Sentencia C-016 de enero 23 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

PENA DE RELEGACIÓN A COLONIA AGRÍCOLA

ESTÁN DEROGADAS LAS NORMAS QUE DISPONÍAN ESTA SANCIÓN

EXTRACTOS: «Ejerciendo la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jaime Córdoba Triviño —Defensor del Pueblo—, presenta demanda contra los artículos 23, 24 y 25 del Decreto 522 de 1971, por considerar que dichas normas violan los artículos 1º, 13 y 16 de la Constitución.

Cumplidos los trámites señalados en la Constitución y la ley y oído el concepto del Ministerio Público, procede la Corte a decidir.

A) Normas acusadas.

Seguidamente se transcriben las disposiciones acusadas:

“DECRETO 522 DE 1971

por el cual se establece la vigencia de algunos artículos del Código Penal, se definen como delitos determinados hechos considerados hoy como contravenciones, se incorpora al Decreto-Ley 1355 de 4 de agosto de 1970 determinadas contravenciones y se determina su competencia y procedimiento, se modifican y derogan algunas disposiciones de dicho decreto, se deroga el Decreto-Ley 1118 de 15 de julio de 1970 y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 16 de 1968, atendiendo el concepto de la comisión asesora que la misma establece,

DECRETA:

ART. 11.—Agrégase al Decreto-Ley 1355 de 4 de agosto de 1970, sobre normas de policía, un título más dentro del libro III, que será el título cuarto, el cual versará sobre las contravenciones especiales, la competencia y procedimiento para su juzgamiento.

Título IV

Capítulo III

DE LAS CONTRAVENCIONES ESPECIALES QUE AFECTAN EL ORDEN SOCIAL

ART. 23.—El que teniendo medios de subsistencia ejerza la mendicidad, incurrirá en relegación a colonia agrícola de seis meses a un año.

ART. 24.—El que ejerza la mendicidad fingiendo enfermedad o defecto físico, incurrirá en relegación a colonia agrícola de uno a dos años.

ART. 25.—El que ejerza la mendicidad explotando enfermedad cierta o lacra o defecto físico verdaderos que no lo inhabiliten para trabajar, incurrirá en relegación a colonia agrícola de seis meses a un año, sin perjuicio del tratamiento médico a que haya lugar”.

3. Derogación de la pena de relegación a colonia agrícola.

Al expedir el Código Penal de 1980 se afirma el abandono de toda postura peligrosista para fundamentar la responsabilidad penal sólo en la culpabilidad(3) por ello, se excluyen todas las sanciones que no estén basadas en ésta y se ubican las medidas de seguridad como sanciones —pero no como penas— con fines curativos, de tutela y rehabilitación para inimputables (art. 12). En dicho código se suprimió la sanción de relegación a colonia agrícola penal, supresión que afectó también las contravenciones establecidas en el de Decreto 522 1971, por las siguientes razones:

(3) “En la sesión de instalación de la Comisión Asesora del Nuevo Código Penal, celebrada en febrero 22 de 1979, el comisionado Federico Estrada Vélez afirmó: “El Código vigente construye todo el sistema penal sobre los conceptos de peligrosidad y defensa social. El proyecto lo hace sobre la ecuación culpabilidad igual pena. No se sanciona al individuo porque sea peligroso, sino en cuanto es culpable. Es decir, en cuanto ha realizado un comportamiento socialmente reprochable, producto de una voluntad que no ha debido ser. La culpabilidad adquiere entonces categoría de fundamento y medida de la pena. La cuantía del castigo se establece en el grado de culpa”. (Actas del Código Penal Colombiano, Parte General, Volumen I, Colección Pequeño Foro, Bogotá, 1980, pág. 437).

1. El Código Penal (art. 18) divide los hechos punibles en delitos y contravenciones. En relación con estas últimas, el legislador distingue entre contravenciones de policía y “contravenciones especiales”, considerando entre las primeras aquellas faltas que atentan contra el orden social o la tranquilidad pública, v.gr. transgredir la prohibición de fumar en determinado sitio; dar aviso falso a la policía o al cuerpo de bomberos sobre inundación, incendio u otra calamidad; ejercer actividades no incluidas en el permiso concedido al propietario de establecimiento abierto al público. Las sanciones para este tipo de conductas, previstas en el Código de Policía —Decreto 1355 de 1970— son medidas correctivas, entre ellas, amonestación privada, expulsión de sitio público o abierto al público, promesa de buena conducta, demolición de obra, cierre del establecimiento, etc. (art. 186). Las “contravenciones especiales”, por el contrario, comparten las mismas características de los delitos, en relación con los cuales sólo tienen una diferencia de grado, en cuanto con su tipificación se busca proteger bienes jurídicos de menor importancia; no obstante, las sanciones que se contemplan son también drásticas, pues consisten en privación de la libertad (arresto) o multas en cuantías considerables.

Los hechos punibles previstos en las normas acusadas, hacen parte de las denominadas por el legislador extraordinario “contravenciones especiales”, que en la legislación derogada por el Decreto 522 de 1971 conformaban el libro III del Código Penal. Estas contravenciones son, en realidad, delitos menores.

2. La relegación a colonia agrícola penal es una sanción específica, distinta del arresto; así lo reconoció expresamente el legislador extraordinario al establecer en el artículo 377 del Código Penal —Decreto 100 de 1980— que “a partir de la vigencia del presente código, quienes estén cumpliendo condena de presidio o de relegación a colonia agrícola penal, continuarán descontándola como si se tratara de pena de prisión” (subraya fuera del texto).

3. Las regulaciones sobre contravenciones especiales establecidas con posterioridad a 1980 (L. 2ª/84, L. 23/91, L. 228/91) no hacen alusión a conductas sancionadas con pena de relegación a colonia agrícola.

4. Es tan evidente la inexistencia de dicha sanción (relegación a colonia agrícola), que el constituyente en el artículo 28 transitorio de la Carta confirió competencia a las autoridades de policía, hasta que se le atribuyera a las autoridades judiciales, para conocer “de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto”, por tratarse de una sanción restrictiva de la libertad que en adelante, y por mandato del artículo 28 ibídem, sólo podría ser aplicada por los jueces, y en ningún momento se hizo referencia a la relegación a colonia agrícola que, como se dejó dicho, también era una sanción privativa de la libertad.

5. Y para que no quede duda alguna, la Ley 228 de 1995 que da cumplimiento al artículo 28 de la Constitución, atribuye la competencia para conocer de las contravenciones sancionadas con pena de arresto en ella misma, en la Ley 23 de 1991 y en la 30 de 1986, a los jueces penales o promiscuos municipales, quedando las demás contravenciones sancionadas la multa y de competencia de los inspectores de policía(4).

6. Si bien la Ley 65 de 1993 —Código penitenciario— regula lo referente a las colonias agrícolas, como “Establecimientos para purgar la pena, preferencialmente para condenados de extracción campesina o para propiciar la enseñanza agropecuaria” (art. 28), la sanción específica denominada “relegación a colonia agrícola” ha desaparecido de nuestra legislación.

4. Derogación de los tipos contravencionales acusados.

El problema que se plantea consiste entonces en saber si las normas demandadas continúan vigentes o han sido derogadas por haberse abolido la sanción que se imputaba a las conductas descritas en ellas.

Para resolver dicho problema debe tenerse en cuenta, en primer término, que en lugar de la sanción de relegación a colonia agrícola no puede aplicarse al contraventor una sanción similar, como la de arresto, pues en virtud del principio de legalidad, tanto la conducta típica como la sanción, deben estar determinadas en forma expresa en la ley —nullum crimen, nullum pena sine lege—, sin que sea dable una aplicación extensiva o analógica de ella.

(4) La Ley 228 de 1995 en su artículo 15 estableció: “Salvo las contravenciones especiales de que trata la presente ley, las previstas en la Ley 23 de 1991 y aquellas a que se refiere la Ley 30 de 1986, las contravenciones actualmente sancionables con pena de arresto serán sancionadas con pena de multa hasta de cinco salarios mínimos legales mensuales. En estos casos procederá la conversión de multa en arresto de conformidad con el artículo 49 del Código Penal, a razón de un (1) día de salario mínimo legal diario por cada día de arresto”.

Ahora bien: las normas penales sancionatorias —y las contravenciones especiales lo son— se caracterizan por tener una estructura lógica del tipo condicional si “x” entonces debe ser “y”, de donde “x” es el supuesto de hecho, integrado por el tipo penal que describe la conducta cuya acción u omisión se estima no deseable socialmente, y “y” la consecuencia jurídica que consiste en una pena (esto es la privación o restricción de bienes jurídicos tan vitales como la libertad, el patrimonio, el honor), o por una medida de seguridad.

Si se elimina uno de los elementos de la proposición normativa, ésta deja de serlo; en consecuencia, si se deroga la conducta típica o la sanción, la estructura de la norma penal se quiebra y sólo queda o una manifestación del legislador sin ningún efecto jurídico, carente de obligatoriedad, o la amenaza de un mal no vinculado con la realización de un acto prohibido, lo cual desnaturaliza su condición de norma punitiva.

En este orden de ideas, cuando el Decreto 100 de 1980 derogó la sanción de relegación a colonia agrícola, excluyó del ordenamiento todos los tipos penales o contravencionales que tuvieran establecida dicha sanción, entre ellos, las contempladas en los artículos 23, 24 y 25 del Decreto 522 de 1971, demandados, por lo que la Corte se declarará inhibida para fallar por carencia actual de objeto.

VIII. Decisión.

Con fundamento en las razones expuestas, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse inhibida para fallar en relación con los artículos 23, 24 y 25 del Decreto 522 de 1971, por carencia actual de objeto.

Cópiese, notifíquese, comuníquese a quien corresponda, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-016 de enero 23 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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