Sentencia C-173 de febrero 14 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

DELITO DE USURA

INEXEQUIBILIDAD DEL ELEMENTO TEMPORAL

EXTRACTOS: «A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 35.461 del 20 de febrero de 1980 y su modificación por el artículo 1º del Decreto 141 de 1980 del 25 de enero de 1980 (D.O. 35.453 del 8 de febrero de 1980). Se destaca lo demandado.

“DECRETO LEY 100 DE 1980

(Enero 23)

Por el cual se expide el Nuevo Código Penal.

(...).

TÍTULO VII

CAPÍTULO PRIMERO

Del acaparamiento, la especulación y otras infracciones

(...).

ART. 235.—Usura. El que reciba o cobre, directa o indirectamente, de una o varias personas, en el término de un (1) año, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés que para el período correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años y en multa de un mil a cincuenta mil pesos.

El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos y condiciones previstos en este artículo, incurrirá en prisión de ocho (8) meses a cuatro (4) años y en multa de un mil a cincuenta mil pesos”.

(...).

4.1. La inconstitucionalidad del elemento de temporalidad establecido por la norma atacada para la configuración del delito de usura.

Afirman los demandantes que la expresión “en el término de un (1) año” contiene “un elemento descriptivo de la conducta, de orden circunstancial, concretamente temporal” que hace que la conducta tipificada en el artículo 235 del Código Penal debe extenderse durante un período de tiempo de un año para configurarse como delito de usura.

Dicho término, implicaría en su concepto una atipicidad relativa “pues el comportamiento inmoral de todos modos atenta contra la sociedad y contra un bien jurídico concreto, pero se salva de ser reprochado únicamente por su escasa duración”, contrariando en todo caso la Constitución y la noción de justicia.

Se ataca entonces este elemento de temporalidad exigido según los demandantes para la adecuación típica de la conducta definida en el artículo 235 del Código Penal vigente.

Como ya se anotó, el legislador es libre para describir las conductas que configuran los tipos penales, con el fin de proteger bienes jurídicos importantes para la sociedad. No obstante, esta libertad de configuración, como ya se expresó igualmente, no es absoluta, por cuanto el legislador está obligado a respetar los valores, preceptos y principios constitucionales.

En el presente caso deberá entonces la Corte examinar si el elemento de temporalidad incluido en la descripción del tipo penal de la usura es razonable desde el punto de vista constitucional, o si, por el contrario, como lo señala el señor Procurador “se hace manifiesto que la norma en tela de juicio, contiene un trato desigual que carece de una finalidad concreta, considerando que no existen razones suficientes que justifiquen que se sancione al individuo que durante 12 meses realiza la conducta descrita en el tipo penal y que al individuo que la realiza por 11 meses y 29 días no se le someta a reproche alguno”.

Al respecto señala la Corte en primer término que si bien del análisis de los antecedentes de la figura, efectuado tanto por el señor Procurador como por la representante del Ministerio de Justicia se desprende que “(...) la intención del legislador fue fijar un término que constituyera habitualidad en la conducta, ya que la usura es un delito de los llamados plurisubsistentes y establecer como usuraria cualquier ventaja que excediera del interés corriente, habría constituido a su entender, una peligrosa medida restrictiva del crédito” (10) , la existencia de este requisito de temporalidad establece un trato desigual que no resulta justificable a la luz de los principios identificados en este campo por la jurisprudencia en relación con el respeto al principio de igualdad.

(10) Concepto del señor Procurador General de la Nación, pág. 5.

Al respecto, teniendo en cuenta los criterios decantados por la Corte, mediante la aplicación del test de razonabilidad (11) , resulta evidente que en este caso no existe justificación para establecer una diferenciación que corresponda a un tratamiento diverso de situaciones distintas.

(11) Sobre el test de razonabilidad en materia de aplicación del principio de igualdad, la Corte fijó sus principales elementos en la sentencia C-530 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

En efecto, como ha dicho la Corte:

“El principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta permite conferir un trato distinto a diferentes personas siempre que se den las siguientes condiciones: que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad; que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales; que el supuesto de hecho —esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga— sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna; que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican” (12) .

(12) Sentencia C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Así, en nada se diferencia la conducta de una persona que durante 365 días o más, “reciba o cobre directa o indirectamente, de una o varias personas, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés que para el período correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, según certificación de la Superintendencia Bancaria” de una persona que durante 30, 60 o 360 días, “reciba o cobre, directa o indirectamente, de una o varias personas, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés que para el período correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, según certificación de la Superintendencia Bancaria”.

Si la finalidad del establecimiento de este elemento temporal para la tipificación del delito de usura, fue la de evitar “una excesiva restricción del crédito” como señalan los intervinientes, es claro para la Corte que aunque esta finalidad puede ser considerada admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales, la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente resulta desproporcionada frente a dicha finalidad. En este caso es evidente en efecto, que la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente, es decir la ausencia de sanción para quien cobra intereses de usura por cerca de un año, no guarda proporción alguna con las circunstancias de hecho y la finalidad que le sirven de justificación, a saber, evitar una posible restricción del crédito.

Máxime cuando el fin que persigue el legislador al establecer el tipo penal de la usura, cual es la protección del bien jurídico “orden económico y social”, no se alcanza, en la medida que la restricción temporal deja sin punición conductas idénticas a las consideradas punibles, pero que no lo son, únicamente por no cumplir este elemento temporal señalado en la ley, sin que se encuentre justificación razonable como ya se ha dicho.

Termina sacrificándose en consecuencia el bien jurídico que la norma está llamado a proteger, lo que sin lugar a dudas hace que este elemento de temporalidad sea inconstitucional.

De otro lado, debe recordarse como lo hace el señor Procurador que si desapareciera la exigencia referida al término de un año, “de todas formas no darían lugar a declaratoria de responsabilidad penal todas las conductas de quienes exceden el interés máximo permitido en la disposición, puesto que el juez, en cada caso, deberá examinar si la conducta resulta lesiva del bien jurídico tutelado, en virtud del principio de antijuricidad material” (13) .

(13) Consejo del señor Procurador General de la Nación, pág. 9.

No es admisible pues establecer diferenciaciones que por no tener justificación real terminan siendo arbitrarias. Así ya lo había señalado la Corte en un caso relativo a otra conducta punible en los siguientes términos:

“No parece lógica ni jurídicamente justificado que quien hurtó 100 y los restituye no sea sancionado, por haber restituido, y quien hurtó 1 millón, y también lo restituye, deba ser sancionado. Porque, de nuevo, si en el segundo caso el daño tiene mayores repercusiones, todas ellas quedan compensadas con la reparación integral que también ha de ser mayor.

El tratamiento penal discriminatorio no puede justificarse arguyendo que situaciones distintas deben ser tratadas de manera diferente, porque, considerada la finalidad de la disposición, las situaciones resultan ser esencialmente iguales, y no le es dable al legislador, ni siquiera invocando su libertad de configuración y su competencia para trazar directrices en materia de política criminal, desconocer un principio constitucional básico como el contenido en el artículo 13 de la Carta Política, que exige de modo perentorio que las situaciones iguales deben recibir un tratamiento también igual” (14) .

(14) Sentencia C-840 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

Es pertinente recordar finalmente que la ausencia de justificación para establecer una diferencia de trato por el simple hecho del tiempo, fue puesto en evidencia por el señor Fiscal General de la Nación en la exposición de motivos al Proyecto de Ley 040 de 1998, por medio de la cual se expide el Código Penal, finalmente promulgado como Ley 599 de 2000 y que comenzará a regir a partir del 24 de julio de 2001. Allí este funcionario dijo:

“En cuanto al delito de usura, se suprimieron exigencias que imposibilitan su adecuación típica o resultan innecesarias tales como la pluralidad de personas, pues si el punible se configura con el recibimiento de dinero o su cobro de una o a una sola persona, no tiene ninguna razón el que se haga referencia a varias. Igualmente se suprimió el término de un año, pues con él se permite la comisión de un delito durante un lapso de tiempo, sin justificación atendible. La pena se aumentó teniendo en cuenta el daño que comportamientos como los señalados ocasionan a la economía en general y al patrimonio individual en particular” (15) .

(15) Gaceta del Congreso Nº 139 del jueves 6 de agosto de 1998. Negrilla fuera de texto.

En la ponencia para primer debate en el Senado en relación con el proyectado artículo 296 sobre el delito de usura se decía igualmente que:

“La supresión de requisitos que en la actualidad imposibilitan realizar el proceso de adecuación típica o que resultan innecesarias, caracterizan el proyecto; así al actualizarse el tipo penal con el recibimiento de dinero o su cobro de una o a una sola persona, no tiene razón alguna el que la norma haga referencia a un número plural de personas; igualmente el requisito temporal —un año— permite, sin razón atendible, la comisión del delito durante un lapso de tiempo inferior; por ello resulta absolutamente indispensable su eliminación” (16) .

(16) Gaceta del Congreso Nº 280 del viernes 20 de noviembre de 1998, pág. 50. Negrilla fuera de texto.

Eliminación que igualmente se resalta en las ponencias debatidas en la Cámara de Representantes sobre esta norma (17) .

(17) Gaceta del Congreso Nº 510 del viernes 3 de diciembre de 1999.

No sobra señalar sin embargo, que la apoderada del Ministerio de Justicia, en su intervención niega la existencia de este elemento de temporalidad como constitutivo del tipo penal de la usura, aludiendo a los antecedentes de la norma y a la interpretación que la doctrina y los jueces harían de la misma.

La interviniente dice concretamente que

“Si bien la expresión “en el término de un (1) año” de la disposición acusada, crea inconvenientes en cuanto a su aplicación por las diversas interpretaciones que ha suscitado su falta de claridad, lo cierto es que analizados los antecedentes legislativos se puede establecer que la intención del legislador, hasta último momento fue establecer la habitualidad de la conducta en un lapso de tiempo, al señalar “el que por dos o más veces, en el término de un año” pero, habiéndose suprimido la primera parte de la expresión pierde significado la segunda, lo cual indica que la conducta se verifica instantáneamente en un solo acto; el término de un año, sólo puede hacer referencia al tiempo que ha de tenerse en cuenta para el cobro de los intereses certificados, por la Superbancaria. En tales condiciones la citada expresión resulta constitucional y mal puede alegarse que ella no represente una efectiva protección del bien jurídico que ampara”.

Sin embargo, para la Corte resulta claro que las dificultades interpretativas a las que alude la interviniente no harían sino confirmar la necesidad de declarar inconstitucional el aparte atacado, por cuanto se pondría así en evidencia el desconocimiento de los principios de legalidad y tipicidad (C.P., arts. 28 y 29).

No debe olvidarse, en efecto, que en virtud de los principios de legalidad y tipicidad el legislador se encuentra obligado a establecer claramente en qué circunstancias una conducta resulta punible y ello con el fin de que los destinatarios de la norma sepan a ciencia cierta cuándo responden por las conductas prohibidas por la ley (C.P., art. 6º). No puede dejarse al juez, en virtud de la imprecisión o vaguedad del texto respectivo, la posibilidad de remplazar la expresión del legislador, pues ello pondría en tela de juicio el principio de separación de las ramas del poder público, postulado esencial del Estado de derecho (C.P., art. 113).

Si se aceptara la interpretación de la apoderada del Ministerio de Justicia sería necesario concluir que los principios de legalidad y tipicidad no estuvieron bien desarrollados en la medida en que la norma daría lugar a complejas y variadas interpretaciones que o bien abren una puerta a la impunidad o, bien obligarían a los jueces a forzar el texto literal para evitarla. No se trataría en este caso en efecto de una simple adecuación de la ley al caso concreto, sino de una construcción que el juez se vería abocado a efectuar para garantizar la protección de los bienes jurídicos involucrados o para darle preeminencia al principio de legalidad, de manera tal que no existiría certeza acerca de cuándo podría configurarse el tipo penal descrito (18) .

(18) Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia en sentencia 37 del 11 de abril de 1983 con ponencia del magistrado Luis Carlos Sáchica Aponte, sostuvo, bajo la vigencia de la Constitución de 1886, que: “es evidente que los elementos objetivos que para la descripción del delito de usura contiene el artículo 235, en su forma definitiva, permiten a los particulares y a los jueces penales sin excluir algunas alternativas o variantes, que son corrientes en la interpretación jurídica, tener una idea exacta de los comportamientos que lo configuran y de las circunstancias que rodean su comisión. De modo que no prospera el cargo de violación de los artículos 23 y 26 porque la regulación acusada no adolece de imprecisión que haga concluir que no contiene la previa descripción legal que exigen esas disposiciones”.

No obstante es necesario resaltar que tal decisión se adoptó bajo la vigencia de disposiciones constitucionales diversas a las que ahora rigen.

La Corte, en consecuencia, pone de presente que la interpretación planteada por la interviniente no resulta pertinente y que más bien la lectura literal de la disposición, a la cual aluden los demandantes, implica, como atrás se explicó, la violación del principio de igualdad en cuanto el elemento de temporalidad que allí se introduce establece una diferenciación no justificada. Por ello la Corte procederá a declarar inconstitucional la expresión “en el término de un (1) año” contenida en el artículo 235 del Decreto-Ley 100 de 1980 y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

4.2. La constitucionalidad de la pena fijada por el legislador para el delito de usura.

Arguyen los demandantes que en este caso el legislador fue más allá del ejercicio de su competencia “discrecional“ para establecer la “dosimetría penal” violando con ello, el derecho de igualdad, al asignar al delito de usura una pena menor a la atribuida a los delitos de hurto calificado y hurto agravado y ello en la medida en que “Si un pobre se roba una gallina de un camión de escalera, se va de 28 a 144 meses de cárcel. En cambio si un banquero se roba un billón de pesos mediante usura a miles de deudores del UPAC (hoy UVR), durante once meses del año, se va de 6 meses a 36 meses de cárcel”.

Al respecto es necesario recordar nuevamente que es al legislador a quien compete establecer el quantum de las penas, de acuerdo con la valoración que haga de las diferentes conductas en el marco de la política criminal. Es él quien tiene como atrás se dijo, la libertad de configuración en materia penal, y que como ha expresado la Corte, con ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo en los siguientes términos:

“Mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales, bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado” (19) .

(19) Sentencia C-013 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Solamente “en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad” (20) , correspondería al juez constitucional pronunciarse. Así ha dicho la Corte que:

(20) Ibídem.

“La verificación acerca de si una sanción penal es suficiente o no respecto del delito para el cual se contempla encierra la elaboración de un juicio de valor que, excepto en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad, escapa al ámbito de competencia de los jueces. Si la Corte Constitucional pudiera, por el sólo hecho de la eliminación de la pena menor, porque la entiende tenue, cómplice y permisiva, retirar del ordenamiento jurídico una disposición, estaría distorsionando el sentido del control constitucional. La norma sería excluida del ordenamiento con base en el cotejo de factores extraños al análisis jurídico, ecuánime y razonado sobre el alcance de aquélla frente a los postulados y mandatos establecidos en la Constitución, que es lo propio de la enunciada función, cuyo objeto radica, de manera específica, en preservar la integridad y supremacía constitucionales. Calificaría exclusivamente, por tanto, asuntos de pura conveniencia, reservados a la rama legislativa del poder público” (2) .

(21) Ibídem.

En el presente caso tal elemento de excepcionalidad exigido por la jurisprudencia no se configura, pues no se ve en la comparación realizada por los demandantes entre las penas de los delitos de hurto calificado y hurto agravado frente a las señaladas para el delito de usura, una “innegable desproporción” o “palmaria irrazonabilidad” que haga evidente la violación del derecho de igualdad como se pretende en la demanda.

La comparación propuesta por los demandantes entre las penas señaladas para los delitos de hurto agravado y hurto calificado frente al delito de usura no lleva necesariamente a concluir una inconstitucionalidad de los apartes de la norma atacada. Al respecto la jurisprudencia ha sido particularmente exigente en estos casos partiendo del principio de proporcionalidad, como se señaló por la Corte en la sentencia C-292 de 1997:

“La jurisprudencia, tratándose del principio de proporcionalidad que relaciona las sanciones penales con las conductas a las cuales se atribuyen, ha sostenido que “la mera comparación entre las penas señaladas por el legislador para unos delitos y las dispuestas para la sanción de otros, por sí sola, no basta para fundar la supuesta infracción de la Constitución por el desconocimiento del principio de proporcionalidad”. (Cfr. sents. C-213 abr. 28/94, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía y C-070 feb. 22/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

La última de las providencias citadas advirtió con claridad que “para concluir en la inconstitucionalidad de una pena por exceso, el tratamiento punitivo de unos y otros delitos debe ser tan manifiestamente desigual e irrazonable que, además de la clara desproporción que arroja la comparación entre las normas penales, se vulneren los límites constitucionales que enmarcan el ejercicio de la política criminal”.

En el presente caso, la comparación hecha por los demandantes no muestra ese margen de desigualdad e irrazonabilidad señalado por la Corte. Los demandantes parten por cierto para efectuar dicha comparación de la comisión de un hecho punible que no necesariamente da lugar a la imposición de una pena como la que ellos señalan —24 a 144 meses— (22) .

(22) Al respecto vale la pena anotar que el Código Penal vigente establece una pena de 1 a 6 años por la comisión de hurto simple, de 2 a 8 años en caso de hurto calificado, e igualmente establece circunstancias de agravación punitiva que aumentan las penas de una sexta parte a la mitad (arts. 349, 350 y 351).

En realidad los demandantes terminan desconociendo los presupuestos mismos de la libertad de configuración en materia penal atribuida al legislador para graduar las penas de acuerdo con la política criminal que le es dado establecer según la Constitución.

De otro lado, no sobra señalar que la petición de inconstitucionalidad del aparte atacado de la norma, relativo a la pena mínima aplicable al delito de usura, conllevaría consecuencias contrarias al interés expresado por los demandantes, y de la propia sociedad, como lo recordó en un caso similar la Corte en la misma sentencia C-292 de 1997, en que se dijo:

“Por otra parte, si la Corte accediera a declarar la inconstitucionalidad solicitada, que cobija apenas aquellas partes de las normas acusadas que consagran las penas, los comportamientos delictivos correspondientes quedarían sin sanción, lo que produciría el efecto de despenalizarlos, exactamente el contrario al perseguido por el actor. Y si, aún más, aceptara esta corporación la inconstitucionalidad exclusiva del mínimo de la pena, como lo quiere el accionante, también sería perverso el efecto de la decisión, toda vez que, desaparecido el mínimo —en gracia de la discusión—, las graves conductas descritas podrían ser castigadas con penas inferiores, sin límite. Por ello, en tal hipótesis, sería posible sancionarlas hasta con una hora, o menos, de prisión o arresto, lo cual resultaría no sólo opuesto a la idea y a los argumentos del actor, sino irrisorio. Y ello porque, aun desaparecido el mínimo, el juez no podría ser obligado a aplicar invariablemente la pena máxima, por razones de justicia y equidad que exigen la graduación de las sanciones según las circunstancias y características del caso concreto” (23) .

(23) Sentencia C-292 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

En el caso presente la eliminación de la pena mínima establecida en el artículo comportaría, no la aplicación en todos los casos de una pena de tres años, como lo expresan los demandantes, sino que necesariamente tendría que entenderse que el juez estaría en posibilidad de graduar la pena de acuerdo con las circunstancias y características del caso concreto, teniendo solamente como límite superior, los tres años aludidos. Con lo que terminaría produciéndose un efecto contrario al sentido de la demanda y a la orientación actual de la política criminal en este campo.

Al respecto no sobra señalar que el legislador precisamente ha ejercido la competencia que le es propia y en la Ley 599 de 2000, que entrará en vigencia el 24 de julio de 2001, estableció en el artículo 305 para el delito de usura, una pena de prisión de dos a cinco años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pena que será de 3 a 7 años de prisión y multa de cien (100) a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes para quien compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos y condiciones previstos en dicho artículo.

Por todo ello la Corte no encuentra fundados los argumentos de los demandantes sobre la supuesta inconstitucionalidad de la expresión “de seis (6) meses a” contenida en el artículo 235 del Decreto-Ley 100 de 1980 y en consecuencia declarará su exequibilidad en la parte resolutiva de esta sentencia.

6. Consideraciones finales.

6.1. La irrelevancia práctica de los otros cargos invocados en relación con el término de un (1) año establecido en la norma.

Habiendo quedado establecida la inconstitucionalidad de la expresión “en el término de un (1) año” por violación al derecho de igualdad, resulta superfluo entrar a examinar los demás cargos que contra esta expresión hicieron los actores de este proceso en su demanda, por lo que la Corte se limitará a ratificar dicha circunstancia y se abstendrá de pronunciarse sobre la supuesta violación del preámbulo, y los artículos 1º, 2º, 13, 29, 58, 83, 228, 243, 333 y 334 de la Constitución Política.

6.2. La improcedencia de las declaraciones solicitadas por los demandantes.

En relación con la solicitud de los demandantes para que la Corte declare que: “deberán responder penalmente por el delito de usura todos los integrantes de la junta directiva, los presidentes y altos cargos directivos de bancos y corporaciones”; así como, que: “si la usura llegase a exceder el máximo de interés moratorio permitido, el acreedor pierda todos los intereses como lo dispone el artículo 884 del Código de Comercio”, basta recordar que la competencia de la Corte Constitucional está establecida por el artículo 241 de la Constitución y dentro de ella las declaraciones a las que hacen referencia los demandantes no tienen cabida, lo que hace tales declaraciones claramente improcedentes.

6.3. Principio de favorabilidad.

Finalmente no sobra precisar que al desatarse por la Corte, en ejercicio estricto de su función de guarda de la Constitución, la controversia sobre los elementos de habitualidad y temporalidad del tipo penal-usura, los alcances de éste pueden resultar ampliados, por tanto la jurisdicción penal, según las circunstancias del caso concreto, habrá de observar los principios de interpretación y aplicación de la ley penal, particularmente el de favorabilidad.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “en el término de un (1) año”, contenida en el artículo 235 del Decreto-Ley 100 de 1980 “por el cual se expide el Nuevo Código Penal”, modificado por el artículo 1º del Decreto 141 de 1980.

2. Declarar EXEQUIBLE la expresión “de seis (6) meses a...”, contenida en el artículo 235 del Decreto-Ley 100 de 1980 “por el cual se expide el Nuevo Código Penal”, modificado por el artículo 1º del Decreto 141 de 1980.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 18 del Decreto 2067 de 1991, notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-173 de febrero 14 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis).

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