Sentencia C-1714 de diciembre 12 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

DOCUMENTOS SUJETOS AL IMPUESTO DE TIMBRE

TIENEN VALOR PROBATORIO AUNQUE NO SE DEMUESTRE PAGO DEL IMPUESTO

EXTRACTOS: «A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 38756, del 30 de marzo de 1989.

“DECRETO 624 DE 1989

(Marzo 30)

Por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

(...).

Libro Cuarto

Impuesto de Timbre Nacional

(...).

TÍTULO VIII

ART. 540.—Ningún documento deberá ser tenido como prueba mientras no se pague el impuesto de timbre. Ningún instrumento (1) o actuación sujeto al impuesto de timbre podrá ser admitido por funcionarios oficiales ni tenido como prueba mientras no se pague el impuesto, las sanciones y los intereses de acuerdo con el artículo 535”.

(1) Modificado por el artículo 43 de la Ley 60 de 1992, que cambió la expresión “instrumento” por “documento”.

(...).

2. Planteamiento del problema.

El artículo 540 del estatuto tributario establece un efecto sancionatorio en materia tributaria destinado a garantizar el recaudo del impuesto de timbre sobre los instrumentos o actuaciones sujetos a dicho tributo, de acuerdo al cual, éstos no pueden ser admitidos ni tenidos como prueba por una autoridad pública, mientras no se haya cancelado el valor de su importe. Para el actor, la disposición acusada resulta inconstitucional porque contraviene distintas reglas, principios y derechos constitucionales, como el de la buena fe (art. 83), la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (art. 228), el debido proceso (art. 29) y los principios de celeridad y economía (arts. 209 y 363).

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, que en lo esencial comparte el Ministerio Público, ya que a su parecer la norma cuestionada consagra efectos que vulneran las relaciones de proporcionalidad y razonabilidad entre el principio de eficiencia tributario y los derechos al debido proceso y a presentar y controvertir pruebas, debe la Corte establecer si dentro de su atribución de configuración normativa, la Constitución habilita efectivamente al legislador para que, en aras de hacer eficiente el recaudo de un impuesto, pueda llegar a condicionar el valor probatorio de un instrumento o de una actuación sujetos a determinada exacción, cuando ellos tengan que hacerse valer frente a una autoridad pública.

Sin embargo, antes de iniciar el examen de los cargos resulta necesario considerar la posibilidad de una derogatoria tácita de la norma acusada, que es la eventualidad que considera el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y, que de ser cierta, obligaría a la Corte a inhibirse para fallar sobre la demanda.

3. Consideraciones sobre una eventual derogatoria de la norma acusada como resultado de la evolución del impuesto de timbre.

3.1. Por invitación del Magistrado Ponente, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario rindió concepto en torno a los planteamientos de la demanda y, además de señalar su criterio sobre el particular, advirtió sobre la revocatoria tácita del artículo 540 del estatuto tributario como resultado de los cambios que se han operado en los mecanismos de recaudo del impuesto de timbre y, particularmente, con ocasión del sistema de retención en la fuente que resolvió implantar la Ley 6ª de 1992.

Sustenta el instituto su punto de vista en los siguientes señalamientos:

“Para la época en que se dictó la Ley 2ª de 1976, de cuyo artículo 25 surgió el citado artículo demandado, el régimen de liquidación y pago del impuesto de timbre era completamente diferente al que actualmente rige.

En general, el sistema tributario partía de la noción de que todo documento en el que consten obligaciones dinerarias de cuantía superior a una cifra que anualmente se actualiza, debe estar sujeto a gravamen, salvo que expresamente se encuentre exento.

Aunque en esos años la legislación no era particularmente precisa en la definición de los sujetos pasivos, por la redacción de las normas se infería que cualquiera de los intervinientes o aceptantes del documento gravado adquirían la doble calidad de contribuyentes y responsables del pago (...).

De acuerdo con las previsiones de esa misma ley, la liquidación del tributo se hacia en forma oficial, es decir, no corría a cargo de particulares, quienes debían acudir a las dependencias autorizadas para que allí se les determinara el monto del impuesto, el cual se pagaba mediante estampillas de timbre nacional que se adherían físicamente al documento y luego se anulaban”.

Luego cuando los valores del impuesto de timbre fueron creciendo se autorizó el uso de las máquinas porteadoras, por medio de las cuales en el cuerpo del documento gravado solo se dejaba constancia del valor del impuesto liquidado y pagado.

En otras palabras respecto de los documentos gravados que podían servir de prueba, resultaba relativamente fácil para los funcionarios oficiales verificar el monto liquidado y efectivamente pagado por timbre nacional, porque siempre constaban estos elementos de juicio en el cuerpo de aquellos. Igualmente, podía decirse que todos los intervinientes estaban en un mismo plano de igualdad, por que una vez revelada la existencia del documento, aparecía en forma automática la prueba del pago del impuesto de timbre respectivo o su ausencia (...).

Sin embargo con la promulgación del artículo 33 de la Ley 6ª de 1992 y para asegurar la eficacia del recaudo, el legislador resolvió implantar el sistema de retención en la fuente, mecanismo de pago que tiene la virtud de reducir en forma importante el universo de los sujetos expuestos a la fiscalización en esta materia.

A tal propósito, dicho artículo 33 radicó exclusivamente en cabeza de los agentes retenedores la obligación sustancial de pagar el tributo, aun sin tener el carácter de contribuyentes, y les asignó las demás obligaciones formales de declarar y responder por las sanciones. En concordancia con esa disposición se encuentra el nuevo artículo 547 del estatuto tributario, el cual puntualiza que las sanciones corren a cargo exclusivo de los agentes retenedores.

Conforme a estas disposiciones, el agente retenedor actúa como un sustituto legal de los contribuyentes del impuesto de timbre, vale decir, de los intervinientes de un documento gravado (...) prima facie debe concluirse que la carga probatoria, en relación con el pago del impuesto, de las sanciones y de los intereses, se torna más compleja para cualquier interviniente del documento gravado que no tenga la calidad de agente retenedor, pues en momento alguno se adhieren estampillas o se deja constancia expresa en el cuerpo del documento de la liquidación y pago del tributo.

Visto de otro modo, la prueba de todas esas circunstancias se encuentra en manos de un tercero, el agente retenedor, que como se anotó puede ser el deudor de la obligación que se requiere probar con la aportación del documento gravado y que además se halla amparado por la reserva general de sus declaraciones tributarias, conforme a las previsiones del artículo 583 del estatuto tributario y demás disposiciones subsiguientes.

Ello significa que los intervinientes que no tienen la calidad de agentes retenedores carecen de una constancia específica del pago del tributo, salvo que quien actúe como agente retenedor cumpla con la obligación posterior de expedir a los demás interesados una constancia de la retención practicada, que al tenor de lo establecido por el artículo 381 del estatuto tributario es de carácter anual y que además el Gobierno Nacional puede eliminar en cualquier momento”.

De lo expresado concluye el instituto:

“En atención a la notoria incompatibilidad del sistema de retención en la fuente en materia de impuesto de timbre y las exigencias de esas antiguas disposiciones en torno a los intervinientes no agentes retenedores o a los funcionarios oficiales, un ilustre sector de la doctrina se inclina en conceptuar que los artículos en cuestión se encuentran tácitamente derogados”.

No resulta aceptable a la luz de los planteamientos anteriores la pretendida derogatoria, si se tiene en cuenta que todo el peso argumentativo para llegar a tal conclusión se hace derivar de una supuesta dificultad en materia de prueba del pago, al haberse sometido este último al sistema de retención en la fuente por virtud de la Ley 6ª de 1992.

3.2. En el sistema señalado, la legislación vigente hace la distinción entre agentes responsables del tributo y contribuyentes, asignando a los primeros la responsabilidad del recaudo, que antes constituía una actividad propia que asumía mediante la intervención de sus organismos o funcionarios. No cabe duda de que el sistema de retención en la fuente mejoró notablemente la eficiencia tributaria porque el cobro de un tributo se cumple al momento en que se dan los supuestos fácticos y jurídicos que generan la obligación, por lo mismo facilita el control de la evasión, agiliza el recaudo y disminuye considerablemente el costo de esta actividad.

Eventualmente el agente retenedor del timbre puede ser a la vez contribuyente, si en él se conjugan las dos calidades, no obstante lo cual, y en razón de la forma como está regulado el sistema, no media una seria posibilidad de que se puedan confundir sus obligaciones tributarias.

Contribuyentes, según el artículo 515 del estatuto tributario, son las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas y las entidades públicas no exceptuadas expresamente, que intervengan como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores, suscriptores de documentos, lo mismo que aquél a cuyo favor se expida, otorgue o extienda el documento. Y son responsables por el impuesto, en los términos del artículo 516 del mismo estatuto, todos los agentes retenedores, incluidos aquellos, que aún sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir las obligaciones de éstos por disposición expresa de la ley.

Hechas estas precisiones, se observa que los sujetos comprometidos en el pago y recaudo del impuesto de timbre, tienen delimitada su responsabilidad por la ejecución de sus deberes que cumplen dentro del proceso tributario, pues cada cual agota su responsabilidad en un momento determinado. De manera que debe entenderse, por una parte, que el contribuyente satisface su obligación una vez su agente retenedor le deduzca el monto de la liquidación privada que realice, y, por supuesto, sólo puede exigírsele que pruebe esa circunstancia, que consigue plenamente con el certificado que a su favor expide aquél. De otra parte, los agentes retenedores están en la obligación de llevar a cabo el recaudo y pago efectivo de su importe al Estado y en consecuencia están llamados a probar ese hecho, cuya prueba cumple con las certificaciones correspondientes (E.T. arts. 539 y 632; D. 2598, art. 26).

Ahora, si se hace hoy una lectura textual de la norma enjuiciada, pareciera que se extiende la exigencia de probar el pago del impuesto de timbre por quien quiera hacer valer un documento ante un funcionario público, sin tomar en cuenta las particularidades suscitadas por la mecánica actual de su recaudo, no entendiendo que al ser trasladada la norma sin ninguna consideración al régimen actual, puede ser descontextualizada e interpretada erróneamente, generando inconvenientes a los sujetos pasivos no retenedores.

No obstante, si bien hoy no aparece en el documento objeto del impuesto de timbre, adherida la estampilla o impresa la marca de la máquina porteadora, ello no comporta de suyo, como lo pretende ICDT, que el contribuyente no pueda acceder a una constancia específica del tributo y, menos todavía, llegar al extremo de que el agente retenedor se constituya en un sustituto de aquél, porque, como se ha visto, el sistema de cobro permite establecer, de una parte, la diferenciación de los sujetos pasivos del impuesto y de la retención y, de otra, la forma como el obligado directo del tributo puede acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria, precisamente mediante el certificado de retención que debe otorgarle el obligado indirecto al hacer la retención del impuesto en su origen (5) .

(5) Los agentes retenedores, además de la obligación que tienen de expedir el certificado de retención, deben cumplir, en su condición de responsables del impuesto de timbre, con las obligaciones estipuladas, en los artículos 539-1, 539-3, 632-1 del estatuto tributario.

Así entonces, el deber del funcionario oficial de verificar el pago del gravamen, ahora como antes, se cumple de la misma manera, esto es, estableciendo el recaudo de su monto con los asientos correspondientes que se originan en el sistema de retención en la fuente o con el certificado de retención que aporte el contribuyente.

Si se toma en cuenta la forma como está concebido el texto de la norma acusada, es fácil concluir que el nuevo mecanismo de recaudo no resulta en la práctica inaplicable porque encaja perfectamente en la disposición en examen. Efectivamente, el legislador no se propuso con ella consagrar una técnica de recaudo del tributo, sino simplemente establecer un medio de coerción destinado a asegurar la eficacia de éste. De ahí por qué sea factible señalar que las innovaciones introducidas por la Ley 2ª de 1976 en el recaudo del impuesto, puedan aplicarse a la luz de la norma demandada sin mayores contratiempos.

Superados, como están, los argumentos en que se fundamentó una pretendida inexistencia de la norma acusada, al establecer que la aplicación práctica de ésta no resulta incompatible con el sistema de recaudo del impuesto mediante el sistema de retención en la fuente, procede la Corte a precisar los objetivos de la norma acusada, establecer a la luz de los principios constitucionales y de la doctrina tributaria el contenido, alcance y límites de la eficiencia tributaria, precisar si el legislador no desbordó los límites superiores para crear disposiciones dirigidas a evitar la evasión fiscal, luego lo cual, abordará el examen de los cargos planteados en la demanda.

4. Objetivos de la norma acusada.

4.1. Como se ha señalado por el demandante y destacado de igual modo por el Ministerio Público, la medida cuestionada somete a diferentes limitaciones distintos derechos y garantías constitucionales de los contribuyentes del impuesto de timbre, al constreñirlo para su pago suspendiendo el valor probatorio de los documentos sujetos a la exacción y asegurar por este medio la eficacia del recaudo de dicho tributo.

Para adelantar el examen de constitucionalidad planteado, se requiere confrontar, de un lado, la eficiencia del recaudo de los tributos, como expresión formal del principio tributario que consagra la Constitución (C.P., art. 363), corolario lógico del deber de los ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado (C.P., art. 95-9), con los postulados presuntamente quebrantados para establecer, luego de ello, si el legislador obró dentro de los criterios superiores que limitan su capacidad de configuración normativa o efectivamente los desconoció, caso en el cual la norma impugnada devendría en inexequible.

5. Finalidad de la norma.

Según su contenido, no cabe duda que el precepto en examen utiliza como mecanismo de eficacia del recaudo una sanción no tributaria, que es la suspensión del valor probatorio de los documentos sujetos a timbre, para forzar a los contribuyentes al pago de su importe.

El texto acusado dispone:

“ART. 540.—Modificado por la Ley 6ª de 1992. Ningún documento o actuación sujeto al impuesto de timbre podrá ser admitido por funcionarios oficiales ni tenido como prueba mientras no se pague el impuesto, las sanciones y los intereses de acuerdo con el artículo 535”.

Es evidente entonces que la disposición constituye un mecanismo legal para evitar la evasión fiscal, que se estructura por el legislador al suspender transitoriamente la eficacia probatoria de los documentos sujetos al timbre y su posibilidad de aducirlos frente a la justicia o a la administración, hasta tanto el sujeto obligado no pague el tributo. Así, entonces, por el solo ministerio de la ley, a tales instrumentos se les convierte en medios ineficaces de prueba de los derechos y las obligaciones que de ellos se reconocen o que por sí mismos representan.

Hay que reconocer que la norma resulta ser efectiva, como mecanismo de recaudo, porque virtualmente no le deja al contribuyente alternativa alguna para eludir el tributo. No cubrir su importe significa tanto como aceptar que no puede hacer efectivos los derechos o exigir las obligaciones consignadas en el instrumento, sobre todo cuando se trata de un título valor, donde el derecho incorporado está necesariamente condicionado a la existencia del documento que lo contiene, y por supuesto, a que este sea eficaz como prueba de dicho contenido.

6. La eficiencia tributaria, modalidades y alcance.

6.1. En la práctica fiscal resulta insuficiente la creación de un impuesto sin la necesaria disposición de los elementos instrumentales para hacer efectivo su recaudo, porque entonces, como es fácil entenderlo, resulta neutralizado por los fenómenos de la evasión y elusión tributaria, de manera que las fórmulas legales con las cuales se pretende garantizar el pago de dichas exacciones, apremiando el cumplimiento o desestimulando su incumplimiento, resultan en principio no sólo necesarias sino legítimas, aun a título de sanciones tributarias, siempre claro está, que no desborden los límites que los precedentes jurisprudenciales han elaborado con ocasión de la aplicación del test de razonabilidad.

Es obvio, como se ha advertido, que la justificación de la norma tiene por fundamento asegurar la eficacia del recaudo del timbre, esto es, conseguir el pago persuasivo o coercitivo del impuesto, objetivo que tiene indudable respaldo en el artículo 363 de la Constitución, donde se consagran los principios tributarios como guías obligatorias en el diseño del sistema impositivo y donde se reconoce la eficiencia fiscal como una estrategia a partir de la cual se evalúa la bondad económica de tributos pero también se proyectan los mecanismos adecuados que faciliten su recaudo oportuno.

6.2. De manera general, se ha entendido el derecho tributario como una especialidad del derecho administrativo, cuyo objeto se ocupa de la imposición pero igualmente del recaudo de los tributos, es decir, de integrar los elementos esenciales que estructuran la obligación tributaria (C.P., art. 338), como de establecer los elementos formales a partir de los cuales se elaboran los mecanismos para hacer efectivo el recaudo de la exacción.

Cuando se examina la eficiencia del sistema tributario se acude al principio constitucional consagrado por el artículo 363, del cual es viable deducir dos aplicaciones diferentes: la eficiencia del tributo y la eficiencia del recaudo. Ello quiere decir, que el examen del principio puede llevarse acabo asumiéndolo como un elemento del tributo, o también, como un factor a tenerse en cuenta cuando se organizan los procesos de liquidación y recaudo del mismo. En el primer caso, el principio tiene un sentido eminentemente económico vinculado a la relación costo beneficio, de la cual se deduce la viabilidad o no de la creación o mantenimiento del tributo. Si esa relación de proporcionalidad entre el costo de administración del tributo y el beneficio final que se deduce de él es positiva, el tributo es eficiente, de lo contrario será ineficiente. Para ilustrar esta aplicación puede ponerse, a manera de ejemplo, lo que ocurrió con el impuesto del papel sellado(6) cuya administración resultó tan onerosa frente a los ingresos que venia generando, que el Estado se vio en la necesidad de suprimirlo. Dentro de esta perspectiva también se alude a la eficiencia del tributo para señalar los efectos que éste tiene sobre la asignación de los recursos en la economía.

(6) Ver Nociones Fundamentales de Derecho Tributario, J. R. Bravo Arteaga, E. Rosarista, 1997, página 79.

Pero como se advirtió, la eficiencia también se predica del recaudo y tiene que ver con la instrumentación de estrategias y mecanismos idóneos para el cobro del importe del tributo, cuya aplicación permita a la administración superar los procesos de su elusión y evasión y mejorar notablemente los ingresos del Estado. Precisamente dentro de esta línea de criterio normativo, es que el legislador expidió el artículo 540 del estatuto tributario, objeto de examen por la Corte.

7. Examen de los cargos.

7.1. De los planteamientos anteriores, surge el siguiente interrogante: ¿En virtud del deber especial que constitucionalmente se impone a los ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado, resulta legítimo que el legislador establezca cualquier mecanismo de recaudo de los tributos con tal que se garantice la eficiencia de su cobro?

El interrogante anterior resume el supuesto en que la demanda fundamenta las violaciones por la norma acusada de los postulados de la buena fe, los presupuestos del debido proceso y de la prevalencia del derecho sustancial.

Debe comenzarse por señalar que en virtud de la facultad de configuración normativa que la Constitución le reconoce al Congreso para el ejercicio de sus diferentes competencias en su papel de ordenador del Estado, puede éste idear formas y establecer instrumentos de regulación, acordes con los fines que se propone, con tal que dichos ordenamientos persigan un fin constitucional.

Por eso se acepta como legítimo que el Congreso a través de la ley, establezcan sanciones, impongan cargas, restrinja o limite el ejercicio de los derechos. Con todo, es necesario tener en cuenta que el fin por sí mismo no es suficiente para legitimar la actividad normativa del Congreso, si no que resulta indispensable, que tales restricciones, imposiciones o limitaciones sean razonables y proporcionales con el desarrollo de esos mismos fines.

Tal como se ha visto, el 540 del estatuto tributario suspende el valor probatorio de los documentos sujetos al impuesto de timbre, e impide inclusive que sean aceptados como prueba en las instancias judiciales y administrativas cuando los aporten sus otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores de los mismos, hasta tanto se cancele el respectivo tributo.

Se ha dicho y con razón por la jurisprudencia que en materia probatoria el legislador tiene una amplia capacidad de configuración normativa, porque se libra a su voluntad el señalamiento de los medios probatorios, los requisitos y las ritualidades de su práctica, las exigencias procesales para aportarlos y los principios a los cuales se somete su valoración, etc.; pero de igual modo ha reconocido que esa atribución no lo habilita para desconocer los principios y valores consagrados en la Carta Política establecidos en garantía de los bienes y derechos constitucionales, y particularmente el derecho del debido proceso.

Ese es el sentido de la sentencia C-038 de 1996, donde la Corte expresó (7) :

(7) C-038 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

“No cabe duda que el régimen probatorio (práctica, valoración y apreciación de las pruebas, medios probatorios, requisitos sustanciales y procesales aplicables a la aportación de las pruebas etc.), en general, se libra a la voluntad del legislador.

No obstante, el sistema que se establezca no puede desconocer la garantía del debido proceso y el. respeto y protección de los restantes bienes y derechos constitucionales.

Una pretensión pública subjetiva que integra el derecho al debido proceso es el de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra (C.P., art. 29). A este respecto, las limitaciones legales relativas a la conducencia o admisibilidad de un medio específico de prueba, solo resultan admisibles si persiguen un fin constitucional y las restricciones que entrañan son razonables y proporcionales en relación con el mismo y las consecuencias que de este se derivan”.

7.2. A juicio de la Corte, el contenido de la norma acusada no se aviene con el ordenamiento constitucional, porque para conseguir la eficiencia del recaudo del impuesto de timbre, que es un fin constitucional, el legislador compromete abiertamente el derecho de defensa de los contribuyentes, sin que tales restricciones guarden un grado de razonabilidad y proporcionalidad con el objetivo legal, de manera que éstas se justifiquen.

7.3. No cabe duda de que resulta plausible y, mas aun, necesario que el legislador consagre instrumentos formales que agilicen y faciliten los procesos de liquidación y recaudo de los tributos, por que esa clase de medidas apuntan a hacer efectiva la obligación de las personas y los ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado (C.P., arts. 95, 363); sólo que ese motivo por sí solo no es suficiente para legitimar las restricciones que se impongan al derecho de defensa de los contribuyentes (otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores de documentos sujetos al impuesto), que es lo que entraña la medida en estudio cuanto prohíbe, así sea transitoriamente, que los documentos sujetos al gravamen sean admitidos o tenidos como prueba, si no ha sido cubierto el respectivo gravamen.

El derecho de defensa implica, como lo ha señalado la Corte (8) , ”la plena posibilidad de controvertir las pruebas allegadas en contra; la de traer al proceso y lograr que sean decretadas, practicadas y tenidas en cuenta las existentes a favor, o las que neutralizan lo acreditado por quien acusa; la de ejercer los recursos legales; la de ser técnicamente asistido en todo momento, y la de impugnar la sentencia condenatoria”.

(8) C-007 de 1993.

Pues justamente lo que hace la disposición acusada, es negarle a los contribuyentes el ejercicio de los derechos consignados o reconocidos en los documentos sujetos al timbre o aducirlos frente a los jueces o las autoridades administrativas, con lo cual la disposición desconoce de plano su alcance probatorio y, por contera, restringe de manera drástica el derecho de defensa de sus titulares. Esas restricciones, que afectan la conducencia o admisibilidad de los documentos aludidos como medios de prueba, no son admisibles a la luz de los principios superiores, porque si bien se proponen una finalidad constitucional, resultan desproporcionados frente a este objetivo, en virtud de que comprometen garantías superiores como el derecho de defensa, para asegurar la eficiencia del recaudo de un tributo, que sólo representa un valor fiscal.

Pero las restricciones censuradas resultan menos razonables si se tiene en cuenta que su efecto, no sólo tiene un alcance tributario, como es de suponerse, en la medida en que el contribuyente resulta involucrado en una relación frente al Estado con ocasión de sus obligaciones impositivas; sino, que resulta en buena medida ajeno al objetivo que se propuso el legislador. Así, pues, para satisfacer una necesidad tributaria, como es la de asegurar la eficiencia del recaudo del timbre, no se acude por la ley a instrumentar una medida sustentada en la materia asunto de protección, sino que se decide afectar derechos y garantías perfectamente ajenos a aquélla, como el derecho de defensa, lo cual hace sin duda más evidente la desproporción entre la finalidad de la norma y las restricciones que utiliza para lograr su cometido.

De los razonamientos anteriores resulta claro que la norma acusada viola principios superiores a los que entrañan las finalidades que persiguen y, en consecuencia, deviene necesariamente en inconstitucional.

7.4. En relación con el cargo de la demanda contra la norma acusada en el sentido de que vulnera el postulado de la buena fe, que se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten frente a las autoridades públicas, no deduce la Corte, como lo pretende el actor, motivo de inconstitucionalidad.

Según el artículo 83 de la Carta Política, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

Para examinar el cargo, no resulta del caso analizar el concepto de buena fe desde la doble perspectiva, como tradicionalmente se le examina, esto es, como un principio subjetivo o psicológico o un principio objetivo o ético, sino en los términos que ha precisado la Corte (9) , vale decir, como “el compromiso de obrar honesta y desprevenidamente en el marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal manera que sometidos todos al orden jurídico y dispuestos a cumplir sus disposiciones con rectitud, no hay motivo alguno de recelo”.

(9) T-532 de 1995.

Aducir entonces, como lo hace el actor, que el principio se quebranta porque la norma condiciona la validez probatoria de los documentos sujetos al impuesto de timbre al pago del tributo, resulta ser una afirmación carente de respaldo lógico.

Evidentemente, no puede considerarse que medidas como las adoptadas en la norma en examen supongan la mala fe de quienes están obligados con el Estado, porque como se ha visto, el legislador, dentro de su capacidad de configuración normativa, puede no sólo imponer cargas impositivas, sino establecer diferentes mecanismos que garanticen su cumplimiento, lo cual resulta jurídicamente admisible, salvo —como se ha visto— que la restricción resulte desproporcionada con el fin que ellas se proponen.

La presunción de buena fe, que en el caso en examen se traduce en la validez de los documentos y existencia de los derechos que éstos reconocen o representan, no se pone en tela de juicio en virtud de que se desconfíe de esos contenidos y valores, sino por otras razones ya señaladas, como es la de establecer un mecanismo de presión para forzar a los contribuyentes al pago del impuesto de timbre. Por lo mismo, se puede concluir que el cargo en examen resulta inconducente y no da lugar a que la disposición se declare inexequible bajo tales supuestos.

7.5. También acusa el actor la norma porque a su juicio se le otorga prevalencia a la forma en perjuicio de la sustancia, al suspender el valor probatorio de documentos válidos por no haberse pagado el impuesto de timbre, con lo cual se quebranta el artículo 228 constitucional.

Como se señaló en un punto anterior, efectivamente la eficiencia del recaudo constituye un supuesto cuyo manejo resulta ser objeto del derecho tributario formal, de manera que se compadece el asunto que regula la norma con su naturaleza. Como ya se advirtió la norma es de naturaleza procesal, porque su contenido enfoca exclusivamente el ordenamiento de un aspecto relacionado con el cobro del tributo, y en ninguna forma asume la regulación de cuestiones vinculadas con los elementos que lo integran. Así pues, no hay desarmonía entre la naturaleza tributaria de la norma y su contenido, por lo mismo, no puede predicarse de ella su inexequibilidad.

Por las razones anteriores tampoco prospera el cargo examinado.

VI.Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 540 del Decreto 624 de 1989 “por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-1714 de diciembre 12 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Jairo Charry Rivas).

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