Sentencia C-168 de abril 29 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

DESCONGESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO

EXTRACTOS: «El texto de la norma acusada. A continuación, se transcribe el texto de los artículos 39 y 59 del Decreto 2651 de 1991.

“DECRETO 2651 de 1991

(Noviembre 25)

Por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales.

ART. 39.—Grabación de audiencias y diligencias. En todas las audiencias y diligencias se utilizará el sistema de grabación magnetofónica o electrónica, salvo que el Despacho carezca de los elementos necesarios y las partes que los proporcionaren. La transcripción deberá elaborarse dentro de los diez días siguientes a la audiencia o diligencia y de ella se correrá traslado en la forma indicada en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil, por el término de tres días, para que se presenten observaciones escritas, las cuales tendrá en cuenta el juez, previa confrontación, antes de firmar, y si lo considera pertinente podrá ordenar la reelaboración del acta dentro del término que fije, de conformidad con sus observaciones.

La parte que hubiere suministrado los medios para la grabación deberá elaborar la transcripción del acta dentro del término indicado; si no lo hiciere se le impondrá multa hasta diez salarios mínimos mensuales y la otra parte dispondrá de la mitad del término para suministrar la versión, la que será aprobada por el juez sin más observaciones; si tampoco la suministrare se le impondrá a ésta una multa hasta diez salarios mínimos mensuales. Si ninguna de las partes presenta la versión, se tendrá por inexistente la audiencia o diligencia y se prescindirá de ella.

Las grabaciones originales permanecerán bajo custodia del juez hasta la terminación del proceso. Para efectos de la transcripción cuando ella esté a cargo de una de las partes, ésta deberá obtener un duplicado de la grabación original.

El acta será firmada por el juez dentro de los dos días siguientes al del vencimiento del traslado y por los demás intervinientes dentro de los tres días siguientes al de la firma por el juez. La falta de firma de los demás intervinientes no afecta en ninguna forma la invalidez de lo actuado.

Cuando se emplee el sistema de grabación, se levantará un acta en la cual se deje únicamente constancia de quienes intervinieron en ella como partes, apoderados, testigos o auxiliares de la justicia, de los documentos que se hayan presentado y del auto que la suspende y señala fecha para continuarla, si fuere el caso.

ART. 59.—Suspensión. Se suspende la vigencia del capítulo segundo de la Ley 23 de 1991.

II. El artículo 39

En primer término, obsérvese que el artículo 39 señala que en todas las audiencias y diligencias se utilizará el sistema de grabación magnetofónica, salvo que el despacho carezca de los elementos necesarios y las partes no los proporcionaren; se trata de una disposición que desde el punto de vista práctico ha sido objeto de reparos similares a los propuestos por el actor, puesto que buena parte de los despachos del país carecen de los medios suficientes para poner en ejecución esta medida por la falta de las apropiaciones correspondientes en la administración. Empero, esta crítica no supera los simples juicios de adecuación y disposición de los recursos económicos, sin llegar a fundamentar un verdadero reparo de constitucionalidad que sea atendible por la Corte. Lo saludable sería desde el punto de vista práctico que los órganos competentes de la administración pública y el Consejo Superior de la Judicatura, dispusiesen los recursos adecuados para tal fin.

Además, se destaca por el actor que los términos señalados por el legislador para efectos de levantar la transcripción de las diligencias y de las audiencias, y para que aquélla sea suscrita por el juez y por las partes, es demasiado largo hasta el punto de que comprende períodos más extensos que los señalados por las normas anteriores, que regulan el desarrollo de las diligencias y de las audiencias.

En lo que no se repara por el actor es que la posibilidad de la aplicación de esta disposición comprende diligencias distintas de las audiencias y puede utilizarse también para efectos de otras prácticas judiciales, como inspecciones, recepción de testimonios o declaraciones; además, téngase en cuenta que la descongestión que se busca obtener pretende superar los obstáculos y la obstrucción generada por la necesaria intermediación del juez y del despacho en las horas de atención al público. Con la norma acusada se evita la aglomeración de personas y la demora natural del proceso mecanográfico inmediato en la actuación, lo cual desde todo punto de vista distrae y retarda la atención del juez en relación con los asuntos diarios.

La experiencia racional enseña que con el sistema de transcripción mecanográfica inmediata, no se puede definir con prontitud la evacuación de las actuaciones y se presentan notorias alteraciones y aplazamientos por la congestión obvia. Igualmente el acarreo y traslado de los elementos de transcripción cuando se tarta del desplazamiento del despacho, significa la presencia de elementos que patrocinan la congestión y obstaculizan la actuación.

Igualmente, con dicho elemento técnico se puede programar con mayor certeza el tiempo de duración de las actuaciones a evacuar en la jornada. No se trata de resolver siempre y sobre la marcha respecto de la cuestión planteada y bajo la competencia del juez, sino de facilitarle a este la prudente y programada atención en el adelantamiento de las diligencias que se acumulan en los despachos y no hacer depender la práctica de las mismas, del natural y más lento proceso de levantamiento de los dictados y de las intervenciones sobre la marcha, en el tradicional sistema manual de escritura o del mecanográfico trabajo de copia.

El juez y las partes no dependen de la marcha del escribiente y pueden con suficiente agilidad pasar de un punto a otro o de una actuación a otra con mayor rapidez; en este sentido la Corte encuentra que la norma acusada en verdad contribuye a facilitar a labor ordenada y sistemática del despacho judicial y, en el peor de los casos, facilita la racionalidad en la organización del trabajo interno. Por este motivo contribuye a la descongestión y no resulta contraria a la Carta, en punto al debido ejercido de las facultades extraordinarias.

III. El artículo 59

a) Por lo que hace a lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto 2651 de 1991, que también se acusa, esta Corporación encuentra que en verdad asiste razón al actor en el argumento según el cual, la suspensión que se ordena de las disposiciones contenidas en los artículos 18 a 21 de la Ley 23 de 1991, en vez de contribuir a la “descongestión” de los despachos judiciales, lo que constituye la finalidad y el límite material de las facultades extraordinarias con base en las cuales se expidió el mencionado decreto, patrocina y conduce a la evidente acumulación de negocios en los juzgados, contrariando el sentido de las facultades conferidas por el Constituyente de 1991, en el artículo transitorio 5º literal e) de la Carta.

Lo cierto es que la suspensión de los artículos mencionados, conduce a que los asuntos a los que se refiere el capítulo segundo de la Ley 23 de 1991, que según lo dispuesto en ella debían estar en manos y bajo el conocimiento de las autoridades de tránsito, sean tramitados íntegramente por las vías ordinarias ante los despachos de los jueces civiles y penales, desbordando el sentido y la finalidad de la citada ley, y congestionando en buena medida las labores judiciales de los despachos.

b) De otra parte, observa la Corte que los artículos 18 a 21 de la Ley 23 de 1991 (marzo 21), “por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los despachos judiciales, y se dictan otras disposiciones”, ordenan la modificación de los artículos 236, 251 y 252 del Código Nacional de Tránsito Terrestre y derrogan los artículos 105 y 106 de la Ley 33 de 1986; además, se tiene en cuenta que en aquellas disposiciones se reiteró la competencia que sobre el conocimiento de las infracciones contravencionales han venido ejerciendo las autoridades de tránsito, y se agregó la de conocer de las resoluciones en las que se condena el pago de perjuicios. Igualmente en las disposiciones hasta ahora suspendidas, se estableció el procedimiento de la conciliación, para poner fin a la actuación contravencional, y la facultad de condenar al responsable al pago de los perjuicios en concreto por medio de un procedimiento especial de liquidación de los mismos.

Observa la Corte Constitucional que al respecto de las mencionadas disposiciones de la Ley 23 de 1991, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, tuvo oportunidad de pronunciar fallo de mérito en el que encontró que las partes examinadas de aquellas normas resultan conformes a la Constitución Nacional de 1991. (Sent. 02 de ene. 23/92, M.P. María Cristina Rozo de Chahín). En efecto en aquella oportunidad la Corte Suprema de Justicia señaló que:

“.. unificar en una sola autoridad y mediante el adelantamiento de un solo proceso, la función de determinar la existencia de la falta de tránsito y su responsable, tanto como la entidad del daño causado y la condena al pago de perjuicios, constituye un sistema ágil para el trámite de procesos de esta índole, además de cumplir con el objetivo que debe regir la administración de justicia cual es el de que ésta sea pronta, eficaz y oportuna, pues, como lo afirma la señora viceprocuradora, “esa dualidad de competencia (autoridad de tránsito-autoridad judicial ) por la que en una se definía la existencia de la falta y su responsable, y en la otra se determinaba el daño ocasionado y sus consecuencias reparatorias o indemnizaciones, determinaban la complejidad o dilación en los trámites judiciales, y entrañaba para los afectados la disyuntiva de no demandar o asumir los costos temporoeconómicos de procesos lentos, que a la postre se traducían en verdadera denegación de justicia”.

Además, en el mismo fallo, la mencionada Corporación en funciones de órgano de control de constitucionalidad, señaló que la conciliación en materia de los daños causados que se puede adelantar ante los despachos de las autoridades de tránsito, corresponde a las finalidades de la descongestión de los despachos judiciales dentro del programa del Estado de desjudicializar las conductas por virtud de la composición de intereses. También, en este sentido señaló la Corte Suprema de Justicia que:

“Los incisos acusados de este mandato legal (art. 20 Ley 23 de 1991) consagran que cuando se trata de daños ocasionados a vehículos, inmuebles, muebles o animales, en la misma resolución que imponga la sanción se debe condenar al responsable al pago de los perjuicios en concreto, para lo cual el inspector procederá a liquidarlos de acuerdo con el procedimiento señalado en los incisos 1º y 2º del artículo 50 del Código de Procedimiento Penal, lo que, según el demandante, viola el debido proceso y el derecho de defensa al no permitir que se pueda reclamar contra otras personas responsables directos o indirectos que lo son solidariamente conforme a los artículos 2347 y 2356 del Código Civil.

El planteamiento que esgrime el actor para sustentar la petición de inexequibilidad carece de solidez, por cuento el citado artículo 20 es claro en disponer con carácter imperativo, que quien resulte directamente responsable de la contravención a las normas de tránsito, deberá ser condenado por la autoridad competente al pago de los perjuicios que ocasione con su conducta. Así las cosas, siempre que existe responsabilidad directa en la infracción, quien haya incurrido en ella quedará obligado a indemnizar el daño.

Cierto es, que el precepto en mención no prevé que durante la actuación contravencional pueda reclamarse contra otras personas que estén obligadas a responder solidariamente por los perjuicios causados, en virtud de relaciones jurídicas de orden legal o contractual con el infractor y no cabe hacer interpretación extensiva de la competencia asignada a los funcionarios de tránsito para decidir sobre la responsabilidad de terceros, dado que en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional, la atribución de funciones de carácter jurisdiccional a las autoridades administrativas es excepcional y debe referirse a materias precisas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la disposición acusada en ningún momento prohíbe o impide que el asunto pueda someterse a la jurisdicción ordinaria para obtener la definición de la responsabilidad civil que pueda corresponder a otras personas, con fundamento en la resolución que dicte la autoridad de tránsito, si quien sufre la condena no satisface espontáneamente el valor del perjuicio inferido.

De tal manera que debe desestimarse el argumento expuesto por el actor, conforme al cual, el artículo 20 desconoce los postulados del debido proceso, que tutela nuestro ordenamiento constitucional como uno de los derechos fundamentales del individuo, pues ninguna transgresión a ellos puede derivarse simplemente del hecho de que para efectos de resolver los casos de responsabilidad indirecta deba acudir a la jurisdicción ordinaria.

Ahora bien, el inciso primero del artículo que se estudia no confunde la responsabilidad por violación de una norma de tránsito con la civil extracontractual originada en un accidente automoviliario, porque, como se dejó expresado, allí sólo se establece que en un mismo acto, que es la resolución en la que se imponga la sanción, se condene al responsable al pago de los perjuicios en concreto, evitando de esta forma y para esos efectos, el adelantamiento de procesos independientes y ante autoridades distintas, como ocurría en la legislación antes vigente.

Para finalizar y en cuanto atañe a la liquidación de perjuicios, ésta se debe efectuar conforme a lo que establece el artículo 50 del Código de Procedimiento Penal en sus incisos primero y segundo, que autorizan la intervención de peritos cuando el asunto sea complejo y remiten a los artículos 106 y 107 del Código Penal en caso de perjuicios materiales o morales no valorables pecuniariamente; no advierte la Corte cómo puedan infringir la normatividad constitucional, además de que el actor simplemente aduce un argumento de pura convivencia mas no de constitucionalidad como procede en acciones de esta índole”.

c) En este sentido, tal y como se advirtió más arriba, encuentra la Corte Constitucional que en el caso de las competencias que regula la Ley 23 de 1991, en la parte pertinente suspendida por la norma acusada, se prevén disposiciones especiales que señalan el alcance y la naturaleza de las atribuciones y los procedimientos aplicables para la definición de la responsabilidad del causante del daño y la condena al pago de los perjuicios ocurridos con ocasión del accidente de tránsito, lo mismo que mecanismos como el de la conciliación, que conducen a la descongestión de los despachos, mientras que el artículo 59 del Decreto 2651 de 1991, por el contrario, impide que se cumplan aquellos cometidos de descongestión de los despachos judiciales. Así, la disposición acusada resulta contraria al ámbito material de las facultades concedidas por el Constituyente, y lo que procede en esta oportunidad es la declaratoria de su inexequibilidad.

d) En cuanto hace al cargo formulado por el actor, se observa que en materia de los vínculos obligacionales entre los perjudicados, los responsables de los perjuicios y los terceros llamados a responder civilmente en caso de accidentes de tránsito por razones de orden legal o contractual, si quien sufre la condena no satisface espontáneamente el valor del perjuicio inferido, se hicieron algunos reparos relacionados con la conveniencia de las normas suspendidas y que estos fueron tenidos en cuenta por el legislador extraordinario al momento de decretar la suspensión de las mencionadas disposiciones.

Las normas de la Ley 23 de 1991, que regulan las competencias de las autoridades de tránsito, para efectos de definir por conciliación las responsabilidades que se desprenden del accidente vehicular, no se pueden aplicar cuando se trate de terceros llamados a responder civilmente y que pretendan desligarse de aquélla, dada la naturaleza de la controversia que se suscita y la falta de competencia expresa de los mencionados funcionarios de tránsito, tal y como bien lo definió la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que se transcribe más arriba.

Ante la imposibilidad de adelantar ante aquellos funcionarios las correspondientes diligencias de solución de la controversia sobre los vínculos obligacionales y las relaciones civiles de orden legal o contractual entre las personas involucradas en el asunto y las llamadas a responder solidariamente por los perjuicios causados, este debe tramitarse por separado ante la jurisdicción ordinaria para obtener la definición de la responsabilidad civil que pueda corresponder a otras personas, con fundamento en la resolución que dicte la autoridad de tránsito; empero esto no comporta lo que el actor llama “una evidente congestión” en los despachos judiciales y, por el contrario, estima la Corte que el acudir a la jurisdicción ordinaria para aquellos aspectos del asunto, es una solución adecuada y racional que no congestiona sino que agiliza el funcionamiento de los juzgados, pues a ella se arriba después de agotadas las instancias de conciliación en el ámbito de las competencias administrativas, y previa la definición de la responsabilidad del autor del daño y el monto de los perjuicios, quedando por determinar en el aspecto examinado, el vínculo que comprenda al tercero.

Así las cosas, se encuentra que en el capítulo segundo de la Ley 23 de 1991, existe una solución racional sobre este punto, y que la suspensión de aquellas regulaciones ordenada por la norma que se examina, resulta extraña al ámbito de las facultades extraordinarias conferidas en cuento no permite la descongestión de los despachos judiciales, y se opone a una sana disposición de las competencias de los administradores de justicia y a la colaboración de las mencionadas autoridades a las que se les encarga de determinadas funciones jurisdiccionales.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, surtidos los trámites correspondientes a este tipo de actuaciones de control constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el artículo 39 del Decreto 2651 de 1991.

2. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 59 del Decreto 2651 de 1991.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-168 de abril 29 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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