Sentencia C-156 de febrero 25 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-156 de 2003 

Ref.: Expediente D-4198

Magistrado Sustanciador:

Eduardo Montealegre Lynett

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 413, 414 (parcial) y 416 del Código Civil.

Demandante: José Antonio Serrano Dávila

Bogotá, D.C., veinticinco de febrero de dos mil tres.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, que forman parte del Código Civil colombiano, sancionado el 26 de mayo de 1873 y adoptado mediante la Ley 57 de 1887:

“Código Civil

Libro I

Título XXI

De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas.

(...).

ART. 413.—Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. Congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida. Los alimentos sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de proporcionar al alimentario, menor de veintiún años, la enseñanza primaria y la de alguna forma profesión u oficio.

ART. 414.—Se deben alimentos congruos a las personas designadas en los números 1º, 2º, 3º, 4º y 10 del artículo 411 menos en los casos en que la ley los limite expresamente en lo necesario para la subsistencia y generalmente en los casos en que el alimentario se haya hecho culpable de injuria grave contra la persona que le debía alimentos (...)”.

(…).

Vl. Consideraciones y fundamentos

Competencia.

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241-4 de la Carta, ya que la disposición acusada hace parte de una ley de la República.

Problema jurídico.

2. Afirma el demandante que las disposiciones acusadas violan la Constitución ya que la división de alimentos entre congruos y necesarios no garantiza la dignidad de los alimentarios y además establece diferencias injustificadas. Según su parecer, la ley diferencia los hijos y padres adoptivos de los biológicos para efectos de la determinación de la clase de alimentos a ellos debidos. Considera también que esta categorización establece una discriminación entre los hermanos matrimoniales y extramatrimoniales. Además, según su parecer, la norma es también, discriminatoria pues prefiere beneficiar en mayor medida a un donante que a un pariente.

Por su parte, el interviniente, considera que en la actualidad la división entre alimentos congruos y necesarios, a pesar de no ser inconstitucional, ha perdido justificación, pues de acuerdo con nuestro ordenamiento, lo procedente es fijar una regla general para todas las personas con derecho a recibir alimentos, ya que no existe diferencia entre ellas. La Procuraduría argumenta que no existe diferencia entre padres o hijos adoptivos respecto de los biológicos ni tampoco entre los descendientes o ascendientes legítimos y naturales para ningún efecto jurídico, incluyendo los alimentos. Además según estos intervinientes, el Código del Menor introdujo un nuevo concepto de alimentos más amplio que el del Código Civil y que lo sustituye, por lo que, los únicos que actualmente reciben alimentos necesarios son los hermanos.

3. El anterior recuento muestra que existe una discrepancia interpretativa entre el demandante, el interviniente y la vista fiscal sobre el alcance de las disposiciones acusadas pues, según estos últimos, el actor ignora las normas que han subrogado algunos apartes del artículo 411 del Código Civil, que establece los titulares del derecho de alimentos. Por consiguiente, a fin de realizar el análisis constitucional de los cargos de la demanda, es necesario que la Corte comience por examinar el sentido de los apartes acusados, para determinar si aún existe, en materia de alimentos, la diferencia entre ascendientes y descendientes legítimos, extramatrimoniales y adoptivos que aduce el actor, o si éstas se encuentran derogadas, como lo sostienen los intervinientes. Entra pues la Corte a precisar el alcance de las disposiciones acusadas, para lo cual comenzará por recordar, muy brevemente, los alcances de la competencia del juez constitucional para establecer el sentido de disposiciones legales sometidas a su control.

Alcance del artículo 414 del Código Civil, control constitucional y debates sobre interpretación legal (1) .

(1) Sobre esta doctrina ver, entre otras, las sentencias C-496 de 1994, C-488 de 2000, C-557 de 2001, C-1255 de 2001, C-128 de 2002.

4. De conformidad con la Constitución, la diversas jurisdicciones se encuentran separadas, los jueces gozan de autonomía funcional y sólo están sometidos al imperio de la ley (C.P., art. 230). Lo anterior implica que, por regla general, no es labor de la Corte Constitucional determinar el sentido autorizado de las disposiciones legales, por ser labor propia de los jueces ordinarios. Por tanto, no es procedente el control constitucional, si la única pretensión es interpretar y determinar el alcance de una norma legal (2) .

(2) Sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez, fundamento 13.

Con todo, en ocasiones, la Corte debe intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de las disposiciones sometidas a control. Ello es inevitable ya que el juez constitucional debe comprender y analizar el contenido y alcance de las disposiciones legales bajo examen para confrontarlas con el ordenamiento constitucional. En ese orden de ideas, el análisis requiere una debida interpretación tanto de la Constitución como de las normas que con ella se confrontan (3) . La Corte ha formulado entonces ciertas reglas para armonizar el respeto a la autonomía funcional de los jueces con la necesidad de determinar el sentido de las disposiciones acusadas en los juicios constitucionales (4) .

(3) Sentencia C-371 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández. En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias C-135 de 1994, C-496 de 1994, C-389 de 1996 y C-488 de 2000.

(4) Sobre el desarrollo de estas reglas, ver, entre otras, las sentencias C-496 de 1994, C-109 de 1995, C-488 de 2000 y C-557 de 2001.

5. En este caso, las diversas interpretaciones del artículo se deben a la evolución legal y jurisprudencial del derecho civil que ahora debe ser interpretado además a la luz de la Constitución. Tal como estableció la Sentencia C-557 de 2001, cuando una disposición que ha sido acusada puede ser entendida en más de un sentido, la interpretación jurisprudencial y doctrinaria del texto normativo demandado debe ser tenida en cuenta para fijar el sentido, los alcances, los efectos, o la función de la norma objeto del control constitucional. Si esta interpretación jurisprudencial y doctrinaria representa una orientación dominante bien establecida, el juez constitucional debe acogerla, a menos que sea incompatible con la Constitución. Ello es explicable ya que el cumplimiento efectivo de la misión institucional que le ha sido confiada a la Corte Constitucional, como guardián de la integridad y supremacía de la Constitución (C.P.,.art. 241), requiere que ésta se pronuncie sobre el sentido real de las normas controladas, no sobre su significado hipotético.

Entra pues la Corte a establecer cuáles han sido las transformaciones legales del artículo 414 del Código Civil y el entendimiento que de él tienen los jueces, para poder estudiar luego si los cargos formulados corresponden o no a una interpretación razonable del mismo.

6. En Colombia existe igualdad entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, en lo relativo a los derechos y obligaciones, pues así lo dispuso el artículo 1º de la Ley 29 de 1982, que expresamente estableció que “los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones”. La igualdad consagrada por esta norma fue a su vez ratificada por el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución, que dispone que los “hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes”.

El artículo 1º de la Ley 29 de 1982 y la Constitución de 1991 son la culminación de un proceso comenzado en 1936, con la Ley 45 de ese año, destinado a eliminar las discriminaciones por razones del nacimiento. La Sentencia C-47 de 1994 resumió esa evolución normativa en los siguientes términos:

“El proceso que condujo a la igualdad de los hijos legítimos y extramatrimoniales en Colombia, comenzó con la Ley 45 de 1936 y culminó al dictarse la Ley 29 de 1982.

El artículo 52 del Código Civil clasificaba los hijos ilegítimos en naturales, de dañado y punible ayuntamiento, que a su vez podían ser adulterinos o incestuosos. La denominación de ilegítimos era genérica, pues comprendía todos los que no eran legítimos. Pero, además, el artículo 58 llamaba espurios los hijos de dañado y punible ayuntamiento; y el 57 denominaba simplemente ilegítimo al hijo natural o al espurio a quien faltaba el reconocimiento por parte del padre o de la madre.

Esta clasificación era tan degradante y contraria a la dignidad humana, que el hijo natural, es decir; el “nacido de padres que al tiempo de la concepción no estaban casados entre sí”, reconocido o declarado tal “con arreglo a la ley”, era un verdadero privilegiado en relación con las otras categorías de ilegítimos. Basta recordar que los hijos nacidos fuera de matrimonio solamente podían ser reconocidos por sus padres o por uno de ellos, cuando no eran de dañado y punible ayuntamiento, según el texto del artículo 54 de la Ley 153 de 1887.

Aún en el siglo XIX, la discriminación era un mal de la época, que se manifestaba a pesar de las declaraciones de principios. Así, los franceses que habían consagrado en el artículo primero de la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano” el principio según el cual “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”, mantuvieron vigentes en el Código Napoleón normas injustas cuyo rigor solamente se atemperó en este siglo. Por ejemplo, el artículo 335 que prohibía el reconocimiento “de los hijos nacidos de un comercio incestuoso o adulterino”.

Pero el trato inequitativo no se quedaba en las palabras. En tratándose de la sucesión por causa de muerte el hijo natural, privilegiado como ya se vio, soportaba un régimen aberrante: según el artículo 1045 del Código Civil, reformado por el 86 de la Ley 53 de 1887, cuando en la sucesión intestada concurrían hijos legítimos y naturales, la herencia se dividía en cinco (5) partes, cuatro (4) para los legítimos y una (1) para todos los naturales.

A partir de 1930, el ímpetu transformador de la República Liberal se plasma en leyes a favor de quienes han sido tradicionalmente desprotegidos, como la mujer, los hijos no legítimos y los trabajadores campesinos: leyes como la 28 de 1932, 45 y 200 de 1936, son un salto formidable en el proceso hacia una sociedad igualitaria.

La Ley 45 de 1936 cambia la situación de los hijos naturales; establece la patria potestad sobre ellos, que el Código no permitía; permite el reconocimiento como naturales de los hijos adulterinos; y mejora la participación sucesoral del hijo natural en la sucesión intestada, al asignarle la mitad de lo que corresponde a uno legítimo.

Viene luego la Ley 75 de 1968 que modifica la Ley 45 de 1936, al establecer la presunción legal de paternidad natural y dictar normas en defensa de la mujer, los hijos menores y la familia.

Después, el Decreto-Ley 2820 de 1974 introduce reformas en la institución de la patria potestad, en beneficio de la mujer y de los hijos naturales.

Finalmente, el artículo 1º de la Ley 29 de 1982, consagra la igualdad no sólo entre los hijos legítimos y los naturales, sino entre unos y otros y los adoptivos: “Los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones”. Desaparecen así todas las desigualdades por razón del nacimiento: en adelante, en tratándose de derechos y obligaciones habrá solamente hijos, diferentes solamente en sus denominaciones de legítimos, extramatrimoniales y adoptivos”.

7. Este recuento normativo permite precisar el alcance de las disposiciones acusadas. Así, el artículo 414 del Código Civil demandado establece los titulares de alimentos congruos haciendo expresa referencia al artículo 411 del mismo ordenamiento. Por esta razón, debe realizarse una interpretación armónica entre las dos disposiciones. El artículo 411 del Código Civil enuncia las personas a quienes se deben alimentos, de la siguiente manera:

“ART. 411.—Se deben alimentos:

1. Al cónyuge

2. A los descendientes

3. A los ascendientes

4. Modificado. Ley 1ª de 1976, artículo 23. A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa.

5. Modificado. Ley 75 de 1968, artículo 31. A los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales.

6. Modificado Ley 75 de 1968, artículo 31. A los ascendientes naturales.

7. A los hijos adoptivos.

8. A los padres adoptantes.

9. Los hermanos legítimos.

10. Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.

La acción del donante se dirigirá contra la donatario.

No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que una ley se los niegue”.

Es obvio que este artículo debe interpretarse de acuerdo con el inciso 6º del artículo 42 de la Constitución, que reconoció la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales o adoptivos, tal y como esta Corte ya lo precisó en anteriores oportunidades (5) .

(5) Ver sentencias C-105 de 1994 y C-919 de 2001.

La Ley 75 de 1968, por su parte, extendió la obligación alimentaria no sólo a los ascendientes legítimos, a los padres extramatrimoniales y a los padres adoptantes, como lo establecía inicialmente el Código Civil, sino también a todos los ascendientes extramatrimoniales. La Ley 5ª de 1975 estableció la obligación para los ascendientes adoptantes. Además, cabe anotar que esta corporación, mediante Sentencia C-105 de 1994 —ya citada— declaró la inexequibilidad de la palabra legítimos que se utilizaba en los ordinales 2º, 3º y 5º de tal disposición, por considerar que “es contrario al principio de igualdad el limitar los derechos a los alimentos legales a los descendientes legítimos, a los ascendientes legítimos, y la posteridad legítima de los hijos naturales. Lo que está de acuerdo con la Constitución, es reconocer el derecho a los ascendientes y descendientes de cualquier clase que sean”.

En consecuencia, tal como fue mencionado por el interviniente, en la actualidad los numerales 5º (sobre descendientes naturales) y 7º (sobre hijos adoptivos) del artículo 411 del estatuto civil se encuentran ahora incluidos dentro del 2º, que establece alimentos para todos los descendientes. Por su parte, los numerales 6º (sobre ascendientes naturales) y 8º (sobre padres adoptantes) se entienden incluidos dentro del numeral 3º, que otorga alimentos a todos los ascendientes (6) . Esto significa que actualmente están derogadas, para efectos de los alimentos, las distinciones entre legítimo, natural y adoptivo, pues todos los ascendientes o descendientes se encuentran en condiciones de igualdad para efectos del derecho de alimentos.

(6) En el mismo sentido, ver Sentencia C-919 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería. Fundamento 3.

8. En cuanto a los hermanos, la obligación de dar alimentos fue establecida por el código únicamente en favor de los hermanos legítimos. No existe entonces obligación entre hermanos extramatrimoniales, ni tampoco a favor del hermano legítimo por parte de su hermano extramatrimonial, ni al contrario, a favor del hermano extramatrimonial por parte del hermano legítimo. Pero entre hermanos de simple conjunción legítimos (medios hermanos) existe la obligación.

9. En conclusión, conforme a nuestro código y a leyes posteriores, se deben alimentos congruos: al cónyuge, a la mujer o al hombre separado o divorciado sin culpa suya, a los descendientes (legítimos, extramatrimoniales y adoptivos), a los ascendientes (legítimos, extramatrimoniales y adoptantes), y al donante que hizo una donación cuantiosa. Además, por motivos de equidad, un compañero permanente puede estar obligado a alimentar al otro, como lo decidió esta Corte en la Sentencia C-1033 de 2002 en la cual declaró exequible el numeral 1º del artículo 411 del Código Civil, “siempre y cuando se entienda que esta disposición es aplicable a los compañeros permanentes que forman una unión marital de hecho”. De otro lado, se deben alimentos necesarios a los hermanos legítimos.

10. Conforme a lo anterior, el cargo del demandante sobre la supuesta diferenciación entre ascendientes y descendientes legítimos, extramatrimoniales y adoptivos para efectos de la determinación de los alimentos a ellos debidos, se basa en una incompleta y errada lectura de las normas, pues es claro que la Ley 29 de 1982 dispuso la igualdad de derechos de los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales. Además, de conformidad con lo establecido por la Constitución, no existen diferencias entre ascendientes y descendientes adoptivos. Así, el ordenamiento colombiano ha establecido la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. Por su parte, el artículo 97 del Decreto Extraordinario 2737 de 1989 “Código del Menor”, dice: “Adoptante y adoptivo adquiere”'' por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo legítimo . Y el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución, ratifica la igualdad. En conclusión, en virtud de la adopción, el adoptivo ingresa a la familia y se convierte en parte de ésta.

Por las razones anteriores, considera la Corte que gran parte de las acusaciones del demandante no están llamadas a prosperar por cuanto se fundan en una indebida interpretación de la actual regulación civil de los alimentos, puesto que ésta ya no establece ninguna distinción entre hijos legítimos, adoptivos o extramatrimoniales. Así las cosas, los problemas constitucionales que subsistes son los siguientes: si afecta o no la igualdad y la dignidad humana que la ley distinga en general entre alimentos congruos y necesarios, y que establezca que los hermanos legítimos son beneficiarios de alimentos necesarios, mientras que aquel que haya hecho una donación cuantiosa tiene derecho a alimentos congruos. Entra pues esta corporación a resolver esos interrogantes, para lo cual comenzará por recordar los fundamentos constitucionales de la obligación de alimentos, para luego examinar esos problemas específicos.

Relevancia constitucional de los alimentos

11. El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios. La obligación alimentaria está entonces en cabeza de la persona que, por mandato legal, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos (7) .

(7) Sobre la naturaleza de la obligación alimentaria y sus fundamentos constitucionales, ver Corte Constitucional. Sentencia C-919 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, criterio reiterado en la Sentencia C-1033 de 2002.

Esta Corte ha además(sic) precisado que esta obligación alimentaria tiene fundamento constitucional, pues, “se vincula con la necesaria protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la sociedad, y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución”, ya que el cumplimiento de dichas obligaciones aparece “necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la misma estirpe en favor de los niños, o de las personas de la tercera edad, o de quienes se encuentren en condiciones de marginación o de debilidad manifiesta (C.P., arts. 2º, 5º, 11, 13, 42, 44 y 46)” (8) .

(8) Corte Constitucional. Sentencia C-184 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

En conclusión, cada persona debe velar por su propia subsistencia y por la de aquellos a quienes la ley le obliga, con fundamento en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de procurar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos. Considera entonces esta Corte que la obligación alimentaria tiene su fundamento tanto en el principio constitucional de protección a la familia, en la solidaridad (9) , y en el principio de equidad, en la medida en que “cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente” (10) .

(9) Corte Constitucional. Sentencias C-174 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía, C-237 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-657 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, entre otras.

(10) Corte Constitucional. Sentencia C-237 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

Alimentos necesarios para hermanos legítimos.

12. Para el demandante, el artículo 414 es inconstitucional en el aparte en que señala que sólo se deben alimentos necesarios a los hermanos legítimos. Además, según su parecer, la norma discrimina a quienes fueron procreados fuera del matrimonio. Dos problemas constitucionales surgen entonces: ¿si es constitucional o no que la ley establezca la obligación alimentaria únicamente en favor de los hermanos legítimos? Y, en segundo término, ¿si la limitación, de la obligación alimentaria para los hermanos legítimos únicamente a los necesarios se ajusta al reconocimiento de la dignidad humana? Procede pues la Corte a abordar ambas cuestiones.

13. En relación al primer punto, cabe anotar que la Sentencia C-105 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía, declaró exequible la expresión “legítimos” incluida en el numeral 9º del artículo 411 del Código Civil. Dijo entonces esta corporación:

“Por el contrario sería opuesto a la equidad extender el derecho a todos los hermanos eliminando la calidad de legítimos exigida por el numeral 9º del artículo 411. Téngase en cuenta que los hermanos extramatrimoniales que únicamente son hijos del mismo padre, es posible que ni siquiera se conozcan entre sí, y no serían parte de la misma familia. Además hay que tener presente que el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución consagra la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos, no entre los hermanos.

(…).

En esta materia solamente la ley, si se considera conveniente, podrá establecer los alimentos legales a favor y a cargo de los hermanos extramatrimoniales”.

En tales condiciones, y teniendo en cuenta que el artículo 414 aquí demandado funda la restricción de los alimentos a los hermanos legítimos en una remisión al numeral 9º del artículo 411, que ya fue declarado exequible, es menester concluir que sobre dicha limitación del derecho a alimentos a los hermanos legítimos ya existe cosa juzgada constitucional. Entra pues la Corte a analizar si la limitación de los alimentos debidos a los hermanos legítimos únicamente a aquellos que son necesarios se ajusta o no a la Carta.

14. Conforme a la legislación civil, los alimentos pueden ser clasificados en congruos y necesarios. Los primeros son “los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social” y los segundos son los que “le dan lo que basta para sustentar la vida”, tal y como lo precisa el artículo 413 del Código Civil acusado en la presente oportunidad.

Esta definición, como ya se explicó, sólo opera en relación a los hermanos. Además la Corte aclara que en relación al ámbito regulado por el Código del Menor, tal distinción no opera en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 133 de este estatuto. Esto ya ha sido reconocido por este tribunal en la Sentencia C-919 de 2001 (11) según la cual los alimentos:

(11) M.P. Jaime Araújo Rentería.

“Pueden clasificarse en: voluntarios, esto es, aquellos que se originan por un acuerdo entre las partes o una decisión unilateral de quien los brinda; y legales, es decir, aquellos que se deben por ley. Estos, a su vez, se clasifican en congruos y necesarios. Los primeros son “los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social”, y los segundos, los que “le dan lo que basta para sustentar la vida” (C.C., art. 413)”.

El Código del Menor, en el artículo 133, define los alimentos como “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción del menor. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto”, de modo que, según esta disposición y de acuerdo con la Constitución, debe entenderse que la prestación de alimentos no sólo comprende el suministro de lo estrictamente necesario para vivir; sino, además, todo aquello que se requiere para llevar una vida digna”.

En ese sentido, si se trata de menores, debe operar lo dispuesto en el artículo 133 del Código del Menor en cuanto al entendimiento de los alimentos debidos que, como se ve, integra una órbita más amplia de protección.

15. La Corte considera que aunque la obligación alimentaria tiene fundamento constitucional, como ya se explicó, ello no significa que el legislador carezca de libertad de configuración para regular el tema. Por ello, bien podía la ley establecer distintas intensidades de la obligación alimentaria, a fin de consagrar un deber más intenso para el alimentante en relación con aquellas personas que le son más próximas y frente a las cuales tiene un mayor deber de solidaridad, y una obligación menos fuerte frente a otras personas en relación a las cuales su deber de solidaridad es menor. En tales circunstancias, la distinción entre distintos tipos de obligaciones alimentarias, tal y como lo establece la disposición acusada, es producto de la libertad de configuración del legislador en la materia, pues precisamente reserva los alimentos congruos (deber más riguroso) para las personas que son más próximas al alimentante en términos de parentesco, y frente a las cuales tiene mayores obligaciones de protección, como los ascendientes, descendientes, cónyuge y compañero, mientras que establece los alimentos necesarios (obligación menos estricta) frente a los hermanos, que tienen mayor lejanía familiar y frente a los cuales el alimentante tiene menores responsabilidades de solidaridad. Esta diferencia de trato se funda entonces en un juicio político del legislador sobre los deberes de solidaridad que es compatible con la Carta. En ese sentido, la Corte declarará la exequibilidad de la definición de alimentos congruos y necesarios contenida en el artículo 413 del Código Civil. Igualmente esta corporación considera que se ajusta a la Carta que el artículo 414 de ese mismo estatuto, en armonía con el artículo 411, haya atribuido alimentos necesarios a los hermanos legítimos.

Alimentos congruos en favor de quien hiciere una donación cuantiosa

16. Para el demandante resulta contrario al ordenamiento constitucional que la ley incluya como beneficiarios de alimentos congruos a quienes hagan una donación cuantiosa al alimentante, aún por encima de los hermanos quienes son familiares cercanos. El procurador estima que esta diferenciación encuentra sustento en el principio de solidaridad de acuerdo con el cual debe obrar quien mejoró su calidad de vida gracias a una donación. Como ya lo había dicho esta Corte en la Sentencia C-919 de 2001 “este es el único caso en que el deber de dar alimentos no tiene su fundamento en el matrimonio o el parentesco, sino en la equidad”. Esta obligación alimentaria es explicable ya que el legislador consideró que el donante que se ha desprendido de gran parte de sus bienes en beneficio del donatario, puede acudir a éste en caso de llegar a carecer de medios para subsistir. Pero la obligación a cargo del donatario sólo existe cuando la donación haya sido cuantiosa, siendo esto relativo, pues depende de la fortuna de quien la haya realizado. Anotó entonces la Corte que “la obligación de dar alimentos impone al alimentante el sacrificio de una parte de su propiedad, es razonable exigir ese sacrificio en primer lugar, a quien ha recibido gratuitamente una cantidad cuantiosa de bienes de parte de quien ahora carece de ellos para subsistir”.

De acuerdo con lo anterior, esta norma hace efectivo el principio de equidad. La ley otorga alimentos congruos a quien hiciese una donación cuantiosa mientras que a los hermanos sólo da alimentos necesarios en virtud de su libertad de configuración que fue aceptada por la Corte en la Sentencia C-105 de 1994.

17. De los análisis precedentes es posible concluir que la distinción entre alimentos congruos y necesarios establece una diferenciación de acuerdo con la cercanía para determinar el alcance de la obligación alimentaria. Tal distinción hace que sólo los hermanos legítimos sean beneficiarios de alimentos necesarios. Las demás personas incluidas en el artículo 411 del Código Civil son beneficiarios de alimentos congruos. Como ya fue analizado por esta Corte, los únicos beneficiarios de alimentos congruos que pueden no ser familiares del obligado a dar alimentos son los donantes. Esta distinción tiene como finalidad proteger al donante de una eventual situación de pobreza y obligar al donatario a auxiliarlo. Ello responde claramente al principio de equidad consagrado en la Carta. Además, la norma debe analizarse teniendo en cuenta que la libertad de configuración del legislador en este aspecto es amplia. Así, encuentra la Corte que el medio usado por el legislador para garantizar la asistencia del donatario al donante es adecuado. Y la protección dada por la ley —que otorga alimentos congruos al donante— se justifica teniendo en cuenta que la enajenación de los algunos bienes del donante en favor del donatario es un gesto que sin duda muestra bastante cercanía y significa el mejoramiento significativo de las condiciones de vida de quien recibe la donación. La regulación de los alimentos, está basada no sólo en la cercanía familiar sino también en el deber de solidaridad frente a quienes han sido ejemplo y apoyo. Así, el legislador consideró que la obligación de asistencia a los hermanos no abarca todos los elementos propios de los alimentos congruos y por eso les asignó necesarios. Esta normativa no es inconstitucional ya que de cualquier forma los hermanos se encuentran protegidos y la finalidad del principio de solidaridad es cumplida a través de la asistencia alimentaria, aunque sea en diferentes grados.

En conclusión, la distinción entre alimentos congruos y necesarios no contraviene la Constitución ya que el legislador quiso hacer una diferenciación de acuerdo con la cercanía personal y familiar entre algunas personas como criterio para definir el alcance de la obligación alimentaria, sin que ello implique desproteger a los hermanos.

18. Conforme a lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad de la primera parte del artículo 414 del Código Civil, que establece que “Se deben alimentos congruos a las personas designadas en los números 1, 2, 3, 4, y 10 del artículo 411”. A pesar de que el actor formalmente acusó también el resto del inciso primero de ese artículo 414, lo cierto es que no formuló ningún cargo específico contra esos apartes, por lo que la Corte se inhibirá de conocer de su constitucionalidad, por demanda inepta, por ausencia de cargo.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el artículo 413 del Código Civil.

2. Declarar EXEQUIBLE el aparte inicial del primer inciso del artículo 414 del Código Civil, que literalmente establece “Se deben alimentos congruos a las personas designadas en los números 1, 2, 3, 4, y 10 del artículo 411” e INHIBIRSE de conocer de la constitucionalidad del resto del inciso, por demanda inepta.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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