Sentencia C-16 de enero 20 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA

EL LEGISLADOR DEBE EXTENDERLO A LOS COMPAÑEROS PERMANENTES

Sentencia C-016 de 2004 

Ref.: Expediente D-4667.

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 233 (parcial) de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”.

Actores: Gustavo Andrés Sabogal Gordillo; Carolina Ríos Villota; Sandra Ximena Valencia.

Bogotá, D.C., veinte de enero del año dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 44.097 del 24 de julio de 2000. Se resalta lo demandado.

“LEY NÚMERO 599 DE 2000”

(Julio 24)

“Por la cual se expide el Código Penal”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

LIBRO SEGUNDO

Parte especial

De los delitos en particular

(...).

TÍTULO VI

Delitos contra la familia

(...).

CAPÍTULO I

De la violencia intrafamiliar

(...).

ART. 233.—Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena será de prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor de catorce (14) años.

(...)”.

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la expresión acusada hace parte de una ley de la República.

2. La materia sujeta a examen.

Para los demandantes la expresión “cónyuge” contenida en el artículo 233 de la Ley 599 de 2000 que define el delito de inasistencia alimentaria, desconoce los artículos 5º, 13 y 42 superiores por cuanto excluye a los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho de la posibilidad de ejercer la acción penal por dicho delito a pesar de que tanto la Constitución como la ley establecen la protección de la familia independientemente de la naturaleza del vínculo —natural o jurídico— que la crea, con lo que se configuraría una clara discriminación en este caso. Por lo que solicita su declaratoria de inexequibilidad o en su defecto la constitucionalidad condicionada de la misma.

Los intervinientes por el contrario solicitan la declaratoria de exequibilidad de la expresión acusada por cuanto consideran que el matrimonio y la unión marital de hecho no pueden asimilarse. Al tiempo que destacan que no todos los miembros de la familia pueden ejercer la acción penal por el delito de inasistencia alimentaria sin que ello vulnere el principio de igualdad.

Afirman que la expresión “cónyuge” en sí misma no vulnera la Constitución y que declarar su inexequibilidad dejaría sin sanción penal el incumplimiento del deber de los cónyuges a los alimentos.

Hacen énfasis de otra parte en que en atención al principio de legalidad en materia penal solamente el legislador podría extender la posibilidad de interponer dicha acción a los compañeros permanentes y que una decisión en tal sentido no hace parte de las competencias atribuidas a la Corte por la Constitución.

El señor Procurador General de la Nación, por su parte solicita a la corporación que se declare la constitucionalidad condicionada de la expresión acusada, en el entendido que el artículo en el que ella se contiene igualmente se debe aplicar a los compañeros permanentes que formen una unión marital de hecho.

Luego de recordar la jurisprudencia de la corporación en materia de alimentos debidos a los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho y en particular la Sentencia C-1033 de 2002, concluye que efectivamente se establece con la expresión acusada una discriminación injustificada en contra de dichos compañeros permanentes que debe ser tomada en cuenta por la Corte.

Precisa que si bien es solamente el legislador quien tiene competencia para fijar la política criminal, ello no impide que cuando el ejercicio de la potestad de configuración del legislador vulnere derechos constitucionales —como considera ocurre en este caso—, la Corte no pueda ejercer el control de constitucionalidad y si es del caso condicione la constitucionalidad de una norma.

Aclara al respecto que no cabe confundir este caso con el analizado en la Sentencia C-559 de 1999, pues no se está en presencia de un tipo penal ambiguo, sino del desconocimiento por el legislador del derecho de los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho a la protección contenida en el tipo penal de inasistencia alimentaria.

Así las cosas corresponde a la Corte establecer si con la expresión acusada se vulneran o no los artículos 5º, 13 y 42 superiores por desconocer los derechos a la protección de la familia y establecer una discriminación en contra de los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho a quienes se les excluiría del ejercicio de la acción penal por el delito de inasistencia alimentaria, y si en caso de ser así debe proceder la Corte a declarar la inexequibilidad de dicha expresión o su exequibilidad condicionada.

3. Consideraciones preliminares.

Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a: i) La ausencia de cosa juzgada en el presente proceso, ii) el alcance de la potestad de configuración normativa del legislador en materia penal, y iii) la jurisprudencia constitucional en materia de alimentos debidos a los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda.

3.1.La ausencia de cosa juzgada en el presente proceso.

3.1.1. Previamente al análisis de los cargos planteados por los demandantes en contra de la expresión “cónyuge” contenida en el artículo 233 de la Ley 599 de 2000, la Corte estima pertinente recordar que la Sentencia C-174 de 1996 declaró la exequibilidad de la misma expresión contenida en el artículo 263 del Decreto-Ley 100 de 1980, que establecía idéntico verbo rector y modelo descriptivo para el tipo penal de inasistencia alimentaria (2) , respecto de cargos similares a los expuestos en el presente proceso (3) .

(2) En efecto los textos normativos confrontados son los siguientes:

“CÓDIGO PENAL

Decreto-Ley 100 de 1980 

“ART. 263.—Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en arresto de seis (6) meses a tres (3) años y multa de un mil a cien mil pesos.

“Cuando se trate de un parentesco natural de consanguinidad, la acción penal se limitará a padres e hijos”.

“LEY NÚMERO 599 DE 2000”

“Por la cual se expide el Código Penal”

(...).

ART. 233.—Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena será de prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor de catorce (14) años.

(...).

(3) El actor en ese proceso fundamentó en efecto su pretensión en que, “a su juicio, la Constitución consagró la igualdad entre el matrimonio y la unión libre. Que, por consiguiente, el atribuir a los cónyuges derechos u obligaciones que no se establecen para los compañeros permanentes, implica una discriminación por el origen familiar; prohibida por el artículo 13 de la Constitución, lo mismo que por el 42”. Ver Sentencia C-174 de 1996, magistrado ponente Jorge Arango Mejía.

Cabe precisar que las consecuencias jurídicas señaladas en una y otra disposición son diversas, por lo que los contenidos normativos de dichas normas no pueden considerarse como idénticos, lo que a su vez implica la imposibilidad de que se configure en este caso el fenómeno de la cosa juzgada material.

La Corte ha explicado en efecto de manera reiterada que aun cuando el verbo rector y el modelo descriptivo del tipo penal coincidan, dicha identidad no puede predicarse cuando las consecuencias punitivas no sean las mismas, como quiera que cuando se modifica la sanción se varía la estructura de la norma penal.

Al respecto cabe recordar lo dicho por la Corte en la Sentencia C-420 de 2002:

“Entonces se advierte cómo, si bien en las nuevas disposiciones se mantienen los verbos rectores y los modelos descriptivos de varios de los tipos penales consagrados en las normas demandadas, no ha ocurrido lo mismo con las consecuencias jurídicas sobrevinientes a esos presupuestos fácticos. Esta circunstancia es relevante pues las normas penales se caracterizan precisamente porque a un supuesto de hecho adscriben una sanción consistente en una pena o en una medida de seguridad, según el caso. De allí que al introducir una modificación a la pena se esté variando el contenido de la norma penal pues se está alterando la naturaleza o la intensidad de la respuesta que el Estado da al delito con fines de prevención y resocialización. Esa variación en la naturaleza o en la intensidad de la pena plantea la reconsideración de los presupuestos político-criminales valorados por el legislador penal y es jurídicamente relevante en cuanto la pena, al lado del delito, es una institución nuclear del derecho penal que comporta la legítima privación o restricción de derechos a que se somete a quien ha sido encontrado responsable de una conducta punible.

En estas condiciones, como quiera que cuando se modifica la sanción se varía la estructura de la norma jurídico penal, no puede decirse que existe identidad entre una norma penal y otra posterior en la que, si bien se ha mantenido el mismo supuesto de hecho, se ha alterado la naturaleza o intensidad de la pena”.

Así, no siendo entonces la misma norma en uno y otro caso, y al no ser posible escindir los contenidos normativos relativos a la descripción típica de la conducta de las consecuencias jurídicas que son impuestas en cada caso, la Corte constata que no resultan reunidos en este caso los presupuestos señalados en la jurisprudencia para la configuración de la cosa juzgada material (4) .

(4) Sobre la noción de cusa juzgada material ver entre otras las sentencias C-427 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Dicho fenómeno se presenta en efecto cuando “no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos” (5) .

(5) Sentencia C-427 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

En el presente caso, aun cuando se esté en presencia de los mismos verbos rectores y modelos descriptivos y aun cuando los cargos formulados en uno y otro proceso contra la expresión “cónyuge” sean similares, la ausencia de identidad entre los contenidos normativos estudiados impide que se configure el referido fenómeno de cosa juzgada material.

3.1.2. La Corte constata igualmente que mediante Sentencia C-984 de 2002 declaró la exequibilidad de la totalidad del artículo 233 de la Ley 599 de “por las razones expuestas en esta providencia y únicamente en relación con los cargos formulados en la demanda”. Cargos que aludían a la supuesta vulneración de los artículos 13 y 28 de la Constitución Política por cuanto, de una parte, el ordenamiento constitucional proscribe la prisión por deudas —y la privación de la libertad por incumplimiento de la obligación alimentaria sería uno de tales casos—, y del otro, porque con esa medida legal se establecería una diferencia de trato, contraria al régimen constitucional, entre los deudores de la obligación alimentaria y los de otro tipo de créditos civiles.

Dado que la Corte limitó los efectos de la Sentencia C-984 de 2002 a los cargos analizados en esa oportunidad y que estos difieren sustancialmente de los planteados por los actores en el presente proceso, es claro para la Corte que por este aspecto tampoco se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional que impida adelantar el juicio de constitucionalidad propuesto.

Así las cosas, la Corte procederá a efectuar el análisis de los cargos formulados en la demanda en contra de la expresión acusada del artículo 233 de la Ley 599 de 2000.

3.2. El alcance de la potestad de configuración normativa del legislador en materia penal.

La jurisprudencia de la Corte ha sido constante en afirmar que es al legislador a quien corresponde establecer la política criminal del Estado (6) y en este sentido es a él a quien la Constitución le confiere la competencia para determinar cuáles conductas constituyen delitos y señalar las respectivas sanciones (7) .

(6) Ver entre otras las sentencias C-070 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-592 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, C-420 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-939 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-551 de 2001 y C-689 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(7) Ver Sentencia C-1080 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

Así ha dicho la corporación que:

“En principio, por virtud de la cláusula general de competencia legislativa que le atribuyen los artículos 114 y 150 de la Carta, el Congreso cuenta con la potestad genérica de desarrollar la Constitución a través de la creación de normas legales; ello incluye, por supuesto, la facultad de legislar sobre cuestiones penales y penitenciarias. No obstante, como lo ha reconocido ampliamente esta corporación, dicha libertad de configuración del legislador encuentra ciertos límites indiscutibles en la Constitución, la cual no le permite actuar arbitrariamente, sino de conformidad con los parámetros que ella misma establece. Es decir, se trata de una potestad suficientemente amplia, pero no por ello ilimitada; y en materia penal y penitenciaria, estos límites son particularmente claros, por estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la persona humana, como lo son la libertad personal y el debido proceso, así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores” (8) .

(8) Sentencia C-1404 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis.

Esta competencia, ha precisado la Corte, si bien es amplia, se encuentra necesariamente limitada por los principios constitucionales, y en particular por los principios de racionalidad y proporcionalidad a los que se ha referido igualmente de manera reiterada la jurisprudencia de esta corporación (9) . Ha dicho al respecto la Corte lo siguiente:

(9) En relación con el principio de proporcionalidad ver, entre otras, las sentencias C-591 de 1993, C-070 de 1996 y C-118 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

“(E)n el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el legislador debe actuar dentro de los límites constitucionales. Tales límites pueden ser explícitos como implícitos. Así, al legislador le está vedado, por voluntad expresa del constituyente, establecer las penas de muerte (C.P., art. 11), destierro, prisión perpetua o confiscación (C.P., art. 34), así como someter a cualquier persona a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (C.P., art. 12). Por otra parte, en el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, el legislador debe propender a la realización de los fines sociales del Estado, entre ellos, los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y de asegurar la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º). La dosimetría de las penas es un asunto librado a la definición legal, pero corresponde a la Corte velar para que en el uso de la discrecionalidad legislativa se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad” (10) .

(10) Sentencia C-070 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dichas limitaciones, ha dicho la corporación, encuentran adicional sustento en el hecho que en este campo están en juego, no solamente importantes valores sociales como la represión y prevención de delito, sino también derechos fundamentales de las personas como el derecho a la libertad y al debido proceso (11) .

(11) Al respecto, ver la Sentencia C-1404 de 2000, Ms.Ps. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis.

Así las cosas, la Corte ha explicado que si bien el legislador cuenta con una amplia potestad de configuración normativa para el diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles es evidente que no por ello se encuentra vedada la intervención de la Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales.

La Corte reitera al respecto las consideraciones expuestas en la Sentencia C-420 de 2002.

Dijo en esa ocasión la Corte:

“4. La pretensión que alienta el demandante es bastante clara: La despenalización del narcotráfico. Y el camino que ha elegido para intentar materializar esa pretensión es el ejercicio de la acción de constitucionalidad contra las normas que tipifican los delitos de tráfico de estupefacientes y que regulan aspectos procesales relacionados con esa actividad. No obstante, el actor, a pesar de demandar una multiplicidad de disposiciones, se abstiene de cuestionar la legitimidad constitucional de las distintas reglas de derecho contenidas en esas normas por su contradicción con el texto superior y, en lugar de ello, opta por cuestionar el criterio político-criminal implícito en la tipificación de esas conductas punibles y por exponer argumentos generales extensivos a todas esas disposiciones como son la ausencia de untijuridicidad formal y material, la relevancia en materia penal del consentimiento de la víctima de la conducta punible y la vulneración del derecho a la igualdad y del derecho a la paz.

De ese proceder del demandante surge un interrogante: ¿El criterio político-criminal del legislador, que le conduce a la tipificación del tráfico de estupefacientes, es susceptible de control constitucional? En otros términos: ¿La decisión del legislador de tipificar el tráfico de estupefacientes, como un mecanismo de política criminal orientado a la prevención y represión de ese tipo de comportamientos, independientemente del alcance particular de cada una de las reglas de derecho promulgadas, puede ser objeto de confrontación con el texto superior para determinar su legitimidad o ilegitimidad?

Para responder ese interrogante debe tenerse en cuenta que el legislador es titular de la capacidad de configuración normativa en materia de política criminal. Si bien es cierto que el parlamento no es, ni mucho menos, la única instancia del poder público en la que se pueden diseñar estrategias de política criminal, no puede desconocerse que su decisión de acudir a la penalización de comportamientos no sólo es legítima frente a la Carta por tratarse del ejercicio de una facultad de la que es titular sino también porque ella cuenta con el respaldo que le transmite el principio democrático (12) . Es una conquista del mundo civilizado que normas tan trascendentes en el ámbito de los derechos fundamentales como las que tipifican conductas penales y atribuyen penas y medidas de seguridad a sus autores o partícipes, sean fruto de un debate dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento pues sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del Estado se ajuste a parámetros racionales y no se distorsiona por intereses particulares o necesidades coyunturales.

(12) Desde luego que la política criminal del Estado no se agota en el ejercicio de su poder punitivo. En un reciente pronunciamiento esta corporación definió en un sentido amplio el concepto de política criminal y la amplia gama de medidas que comprendía: “Dada la multiplicidad de intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de cooperación para combatir la impunidad y la limitación de los recursos con que cuentan los Estados para responder a la criminalidad organizada, es apropiado definir la política criminal en un sentido amplio. Es ésta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito. También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica”. Corte Constitucional. Sentencia C-646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

De este modo, entonces, el legislador cuenta con un margen de libertad para el diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles. Sin embargo, es evidente que no se trata de una potestad ilimitada, pues, como se sabe, en el constitucionalismo no existen poderes absolutos. En el caso de la política criminal, no obstante contar el legislador con un margen de maniobra, es claro que no podrán concebirse mecanismos que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Esto es así por cuanto el diseño de la política criminal del Estado implica ejercicio de poder público y no existe un solo espacio de éste que se halle sustraído al efecto vinculante del texto fundamental.

Entonces, el único supuesto en el que el criterio político-criminal del legislador sería susceptible de controvertirse ante el juez constitucional se presentaría cuando ha conducido a la emisión de normas que controvierten el texto fundamental. No obstante, en este caso es claro que lo que se cuestionaría no sería un modelo de política criminal en sí sino la legitimidad de reglas de derecho por su contrariedad con la Carta y de allí que, en esos supuestos, la decisión de retirarlas del ordenamiento jurídico tenga como referente esa contrariedad y no el criterio de política criminal que involucran.

De acuerdo con ello, si la decisión del legislador de tipificar conductas punibles se estima equivocada por reflejar una política criminal que no se comparte, tal divergencia de criterio es irrelevante para efectos de cuestionar la legitimidad constitucional de esas disposiciones. De allí que el cuestionamiento de la constitucionalidad de las normas que tipifican el tráfico de estupefacientes no deba hacerse genéricamente cuestionando una política criminal que se estima equivocada sino específicamente, esto es, considerando cada una de las reglas de derecho contenidas en esas disposiciones y confrontándolas con el texto superior para evidenciar su incompatibilidad.

Este enfoque permite colocar las cosas en su punto: Si el legislativo es titular de la capacidad de configuración normativa en materia de tipificación de conductas punibles y si el único límite que existe para el ejercicio de esa facultad está determinado por el sistema de valores, principios y derechos fundamentales previsto en el texto superior, el demandante no puede pretender que la Corte, a través de sus fallos, imponga el modelo de política criminal que ha de seguir el Estado pues sólo le está permitido confrontar con la Carta las normas legales que, habiendo sido demandadas, desarrollen ese modelo para retirar del ordenamiento aquellas que lo contraríen y mantener aquellas que lo respetan(13) .

(13) Sentencia C-420 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

3.3. La jurisprudencia constitucional en materia de alimentos debidos a los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho.

En relación con los alimentos debidos a los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho, cabe recordar que la jurisprudencia constitucional si bien ha diferenciado la institución del matrimonio de la unión marital de hecho, sin equiparar los efectos de una y otra (14) , no obstante, a partir del reconocimiento de esa diferencia ha amparado en este campo el derecho a la igualdad de las personas que en uno u otro caso, conforme lo permite la Constitución, han constituido una familia (15) .

(14) Al respecto ha dicho la Corte que: “sostener que entre los compañeros permanentes existe una relación idéntica a la que une a los esposos, es afirmación que no resiste el menor análisis, pues equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo tiempo, pueda éste imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo esencial, que no es otro que el de ser una unión libre”. Ver, entre otras, las sentencias C-239 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía, C-114 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía y C-533 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(15) Sentencia C-1033 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

Al respecto ha explicado la Corte que una interpretación sistemática de los artículos 5º y 42 de la Carta Política permite afirmar que la igualdad que propugna la Carta entre las uniones familiares surgidas de vínculos naturales y la conformada por vínculos jurídicos, guarda íntima relación con el artículo 13 superior, que prescribe que: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica (...)” (resalta la Corte).

Por consiguiente, ha señalado esta corporación que el legislador no puede expedir normas que consagren un trato diferenciado en cuanto a los derechos y deberes de quienes ostentan la condición de cónyuge o de compañero permanente, como tampoco entre los hijos habidos en matrimonio o fuera de él (16) .

(16) Al respecto cabe recordar lo dicho por la Corte en la Sentencia C-125 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía en la que señaló:

“Establecida, como lo está hoy, la obligación alimentaria en favor de todos los ascendientes y descendientes, no se ve cómo puede el inciso demandado limitar la acción penal a los padres e hijos naturales, con exclusión de los ascendientes y descendientes de los demás grados. Esta limitación es contraria a la igualdad consagrada por el artículo 13 de la Constitución, que prohíbe las discriminaciones por razón del origen familiar.

Obsérvese, además, que, en últimas, la norma acusada establece una doble discriminación: por un lado se discrimina en contra de todos los ascendientes y descendientes legítimos, más allá de los padres e hijos, pues se les somete a la acción penal por el delito de inasistencia alimentaria; y por el otro lado, se discrimina en favor de los ascendientes y descendientes naturales, distintos a los padres e hijos, pues se les libera de la acción penal originada en el mismo delito.

En conclusión: si la obligación de prestar los alimentos legales pesa por igual sobre todos los ascendientes y descendientes, sin limitación y sin distinción entre ellos, como lo establece el artículo 411 del Código Civil, todos los descendientes que la incumplen sin justa causa, incurren en el delito de inasistencia alimentaria. Y es contraria a la igualdad consagrada en la Constitución, la norma que excluya de la acción penal a alguno de tales ascendientes o descendientes”. En el mismo sentido ver la Sentencia C-477 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

A partir de las anteriores consideraciones la Corte concluyó en la Sentencia C-1033 de 2002, —donde declaró la exequibilidad condicionada del numeral 1º del artículo 411 del Código Civil—, que si la obligación alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, y la unión marital de hecho al igual que el matrimonio está cimentada en la ayuda y socorro mutuos de quienes integran esas relaciones, no resulta razonable ni proporcional que se brinde un tratamiento desigual en materia de derecho de alimentos a los compañeros permanentes que conforman dicha unión frente a quienes celebraron contrato de matrimonio, por el simple origen del vínculo familiar.

Dijo la Corte:

“9.1. Violación al derecho a la igualdad por el numeral 1º del artículo 411 del Código Civil, al restringir el derecho de alimentos a los cónyuges y no incluir a los compañeros permanentes.

La disposición del numeral 1º acusado del Código Civil, expedida en el año de 1873, adolece de una inconstitucionalidad sobreviniente puesto que a la luz del nuevo orden superior infringe el principio de igualdad que debe existir entre la familia surgida de un matrimonio válidamente celebrado y la originada en vínculos naturales (uniones de hecho) y, por ende, vulnera los mandatos constitucionales consagrados en los artículos 5º, 13 y 42 del estatuto superior.

En efecto, el precepto impugnado otorga la calidad de sujeto pasivo de la obligación alimentaria al cónyuge. Sin embargo, no establece, como es obvio por la fecha en que se instituyó dicha normativa, el mismo derecho para quienes son integrantes de una familia conformada por vínculos naturales, es decir, para los compañeros permanentes, lo cual resulta inconstitucional por cuanto la Carta Política consagra la igualdad de derechos y deberes entre las parejas o familias conformadas por vínculos jurídicos y las fundadas en vínculos naturales.

De este modo, una interpretación conforme a la Constitución del numeral 1º del artículo 411 del Código Civil obliga concluir que si la obligación alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, y la unión marital de hecho al igual que el matrimonio está cimentada en la ayuda y socorro mutuos de quienes integran esas relaciones, no resulta razonable ni proporcional que se brinde un tratamiento desigual en materia de derecho de alimentos a los compañeros permanentes frente a quienes celebraron contrato de matrimonio, por el simple origen del vínculo familiar, más aún teniendo en cuenta la expresa prohibición que hace el artículo 13 superior.

Una interpretación en sentido contrario permitiría presumir que las personas que constituyen una unión marital de hecho pretenden evadir responsabilidades, contraviniendo con ello el principio de que a todas las personas que forman una familia se les exige un comportamiento responsable, sin importar la forma que ella asuma, el cual puede ser exigido incluso judicialmente.

Sin embargo, debe precisarse que los compañeros permanentes sólo podrán exigir el derecho alimentario, hasta que esté demostrada su condición de integrantes de la unión marital de hecho, puesto que debe existir certeza que quien dice ser compañero permanente lo sea en realidad.

Demostrada la inconstitucionalidad del numeral acusado habría lugar a declarar su inexequibilidad, caso en el cual la Corte Constitucional actuaría como un simple legislador negativo y no como el órgano a quien el constituyente en el Estado social de derecho confió la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Por ello en aplicación del principio de conservación del derecho y en aras de respetar el principio democrático y garantizar la seguridad jurídica, se proferirá una sentencia integradora (17) , que permita mantener en el ordenamiento jurídico dicha disposición del Código Civil pero condicionando su exequibilidad a una interpretación que respete los valores, principios y derechos consagrados en el ordenamiento superior. Esto es, que el numeral 1º del artículo 411 del Código Civil se ajusta a la Constitución, siempre y cuando se entienda que dichas normas también se aplican a los compañeros permanentes (18)(19) .

(17) Sobre esta forma de modulación de sentencias de constitucionalidad pueden estudiarse las sentencias C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-690 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(18) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-500 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Fundamento Jurídico Nº 22.

(19) Sentencia C-1033 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

A partir de dichas consideraciones la Corte resolvió entonces “Declarar EXEQUIBLE el numeral 1º del artículo 411 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que esta disposición es aplicable a los compañeros permanentes que forman una unión marital de hecho” (20) .

(20) Ibídem Sentencia C-1033 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

3.4. El contenido y alcance de la norma en la que se contiene la expresión acusada.

El artículo 233 de la Ley 599 de 2000 —Código Penal— que hace parte del capítulo 4º sobre delitos contra la asistencia alimentaria del título IV sobre “delitos contra la familia” tipifica el delito de inasistencia alimentaria en los siguientes términos:

ART. 233Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena será de prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor de catorce (14) años.

De dicha norma se desprende que el legislador, en relación con la sanción penal por el incumplimiento sin justa causa de la prestación de alimentos legalmente debidos a los ascendientes o descendientes, no hizo distinción alguna a partir del origen natural o jurídico del vínculo familiar.

Empero en relación con la pareja, hizo alusión exclusivamente al “cónyuge” dejando por fuera al compañero o compañera permanente que conforma una unión marital de hecho. Es esa precisamente la circunstancia que los actores encuentran contraria a los artículos 5º, 13 y 42 superiores.

4.Análisis de los cargos.

4.1.El desconocimiento de la protección, sin discriminación alguna, establecida en la Constitución para la familia y la consecuente vulneración del derecho de igualdad.

De las consideraciones preliminares de esta sentencia se desprende que en atención al mandato contenido en los artículos 5º y 42 superiores el amparo de la familia —constituida por vínculos naturales o jurídicos— como institución básica de la sociedad, debe darse por el Estado y la sociedad sin discriminación alguna y por lo tanto, si bien el matrimonio y la unión marital de hecho no son totalmente asimilables, en materia de alimentos debidos a los cónyuges o a los compañeros permanentes que forman una unión marital de hecho no cabe establecer discriminaciones.

En este sentido, en relación con la exclusión que se hace en el artículo 233 del Código Penal de los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho, en cuanto solamente se menciona en la tipificación del delito de inasistencia alimentaria al cónyuge la Corte constata que las mismas razones que la llevaron a considerar vulnerada la Constitución por la exclusión que se hacía en el artículo 411, numeral 1º del Código Civil de los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho deben reiterarse en este caso.

No resulta en efecto razonable ni proporcionado que si la obligación alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, y la unión marital de hecho al igual que el matrimonio está cimentada en la ayuda y socorro mutuos de quienes integran esas relaciones, se establezca un tratamiento desigual por el legislador en la tipificación del delito de inasistencia alimentaria para los compañeros permanentes frente a quienes celebraron contrato de matrimonio, por el simple origen del vínculo familiar (21) .

(21) Ver Sentencia C-1033 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

Existiendo idéntica obligación legal de suministrar alimentos en ambos casos, sancionar penalmente solamente el incumplimiento de dicha obligación por parte de los cónyuges, excluyendo a los compañeros permanentes que conforman dicha unión marital de hecho comporta una discriminación contraria a la Constitución.

Téngase en cuenta que si bien la potestad de configuración del legislador en materia penal es amplia, ella debe respetar los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales y que en este sentido no puede desconocer los mandatos contenidos en los artículos 5º, 13 y 42 superiores, de los que se desprende la igual protección que se debe a los cónyuges y a los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho en materia de alimentos, como ya se explicó en los apartes preliminares de esta sentencia. En ese orden de ideas dado que el legislador en ejercicio de su potestad de configuración y como responsable de la política criminal determinó, —pudiendo igualmente no haberlo hecho en ejercicio de esa misma potestad de configuración—, que era delito el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte del cónyuge, una vez adoptada esa decisión, debía ajustarla al sistema de valores, principios y derechos fundamentales previsto en el texto superior (22) y en ese sentido no podía establecer en esta materia un trato diferente para los cónyuges y para los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho.

(22) Sentencia C-420 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

Así las cosas resulta claro para la Corte que en este caso el legislador en la tipificación del delito de inasistencia alimentaria, a que alude el artículo 233 de la Ley 599 de 2000, contrarió la Constitución al no establecer para los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho el mismo tratamiento dado a los cónyuges en relación con la protección penal de la obligación de prestar alimentos, sin que para ello existiera una causa constitucionalmente legítima.

4.2. La declaración que debe hacerse por la Corte en el presente caso.

Verificada la vulneración de la Constitución por la exclusión que se presenta en el artículo 233 de la Ley 599 de 2000 de los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho, la Corte debe resolver si lo que procede en el presente caso es la declaratoria de la inexequibilidad de la expresión acusada, o si, como lo solicita el señor procurador y subsidiariamente los demandantes, debe declararse la constitucionalidad condicionada de la misma, o si corresponde hacer una declaración diferente.

4.2.1. En relación con la primera alternativa —a saber, la declaratoria de inexequibilidad de la expresión acusada—, la Corte advierte que la misma implicaría —como lo señalan uno de los intervinientes y el señor procurador—, dejar sin sanción penal, en relación con el incumplimiento del deber de alimentos, tanto a los cónyuges como a los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho.

La Corte actuaría así como un simple legislador negativo y no como el órgano a quien el constituyente en el Estado social de derecho confió la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (23) .

(23) Ver al respecto las consideraciones expuestas en el mismo sentido en la Sentencia C-1033 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Ver, igualmente la Sentencia C-688 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

No es esa entonces la opción que considera la Corte deba aplicarse en el presente caso.

4.2.2. Ahora bien, en relación con la segunda alternativa, a saber, proferir una sentencia integradora (24) , que permita mantener en el ordenamiento jurídico la expresión acusada pero condicionando su exequibilidad en un sentido que respete los valores, principios y derechos consagrados en el ordenamiento superior, estableciendo como lo solicita el señor procurador que el artículo 233 se aplica igualmente a los compañeros permanentes que forman una unión marital de hecho, la Corte hace las siguientes consideraciones.

(24) Ver, entre otras las sentencias C-109 de 1995 y C-690 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-688 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-043 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Cabe recordar que con este tipo de sentencias integradoras, el juez constitucional pretende llenar los vacíos dejados por el legislador, vacíos que ocasionan la vulneración de algún derecho fundamental. Específicamente, tratándose del derecho a la igualdad, la omisión consiste en dejar por fuera alguno de los supuestos de hecho idénticos al regulado por la norma legal lo que genera un trato discriminatorio. Sin embargo, como la norma no resulta inconstitucional por lo que regula, ni por la interpretación que de ella pueda darse (25) , sino por lo que omite incluir dentro de su regulación, el juez constitucional, aplicando directamente la fuerza normativa del artículo 13 superior, amplía la cobertura de la disposición a todo el universo de los sujetos que se encuentran en la misma situación de hecho regulada en la norma (26) .

(25) En efecto no se trata en este caso de una interpretación que resultaría acorde con la Constitución frente a otras que la vulnerarían. Ver al respecto, entre otras, las sentencias C-065 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(26) Ver la Sentencia C-403 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Así dado que en el presente caso el legislador en ejercicio de su potestad de configuración y como responsable de la política criminal del Estado decidió tipificar el delito de inasistencia alimentaria pero omitió incluir, debiendo hacerlo, a los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho, la Corte en ejercicio de las competencias, que le atribuye la Constitución (C.P., art. 241) frente a dicha omisión en la norma de la que hace parte la expresión acusada y para proteger concretamente el respeto del principio de igualdad (C.P., art. 13) estaría llamada a adicionar a través de una sentencia integradora la disposición acusada señalando que el artículo 233 de la Ley 599 de 2000 se aplica igualmente a los compañeros permanentes que forman una unión marital de hecho.

La Corte advierte, sin embargo, que como se ha hecho énfasis en la doctrina (27) y como lo ha precisado la Corte, en materia penal dicho tipo de sentencias integradoras pueden llegar, en ciertos casos, a tener el alcance de desconocer el principio de legalidad de los delitos y las sanciones, que se expresa en el aforismo latino “nulla crimen nulla pena sine previa lege” y que exige que todos los elementos del tipo penal sean establecidos por el legislador (28) .

(27) Ver al respecto, entre otros, Francisco Javier Díaz Revorio. Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional. Significado, tipología, efectos y legitimidad. Análisis especial de las sentencias aditivas. Editorial Lex Nova, Valladolid, 1ª edición, 2001, páginas 220 y siguientes.

(28) Como lo ha explicado la Corte de manera reiterada dicho principio de legalidad penal tiene varias dimensiones y alcances dentro de las que cabe destacar: i) la reserva legal, ii) la prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes que crean delitos o aumentan las penas, iii) el principio de tipicidad o taxatividad, según el cual, las conductas punibles deben ser no sólo previamente sino taxativa e inequívocamente definidas por la ley, de suerte, que la labor del juez penal se limite a verificar si una conducta concreta se adecua a la descripción abstracta realizada por la ley. Principio que tiene a su vez dos implicaciones: a) la prohibición de la analogía in malam partem, y b) la proscripción de los tipos penales ambiguos. Ver al respecto, entre otras la Sentencia C-559 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Al respecto ver igualmente la Sentencia C-1080 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis en la que se señaló lo siguiente: “La predeterminación por el legislador constituye entonces la esencia del respeto del principio de legalidad en materia de fijación de las penas, dado que el legislador está en la obligación no solamente de estructurar claramente los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes que deben ser objeto de tutela por el ordenamiento jurídico-penal, e imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, sino que debe establecer con idéntica claridad las penas que deben aplicarse en cada caso”.

Al respecto, cabe recordar lo dicho por la Corte en la Sentencia C-939 de 2003 donde al analizar la posibilidad de proferir una sentencia de este tipo respecto de las normas contenidas en el Decreto 1900 de 2002 “Por el cual se adoptan medidas en materia penal y procesal penal contra las organizaciones delincuenciales y se dictan otras disposiciones” se hicieron las siguientes precisiones sobre este punto.

Dijo la Corte:

“16. La Corte ha llegado a la conclusión de que los tipos penales dictados mediante el Decreto 1900 de 2002 violan la Constitución. Podría plantearse la cuestión de si la Corte podría declarar la exequibilidad condicionada de los tipos penales o, en su defecto, proceder a una integración normativa. La Corte descarta dicha posibilidad por las siguientes razones.

16.1. La posibilidad de declarar exequible de manera condicionada una disposición, está sujeta a que exista al menos una interpretación de la disposición que resulte compatible con la Constitución y que las restantes (sea una o varias) la quebranten (29) . Ahora bien, la interpretación compatible con la Constitución ha de ser, además, una que refleje el querer del legislador (ratio legis).

(29) Sentencia C-499 de 1998, C-1062 de 2000, C-410 de 2001, entre otras.

Para que la exequibilidad condicionada sea posible en materia de tipos penales es menester que la interpretación compatible con la Constitución se derive directamente del tipo penal y que no tenga como efecto aumentar el campo de punibilidad. Dicho aumento únicamente puede ser el resultado de declaraciones de inexequibilidad (30) parciales del tipo penal, siempre y cuando dicho aumento de punibilidad resulte necesario para la protección de un derecho fundamental. Lo anterior por cuanto únicamente el legislador puede definir cuáles conductas son consideradas punibles (ratio legis).

(30) Sentencia C-177 de 2001.

Por otra parte, la exequibilidad condicionada no puede conducir a la introducción o elaboración de elementos estructurantes del tipo. Ello, por la estricta reserva legal que existe en la materia y por cuanto ello no implica un desarrollo del principio de conservación del derecho, sino una producción de derecho. En efecto, si faltare alguno de los elementos estructurantes del tipo, se estaría frente a una violación del principio nullum crimen, nulla poena, sine lege previa, scripta et certa ”, por la falta de certeza en la descripción típica. La Corte no podría definir o inferir legítimamente cuál es la ratio legis y, de esta manera, integrar el tipo.

Tampoco puede operar la exequibilidad condicionada en esta materia cuando ello implica una reducción de la amplia libertad de configuración del legislador. El principio de conservación del derecho en armonía con la reserva legal en materia de tipicidad, no autorizan al juez constitucional a reducir de manera drástica el margen de apreciación del legislador. Si la descripción resulta en extremo amplia, ambigua o indeterminada, la Corte no puede reducir dichos defectos, pues entraría a definir en detalle los elementos descriptivos del tipo, por encima de la voluntad legislativa. Cosa distinta ocurre cuando el legislador está frente a un asunto en el cual carece (o es en extremo reducida) de amplia libertad de configuración, en cuyo caso la Corte podrá integrar el tipo penal, a fin de adecuarlo a la Constitución. Se trataría de eventos extremos en los cuales la definición legal del tipo impide la protección de bienes jurídicos constitucionales, de manera absoluta” (31) (negrillas fuera de texto).

(31) Sentencia C-939 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. S.V. Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra.

Ahora bien, en el presente caso la Corte constata que para asegurar el respeto del derecho de igualdad, que se desconoce por la expresión acusada en detrimento de los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho, estaría obligada a adicionar el artículo 233 de la Ley 599 de 2000 introduciendo una modificación en un elemento estructural del tipo penal, a saber el sujeto activo del delito, que no sería solamente el cónyuge, sino también el compañero permanente que conforma una unión marital de hecho. Adición que para respetar el principio de legalidad penal corresponde efectuar al legislador y no a esta corporación en este caso.

4.2.2.3. Así las cosas, resulta claro para la Corte que en el presente caso no es posible proferir, como lo solicita el señor procurador, una sentencia integradora que adicione el texto del artículo 233 de la Ley 599 de 2000.

Empero, en la medida en que la norma en la que se contiene la expresión acusada ha debido referirse tanto a los cónyuges como a los compañeros permanentes que conforman una unión marital de hecho, pues es en relación con unos y otros que los principios constitucionales establecen la obligación de alimentos, y que en este sentido se evidencia una omisión por parte del legislador, se hace necesario que el juez constitucional intervenga para asegurar la plena vigencia del ordenamiento superior exhortando al Congreso de la República para que en ejercicio de las competencias que le atribuye la Constitución (C.P., art. 150) adecue el tipo penal de inasistencia alimentaria contenido en el artículo 233 de la Ley 599 de 2000 a los mandatos constitucionales.

En este sentido dentro del marco fijado por el artículo 42 de la Constitución y tomando en cuenta la omisión que se evidencia en este caso el Congreso de la República determinará las modificaciones a introducir en el tipo penal de inasistencia alimentaria que aseguren la plena vigencia del ordenamiento constitucional en lo referente a la protección integral de la familia, así como al respeto del principio de legalidad penal.

En consecuencia, y dado que como ya se explicó, la declaratoria de inexequibilidad de la expresión acusada, ni la posibilidad de dictar una sentencia integradora que adicione el texto legal resultan procedentes, la Corte declarará la constitucionalidad pura y simple de la expresión acusada contenida en el artículo 233 de la Ley 599 de 1999 que tipifica el delito de inasistencia alimentaria, al tiempo que, por evidenciarse una omisión por parte del legislador, así lo declarará y exhortará al Congreso para que en el marco del artículo 42 superior se adicione el tipo penal de inasistencia alimentaria para adecuarlo a los mandatos constitucionales.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos formulados la expresión “cónyuge” contenida en el artículo 233 de la Ley 599 de 2000.

2. DECLARAR la existencia de una omisión legislativa en relación con la tipificación del delito de inasistencia alimentaria contenida en el artículo 233 de la Ley 599 de 2000 en cuanto dicha norma no incluye, debiendo hacerlo de acuerdo con los principios constitucionales a los compañeros permanentes que forman una unión marital de hecho y en consecuencia EXHORTAR al Congreso de la República para que en ejercicio de las competencias que le atribuye la Constitución (C.P., art. 150) y dentro del marco fijado por el artículo 42 de la Constitución adicione dicho tipo penal y lo adecue a los mandatos superiores.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

NOTA: La sentencia C-016 fue notificada por edicto Nº 24, fijado el 3 de febrero de 2004 y desfijado el 5 de febrero siguiente (N. del D.).

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