Sentencia C-159 de abril 29 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-1831

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 9º, 17 y 21 del Decreto 2968 de 1960.

Actor: Juan Manuel Charry Urueña

Magistrado Ponente:

Dr. Antonio Barrera Carbonell

Santafé de Bogotá, D.C., abril veintinueve de mil novecientos noventa y ocho.

“Sobre el fomento del ahorro y constitución de fondos mutuos de inversión”.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades que le confiere el artículo 6º de la Ley 130 de 1959,

DECRETA:

EXTRACTOS: « (...).

ART. 9º—Los aportes de los trabajadores se acreditarán mediante libretas de ahorro o inversión. Cada libreta llevará impresos los artículos de este decreto, el reglamentario y el reglamento de administración que fijen el derecho de participación del trabajador en los valores y créditos del fondo.

En la libreta de ahorro e inversión se abonarán los aportes del tenedor, la parte que a este corresponda en la contribución de la empresa a medida que se vaya consolidando, y la reinversión de utilidades cuando fuere del caso.

Las libretas de ahorro e inversión no podrán negociarse ni cederse.

(...).

1.4. Por lo anterior, el pronunciamiento de la Corte se limitará a los apartes demandados de los artículos 9º y 17 del Decreto 2968 de 1960.

2. El problema jurídico planteado

Con ocasión de las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso Nacional al Presidente de la República mediante la Ley 130 de 1959, el Gobierno Nacional expidió el Decreto-Ley 2968 de 1960, mediante el cual se autorizó la creación de fondos mutuos de inversión, como mecanismo de fomento del ahorro de los trabajadores, constituidos con los aportes de éstos y la contribución de las respectivas empresas del sector público y del privado.

Para el demandante, las normas acusadas violan la prohibición del artículo 355 de la Constitución Política, en la medida en que autorizan la contribución a dichos fondos por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta asimiladas, en cuando ello constituye un auxilio o donación de recursos públicos en favor de personas jurídicas de derecho privado.

Le corresponde a la Corte precisar el alcance de la prohibición del artículo 355 superior y determinar si los aportes o contribuciones que las referidas empresas públicas hacen a los fondos mutuos de inversión equivalen a un auxilio o donación prohibido, o por el contrario, se consideran legítimos por responder a una de las finalidades constitucionales del Estado social de derecho.

(...).

b) La organización y funcionamiento de los fondos mutuos de inversión se justifica constitucionalmente bajo la idea de que dichos entes constituyen una concreción de la política de intervención y de fomento que el Estado social de derecho debe poner en práctica para asegurar las condiciones materiales mínimas a las personas y, específicamente a los trabajadores, que les permitan a estos vivir en condiciones dignas y justas. Y es indudable que la promoción y el estímulo de la economía, a través de la creación de organizaciones económicas y sociales, como son dichos fondos, facilita el bienestar material de los trabajadores, por la incidencia en el incremento de sus ingresos y el impacto favorable en la creación de empleos (C.P., arts. 333, 334 y 335), e igualmente realiza el principio constitucional de la función social de la propiedad y de la empresa, y

c) Los fondos mutuos de inversión, constituyen un punto de encuentro, equilibrio, armonía y coordinación social entre el capital y el trabajo, en la medida en que busca trasladar a aquellos, bajo la forma de la indicada contribución, parte de las utilidades de la empresa a los trabajadores. De este modo se reconoce, que no solamente el salario constituye la retribución digna y justa a la prestación de los servicios del trabajador al empleador, sino que pueden existir otro tipo de beneficios o auxilios prestacionales de diferente índole, como podrían ser la percepción de una parte de las utilidades de la empresa, entregada directamente a aquel o a través de mecanismos indirectos. Ejemplo concreto de éstos son los fondos mutuos de inversión.

En las condiciones descritas, considera la Sala descaminada la apreciación del demandante cuando aduce que las contribuciones que las empresas públicas hacen a los fondos no tienen una retribución, porque éstas no perciben utilidades sociales de su gestión económica, pues la contraprestación de las empresas no es otra que el beneficio laboral que se otorga a los trabajadores por los servicios que prestan a la empresa, de los cuales se aprovecha ésta, aparte del beneficio económico y social que para la comunidad comporta el establecimiento de los fondos, como modalidades específicas de propiedad solidaria.

Conforme a las consideraciones precedentes, es indudable que los mencionados fondos traducen la idea fundante del Estado social de derecho, sobre el trabajo en condiciones de dignidad y justicia e igualmente su concepción participativa y solidarista. Por consiguiente, la contribución que hacen las empresas públicas a los fondos así mismo contribuye a materializar los principios de la constitución social que tienen como eje el trabajo humano (preámbulo, arts. 1º, 2º, 25, 39, 53, 56, entre otros).

Por lo demás, sería contrario al principio de igualdad que sólo estuviera permitida la contribución de las empresas privadas y no de las empresas públicas a los fondos, y por ende que únicamente los trabajadores de las primeras pudieran obtener los beneficios laborales que se derivan de dicha contribución, porque materialmente la situación laboral de los trabajadores que prestan sus servicios en todas dichas empresas es la misma, más aún si se tiene en cuenta que las empresas públicas realizan una actividad industrial y comercial similar a la de los particulares y que las relaciones laborales con sus trabajadores se encuentran regidas, como en las empresas particulares, por contratos de trabajo.

4. En conclusión, los segmentos normativos acusados no violan las normas que invoca el demandante ni ningún otro precepto de la Constitución.

(...).

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLES los apartes demandados de los artículos 9º y 17 del Decreto 2968 de 1960.

2. Declárase inhibida para fallar en relación con el artículo 21 del Decreto 2968 de 1960.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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