distinción cuando estamos hablando de personas naturales e incluso de personas naturales que por ser comerciantes estén matriculados como tales, que no quepa duda si lo son o no lo son, si se anuncian como tales, e incluso que organizan su actividad a través de establecimientos de comercio debidamente matriculados, que ya son en sí una universalidad; un comienzo de identificación de pasivos y de activos vinculados a un negocio, aun en esos casos la distinción entre la actividad empresarial y la actividad personal propiamente dicha, es imposible.

Cómo distinguir, en la práctica, el sobregiro que se usa para pagar la nómina, del sobregiro que tiene que ver con la fiesta del fin de semana; el crédito que tiene que ver con la vivienda, con el crédito que se utiliza como capital de trabajo para el negocio, y así sucesivamente. No es un problema de conveniencia, hay ahí un problema de igualdad, porque se podría llegar a través de este mecanismo a introducir soluciones (...) dentro del acuerdo a aspectos que no tienen que ver con la actividad empresarial propiamente dicha...”.

Nótese pues, que la finalidad de la Ley 550 de 1999 es la empresa y no el empresario, de manera tal, que pueda desarrollarse el postulado constitucional consagrado en el artículo 333 de la Carta, que establece: “...La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial”.

Para la Corte, la razón del legislador para consagrar esa distinción, fue la de garantizar que los esfuerzos del Estado para lograr la reactivación económica, se dirigiera a las empresas y, de esta forma, evitar que se favorecieran intereses particulares totalmente ajenos a la actividad empresarial. Entonces, lo que se trata de lograr con la ley de reactivación empresarial es establecer mecanismos idóneos para la celebración de acuerdos a favor de las empresas, con el fin de que se corrijan las deficiencias que presenten en su capacidad de operación, y puedan cumplir con sus obligaciones pecuniarias, de tal suerte que dentro de los plazos y previo cumplimiento de las condiciones que establece la ley, pueda la empresa como base del desarrollo, cumplir con su función social, generando riqueza y propendiendo por el desarrollo del Estado social de derecho.

En la exposición de motivos presentada al Congreso de la República, se dijo: “La difícil situación que ha enfrentado el país en los últimos años ha golpeado al sector productivo de la economía, lo que ha ocasionado un número creciente de concordatos, liquidaciones y numerosas dificultades a las empresas, con la consecuente reducción en su capacidad de generación de empleo...”.

Resulta entonces, con toda claridad, que la finalidad de la norma no es otra que dar cumplimiento al mandato constitucional que obliga al Estado a intervenir en la economía “...para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos...” (C.P. art. 334).

La Ley 550 de 1999, establece en su artículo 2º cuáles son las finalidades de la intervención del Estado en la economía, en el marco de lo dispuesto por los artículos 334 y 335 del Estatuto Fundamental, y señala dentro de sus fines, los siguientes:

“1. Promover la reactivación económica y el empleo mediante la reestructuración de empresas pertenecientes a los sectores productivos de la economía, tales como el agropecuario, el minero, el manofacturero, el industrial, el comercial, el de la construcción, el de las comunicaciones y el de los servicios.

2. Hacer más eficiente el uso de todos los recursos vinculados a la actividad empresarial.

3. Mejorar la competitividad y promover la función social de los sectores y empresas reestructuradas.

4. Restablecer la capacidad de pago de las empresas de manera que puedan atender adecuadamente sus obligaciones.

5. Facilitar el acceso al crédito y al redescuento de créditos en términos y condiciones que permitan la reactivación del sector empresarial.

6. Fortalecer la dirección y los sistemas de control interno de las empresas.

7. Procurar una óptima estructura administrativa, financiera y contable de las empresas reestructuradas.

8. Asegurar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se suministre a socios y a terceros.

9. Propender por que las empresas y sus trabajadores acuerden condiciones especiales y temporales en materia laboral que faciliten su reactivación y viabilidad.

10. Facilitar la garantía y el pago de los pasivos pensionales.

11. Establecer un marco legal adecuado para que, sin sujeción al trámite concursal vigente en materia de concordatos, se pueda convenir la reestructuración de empresas con agilidad, equidad y seguridad jurídica”.

Hechas las anteriores precisiones, considera la Corte que no le asiste razón al demandante, al afirmar que las expresiones demandadas del artículo 1º de la Ley 550 de 1990, conculcan el derecho a la igualdad pues, el hecho de que el legislador haya consagrado que los mecanismos de reestructuración empresarial solamente se apliquen a las personas jurídicas parece claro, en el sentido de que se pretende evitar que el patrimonio de la empresa se confunda con la del empresario como persona natural, pues se desvirtuaría la finalidad misma de la ley, cual es, permitir el cumplimiento de la función social de la empresa como tal, en beneficio de todas las personas. Además, esa diferenciación legal, encuentra su fundamento en los criterios de diferenciación implícitos en todo juicio que sobre el derecho a la igualdad se haga. Esto es así, por cuanto, como lo ha sostenido esta corporación si el derecho es al mismo tiempo un factor de diferenciación e igualación (1) , los criterios para establecer las distinciones deben ser aplicados para promover la igualdad sustancial y, por ende, el ideal de justicia que contempla el Preámbulo de la Constitución.

(1) Corte Constitucional, sent. T-422 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Así las cosas, esta Corte ha dicho “...la igualdad sólo se viola si está desprovista de una justificación objetiva y razonable y la existencia de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida” (2) . En tales circunstancias, para esta corporación, la finalidad perseguida con la norma demandada, no vulnera la Constitución Política, sino por el contrario la desarrolla, pues lo que busca la disposición mencionada es dar aplicación a los fines esenciales del Estado, propendiendo por la prosperidad general, en la medida en que busca reactivar la economía del país y, en ese orden de ideas, lograr el postulado constitucional del pleno empleo.

(2) Ídem.

Conviene recordar, lo que ha dicho la Corte en relación con la intervención estatal en la economía:

“En efecto, las empresas, las sociedades comerciales y en general las asociaciones de contenido patrimonial están sujetas a la dirección general de la economía por el Estado. Se impone pues una interpretación amplia de las posibilidades regulatorias del Estado, por cuanto la Constitución ha conferido un marco amplio y flexible al Congreso para regular estas materias.

Esto no significa obviamente que el legislador sea libre de establecer cualquier tipo de regulación económica. De un lado, por cuanto la Constitución estableció que en general las leyes de intervención económica “deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica”. Por eso en la Asamblea Constituyente se precisó que la Constitución de 1991 “tampoco consagra el viejo concepto de la intervención sin límites, en razón de las nuevas características de las leyes de intervención”.

De otro lado, esta corporación ha insistido en que el carácter de Estado social de derecho que la nueva Constitución confiere al régimen colombiano, los objetivos proclamados en el preámbulo así como la existencia de derechos económicos fundamentales son todos elementos que tienen implicaciones sustantivas sobre la legitimidad constitucional de las políticas económicas (...).

(...) Esto significa que el Congreso y el ejecutivo pueden llevar a cabo distintas políticas económicas siempre y cuando ellas tiendan de manera razonable a “hacer operantes los principios rectores de la actividad económica y social del Estado y velar por los derechos constitucionales. Existe entonces entre las instituciones constituidas de representación popular y el texto constitucional una doble relación de libertad y subordinación.

Por eso el juez constitucional debe actuar de manera prudente al analizar la legitimidad constitucional de una determinada regulación de las libertades económicas, por cuanto la Constitución consagra la dirección de la economía por el Estado. El juez constitucional deberá entonces respetar en general las razones de conveniencia invocadas por los órganos de representación política. La Corte considera que en esta materia se impone el llamado criterio de inconstitucionalidad manifiesta, por lo cual, sólo si de manera directa la norma vulnera derechos fundamentales, o viola claros mandatos constitucionales, o incurre en regulaciones manifiestamente irrazonables o desproporcionadas, deberá el juez declarar la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, si la ley que regula la actividad de sociedades de contenido patrimonial no vulnera claramente la Carta Fundamental o establece regulaciones manifiestamente irrazonables debe ser considerada constitucional, por cuanto hay cláusulas generales que autorizan la intervención del Estado en la economía” (3) .

(3) Corte Constitucional, sent. C-265 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

3.5. Otra de las razones aducidas por el actor, como fundamento de la violación del artículo 13 superior por parte de la disposición acusada, radica en el hecho de que las empresas unipersonales quedarían excluidas del ámbito de aplicación de la ley, sin tener en cuenta el expreso reconocimiento que de dichas empresas ha realizado la Corte Constitucional.

A juicio de la Corte, tampoco le asiste razón al ciudadano demandante, pues al tenor de lo dispuesto en el artículo 71 inciso 2º de la Ley 222 de 1995 “La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica”, ello significa entonces que las empresas unipersonales inscritas en el registro mercantil, se encuentran dentro del ámbito de aplicación establecido en el artículo 1º de la Ley 550 de 1999. Pero además de esto, el artículo 19, inciso 3º ejusdem, al referirse a las partes en los acuerdos de reestructuración, dispone que “Son acreedores internos los accionistas, socios, asociados o cooperados del empresario que tenga forma jurídica asociativa; el titular de las cuotas de la empresa unipersonal...”; adicionalmente, en los artículos 30, numeral 4º y 34 parágrafo 3º de la ley cuestionada, al referirse a los derechos de veto, el primero, y a los efectos de los acuerdos de reestructuración, el segundo, se refieren expresamente a la figura de la empresa unipersonal.

En relación, con las empresas unipersonales, dijo la Corte:

“La empresa unipersonal, —conocida en algunas legislaciones como sociedad unipersonal—, es una novedad en el derecho colombiano, desde su presentación en la Ley 222 de 1995. Esta figura puede ser entendida en términos generales, como una empresa con personería jurídica, constituida por uno solo o de propiedad de una persona (...).

Es claro entonces que la Ley 222 de 1995, crea una nueva forma de organización empresarial, mediante la cual el comerciante puede destinar ciertos bienes a la realización de actividades mercantiles, con la garantía y el beneficio de la personalidad jurídica” (4) .

(4) Corte Constitucional, sent. C-624 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Como se ve, carece de sustento la argumentación del accionante, cuando afirma que las empresas unipersonales se encuentran excluidas de los beneficios consagrados en la ley demandada.

Por otra parte, el artículo 46 de la Ley 590 de 2000 “Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas”, adicionó el artículo 1º de la Ley 550 de 1999, con el siguiente parágrafo:

“PAR. 3º—Los acuerdos concordatarios celebrados entre una persona natural comerciante, debidamente matriculada en el registro mercantil, y sus acreedores, que sean aprobados por el juez civil del circuito competente, de conformidad con la Ley 222 de 1995, tendrán los efectos legales previstos en el artículo 34 de la Ley 550 de 1999 y, en general, darán lugar a la aplicación de todas las normas legales y reglamentarias correspondientes a empresas en cuyo favor se haya celebrado un acuerdo de reestructuración, incluyendo las disposiciones de carácter tributario y laboral, únicamente en lo que se refiera a obligaciones y actos del comerciante relacionados con sus actividades de empresa de comercio, y contraídos o ejecutados para asegurar el cumplimiento de obligaciones contraídas en desarrollo de tales actividades”.

Se observa entonces, como lo hace notar la Superintendencia de Sociedades en su escrito de intervención, que este artículo no hace otra cosa que ratificar lo ya previsto en el parágrafo 1º del artículo 66 de la ley acusada, cuando señala que “Los procedimientos concursales de las personas naturales continuarán tramitándose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 222 de 1995”, por una parte, y, por la otra, la asimilación de los acuerdos que se logren a la luz de lo dispuesto en la citada ley, a los acuerdos de reestructuración contemplados en la Ley 550 de 1999; de donde resulta que, si bien las personas naturales que ostenten la calidad de comerciantes, no pueden tramitar acuerdos de reestructuración en los términos de la ley demanda, el concordato que se llegue a celebrar, tendrá los efectos previstos para los acuerdos celebrados en los términos de la Ley 550 de 1999.

Por último, el artículo 41 de la Ley 590 de 2000, dispuso que serán beneficiarios de los recursos destinados a la capitalización del Fondo Nacional de Garantía, que prevé el artículo 51 de la ley acusada, “todas las micro, pequeñas y medianas empresas, sin que para ello sea necesario que se acojan a lo establecido en dicha ley”, entre ellas, como bien lo señala la entidad interviniente, las empresas desarrolladas por personas naturales, en los términos del artículo 2º ejusdem.

3.6. En tal contexto, se puede concluir, que no resulta ser cierta la afirmación del demandante, de que se excluye de los beneficios de la ley demandada a las personas naturales, pues si bien el legislador las excluyó del ámbito de aplicación de la Ley 550 de 1990, en el sentido de que los mecanismos de promoción para los acuerdos de reestructuración que esa ley de intervención consagra, solamente pueden ser aplicados por las personas jurídicas, utilizando como se vio, criterios de diferenciación razonables y proporcionados a juicio de esta corporación, los efectos previstos para los acuerdos celebrados, se aplican también a los concordatos que lleguen a celebrar las personas naturales dedicadas al comercio.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE las expresiones “jurídicas” contenidas en el artículo 1º de la Ley 550 de 1999.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-1551 de noviembre 21 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).

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