•Sentencia C-163 de marzo 17 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Demanda D-2169

Magistrado Ponente:

Dr. Alejandro Martínez Caballero

Actor: Jorge Hernán Gil Echeverry

Norma acusada: Artículo 127 de la Ley 446 de 1998.

Temas:

— Acceso a la justicia y mecanismos alternos de solución de conflictos.

— Necesidad de habilitación de la jurisdicción arbitral.

— Intervención de terceros en el proceso arbitral.

Santafé de Bogotá, diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS:

II. Del texto legal objeto de revisión

La norma que se demanda e su totalidad es:

Ley 446 de 1998 

(Julio 7)

“Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

ART. 127.—Intervención de terceros. El Decreto 2279 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:

“ART. 30A. La intervención de terceros en el proceso arbitral se someterá a lo previsto a (sic) las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil. Los árbitros fijarán la cantidad a cargo del tercero por concepto de honorarios y gastos del tribunal, mediante providencia susceptible de recurso de reposición, la cual deberá ser consignada dentro de los diez (10) días siguientes. Si el tercero no consigna oportunamente el proceso continuará y se decidirá sin su intervención”.

(...).

VI. Fundamentos jurídicos

Competencia

1. Conforme al ordinal 4º del artículo 241 de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 127 de la Ley 446 de 1998, ya que se trata de la demanda de un ciudadano contra una norma contenida en una ley de la República.

Asunto bajo revisión

2. Según el actor, la norma que consagra la intervención de terceros en el proceso arbitral vulnera la Constitución, como quiera que obliga a estas personas a participar en esos tribunales, lo cual contraría la esencia de la justicia arbitral, que sólo puede ser habilitada por el consentimiento voluntario y espontáneo de los particulares. Además, el demandante considera que esa imposición extrae de la competencia de la justicia ordinaria controversias que no fueron pactadas para ser resueltas en la justicia arbitral, lo cual desconoce el artículo 229 de la Carta que consagra el derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia. Por el contrario, los intervinientes coinciden en afirmar que la disposición acusada es constitucional, pues los cargos de la demanda parten de una interpretación equivocada de la norma, como quiera que aquélla garantiza, en todos los casos de intervención de terceros, el respeto por la decisión libre de quien no es parte del pacto arbitral. Además, según su parecer, la norma impugnada dispone expresamente que en caso de que el tercero no intervenga en el proceso, los efectos del laudo arbitral no pueden extendérsele. Por su parte, el Ministerio Público afirma que si bien la norma acusada respeta el principio de voluntariedad de la justicia arbitral y no transgrede el derecho de acceder a la justicia de los terceros, es necesario de todos modos condicionar la constitucionalidad de esa disposición y exigir que la intervención sólo opere por “la voluntad de las partes o de los terceros intervinientes”.

Conforme a lo anterior, la Corte debe determinar si la disposición acusada vulnera el derecho a acceder a la justicia (C.P., art. 229) al obligar a unas personas, que no han suscrito un pacto arbitral, a resolver un litigio por medio de un tribunal arbitral. Ahora bien, el arbitramento constituye uno de los llamados instrumentos alternativos de solución de conflictos, que tienen fundamento constitucional expreso (C.P., art. 116), por lo cual la Corte comenzará por analizar brevemente las tensiones y relaciones que existen entre esos mecanismos y el derecho de acceder a la justicia, para luego abordar específicamente si, tal y como está consagrada, la intervención de terceros en el proceso arbitral desconoce o no la Carta.

Acceso a la justicia y mecanismos aIternativos de solución de conflictos

3. En reiterada jurisprudencia(1), la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a acceder a la justicia es fundamental, pues forma parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso, como quiera que “no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”(2). Por consiguiente, los acuerdos entre particulares que restrinjan definitivamente el derecho de acceso a la justicia están proscritos constitucionalmente, ya sea que éstos prohiban de manera absoluta acudir a la justicia ordinaria o por medio de la imposición de sanciones o cargas desproporcionadas e irrazonables que imposibilitan el acceso a la jurisdicción. Por tal motivo, “carece de licitud todo pacto contra la ley, los contratantes no pueden comprometerse a la forzada renuncia del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Siendo ilícito su objeto, no son válidas las cláusulas contractuales que contrarían normas imperativas de la ley y, por supuesto, de la Constitución”(3).

4. No obstante, la garantía constitucional de acceso a la justicia no significa que todas las disputas entre los particulares deban ser resueltas por los jueces, pues precisamente el artículo 116 de la Carta garantiza la existencia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación o el arbitraje, los cuales pueden ser ampliados por el legislador. Al respecto, esta Corte ha dicho que “es competencia del legislador, de acuerdo con los parámetros que determine la Carta Política, el fijar las formas de composición de los conflictos judiciales, los cuales —no sobra aclararlo— no siempre implican el ejercicio de la administración de justicia”(4).

Además, estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos encuentran base constitucional no sólo en su reconocimiento expreso en el artículo 116 superior sino también en otros principios y valores constitucionales. Así, su presencia puede constituir una vía útil, en ciertos casos, para descongestionar la administración de justicia formal, con lo cual se potencia la eficacia, celeridad y efectividad de la justicia (C.P., art. 228). Además, y más importante aún, la Carta establece un régimen democrático y participativo (C.P., art. 1º), que propicia entonces la colaboración de los particulares en la administración de justicia y en la resolución de sus propios conflictos. En ese orden de ideas, es perfectamente posible que el legislador estimule la resolución de conflictos directamente por los propios afectados, por medio de figuras como la conciliación o la amigable composición, o por terceros que no sean jueces, como sucede en el caso de los árbitros o de ciertas autoridades administrativas y comunitarias. Sin embargo, el actor tiene razón en que en determinados casos, la obligatoriedad del uso de esos mecanismos puede entrar en conflicto con el derecho de todas las personas para acceder a la justicia (C.P., art. 229). Un obvio interrogante surge: ¿hasta qué punto puede la ley obligar a una persona a renunciar a acceder a la administración de justicia a fin de que resuelva su litigio por un mecanismo alternativo?

Para responder a ese interrogante, es necesario armonizar, con base en los principios constitucionales, los mandatos contenidos en el artículo 116 de la Carta, que prevé los mecanismos alternativos, y el artículo 229, que garantiza a toda persona el derecho a acceder a la administración de justicia. Así las cosas, y teniendo en cuenta que Colombia es una democracia participativa (C.P., art. 1º), bien puede la ley favorecer que sean las propias personas quienes solucionen directamente sus problemas, por ejemplo estableciendo que éstas deben intentar previamente la conciliación de sus diferencias antes de acudir ante los jueces. En efecto, si esa instancia consensual permite que las partes enfrentadas acuerden una solución satisfactoria para su litigio, en nada se ha vulnerado el derecho de acceder a la justicia ya que las personas han accedido a una solución justa para su controversia. Sin embargo, en la medida en que toda persona tiene derecho a acceder a la administración de justicia, estos estímulos legales al uso de los mecanismos alternativos de solución de los conflictos no pueden llegar al extremo de bloquear o afectar de manera desproporcionada la posibilidad de una persona de llevar su controversia ante los jueces. Así, si bien nada en la Carta se opone a que la ley consagre como requisito de procedibilidad para que se pueda demandar judicialmente en ciertos ámbitos el que la persona haya intentado la conciliación previamente, sin embargo esa exigencia puede tornarse inconstitucional en determinados casos, si llega a implicar un obstáculo extremadamente gravoso para que el individuo lleve su caso ante los jueces. Eso puede suceder, por ejemplo, si se obliga a la persona a intentar previamente la conciliación, pero sin que la ley prevea la interrupción de los términos de caducidad cuando la persona acude a la instancia conciliadora, ya que, si los términos de caducidad son cortos, de esa manera se podría impedir el acceso a la justicia, con lo cual se estaría transgrediendo el artículo 229 de la Constitución.

Una vez precisados esos criterios generales sobre la relación entre los mecanismos alternativos de solución de litigios (C.P., art. 116) y el derecho de acceder a la justicia (C.P., art. 229), entra la Corte a examinar el problema específicamente en el campo del arbitraje.

Voluntariedad de la justicia arbitral y libertad de configuración legislativa para determinar el procedimiento

5. El artículo 115 del Código de Comercio define el arbitraje ordinario (que difiere del internacional o del laboral) como el “mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral”. Adicionalmente, la doctrina constitucional definió el arbitramento como “un mecanismo jurídico en virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte”(5).

Así pues, la justicia arbitral implica la suscripción voluntaria de un contrato o negocio jurídico, por medio del cual las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria y acuerdan someter la solución de cuestiones litigiosas, que surgen o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, a la decisión de árbitros, para lo cual determinan un procedimiento que ellos establecen o se remiten al previsto en la ley. Pues bien, este mecanismo alterno de resolución de conflictos fue expresamente autorizado por el artículo 116 de la Constitución cuando señaló que “los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de... árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad”.

6. De lo expuesto es fácil concluir que el sustento de la justicia arbitral es el acto voluntario y libre de los contratantes de acudir a los árbitros, como quiera que “el arbitramento tiene que partir de la base de que es la voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual, la que habilita a los árbitros para actuar”(6). Por consiguiente, la habilitación de los árbitros que realizan las partes contratantes, es un requisito constitucional imperativo sin el cual no es procedente la justicia arbitral. Al respecto la Corte ha señalado:

“Cuando los tribunales y jueces enumerados en el inciso primero del artículo 116 administran justicia, ejercen una función pública cuya razón de ser está en la existencia misma del Estado: no puede pensarse en un Estado que no administre justicia a sus súbditos. Los árbitros también ejercen una función pública, establecida en el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución, y en las leyes que regulan el arbitramento. Pero en cada caso concreto tienen que ser “habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad”. Dicho en otros términos: según la Constitución, las leyes que regulen el arbitramento tienen que partir de la base de que es la voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual, la que habilita a los árbitros para actuar”(7).

7. Así las cosas, la Corte Constitucional comparte plenamente el argumento expuesto por el actor, según el cual la justicia arbitral sólo está permitida constitucionalmente si está habilitada por las partes. Sin embargo, resulta equivocado deducir de esta premisa que el legislador está impedido para regular el procedimiento que rige este tipo de mecanismos de solución de conflictos, pues si bien el acceso a la justicia arbitral es voluntario, la función de administración de justicia por árbitros deberá desarrollarse “en los términos que determine la ley” (C.P., art. 116).

En este orden de ideas, el artículo 116 de la Carta debe interpretarse en armonía con el artículo 29 superior, según el cual toda persona tiene derecho a ser juzgado ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, lo cual permite concluir que, en situaciones donde los particulares no acordaron procedimiento especial que los regule, le corresponde al legislador fijar las formas procesales de cada juicio, lo que incluye, el proceso arbitral. Por consiguiente, si los árbitros ejercen la función pública de administrar justicia, es razonable que el legislador configure el marco general y las directrices de la actuación arbitral, dentro del marco de la Constitución(8).

8. Expuesto lo anterior, la Corte entra a estudiar el problema material planteado en la demanda del artículo 127 de la Ley 446 de 1998. Ahora bien, como lo evidencian los antecedentes de esta sentencia, el debate sobre la constitucionalidad de la norma acusada surge a partir de las diversas interpretaciones que los intervinientes efectúan de ella. Así, el demandante considera que la disposición impugnada establece una forma obligatoria de vinculación al proceso arbitral, mientras que para los intervinientes el objetivo de aquélla es simplemente permitir el acceso voluntario de terceros. Por consiguiente, la Corte debe averiguar el verdadero significado de la norma acusada, para luego estudiar si la regulación de la intervención, de terceros en el proceso arbitral que ésta prevé transgrede los artículos 116 y 229 de la Constitución.

Alcance de la intervención de terceros en el proceso arbitral

9. La intervención de terceros en el proceso arbitral es una figura reciente en nuestra legislación procesal. Así, su primer antecedente se encuentra en el artículo 30 del Decreto 2279 de 1989, parcialmente subrogado por el artículo 109 de la Ley 23 de 1991 y por el artículo 126 de la Ley 446 de 1998. Dice la citada norma:

“Cuando por naturaleza de la situación jurídica debatida en el proceso, el laudo genere efectos de cosa juzgada para quienes no estipularon el pacto arbitral, el tribunal ordenará la citación personal de todas ellas para que adhieran el arbitramento. La notificación personal de la providencia que así lo ordene, se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su expedición.

Los citados deberán manifestar expresamente su adhesión al pacto arbitral dentro de los diez (10) días siguientes. En caso contrario se declararán extinguidos los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria para dicho caso, y los árbitros reintegrarán los honorarios y gastos en la forma prevista para el caso de declararse la incompetencia del tribunal.

Igual pronunciamiento se hará cuando no se logre notificar a los citados.

Si los citados adhieren el pacto arbitral, el tribunal fijará la contribución que a ellos corresponda en los honorarios y gastos generales”.

Como vemos, esta disposición reguló de manera genérica la posibilidad de que fueran citados al proceso personas que no habían suscrito los pactos arbitrales y que podían verse afectados por el laudo. Sin embargo, la disposición generaba cierta incertidumbre ya que algunos consideraban, que ésta no había consagrado la intervención de terceros en el proceso arbitral sino que había previsto exclusivamente “una particular forma de integración del contradictorio”, en la medida en que hacía referencia a los litisconsortes necesarios, esto es, a aquellas personas para quienes el laudo tendría efectos de cosa juzgada, pero sin regular la intervención de terceros. Precisamente para aclarar esa controversia, la Ley 446 de 1998 estableció expresamente las reglas que rigen la presentación de terceros en los procesos arbitrales. Entra pues la Corte a examinar el alcance de esa disposición.

10. La norma acusada dispone, en primer lugar, que la intervención de terceros en el proceso arbitral se regula por las normas del Código de Procedimiento Civil. Ese estatuto distingue varias formas de intervención de terceros, las cuales no siempre serán aplicables a todos los tipos de procesos, pues su consagración es genérica. Así por ejemplo, resulta obvio que el llamamiento del poseedor o del tenedor, que sólo se prevé en casos de controversias relacionadas con bienes, no opera en un proceso de adopción. Por consiguiente, puede ocurrir que en el proceso arbitral tampoco se apliquen todas las formas de intervención de terceros que regula el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, la actuación de personas ajenas a la categoría de parte procesal en la justicia arbitral está sometida a las formas establecidas en la norma general que sean aplicables en la jurisdicción arbitral. De otro lado, la disposición impugnada señala que “los árbitros fijarán la cantidad a cargo del tercero por concepto de honorarios y gastos del tribunal... la cual deberá ser consignada dentro de los diez (10) días siguientes”. Ahora bien, la principal diferencia de la hermenéutica que realizan los intervinientes deriva del significado de la palabra deberá, pues para el actor quiere decir que, en todos los casos, el tercero debe intervenir en el proceso arbitral. Por el contrario, los intervinientes consideran que la norma consagra el deber del tercero de pagar si quiere intervenir, pero no significa que sea imperativa su presencia en el proceso arbitral.

A pesar de sus deficiencias de redacción, la lectura detenida de la disposición permite deducir con claridad que la segunda interpretación es la que más se adecua al texto literal de la misma, y a su finalidad. Por consiguiente, el “deber” se refiere a la obligatoriedad de consignar oportunamente el monto asignado si se quiere participar en el laudo arbitral, lo cual se explica por la naturaleza contractual y remunerada del arbitraje, como quiera que no resultaría equitativo que un tercero que quiere hacer valer sus derechos en una jurisdicción remunerada no sufrague los gastos de la misma. Por ello, si el tercero no quiere renunciar a la justicia ordinaria, la norma acusada dispone, en su tercera parte, la continuación del proceso arbitral sin su presentación, lo cual es razonable pues el laudo arbitral no puede involucrar a quienes no suscribieron o no se adhirieron al pacto arbitral, pero tampoco se debe permitir a los terceros bloquear la continuación del proceso arbitral. En efecto, lo propio del tercero, a diferencia del litisconsorte necesario, es que las consecuencias del laudo no lo cubren obligatoriamente, por lo cual resulta razonable que la ley permita que el proceso arbitral continúe sin su presencia. Por ende, si el tercero decide no participar en el proceso arbitral, la correspondiente disputa que tenga con alguna o ambas partes podrá ser resuelta ulteriormente por las instancias judiciales.

11. En ese orden de ideas, para la Corte es claro que, contrariamente a lo sostenido por el actor, el proceso arbitral que no cuente con la intervención del tercero no puede generar efectos de cosa juzgada para él. Esto deriva en primer término de elementales consideraciones sobre el alcance del derecho al debido proceso (C.P., art. 29), que se vería desconocido si los efectos del laudo afectarán a un tercero, que no participó en el juicio arbitral, y no tenía la obligación de hacerlo. De otro lado, a idénticos resultados conduce un análisis detenido del artículo 30 del Decreto 2279 de 1989, citado en el Fundamento Jurídico 9 de esta sentencia, y que se refiere a la participación de los litisconsortes necesarios. Esa disposición prevé que en caso de que el laudo genere efectos de cosa juzgada para quienes no estipularon el pacto arbitral y ellos no manifestaran expresamente su adhesión al pacto, entonces “se declararán extinguidos los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria”. Nótese pues que esa norma precisa que si el litisconsorte necesario no participa en el proceso arbitral, entonces éste no continúa, precisamente por cuanto la ley no pretende extender los efectos de un laudo a quien no lo habilitó voluntariamente. Por ende, si es claro que la ley no obliga al litisconsorte necesario a concurrir en el proceso arbitral, ni le extiende los efectos del laudo en caso de que no participe, con menor razón puede interpretarse la norma acusada en el sentido de que obliga a un simple tercero a asistir obligatoriamente a la justicia arbitral, bajo la amenaza de que si no lo hace, los efectos de la decisión llegarían a afectarlo.

Ahora bien, si se analiza con detenimiento los artículos 52 a 59 del Código de Procedimiento Civil, vemos como tampoco en el procedimiento civil se impone la cosa juzgada a una persona que no quiso intervenir en un litigio donde pudo predicársele el carácter de tercero. Por consiguiente, mucho menos podrán extenderse los efectos del laudo a quienes no intervinieron en el proceso arbitral. En síntesis, la disposición impugnada no establece una intervención obligatoria de terceros en el proceso arbitral ni extiende los efectos del laudo a aquellos que no intervienen, por lo cual los cargos del actor se sustentan una equivocada interpretación de la norma acusada.

Intervención de terceros y aceptación por las partes

12. Entra la Corte a examinar el último cargo del actor. Según su parecer, la intervención de terceros en el proceso arbitral debe estar condicionada a la aceptación de las partes de resolver el litigio con aquellos a través de esta justicia especial, pues lo contrario transgrede el principio de habilitación del pacto arbitral. Esto significa que según el demandante, no sólo los terceros deben voluntariamente concurrir al proceso arbitral sino que, además, las partes en el proceso arbitral deben expresamente aceptar esa intervención, a fin de que no se viole el principio, según el cual la justicia arbitral se funda en el consentimiento de sus partícipes.

A pesar de la aparente fuerza del argumento, la Corte tampoco lo considera acertado. En efecto, si unos particulares suscriben un pacto arbitral en virtud del cual aceptan someter sus diferencias a la decisión de un árbitro, es razonable entender que están habilitando a este tercero a que tome todas las medidas permitidas legal y convencionalmente para la resolución del conflicto específico. Por lo tanto, las partes facultan expresa o tácitamente la intervención de terceros en el proceso, pues el principal objetivo de la instalación del tribunal de arbitramento y de la intención plasmada en el acuerdo es resolver el litigio. En tales circunstancias, no resulta razonable suponer que quienes ya aceptaron que su conflicto fuera resuelto por un tribunal arbitral tengan a su vez la posibilidad de impedir la participación de un tercero en ese proceso, puesto que la persona ya había habilitado al tribunal para que resolviera ese conflicto específico.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 127 de la Ley 446 de 1998.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

(1) Entre otras, pueden consultarse las sentencias T-572 de 1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, T-572 de 1994 y C-059 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-544 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell y T-538 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(2) Sentencia T-268 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(3) Sentencia T-544 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(4) Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(5) Sentencia C-242 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(6) Sentencia C-294 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.

(7) Corte Constitucional. Sentencia C-294 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.

(8) Sobre este tema pueden consultarse las sentencias C-226 de 1993, C-037 de 1996, C-431 de 1995.

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